La Corte Suprema de Estados Unidos escuchaba el martes los argumentos de dos empresas estadounidenses de armas de fuego para desestimar una demanda del Gobierno mexicano, que las acusa de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de fomentar la violencia armada en el vecino del sur de Estados Unidos.
El fabricante estadounidense de armas de fuego Smith & Wesson SWBI.O y el distribuidor Interstate Arms han apelado la decisión de un tribunal inferior de que la demanda podía seguir adelante afirmando que México alegó de forma plausible que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando al gobierno mexicano. Los argumentos continuaban.
El caso llega a la Corte Suprema en un momento tenso para las relaciones entre Estados Unidos y México, luego de que presidente Donald Trump impuso aranceles a los productos mexicanos y acusó a México de hacer muy poco para detener el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo y la llegada de inmigrantes a la frontera.
La cuestión es si la demanda de México debe ser desestimada en virtud de una ley federal de 2005 llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por los delitos cometidos con sus productos, o si la supuesta conducta de las empresas queda fuera de estas protecciones, como consideró el tribunal inferior.
La demanda de México, presentada en Boston en 2021, acusaba a las empresas de armas de violar varias leyes estadounidenses y mexicanas. México afirma que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía a vendedores de armas de fuego que, a sabiendas, vendían armas a testaferros que luego traficaban con armas a los cárteles en México.
La demanda también acusa a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el Ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Las empresas de armas han argumentado que no han hecho más que fabricar y vender productos legales.
"Si México tiene razón, entonces todas las fuerzas del orden de Estados Unidos han pasado por alto la mayor conspiración criminal de la historia, que opera delante de sus narices, y Budweiser (fabricante de cerveza) es responsable de todos los accidentes causados por menores de edad, ya que sabe que los adolescentes compran cerveza, conducen borrachos y chocan", dijo a los jueces Noel Francisco, el abogado que defiende a las empresas de armas.
"EL INICIO DEL INICIO"
La tarea de la Corte Suprema es simplemente decidir si el caso puede seguir adelante, dijo a los jueces Catherine Stetson, la abogada que representa a México.
"Estamos al inicio del inicio de este caso. Este tribunal no tiene por qué avalar las alegaciones de México, pero debe asumir que son ciertas", dijo Stetson. "México debe tener la oportunidad de probar su caso".
Francisco citó un principio legal llamado causa próxima que implica cuándo una acción provoca un daño legal, y argumentó que las compañías de armas no eran la causa próxima de los daños reclamados por México.
En su demanda, México debe demostrar que las empresas de armas fueron la causa próxima de sus daños, además de demostrar que las empresas ayudaron e instigaron la venta y comercialización ilegal de armas, para eludir la prohibición general de la ley de 2005 de demandar a las empresas de armas estadounidenses por el uso indebido de sus productos con fines delictivos.
La magistrada liberal Sonia Sotomayor se mostró comprensiva con la teoría mexicana sobre el papel desempeñado por las empresas armamentísticas en el perjuicio jurídico causado al gobierno de México.
"Sabemos que un testaferro va a vender a alguien que va a usar el arma ilegalmente, porque si no fuera así, no usarían al testaferro -y esa conducta ilegal va a causar daño, y daño como este que el arma va a ser usada de alguna manera para lesionar a la gente, ¿correcto?" preguntó Sotomayor a Stetson.
México solicita una indemnización por daños y perjuicios por un importe no especificado y una orden judicial que obligue a Smith & Wesson e Interstate Arms a tomar medidas para "disminuir y remediar la molestia pública que han creado en México".
La mayoría de los 180.000 homicidios con armas en México, un país con estrictas leyes sobre armas de fuego, entre 2007 y 2019 se cometieron con armas traficadas desde Estados Unidos, según los documentos judiciales.
El tráfico de armas de Estados Unidos a México -contando las fabricadas por los acusados y otras empresas- está valorado en más de 250 millones de dólares anuales, según los documentos judiciales.
La demanda detalla que las empresas acusadas "abastecen deliberadamente el mercado ilegal mexicano vendiendo armas a través de un reducido número de distribuidores que saben que venden un gran número de armas de uso delictivo y que venden repetidamente al por mayor a los traficantes de los cárteles", dijo Stetson a los magistrados.
Según la demanda, la violencia armada alimentada por el tráfico de armas de fuego de fabricación estadounidense ha contribuido al declive de la inversión empresarial y la actividad económica en México, y ha obligado a su gobierno a incurrir en costos inusualmente elevados en servicios como la sanidad, las fuerzas de seguridad y el Ejército.
El juez de distrito Dennis Saylor, de Boston, se puso de parte de las empresas de armas en 2022 y desestimó el caso. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, revocó la decisión de Saylor en enero de 2024 y dictaminó que la demanda podía seguir adelante.
Se espera una decisión a finales de junio.
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