La administración del demócrata Joe Biden está dividida sobre si terminar con Quédate en México, un controvertido programa de inmigración de la era del republicano Donald Trump, y con qué rapidez, a pesar de ganar un caso en la Corte Suprema que le permite hacerlo, según funcionarios de la administración y otras personas familiarizadas con el asunto, reportó The Wall Street Journal.

En cuestión de días o semanas, la administración tendrá la autoridad para liquidar el programa, que requiere que los indocumentados que buscan asilo vivan en México durante el tiempo que dure su proceso judicial, luego de que un tribunal federal en Texas levante formalmente su orden judicial.

De acuerdo con el medio, "les preocupa que poner fin al programa por completo trastorne las negociaciones de inmigración con el gobierno mexicano, que preferiría que el plan se mantuviera”.

Desde un principio, esta medida fue ampliamente criticada por los defensores de los migrantes debido a que los obliga a esperar la resolución de sus casos en México, donde no hay suficientes albergues para atenderlos y están a merced del crimen organizado, recordó The Independent.

Aunque la Corte Suprema tiene todavía que enviar su decisión sobre este programa a un tribunal menor para que se pueda dar por terminado de manera oficial, los defensores de los migrantes consideran que el gobierno federal ya debería haber empezado a iniciar el proceso para cancelar esa política, llamada también MPP (Protocolos de Protección para los Migrantes).

Se estima que, desde que se implementó el programa MPP, más de 68 mil solicitantes han sido devueltos a México, según NBC News. Y debido a que México no cuenta con recursos suficientes para atender a los migrantes que son retornados, muchos de ellos tienen que sobrevivir en las calles incluso con niños, sin suficiente comida y en condiciones insalubres. Además, son presa de bandas criminales que los secuestran, roban y extorsionan, sin que las autoridades intervengan, mencionó The Independent.

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Las detenciones de migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México de manera irregular cayeron en junio al nivel más bajo registrado desde enero de 2021, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Según la CBP, esta nueva cifra estaría relacionada con las restricciones impuestas al asilo por el gobierno del presidente Joe Biden, quien enfrenta duras críticas por su manejo en política fronteriza y migratoria.

En junio se reportaron 88 mil 612 arrestos de migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular, una reducción de 29% en comparación con mayo pasado y una cifra similar a la de enero de 2021, cuando se detuvieron a alrededor de 90 mil migrantes.

El pasado 5 de junio, el gobierno de Joe Biden impuso una serie de cambios en la frontera para impedir que la mayoría de personas que crucen hacia el país sin autorización pueda pedir asilo, con algunas excepciones.

Las restricciones se dejan de aplicar cuando el promedio diario de arrestos de migrantes en la frontera se mantenga por debajo de los mil 500 por un periodo de siete días consecutivos.

Troy Miller, el director interino de CBP, dijo en un comunicado que las recientes medidas de seguridad fronteriza “han tenido un impacto significativo” en las detenciones en la frontera, con una caída de más del 50 por ciento en el promedio de siete días, desde que se realizó el anuncio hasta fin de mes.

El promedio de siete días de la Patrulla Fronteriza ha disminuido a menos de mil 900 encuentros por día. Sin embargo, los arrestos diarios en la frontera aún superan las mil 500, por lo que las restricciones se mantienen.

Hay menos niños migrantes sin acompañantes detenidos por la CBP

El número de niños no acompañados encontrados por la CBP a lo largo de la frontera con Tamaulipas, y Coahuila en junio de 2024, incluidos aquellos que se presentaron en los puertos de entrada sin una cita, disminuyó un 14 por ciento en comparación con mayo de 2024 y un 28 % en comparación con mayo de 2023.

Los migrantes menores de edad que ingresan solos al país no están sujetos a la nueva orden emitida por el Gobierno.

Desde que entró en vigor la orden presidencial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha expulsado a más de 70 mil extranjeros de más de 170 países y el operativo de deportación ha incluido más de 150 vuelos de repatriación. 

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En el año 2023, México se enfrentó a un aumento sin precedentes en el flujo migratorio, con más de 780 mil migrantes registrados en el país, según la Organización Internacional de Migración (OIM). Este aumento del 77 por ciento en comparación con el año anterior fue impulsado principalmente por la migración de nacionales de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.

El último trimestre del año pasado, el tránsito de personas provenientes de Centroamérica disminuyó en un 28 por ciento, mientras que el flujo migratorio en América Latina aumentó en un 44 por ciento en el mismo período. Esto se atribuyó principalmente al aumento en la migración de ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, muchos de los cuales ingresaron a México por tierra a través de la frontera sur.

El número de eventos de personas en situación migratoria irregular alcanzó un récord en 2023, con 782 mil 176 migrantes registrados. Los eventos de niñas, niños y adolescentes (NNAs) también aumentaron significativamente en un 60 por ciento en comparación con 2022. Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y Haití fueron algunos de los principales países de origen de migrantes que transitaban por México.

Destaca el aumento en eventos de personas de Senegal, Haití y Ecuador, con aumentos del 1,990 por ciento, 901 por ciento y 220 por ciento, respectivamente, entre 2022 y 2023. Aunque el número de devoluciones a los países de origen disminuyó en un 56 por ciento, el flujo migratorio sigue siendo un desafío importante para México.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) ha tomado la decisión de separar de sus funciones a dos agentes migratorios que se desempeñaban en la Oficina de Representación en Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación por presuntos actos ilícitos en los que estarían involucrados.

Según informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar de Baja California, uno de los funcionarios laboraba en la garita "El Chaparral" en Tijuana, mientras que el otro desempeñaba funciones administrativas en la Oficina de Representación.

“México hará lo que nosotros le digamos”. Con esas palabras, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, habló hoy sobre el tema migratorio.

En conferencia de prensa, después de que la Cámara Baja aprobara una nueva prórroga presupuestaria de corto plazo que mantendrá una parte de las agencias federales funcionando hasta el 8 de marzo y a otra parte hasta el 22, para evitar un cierre parcial del gobierno, el republicano Johnson, uno de los críticos más abiertos de la administración de Joe Biden y de los más fervientes admiradores del exmandatario Donald Trump, habló del tema migratorio, que los republicanos exigen resolver a cambio de aprobar un presupuesto definitivo.

Johnson dijo que habló con Biden y le señaló las leyes a las que puede recurrir para restringir el flujo migratorio. Lo instó a reinstalar el programa Quédate en México, que aplicó Trump, y que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en suelo migratorio mientras llegaba el momento de presentarse a sus audiencias para que sus casos fueran escuchados. El gobierno de Biden puso fin a esa política. Johnson alegó que solo ese programa reduciría la migración en 70%.

Sin embargo, según Johnson, la respuesta de Biden fue que no podía hacerlo porque “México no estaría de acuerdo”. El republicano contó a la prensa qué fue lo que él le respondió: “Señor presidente. Somos los Estados Unidos. México hará lo que nosotros le digamos que haga”.

Más temprano, en una entrevista con Fox News, Johnson se refirió a la conversación con Biden en términos similares, aunque omitió la parte de “México hará lo que nosotros le digamos”.

En el programa de Sean Hannity, Johnson dijo que le mencionó a Biden el programa Quédate en México, que el mandatario dijo que México no lo aprobaría y que él reviró: “Usted es el presidente de Estados Unidos. Actúe como tal”.

Los republicanos insisten en exigir mayores restricciones migratorias a cambio de aprobar un presupuesto que incluya ayuda para Ucrania e Israel, lo que ha puesto en aprietos a la administración Biden.

El mandatario viajó hoy a Eagle Pass, en Texas, para conocer de primera mano la situación en la frontera. Es la segunda vez desde que inició su mandato (2021), que se traslada a la frontera, en un indicio de la importancia que hoy por hoy, de cara a las elecciones de noviembre, tiene el tema migratorio.

Trump, por su parte, viajo a Brownsville, una de las zonas con más cruces fronterizos. Desde ahí, calificó a Biden como “probablemente el presidente más incompetente que hayamos tenido. Está permitiendo que entren miles de personas de China, Irán, Yemen, Congo, Siria y otras muchas naciones. Estados Unidos se está viendo invadido por el crimen migrante de Biden".

Durante el año fiscal 2023 se registraron más de 2.4 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur de México, una cifra récord.

También dijo que la cifra de migrantes en Estados Unidos podría llegar “a los 18 millones para cuando [Biden] abandone el cargo. Afortunadamente el mayor riesgo que tenemos son nueve meses. Es mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas malas”.

El magnate, como ya hizo en sus campañas de 2016 y de 2020, acusó que los migrantes “llegan de cárceles, de instituciones mentales (...) y son terroristas. Se está permitiendo que entren en nuestro país. Y eso es horrible".

En cambio, alegó, durante su mandato usó mano dura con los indocumentados. “Cuando alguien violaba la ley, nosotros lo capturábamos y lo deportábamos. Hicimos un gran trabajo. Y después hubo una elección (...) y a partir de ese momento empezaron a pasar un montón de cosas malas. La situación cambió en Texas y en todas partes", dijo.

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Una propuesta legislativa en Arizona ha generado un intenso debate en todo el país. Se trata del proyecto de ley HB 2843, impulsado por legisladores republicanos, que busca permitir el uso de la fuerza letal contra inmigrantes que entren a propiedad privada. Esta iniciativa ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.

El proyecto de ley, actualmente en proceso de aprobación en el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano, ha provocado una oleada de indignación tanto a nivel estatal como nacional. De acuerdo con la cadena Telemundo, los defensores de los derechos de los inmigrantes denuncian que esta medida viola los principios fundamentales de la dignidad humana y el derecho a la vida.

El legislador republicano Justin Heap, impulsor de la propuesta, argumenta que la actual ley tiene lagunas que deben ser corregidas, especialmente ante el aumento de migrantes y traficantes que atraviesan ranchos y granjas en el estado. Según Heap, esta medida otorgaría a los propietarios de la tierra el derecho a proteger su propiedad utilizando la fuerza letal si es necesario, independientemente de si se trata de una residencia o no.

Críticos y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Argumentan que legalizar el asesinato de personas que cruzan la frontera en busca de una vida mejor es una clara violación de los derechos humanos más básicos.

Además, temen que esta propuesta pueda aumentar la violencia y la discriminación contra los inmigrantes, fomentando un clima de hostilidad y xenofobia en el estado.

La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha prometido vetar la ley si es aprobada por el Senado estatal. Hobbs ha destacado que esta medida es contraria a los valores de inclusión y respeto a la diversidad que deben prevalecer en Arizona. Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones profundas entre los legisladores y la población, reflejando la polarización política y social que caracteriza al estado en temas de inmigración.

Mexicano asesinado

El caso del ranchero George Alan Kelly, quien está siendo juzgado por asesinato en segundo grado tras haber disparado y asesinado a un migrante mexicano en su propiedad, ha avivado aún más el debate en torno a esta propuesta. Mientras algunos sectores radicales y de extrema derecha lo consideran un héroe por defender el territorio estadounidense, otros lo acusan de racismo y violencia injustificada.

Kelly, de 75 años, mató a Gabriel Cuen Buitimea el 30 de enero de 2023, cuando Buitimea caminaba por la propiedad de Kelly, Kino Springs. Los abogados de Kelly sostienen que sólo efectuó disparos de advertencia sobre un grupo de migrantes que cruzaban su propiedad.

En enero pasado, se fijó fecha de juicio para el 21 de marzo. Kelly rechazó el acuerdo de culpabilidad que le ofrecían fiscales para reducir los cargos en su contra a uno: homicidio negligente. Actualmente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y agresión con agravantes.

Los demás migrantes no resultaron lesionados y se las arreglaron para escapar a México. De acuerdo con registros judiciales, Cuen Buitimea entró varias veces de forma irregular a Estados Unidos y fue procesado y deportado.

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