En una decisión polémica, un Tribunal Superior ordenó el arresto domiciliario del presidente de Colombia, Iván Duque, por un supuesto desacato a una tutela de la Corte Suprema de Justicia.

La sanción tiene que ver con que el primer mandatario habría incumplido un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró el Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos.

Ese reconocimiento de la Corte, que se hizo en un fallo de tutela, le había dado varias órdenes a la Presidencia y otras autoridades al considerar que el ecosistema, como sujeto de derechos, tiene derecho a que se proteja su vida, su salud y su ambiente sano. Así, estableció que su representante legal es el presidente de la República, Iván Duque.

Por eso, el alto tribunal le había ordenado al Presidente de la República, a Parques Naturales, a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, entre otras instituciones, que elaboren un plan conjunto para recuperar, mantener, y conservar el Parque Nacional de los Nevados, política que debe elaborar una estrategia para sanear estas tierras de las actividades ganaderas, de agricultura, entre otras prácticas que generan daño en este lugar y que deben ser erradicadas en la zona.

Expertos consultados señalaron que la decisión del Tribunal resultaría inviable por varios factores fundamentales: primero, porque el fuero del Presidente de la República es absoluto, y cualquier acción en su contra debería ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, bien por asuntos penales o administrativos.

Segundo, porque una orden de tales alcances sobre un jefe de Estado solo podría tener discusión en una alta corte y no en un tribunal superior.

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Este día la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó mediante mayoría calificada un dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, referente a la designación de la ciudadana a Leonor Garza Chávez, como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En la misma sesión ordinaria, le fue tomada la protesta de Ley correspondiente por la titular de la Mesa Directiva del Congreso local, Diputado Alejandra Ang Hernández.

Dijo que el nombramiento de la ciudadana Leonor Garza Chávez es por un periodo de seis años.

Por su parte el Diputado Molina García, Presidente de la Comisión Legislativa enunció que los aspirantes a magistrado numerario del Poder Judicial del Estado, que cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el referido cargo son: Avelar Armendáriz Salvador; Tamayo Camacho Humberto; Tafolla González Cenaida; Morones Pichardo Juan Salvador.

Así como Fernández Ruiz De Chávez Víctor Manuel; Castro Valenzuela José Manuel; Flores Ruiz Jorge Osbaldo; Hernández García Pedro Galaf; Aceves Salazar Gerardo; Molina Morales María De Lourdes; Garza Chávez Leonor; Chávez Hoyos Jesús Antonio; Álvarez Fuentes Ruth Esperanza; Ortega Veiga Juan Carlos Constantino; Orozco Guillen Gustavo; Hernández Haro Patricia y Cortez Peña Héctor Antonio.

Asimismo refirió que el propósito del presente documento es regularizar el procedimiento de nombramiento de una Magistratura Numeraria del TSJE, en la vacante del Magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández.

En sesión ordinaria realizada en el Salón de sesiones “Benito Juárez García “del edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

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Venezuela y Colombia retomaron formalmente relaciones diplomáticas con la llegada a Caracas el domingo del embajador colombiano Armando Benedetti, designado por el nuevo presidente Gustavo Petro, luego de tres años de ruptura diplomática.

"Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse, somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar, ni muchísimo menos una política pública de Estado como sucedió con el presidente (Iván) Duque, vamos a ir a restablecer las relaciones con Venezuela", indicó en Twitter el exsenador Benedetti.

Ituango, Colombia.- La Policía y la avanzada de seguridad de Presidencia encontraron un artefacto explosivo en una zona cercana al municipio colombiano de Ituango, donde el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, está celebrando un acto.

"La avanzada de seguridad que estaba haciendo la verificación en la zona cercana encontró el explosivo con ayuda de un perro antiexplosivos", explicó el equipo del presidente.

"Los caninos dieron positivo a una situación de explosivos. Para asegurar y dar mayor seguridad a la zona, se activa una contracarga con el fin de si hay otro explosivo, haya el control del mismo y se maneje de forma controlada", dijo a medios el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Daniel Mazo.

La Policía ya hizo dicha detonación controlada del artefacto, situado a apenas un kilómetro de la cabecera municipal de Ituango y en la que no hubo ningún herido, poco después de que Petro llegara al municipio, situado en el departamento de Antioquia.

El presidente asistía a un evento organizado por la Comisión de Paz del Senado, liderada por el senador del partido gubernamental Pacto Histórico, que se ha propuesto visitar los 60 municipios más golpeados por el conflicto colombiano.

Se desconoce quién podría haber puesto el artefacto, aunque en este municipio, que está situado en un corredor estratégico del narcotráfico, hay presencia de varios grupos armados, incluidas disidencias de las FARC y el paramilitar Clan del Golfo, que han provocado en años anteriores episodios de desplazamientos masivos.

Este hecho se produce apenas tres días después de que otra avanzada de Petro fuera atacada por desconocidos con disparos de fusil en una zona rural del municipio de Teorama cuando se dirigía a El Tarra, en el convulso departamento de Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

La información oficial detalla que el hecho ocurrió en un sector conocido como San Pablo en donde seis hombres armados tenían instalado un retén ilegal, al que la caravana hizo caso omiso y por el cual los tres vehículos de la avanzada fueron "impactados con armas de fuego".

El rey Felipe VI se volvió blanco de la polémica durante la investidura, el pasado domingo, del presidente Gustavo Petro, en Colombia.

Como parte del evento, se realizó un desfile donde militares cargaban la espada de Simón Bolívar, el libertario que lideró la lucha contra el colonialismo español.

El ahora expresidente Iván Duque había dispuesto que la espada quedara resguardada en la Casa de Nariño, sede del palacio presidencial. Sin embargo, Petro exigió sacar la espada para el desfile.

La ceremonia de investidura se suspendió durante media hora mientras se decidía qué hacer. Finalmente, Petro se impuso y los soldados del escuadrón de honor, vistiendo un uniforme como el que usaba el Ejército de Simón Bolívar, recogieron la espada en una urna y la transportaron hasta la tarima donde esperaba el recién juramentado presidente, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Cuando los soldados que llevaban la espada pasaron frente a las figuras políticas invitadas a la toma de posesión, todas se levantaron, como muestra de respeto a lo que significó Bolívar. Todas, menos Felipe VI, quien se mantuvo sentado y sin aplaudir.

La vergüenza que nos hace pasar un señor que ni es elegido democráticamente ni sabe respetar la democracia de otros países. La vergüenza borbónica una vez más. pic.twitter.com/2U9BYfCesS

— Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) August 8, 2022

De inmediato, el Partido Podemos cuestionó la actitud del rey. “Es un asunto de extrema gravedad”, indicó, y advirtió que consultaría con el Ministerio de Exteriores si “este acto irrespetuoso del jefe de Estado está refrendado por el Gobierno”.

De acuerdo con la prensa española, la Casa Real afirmó que no habrá declaraciones sobre el incidente.

“La mentalidad colonialista de los Borbones españoles no se conforma con defender la soberanía de Colombia y los pueblos de ‘Nuestra América’. Recordemos, en su momento, la actitud arrogante del corrupto y prófugo Borbón”, ha tuiteado Néstor Rego, diputado del partido BNG en el Congreso.

Sin embargo, expertos recordaron que los símbolos patrios de Colombia son “La bandera, el Escudo y el Himno Nacional” y que sólo ante estos tres, por protocolo, son ante los cuales el rey Felipe tendría que mostrar su respeto levantándose. “Así lo hizo Don Felipe, conocedor del Protocolo del acto y de cómo hay que proceder”, indicó el diario El Mundo.

Pero las críticas no cesan. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, exigió que el rey se disculpe por su “falta de respeto”.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Partido Verde y los influencers que lo promocionaron en redes sociales durante las elecciones de 2021 violaron la veda electoral, por lo que deberán pagar multas de hasta 133 mil pesos.

Además, se confirma la multa al Partido Verde por 118 millones de pesos por la campaña con la que violaron la veda.

“Se concluye que los mensajes coinciden y las propuestas contenidas en la plataforma del partido son corcondantes con el contenido del guion, con lo cual se desvirtúa la presunción de espontaneidad”, señala el proyecto.

Sin embargo, el proyecto revoca las medidas reparatorias consistentes en que los influencers tomen un curso sobre equidad en las contiendas y emitir un mensaje por 30 días en sus redes informando que violaron la veda, al considerar que la multa económica es suficiente.

Durante el 5 y 6 de junio, 76 influencers expresaron su apoyo al Partido Verde en sus redes sociales personales, e incluso hicieron un llamado al voto en las elecciones en las que se renovaron 15 gubernaturas y la conformación de la Cámara de Diputados.

Los influencers con las multas más altas son el actor Gabriel Soto, con 133 mil pesos; Bárbara del Regil, 86 mil y Laura G, 50 mil 640 pesos.

Por su parte, el magistrado José Luis Vargas cuestionó la reincidencia del Partido Verde planteada en el proyecto, aludiendo a un hecho similar ocurrido en 2015, argumentando que se trató que el Partido “no se ajustó a los cauces legales por no deslindarse de las conductas de terceros”, mas no a la violación de la veda.

“Me parece que cualquier conducta análoga podría servir para actualizar la reincidencia, lo que implicaría el riesgo de que por analogía, impongamos sanciones gravosas y desproporcionadas”, apuntó.

En respuesta, el magistrado Indalfer Infante aclaró que la Sala Especializada ya se pronunció sobre la reincidencia del Partido Verde en esta conducta, al señalar que tanto en 2015 como en 2021 se violó la veda electoral.

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