Una matanza en una escuela de Texas, una inminente decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto y las quejas sobre la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México podrían movilizar a los extremistas estadounidenses hacia la violencia, dijo el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las amenazas violentas dirigidas a las instituciones democráticas, los políticos y las oficinas de los partidos políticos probablemente aumentarán antes de las elecciones al Congreso de noviembre, dijo el DHS en su último Boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo.

Se trata del sexto aviso de este tipo emitido por el DHS desde enero de 2021, cuando las autoridades volvieron a prestar atención a las amenazas domésticas después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump atacaran el Capitolio el 6 de enero de ese año.

Los tiroteos de mayo en Uvalde, Texas, y Búfalo, Nueva York, provocaron elogios en internet de algunas personas que animaron, incluso, a perpetrar ataques de imitación, dijo el aviso.

Un hombre armado mató a 19 niños y dos profesores en el ataque de Uvalde. Un supremacista blanco declarado mató a 10 personas negras en un supermercado de Búfalo.

"Los actores de la amenaza se han movilizado recientemente hacia la violencia debido a factores tales como agravios personales, reacciones a acontecimientos actuales y adhesión a ideologías extremistas violentas, incluyendo el extremismo violento por motivos raciales o étnicos o antigubernamental/antiautoridad", decía el aviso.

En relación con el derecho al aborto, la advertencia dice que tanto los defensores como los opositores han fomentado la violencia en foros públicos antes de la esperada decisión del Tribunal Supremo de anular la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, que legalizó el procedimiento en todo el país.

Algunos extremistas nacionales también han expresado sus quejas por el hecho de que Washington "no quiere o no puede asegurar la frontera entre Estados Unidos y México y han hecho un llamado a la violencia para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados", indicó el aviso.

El Tribunal Supremo del estado de Arizona prohibió el aborto en casi todos los casos al recuperar una ley impugnada de 1864, que ilegaliza dicho procedimiento, excepto en aquellos casos en los que abortar salva la vida de la persona gestante.

La más alta instancia judicial de Arizona falló contra el aborto, con penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento, después de que en 2022 el entonces gobernador republicano, Doug Ducey, firmara ya una ley que prohibía el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo.

En 1971, la asociación Planned Parenthood, en favor de los derechos reproductivos y que ofrece abortos, demandó al estado y consiguió acabar con la ley de 1864, puesto que un juez falló a su favor, pero ahora la situación volvió a cambiar.

El Supremo falló a favor del obstetra Eric Hazelrigg, quien junto al fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, intervino en la defensa de la ley de 1864. Hazelrigg dirige una red de centros de crisis del embarazo, instalaciones donde se aconseja a las mujeres embarazadas que no aborten.

"En ausencia del derecho constitucional federal al aborto, no hay ninguna disposición en la ley federal o estatal que prohíba (la ley de 1864) su aplicación. En consecuencia, (la ley de 1864) es ahora aplicable", sentenció el juez de la Corte Suprema de Arizona John R. López IV.

De esta forma, Arizona se une a los casi dos docenas de estados que han prohibido y restringido el acceso al aborto desde que el Tribunal Supremo del país tumbó en 2022 la sentencia Roe v. Wade, que protegía el aborto a nivel federal.

La reciente decisión llegó en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo noviembre, en la que el aborto es uno de los asuntos más controvertidos y las encuestas indican que una mayoría de estadounidenses se oponen a la prohibición del procedimiento.

Por otro lado, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó dicha sentencia de “desmesurada” y considera que “afrenta a la libertad”: "No nos equivoquemos, al anular una ley aprobada este siglo y sustituirla por otra de hace 160 años, el Tribunal ha puesto en peligro la salud y la vida de los ciudadanos de Arizona", aseguró.

También el presidente de EU, Joe Biden, cree que la prohibición es “cruel” y, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, afirmó que “este fallo es el resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos que están comprometidos a arrebatar la libertad de las mujeres”.

“Millones de personas en Arizona vivirán pronto bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa, que no protege a las mujeres ni siquiera cuando su salud está en peligro o en casos trágicos de violación o incesto”, añadió el mandatario.

Paralelamente, el Supremo estadounidense tiene en su calendario un caso contra la píldora abortiva y escuchará también argumentos en una querella contra el veto casi total al aborto en Idaho.

Esta prohibición en Arizona entrará en vigor dentro de 14 días.

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El virtual candidato presidencial republicano Donald Trump opinó este lunes que la legalidad del aborto debería quedar en manos de cada estado y descartó una prohibición a nivel nacional.

En un video de unos cuatro minutos en su red social, el expresidente reiteró que está orgulloso de haber designado una mayoría de jueces conservadores en el Tribunal Supremo de Justicia que, en 2022, anuló las protecciones a la interrupción del embarazo.

"Mi opinión es que ahora, en lo que se refiere al aborto, estamos donde todos querían estar desde un punto de vista legal", escribió Trump en su 'Truth Social'.

"Los estados determinarán mediante votación o legislación, o tal vez ambas vías, y lo que decidan será la ley", añadió.

La declaración probablemente decepcionará a los grupos más militantes que pujan por una veda del aborto a nivel nacional, especialmente dado que con anterioridad la campaña presidencial de Trump mencionó una prohibición del procedimiento después de la decimoquinta semana de gestación a nivel nacional.

Trump reiteró su apoyo a excepciones que permitan el aborto en casos de violación, incesto o cuando esté en peligro la vida de la madre. Añadió, asimismo, que está de acuerdo con procedimientos como la fertilización in vitro.

"Muchos estados serán diferentes", explicó el exmandatario conservador. "Tendrán un número diferente de semanas (permitidas para interrumpir la gestación) y algunos serán más conservadores que otros", añadió.

Para Trump "cada uno debe seguir lo que siente, o en muchos casos, su religión o su fe".

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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La legislatura de Iowa, de mayoría republicana, aprobó una ley que prohíbe la mayoría de abortos aproximadamente a partir de las seis semanas, en una prolongada sesión especial el martes que se alargó hasta bien entrada la noche.

La gobernadora, Kim Reynolds, dijo inmediatamente en un comunicado que firmaría la ley el viernes.

La norma se aprobó sólo con votos republicanos, en un inusual trámite legislativo de un sólo día que duró 14 horas y que incluyó sonoras -y en ocasiones tensas- objeciones de legisladores demócratas y defensores del aborto que protestaban en el Capitolio estatal.

Poco después de las 23:00 horas, los manifestantes que quedaban en la galería abuchearon y gritaron "vergüenza" a los senadores estatales en los minutos tras la aprobación de la propuesta.

Reynolds convocó la inusual sesión después de que la Corte Suprema del estado rechazara en junio reinstaurar una ley casi idéntica que había firmado en 2018.

La Corte Suprema de Iowa puso en duda que esta legislatura fuera a aprobar la misma ley que en 2018, y hoy tenemos una respuesta clara. Las voces de los vecinos de Iowa y sus representantes elegidos de forma democrática ya no pueden ser ignorados por más tiempo, y la justicia para los no nacidos no debe retrasarse

Hasta ahora, el aborto era legal en Iowa hasta las 20 semanas de embarazo. La legislación entrará en vigencia de inmediato con la firma de la gobernadora el viernes. Prohibirá casi todos los abortos una vez pueda detectarse actividad cardiaca, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Ya había preparativos en marcha para presentar rápidas impugnaciones legales ante la Corte y bloquear la medida una vez se aprobara.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, Mark Stringer, afirmó:

La ACLU de Iowa, Planned Parenthood y la Clínica Emma Goldman siguen comprometidos con proteger los derechos reproductivos de las residentes de Iowa para controlar su cuerpo y su vida, su salud y su seguridad, lo que incluye presentar una demanda para bloquear esta ley imprudente y cruel

Entre tanto, Planned Parenthood North Central States dijo que derivaría a las pacientes fuera del estado si tenían abortos programados en las próximas semanas. La organización, el mayor proveedor de abortos en el estado, seguiría atendiendo a pacientes que se presentaran antes de que se detectara actividad cardiaca.

La norma contemplaba circunstancias limitadas que permitirían un aborto pasado el momento del embarazo en el que se detectara actividad cardiaca, como la violación, si se reportaba a las fuerzas de seguridad o personal médico en 45 días; incesto, si se reportaba en 145 días; anomalías fetales "incompatibles con la vida" y casos en los que el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer embarazada.

Durante buena parte de la mañana y la tarde, los cánticos de los defensores del aborto resonaron en el edificio estatal y se oían desde las salas donde senadores y representantes se reunían. Miembros del público a favor y en contra de la ley se turnaron para expresar sus posiciones a los legisladores de ambas cámaras durante un total de cuatro horas.

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