Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo, primogénito de Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue liberado este jueves 21 de julio en Estados Unidos, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones del vecino país. 

El hijo mayor de El Mayo estaba recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California, desde que fue extraditado en diciembre de 2019, pero este jueves salió de dicho penal. 

La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones en su nueva condición jurídica, como no cometer otro delito federal, estatal o local. 

No poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También deberá participar en un programa contra violencia doméstica. 

Apenas el pasado 24 de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril de 2021, se declaró culpable de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos. 

Al Mayito Gordo se le tomó como crédito desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina, por lo que sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

El hijo de Ismael Zambada fue acusado de conspirar para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". 

En la misma acusación aparecen Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán, ambos prófugos de la justicia. 

Conocido por ostentar en redes sociales su vida, Zambada Imperial es el tercer hijo de El Mayo Zambada que enfrenta un proceso en los Estados Unidos. 

El primero fue Vicente Zambada Niebla, detenido en México en el 2009 y extraditado un año después a Illinois, donde se halla su acusación. Fue sentenciado en mayo del 2019 a 15 años de cárcel, que se cumplirían en el 2024. 

Sin embargo, según documentos oficiales, él ya no se encuentra bajo la custodia del sistema de prisiones de los Estados Unidos, por lo que probablemente, en su calidad de testigo protegido, ya se encuentre en libertad. 

Le siguió Serafín Zambada Ortiz, Sera, detenido en noviembre del 2013 cuando intentaba cruzar a pie hacia Estados Unidos por el puente internacional de Nogales. Fue condenado a cinco años y medio de cárcel y el 11 de septiembre del 2018 abandonó la prisión para regresar a México. 

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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El histórico líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró formalmente culpable ante un tribunal federal de Nueva York, tras la decisión de la Fiscalía de no solicitar la pena de muerte en su contra.

Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, acumulando más de medio siglo vinculado a actividades criminales. Según su abogado, el capo mexicano optó por la declaración de culpabilidad para aceptar su responsabilidad, y no como parte de un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.

“El señor no está cooperando. No va a cooperar para nada. Solo quería reconocer su responsabilidad”, señaló su defensa, aclarando que no existe ningún convenio con Estados Unidos u otro gobierno. El abogado también confirmó que Zambada podría enfrentar cadena perpetua, dependiendo de la resolución final del tribunal.

La multa de 15 mil millones de dólares que le dijo el juez que le impondrá como parte del acuerdo de culpabilidad, que aceptó con el gobierno federal, implica que él pague el dinero o que el monto de la sanción se recupere por medio de la confiscación de bienes y propiedades.

Se considera que la estrategia del Cártel de Sinaloa busca minimizar la exposición pública de sus crímenes, evitando el impacto mediático que generó el proceso de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York.

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El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, afirmó este lunes que el líder fundador del Cártel de Sinaloa no proporcionará información al gobierno de Estados Unidos luego de haberse declarado culpable en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Al salir del recinto judicial en Brooklyn, el abogado fue cuestionado sobre los alcances de esta decisión. “La información que tiene ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, señaló, descartando cualquier colaboración con las autoridades estadounidenses.

Pérez aseguró que su cliente “no gana nada” con entregar datos y que su declaración de culpabilidad no implica un acuerdo para delatar a terceros. “Él no va a hablar de nadie, él no está cooperando con nadie”, sostuvo, al ser cuestionado sobre posibles vínculos con políticos.

Sobre esos señalamientos, el defensor subrayó que la información ya fue expuesta en otros juicios. Ante la insistencia de los reporteros sobre la razón de aceptar los cargos, Pérez respondió: “Porque está culpable”.

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Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes 25 de agosto en una corte federal de Nueva York por diversos cargos relacionados con narcotráfico.

La audiencia está programada a las 12:00 horas ante el juez Brian Cogan, quien también estuvo a cargo del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Con esta declaración, Zambada podría recibir beneficios en la sentencia e incluso convertirse en testigo colaborador de los Estados Unidos.

Los registros judiciales en la corte de Brooklyn confirman la audiencia, donde se espera que el capo mexicano formalice su declaración de culpabilidad. Este movimiento representa un paso clave en el proceso legal que enfrenta en territorio estadounidense.

El anuncio ocurre tras el aviso de fiscales norteamericanos, quienes informaron que no buscarían la pena de muerte contra Zambada, lo que abre la puerta a una condena distinta y a eventuales acuerdos de cooperación judicial.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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