La expresidenta boliviana Jeanine Añez comenzó el lunes un período de cuatro meses de prisión preventiva luego de que en la jornada previa un juez aprobó su detención mientras es investigada por alegatos de que participó en un golpe de estado contra el expresidente Evo Morales en el 2019.
Añez, que lideró un Gobierno conservador que duró menos de un año tras la salida de Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), fue detenida por la policía en la ciudad de Trinidad en las primeras horas del sábado.
El magistrado emitió su fallo tras una audiencia en la que se acusó a Añez de armar eventos para asumir la presidencia interina del país durante un período de vacío político, luego de haber forzado la renuncia de Morales tras unas cuestionadas elecciones junto a aliados de las fuerzas de seguridad.
Añez fue transferida a una prisión para mujeres en la ciudad de La Paz, sede de la presidencia en Bolivia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en las últimas horas del domingo en la televisión estatal que buscaría una sentencia de 30 años si Añez es condenada por instigar un golpe de estado.
Lima agregó que el Estado buscaría agregar los cargos de corrupción y de graves abusos de derechos humanos, sin haber dado mayores detalles sobre las acusaciones.
"Acá ha habido masacres sangrientas (...) y vamos a seguir adelante con ese objetivo de darle justicia al pueblo boliviano", señaló el ministro.
Añez se enfrenta a las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración por el alegado golpe. Sus ministros de Energía y de Justicia también tuvieron que presentarse ante la Justicia el domingo y se les aplicó prisión preventiva por los mismo cargos.
El arresto de la exlíder interina ha provocado fuertes críticas de grupos de derechos humanos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes dicen que se está abusando de los canales judiciales para fines políticos.
La OEA "expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno", dijo en un comunicado el lunes.
"El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración".
El lunes la tensión era palpable en Bolivia, en medio de rumores de más detenciones y el llamado a protestas en las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz. La policía recibió órdenes de incrementar la seguridad fuera de edificios estatales, en particular las oficinas de procuradores.
El jefe de la policía de Bolivia dijo el domingo que no había más órdenes de arresto pendientes.
Sin embargo, el lunes fue detenido también el excomandante del Ejército, general Jorge Pastor Mendieta, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía.
La abogada del general Mendieta, Zuleika Lanza, aseguró que el excomandante no fue oficialmente notificado y que se enteró a través los medios de comunicación que está siendo investigado, por lo cual decidió presentarse.
La detención de miembros de la administración conservadora de Añez y de jefes policiales y militares representa un fuerte cambio de rumbo en la dirección del Gobierno del presidente Luis Arce, quien sirvió como ministro de Economía de Morales.
Arce había prometido "reconstruir y estabilizar" al país cuando ganó las elecciones presidenciales en octubre, al frente del Movimiento al Socialismo (MAS).
Añez, una exsenadora de 53 años del Movimiento Demócrata Social de centroderecha asumió la presidencia luego de que Morales renunciara a fines del 2019, en medio de violentas protestas y acusaciones apoyadas por organismos internacionales de que el líder había cometido fraude en unos comicios presidenciales.
Al menos 33 personas murieron en la violencia que siguió a las elecciones, 30 de ellas luego de que Añez asumiera la presidencia boliviana.
La expresidenta calificó las acusaciones como una "persecución política" e insistió que ella tomó parte de una "sucesión constitucional" para reemplazar a Morales tras su dimisión.
El lunes el abogado de Añez, Ariel Coronado, dijo a la televisión local que apelaría la aplicación de prisión preventiva contra su cliente debido a que no existe evidencia que apoye la causa del Estado contra ella.
Coronado dijo que Añez no estuvo involucrada en los disturbios que siguieron a la elección del 2019 y que llevaron a la renuncia de Morales, quedándose en su ciudad natal de Trinidad en el norte del país.
Añez fue convocada "en su condición de segunda Vicepresidenta del Senado y que constitucionalmente y ante la renuncia de todas las otras autoridades que estaban antes que ella en esa sucesión, ella ha venido a cumplir con el deber (...) de asumir el país en una situación bastante complicada como dice la imputación en un vacío de poder", dijo.
