A través de un comunicado, la Fiscalía de Estados Unidos anunció que imputó formalmente y por separado a las cuatro personas que están detenidas y vinculadas con la muerte de 53 migrantes que viajaban ilegalmente dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, además de las 11 personas que resultaron heridas. 

Los dos ciudadanos estadunidenses, Homero Zamorano Jr. quien conducía el tráiler, y Christian Martínez, quien se presume colaboró en el esquema de tráfico de migrantes, fueron imputados con cuatro 4 cargos relacionados con tráfico de migrantes resultante en muertes y tráfico de migrantes resultante en heridas. 

Zamorano intentó esconderse cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos y después se hizo pasar por un migrante, sin embargo, poco después se pudo comprobar que él iba al volante de la unidad gracias a las cámaras de vigilancia del punto de revisión de El Encinal, de la Patrulla Fronteriza. 

Por otro lado, tras revisar celular de Homero Zamorano, se descubrieron mensajes con Christian Martínez donde hablaban de los hechos suscitados en San Antonio. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland aún analiza si solicitará la pena de muerte para ambos, aunque también podrían enfrentar prisión de por vida de ser encontrados culpables. 

Por otro lado, los dos mexicanos imputados, Juan Claudio D’Luna-Méndez y Juan Francisco D Luna-Bilbao, enfrentan una acusación cada uno por posesión ilegal de armas, por lo que en caso de ser encontrados culpables, enfrentarían hasta 10 años de prisión. 

Están vinculados directamente con la operación del tráiler en el que viajaban los migrantes que murieron pues el número de registro del tráiler donde se transportaba a los migrantes, estaba registrado con un domicilio en San Antonio, donde pudieron identificar a Juan Claudio D´Luna-Mendez, de 23 años, y a Juan Francisco D´Luna-Bilbao, de 48 años, ambos ciudadanos mexicanos y quienes estaban en Estados Unidos sin documentos legales de estadía. 

Tras catear el domicilio encontraron varias pistolas y armas largas, por lo que fueron acusados por esos delitos. Aunque se trata de casos vinculados a un mismo delito, las 4 personas están acusadas en casos criminales por separado en la Corte de Distrito Oeste de Texas. 

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó a 37.660 personas durante su primer mes en el cargo, mostraron nuevos datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), mucho menos que la media mensual de 57.000 expulsiones del último año completo del Gobierno de Joe Biden.

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump y expertos dijeron que las deportaciones subirán en los próximos meses a medida que el mandatario abre nuevas vías para aumentar las detenciones y expulsiones.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que las cifras de deportaciones de la era Biden parecían "artificialmente altas" debido a los mayores niveles de inmigración ilegal.

Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de inmigrantes ilegales en la mayor operación de la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, las cifras iniciales sugieren que podría tener dificultades para igualar las tasas de deportación más altas durante el último año completo de Biden, cuando un gran número de inmigrantes fueron capturados cruzando ilegalmente, lo que facilitó su deportación.

El esfuerzo de deportación podría despegar en varios meses, ayudado por acuerdos con Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para que reciban deportados de otros países, dijeron las fuentes.

El Ejército ha ayudado en más de una docena de vuelos militares de deportación a Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú e India.

El Gobierno también ha trasladado en avión a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo. Trump dijo a finales de enero que se iban a enviar hasta 30.000 migrantes a ese lugar a pesar de la presión de los grupos de libertades civiles.

Según Adam Isacson, experto en seguridad del Washington Office on Latin America, las deportaciones asistidas por militares podrían aumentar si se tiene en cuenta el amplio presupuesto del Pentágono y su capacidad para aumentar los recursos.

AMPLIAR LAS DEPORTACIONES

Mientras tanto, el Gobierno está tomando medidas para facilitar la detención de inmigrantes sin antecedentes penales y para detener a más personas con órdenes de deportación definitivas.

El mes pasado, el Departamento de Justicia emitió un memorando que permite a los agentes del ICE detener a inmigrantes en los tribunales de inmigración, revocando una política de la era Biden que lo limitaba.

El Departamento de Estado designó el miércoles al Tren de Aragua y a otras bandas criminales y cárteles como organizaciones terroristas. Bajo la ley de inmigración de Estados Unidos, los presuntos miembros de pandillas designados como terroristas y las personas con vínculos con los grupos podrían ser deportables.

Durante las tres primeras semanas de Trump en el cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a unas 14.000 personas, dijo la semana pasada el zar fronterizo Tom Homan. Eso equivale a 667 por día, el doble del promedio del año pasado, pero a un ritmo de un cuarto de millón de arrestos anuales, no de millones de personas.

Los arrestos de ICE se dispararon a alrededor de 800-1.200 por día durante la primera semana de Trump en el cargo, pero luego cayeron a medida que los centros de detención se llenaron y los oficiales desplegados para actuar en ciudades objetivo regresaron a casa.

Aunque las detenciones han aumentado, el espacio de detención del ICE sigue siendo un factor limitante. En la actualidad, la agencia alberga a unos 41.100 detenidos, con financiación para albergar a 41.500.

Alrededor de 19.000 de esos detenidos fueron arrestados por el ICE, mientras que unos 22.000 fueron recogidos por las autoridades fronterizas estadounidenses, según datos de la agencia publicados a mediados de febrero.

De los 19.000 detenidos por el ICE, unos 2.800 no tenían antecedentes penales, según los mismos datos de la agencia. La cifra era superior a las 858 de mediados de enero, antes de la toma de posesión de Trump.

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Casi 200 migrantes fueron asegurados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en un tráiler en Ramos Arizpe, Coahuila. El descubrimiento tuvo lugar durante un filtro de seguridad en el poblado de Mesón del Norte, en el sureste de Coahuila, donde se detectó la presencia de cientos de migrantes en la unidad. El tráiler fue llevado a Saltillo para permitir que los viajeros, incluyendo bebés, descendieran.

Durante el operativo, elementos de la Policía Estatal proporcionaron botellas de agua a los migrantes, pero se negó el acceso a una ambulancia para revisar las condiciones de salud de las personas. 

Los casi 200 migrantes serán resguardados en el Instituto de Migración de Saltillo y posteriormente trasladados a Monterrey. Además, las dos personas que conducían el tráiler serán consignadas ante la autoridad correspondiente.

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Oficiales de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga en las inmediaciones del Rancho La Uva en Valle Bonito en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron al camión de carga que circulaba en un área no común de dicho transporte.

Al hacer una revisión en la parte trasera del camión, localizaron a 80 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría del Medio Oriente.  

De manera extra oficial, un grupo de migrantes lograron escapar, mientras que otro grupo fue entregado al Instituto Nacional de Migración y paramédicos de Caminos y Puentes, así como personal del Grupo Beta quienes evaluaron su situación médica y encontraron que varios de ellos estaban deshidratados.

Cabe mencionar que el chófer fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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A inicios de julio, por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, fue colocada una serie de boyas junto con barreras de alambre de púas en el Río Bravo, a fin de bloquear el paso de migrantes desde el territorio mexicano.

Este miércoles, luego de que dos cuerpos sin vida fueron localizados atorados en el cerco de boyas, el titular del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió retirarlo por ser "inhumano".

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad y se va a actuar, ya se está demandando el que retiren esas boyas que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos, ya estamos en eso. No debería él de actuar así, es inhumano”, lamentó.

Ante esto, Andrew Mahaleris, vocero del gobernador Abbott, responsabilizó a los gobiernos de México y Estados Unidos de las muertes y de tener "imprudentes políticas de frontera abierta".

“Las imprudentes políticas de frontera abierta del presidente Biden y el presidente López Obrador... Si [ellos] realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”, declaró, de acuerdo con el medio local The Dallas Morning News.

Hallan dos cuerpos atorados en cerco de boyas con púas en Río Bravo

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado atorado en el cerco boyas con púas que el gobierno de Texas colocó en el Río Bravo; horas después, se halló un segundo fallecido en las mismas condiciones, informó la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). 

El primer cuerpo fue localizado cerca de las 14:35 horas en la zona sur de las boyas, mientras que le segundo fue hallado horas después a cinco kilómetros de distancia.

Al momento, ni la cancillería o las autoridades estadunidenses no han identificado los motivos del fallecimiento o la nacionalidad de las personas.

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La Casa Blanca advirtió que, pese a que las relaciones con México, las boyas con púas colocas por el gobierno de Texas en el Río Bravo para frenar migrantes pueden perjudicar el trato diplomático entre ambos países. 

El vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, destacó que la relación entre Estados Unidos y México "es muy fuerte" debido a que ambos países "trabajan estrechamente" en temas como el tráfico de fentanilo en la frontera y la crisis migratoria.

"Claramente no es algo que esté ayudando. Pero no puedo confirmar que haya habido un impacto directo en las relaciones diplomáticas con México", respondió Kirby, en una rueda de prensa.

Desde principios de julio, la administración del republicano Greg Abbott ordenó colocar un cerco de 350 metros de boyas con púas entre las ciudades de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. 

Por su parte, tanto el gobierno federal mexicano como el estadunidense amenazaron con demandar al estado de Texas, siendo la administración de Biden la primera en llevar el tema a la corte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes al estado de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas acusando al gobernador de Texas de incumplir la Ley de ríos de 1899, de poner en riesgo a los migrantes y de dañar el medioambiente.

En la demanda también advirtió de que la barrera flotante pone "en riesgo la política exterior de Estados Unidos", debido a una protesta del gobierno mexicano encabezada por el embajador Esteban Moctezuma.

Por su parte, Abbott, conocido por su discurso antimigrante y por criticar la política migratoria del presidente Biden acusó a éste de no hacer valer las leyes existentes contra los cruces ilegales en la frontera de México y Estados Unidos. 

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