La administración del demócrata Joe Biden está dividida sobre si terminar con Quédate en México, un controvertido programa de inmigración de la era del republicano Donald Trump, y con qué rapidez, a pesar de ganar un caso en la Corte Suprema que le permite hacerlo, según funcionarios de la administración y otras personas familiarizadas con el asunto, reportó The Wall Street Journal.

En cuestión de días o semanas, la administración tendrá la autoridad para liquidar el programa, que requiere que los indocumentados que buscan asilo vivan en México durante el tiempo que dure su proceso judicial, luego de que un tribunal federal en Texas levante formalmente su orden judicial.

De acuerdo con el medio, "les preocupa que poner fin al programa por completo trastorne las negociaciones de inmigración con el gobierno mexicano, que preferiría que el plan se mantuviera”.

Desde un principio, esta medida fue ampliamente criticada por los defensores de los migrantes debido a que los obliga a esperar la resolución de sus casos en México, donde no hay suficientes albergues para atenderlos y están a merced del crimen organizado, recordó The Independent.

Aunque la Corte Suprema tiene todavía que enviar su decisión sobre este programa a un tribunal menor para que se pueda dar por terminado de manera oficial, los defensores de los migrantes consideran que el gobierno federal ya debería haber empezado a iniciar el proceso para cancelar esa política, llamada también MPP (Protocolos de Protección para los Migrantes).

Se estima que, desde que se implementó el programa MPP, más de 68 mil solicitantes han sido devueltos a México, según NBC News. Y debido a que México no cuenta con recursos suficientes para atender a los migrantes que son retornados, muchos de ellos tienen que sobrevivir en las calles incluso con niños, sin suficiente comida y en condiciones insalubres. Además, son presa de bandas criminales que los secuestran, roban y extorsionan, sin que las autoridades intervengan, mencionó The Independent.

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Tom Homan, el conocido como "zar de la frontera" designado por Donald Trump, defendió este domingo la decisión de desplegar 2 mil efectivos de la Guardia Nacional para aplacar las protestas en Los Ángeles y amenazó con arrestar a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, "si se exceden" en sus competencias.

"El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles podrían enfrentar arrestos si se exceden", dijo Homan hoy en una entrevista con la cadena NBC News, tras negar la afirmación previa de Newsom de que la administración Trump estaba creando un "espectáculo" y sembrando el "caos" con las detenciones.

Y añadió: "Lo digo por cualquiera (...) Es un delito grave resguardar y ocultar a sabiendas a un migrante irregular. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo".

El "zar de la frontera" continuó la entrevista reprendiendo a las autoridades locales y del estado de California, y cargando contra Newsom: "Debería estar al teléfono agradeciendo al presidente Trump por hacer de este estado un lugar más seguro".

"Ayúdennos a sacar a estos criminales de las calles. Dejen de aplaudir a los manifestantes y apoyen a las fuerzas del orden", incidió el hombre fuerte de Trump en materia migratoria.

Homan, además, indicó que "alrededor de 150" migrantes irregulares habían sido detenidos en los últimos dos días mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) realizaban redadas a gran escala por todo Los Ángeles.

En cuanto a la última publicación de Newsom en sus redes sociales rezaba: "Para aquellos que llevan la cuenta, la Guardia Nacional de Donald Trump no había sido desplegada en el terreno cuando (el presidente) publicó esto", citando el 'post' más reciente del mandatario.

El presidente se pronunció en Truth Social a las 2:41 de la madrugada agradeciendo a la Guardia Nacional por su "buen trabajo" en Los Ángeles, pero no ha sido hasta las 11:00 de la mañana cuando el Comando Norte anunció oficialmente el despliegue de los 2 mil soldados en la "Ciudad de las Estrellas". 

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El Gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este lunes que el republicano firmará esta tarde una orden ejecutiva que busca contrarrestar las protecciones de las jurisdicciones conocidas como santuario a los migrantes indocumentados.

La Administración Trump ordenará a la Fiscalía General de la Nación y al secretario de Seguridad Nacional, Tom Homan, que "publiquen una lista de jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de migración", subrayó hoy una portavoz de la Casa Blanca.

Las idea de ciudades "santuario" nació en la década de 1980 para proteger a refugiados centroamericanos y actualmente cobija a migrantes en general en diez estados y decenas de jurisdicciones locales.

La idea es "proteger a las comunidades estadunidenses de los delincuentes extranjeros", subrayó hoy la portavoz de la Casa Blanca durante una jornada que dará inicio a la celebración de los primeros 100 días del republicano en Washington.

Desde febrero pasado, la Administración Trump anunció una demanda contra el estado de Illinois y la retención de recursos federales a las administraciones que impulsan la políticas santuario.

Chicago tiene una de las protecciones de migrantes más sólidas dentro de este movimiento que busca limitar en ciertos casos (en detenciones y deportaciones) su cooperación con el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y otras autoridades federales de migración.

La demanda del gobierno federal de febrero pasado busca el apoyo de la corte para bloquear también los santuarios ofrecidos por otros estados, condados y urbes como Los Ángeles, Nueva York, Houston o Atlanta, que también tienen una alta presencia de migrantes indocumentados.

El movimiento santuario surgió cuando el gobierno federal denegó el asilo a migrantes de países centroamericanos políticamente inestables, y varias iglesias del suroeste del país se declararon públicamente santuario para los refugiados en 1982.

Otra de las directivas que firmará el presidente Trump esta tarde es una ley para fortalecer y desplegar las fuerzas del orden de Estados Unidos "para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes", agregó la portavoz.

Además Homan, conocido como 'zar de la Frontera', afirmó hoy que Estados Unidos espera "en un futuro muy cercano" retener a migrantes en instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos como Fort Bliss (Texas).

La Administración señaló que tras la firma de estas órdenes ejecutivas, el presidente habrá concretado ya más de 140 de estas iniciativas, "acercándose rápidamente al número total firmado por la Administración Biden en sus cuatro años de mandato".

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Más de 300 migrantes de Venezuela varados en México regresaron el jueves a su país en medio de una nueva crisis con Estados Unidos, que exigió retomar las deportaciones a ese país poco después de enviar a venezolanos a una cárcel salvadoreña.

Un avión de la sancionada aerolínea estatal Conviasa llegó al aeropuerto de Maiquetía pasadas las 11h30 (15h30 GMT) con 311 pasajeros a bordo, incluidos 21 menores de edad que viajaban solos.

En principio no son deportados de Estados Unidos, sino venezolanos que no pudieron llegar a ese país.

"¡Gracias, gracias!", decían algunos al bajar del avión.

La migración es el tema bandera del nuevo gobierno de Donald Trump y en consecuencia de los incipientes contactos con el presidente izquierdista Nicolás Maduro, con quien acordó la deportación de venezolanos en Estados Unidos.

La diáspora venezolana expresó un apoyo vehemente a Trump, quien por su parte denunció una "invasión" de "criminales" de ese país e invocó una ley de 1798 para deportarlos sumariamente hasta El Salvador el domingo

"Han sido secuestrados por el gobierno de El Salvador", protestó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, al recibir el grupo de 311 migrantes, que ondeaban banderas venezolanas.

"En la medida en que tengamos compañeros (en México) mandamos el avión y los traemos", prometió Cabello.

Deportación de migrantes desde EU

Casi 8 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2014, según Naciones Unidas. Salieron en busca de mejores condiciones de vida en medio de una crisis profunda que redujo la economía en 80%.

Maduro, que atribuye el éxodo a las sanciones de Estados Unidos, desestimó por años el tamaño de la diáspora venezolana.

El primer grupo de deportados llegó el 10 de febrero desde El Paso, Texas, tras un acuerdo alcanzado entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Trump.

Un segundo llegó 10 días después procedente de Honduras. Eran 177 migrantes que primero estuvieron detenidos en la base militar de Guantánamo en Cuba.

Otro avión con 242 personas llegó el 24 de febrero, aunque eran como el de este jueves, migrantes varados en México.

Trump, insatisfecho con el ritmo de deportaciones, suspendió en represalia una licencia para que la petrolera Chevron operara en el país, aunque la semana pasada se acordó la reanudación de los vuelos.

Venezuela anunció un avión para el sábado, pero fue pospuesto para el domingo por mal tiempo y tampoco llegó.

Entonces corrió la noticia de El Salvador: 238 venezolanos supuestamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua terminaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que el presidente Nayib Bukele habilitó para pandilleros en El Salvador.

Cabezas rapadas, encadenados y vigilados por agentes enmascarados: los familiares de decenas de ellos los reconocieron por los videos y fotos divulgadas por Bukele, que recibe un pago por cada recluso.

Venezuela contrató un bufete de abogados en San Salvador para presionar su liberación.

"No hay garantías, los secuestradores son los secuestradores", dijo Cabello. "Ellos no han cometido en El Salvador ningún delito, si hay alguno que tiene cuentas en Venezuela aquí las va a pagar".

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron este jueves el cierre de cinco instalaciones temporales de procesamiento debido al poco flujo de migrantes en la frontera con México, que ha bajado a 300 detenciones diarias.

Los centros de Donna, North Eagle Pass y Laredo (Texas), así como los de Yuma y Tucson (Arizona), fueron clausurados.

Sin embargo, las instalaciones en San Diego (California) y El Paso (Texas), continuarán operativas, detalló en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).

La agencia federal reportó que en febrero pasado detuvo a ocho mil 347 inmigrantes indocumentados cruzando la frontera suroeste por sus diversos puntos de entrada, una caída del 94% interanual y una disminución del 71% intermensual.

Durante febrero, el primer mes completo tras las nuevas disposiciones presidenciales de mano dura migratoria de Donal Trump, la Patrulla Fronteriza registró un promedio de aproximadamente 330 detenciones diarias, la cifra más baja en la historia de la CBP, detalló en un comunicado esa agencia.

En la frontera suroeste, las detenciones se redujeron a menos de 300 por día, según la CBP.

"El drástico descenso en la detención de inmigrantes ilegales como resultado del liderazgo del presidente Trump nos permite reducir el número de instalaciones temporales de procesamiento en puntos estratégicos a lo largo de la frontera suroeste", declaró hoy Pete Flores, comisionado interino de la CBP.

"Ya no son necesarias, ya que los inmigrantes en situación irregular están siendo expulsados rápidamente", explicó.

Este jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció también el cierre paulatino de los centros migratorios que han funcionado desde 2016 en la provincia del Darién, donde atendieron a cientos de miles de indocumentados, debido a la caída en hasta un 98 % del flujo hacia el norte del continente.

"Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112", detalló Mulino.

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En su discurso de investidura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineó las primeras medidas de su segundo mandato, con énfasis en migración, economía y política energética.

"Solo existen dos géneros"

Trump anunció la eliminación de políticas de diversidad de género y racial, argumentando que su gobierno se basará en méritos y no en identidades.

"Vamos a forjar una sociedad que no se base en los colores, sino en los méritos. Esa será la política oficial: hay solamente dos géneros: masculino y femenino", declaró.

Cambio de nombre al Golfo de México

En un movimiento simbólico, Trump anunció su intención de renombrar el Golfo de México como Golfo de América, en un esfuerzo por reforzar el orgullo nacional.

Aranceles y recortes públicos para fortalecer la economía

El presidente adelantó medidas para enfrentar la crisis económica, incluyendo aranceles a productos extranjeros y la creación de un Departamento de Eficiencia Gubernamental.

"Vamos a utilizar aranceles e impuestos a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos", afirmó.

También firmará una orden ejecutiva para eliminar restricciones sobre la libertad de expresión y evitar la censura gubernamental.

Regreso al petróleo y fin de los autos eléctricos

Trump anunció que su administración revocará los mandatos de vehículos eléctricos y potenciará la producción petrolera, eliminando políticas ambientales.

"Vamos a perforar, reducir los precios de la energía y exportar nuestros recursos. Volveremos a ser una nación rica gracias al oro líquido", sostuvo.

Además, declaró una emergencia energética nacional, argumentando que la inflación es producto de altos costos energéticos y exceso de gasto público.

Carteles designados como organizaciones terroristas

Trump reiteró su intención de militarizar la frontera y clasificar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, utilizando una ley de 1798 para combatirlos.

"Voy a enviar personal militar a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Vamos a eliminar a todas las pandillas y criminales internacionales en suelo estadounidense", aseguró.

Fin de la detención y liberación de migrantes

Sobre migración, confirmó la reinstauración del programa "Quédate en México" y el fin de la práctica de detención y liberación, asegurando que millones de migrantes serán deportados.

"Todas las entradas ilegales van a parar de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones de ilegales a los lugares de donde vinieron", dijo.