El reto de Petro de buscar la 'paz total' con un Ejército pensado para la guerra

Lo que más preocupa en los cuarteles es la agenda reformista del nuevo mandatario

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Las Fuerzas Armadas de Colombia, unas de las más poderosas de América Latina, están dirigidas ahora por uno de sus tantos antiguos enemigos, el exguerrillero y nuevo presidente Gustavo Petro.

Luego de desmovilizarse en 1990 del M19, un grupo guerrillero, Petro hizo una exitosa carrera política gracias,, entre otras, a sus denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos por parte de los militares.

Ahora que fue elegido, incluso con la oposición pública de altos mandos del ejército, Petro nombró ministro de Defensa a Iván Velásquez, un reputado jurista que también hizo carrera denunciando los atropellos de algunos militares durante el conflicto entre el Estado y las guerrillas durante más de cinco décadas.

Petro llega al poder con la bandera de la "paz total". Además de lograr acuerdos con los grupos armados vigentes en busca de su desmovilización, el nuevo presidente espera generar condiciones para resolver las causas de la guerra: la desigualad en la propiedad sobre la tierra, la falta de oportunidades en el campo, el narcotráfico.

"La guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia", dijo Petro en su discurso de posesión, en el que planteó un cambio de estrategia para el Ejército para acabar con lo que llamó "la guerra eterna".

La bandera de "paz total" es, por lo menos, ambiciosa. Y no precisamente la misma que prima en los cuarteles, donde la acción armada contra los criminales sigue siendo considerada la opción más efectiva para lograr la paz.

Además, la desmovilización de la guerrilla de las FARC en 2016 no fue el fin de la violencia: los grupos disidentes se han proliferado, se está produciendo más cocaína que nunca y las masacres y asesinatos de líderes sociales se convirtieron en rutina.

Justo antes de la asunción de Petro estaba en vigor un "plan pistola" del Clan del Golfo, una organización neoparamilitar que en dos semanas mató a una decena de policías. El día de la posesión, sin embargo, el grupo declaró un cese de hostilidades.

Petro, en todo caso, recibe un país azotado por la violencia. La paz es el primer punto del decálogo con el que definió sus objetivos para los próximos cuatro años. Por ello, parte del éxito de su gobierno dependerá de la relación con unas Fuerzas Armadas que parte desde una posición natural de desconfianza hacia un presidente que fue insurgente por una década.

A la expectativa

Para este reportaje BBC Mundo habló con varios miembros del sector militar, algunos activos que pidieron no dar a conocer su identidad, y otros ya retirados.

Entre las fuentes consultadas hay, en general, una sensación de escepticismo hacia Petro.

El presidente ha dicho que quiere reducir el gasto en Defensa y eso exacerba la sensación de ruptura en unas filas acostumbradas a la condición de privilegio por cuenta del conflicto.

"Estamos más a la expectativa que preocupados", dijo John Marulanda, excoronel y presidente nacional de Acore, una asociación de retirados.

"Estamos optimistas en el sentido de que queremos paz, pero al tiempo nos preocupan las dinámicas de violencia", aseguró Alfonso Manzur, director de Veteranos por Colombia.

Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea, afirmó: "Esto no va a ser ni tan bueno como piensan sus simpatizantes ni tan malo como piensan sus críticos".

Durante la campaña, Petro recibió el apoyo de decenas de militares retirados, la mayoría de los cuales fueron partidarios del proceso de paz en 2016.

"Diría que hay un 50% de militares proguerra preocupados que están a la espera de que los manden a batalla y hay otro 50% que están pendientes de firmar una paz", especuló Marulanda.

Más que su condición de exguerrillero, hay dos temas relacionados a Petro que generan preocupación en algunos militares: el ministro Velásquez y la reforma de la policía.

El fiscalizador de los militares ahora es su jefe

Algunos interpretaron el nombramiento de Velázquez como una audacia, otros como un desafío. Los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, viejo oponente del ahora ministro, lo vieron como una "amenaza".

"Este no va a ser un gobierno para las venganzas, ni para la persecución, ni para los odios", le dijo Velásquez a la revista Cambio. "Naturalmente, no va a ser tampoco un gobierno permisivo".

"Todas las tareas realizadas por ese gobierno estarán orientadas hacia la construcción de la paz y no hacia el fomento de la guerra", añadió.

Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Velásquez investigó y denunció los vínculos entre políticos, militares y paramilitares, los ejércitos ilegales antisubversivos que mataron más personas que cualquier otro grupo durante la guerra.

Decenas de políticos y militares fueron condenados por la gestión del entonces magistrado.

Velásquez, además, ha sido un crítico vocal de Uribe, el expresidente más cercano a los militares, a quien investigó hace dos décadas por su supuesto vínculo con emblemáticas masacres de los paramilitares en la región de Antioquia.

El analista de seguridad estadounidense y experto en Colombia Adam Isaacson escribió esto en un artículo: "Por primera vez, las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán ignoradas (…) La experiencia de Iván Velásquez contra la corrupción es más importante que su falta de experiencia en asuntos de Defensa".

Velásquez, en efecto, poco sabe de cultura militar, armas, operativos. Su tema siempre ha sido —y probablemente siga siendo— los derechos humanos.

"El ministro es el que tiene la posibilidad de calificar servicios", dice Marulanda, en referencia a la facultad de modificar estructuras jerárquicas. "De cómo lo haga, si respeta o no la esencia de las tropas y la tradición castrense, depende el apoyo que las Fuerzas le den a su proyecto de paz o si, al contrario, entran en un proceso de brazos caídos (inoperancia)".

La reforma policial

Además de cambiar el paradigma para luchar contra el crimen organizado, Petro quiere sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, un particular esquema de Colombia que responde a su situación de conflicto.

"La salida de la Policía del MinDefensa es una decisión tomada", ha dicho Velásquez.

El año pasado, la fuerte represión de las protestas sociales por parte del Esmad, el escuadrón antidisturbios adscrito a la policía, generó un nuevo debate sobre la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas, que tienen una tradición antisubversiva y suelen ver cualquier agitación social —unas protestas, por ejemplo— como un acto subversivo.

Aunque se han hecho reformas, capacitaciones e incluso la doctrina cambió, las Fuerzas Armadas siguen siendo, en general, una institución del siglo pasado. Y eso, según los expertos, se ve también en la policía, que no ha adoptado del todo su rol civilista.

La idea de Petro y Velásquez es pasar la policía a un Ministerio de Paz y Seguridad para despojarla de una naturaleza guerrerista adscrita al conflicto. Los militares consultados sospechan que esto tiene el riesgo de politizarla y quitarle atribuciones.

Y la guerra, para muchos de ellos, continúa. Y, en un país fragmentado donde el poder está diseminado, acabarla no solo depende de la voluntad del presidente.

"La visión voluntarista piensa que las cosas no se han hecho porque nadie las ha intentado, pero lo cierto es que este es un Estado muy fraccionado, con un poder desconcentrado, en el que la capacidad de ejecución del presidente es remota, no importa cuán poderoso sea", dice María Victoria Llorente, experta en seguridad y directora de la Fundación Ideas para la Paz.

La analista tiene dudas sobre el Ministerio planteado para la Policía: "Si bien la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda, es preferible que tengan cada una su propia cabeza".

"Júntelos, pero no los mezcle, porque tienen prioridades distintas y en el balance entre esos dos se busca un punto medio, armónico, que garantice que avance la paz en lugar de que ambos temas se pisen y se desperdicien los recursos".

Entre la amplia gama de polos de poder que tiene este país, los militares juegan un rol central. Colombia es el país que más gasta en Defensa de América Latina y el socio militar más cercano a Estados Unidos en la región. Ninguna empresa del país tiene tantos empleados como el Ministerio: casi medio millón de personas.

Hasta ahora ningún presidente como Petro partió de un lugar tan antagónico por naturaleza a los militares.

"Nuestras Fuerzas Armadas son de mucha tradición, muy conservadoras en su pensamiento y, en general, están pensadas para la guerra", dice el veterano León. "Eso lo va a tener que entender el nuevo gobierno; eso no cambia de un día para otro".





Si ONU pone fin al bloqueo de EU a Cuba habría fiesta y baile en el Zócalo: AMLO

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Al manifestar que "sería una fiesta mundial", el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que si este jueves se acuerda de manera unánime en la ONU que Estados Unidos ponga fin al bloqueo a Cuba, el sábado habría baile en el Zócalo de la Ciudad de México y donde cantaría la Sonora Santanera.

“Hay condiciones en el gobierno del presidente Biden y por eso que tal que se consiga hoy que se acabó el bloqueo. Ya lo anuncio, abría baile en el Zócalo el sábado, la Santanera y hablaríamos para que viniera los de la bamba y baile”, dijo en conferencia de prensa.

A unas horas de la votación en la Asamblea General de la ONU en donde se buscará poner una vez más fin al bloqueo, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que le gustaría que se convierta en realidad “el sueño” de poner fin a este bloqueo y afirmó que sería el primero en llamar a su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de su país, a los dirigentes de los partidos y sus representantes del Consejo de Seguridad que “sería sublime, una actitud de dignidad, y de elevados valores” el que se ponga fin al bloqueo sobre la isla.

El Mandatario federal calificó como una “infamia” y como una “medida retrograda, medieval e inhumana” el que Estados Unidos mantenga el bloqueo económico sobre Cuba.

“Creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrograda, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otros país del mundo, nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial, nadie. Los países somos independientes, libres, soberanos, pero independiente de eso, es una clara violación a derechos humanos porque puede haber problemas políticos, ideológicos, ¿y el daño a la población, el daño a la gente? ¿Por qué tienen que padecer, sufrir, quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones? ¿Por qué afectar a su pueblo?

“Entonces ojalá y el día de hoy que tengo entiendo se va a votar pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actué de manea consecuente (…) Sería una fiesta mundial, seria decir ´gracias a la vida´, sí de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos es el derecho a la vida. No es posible que si hay diferencia políticas se haga un bloque para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos. ¿Cómo se va a hablar de derechos humanos si no se actúa de manera consecuente?

“Yo la verdad quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy. Sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes en la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel, porque sería sublime, sería una actitud de dignidad, de elevados valores de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio, que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos y que solo con la justicia, con el respeto a las soberanías, con la amistad, y cooperación de los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal”, dijo.



Les piden a diputados locales votar en contra de los cambios en la GN

Militarización no ha sido la solución en Baja California

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Cadena Noticias - Alejandro García,  Mexicali, Baja California, Mexico, 

Miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California pidieron a diputados locales votar en contra del dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, donde se contienen los cambios de la estructura de la Guardia Nacional y permitir que los mandos sean tomados por militares.

El presidente del organismo, Roberto Quijano, sostuvo que en Baja California no ha sido la solución al problema de inseguridad, pues la respuesta al complicado escenario es fortalecer las corporaciones policiacas municipales. 

“Estimamos que es mucho más importante que nuestras policías municipales estén fuertes, que estén bien pagadas, que estén bien capacitadas. Porque ellos son, por mucho, los que tienen primero que responder” indicó. 

El empresario sostuvo que vigilaran la votación en el tema que se programó para este jueves en el Congreso del estado, pues esperan que el llamado tenga eco entre los miembros de la actual Legislatura. 

“Estamos en contra de la militarización del país y de la permanencia del Ejército en las calles, por eso estamos diciendo a los diputados: estamos observando su votación, de cada uno de ellos a fin de ver que su voto sea en contra” apuntó.

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Consejo Ciudadano de Seguridad Pública rechaza permanencia de ejercito en calles

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Cadena Noticias,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos

El CCSPBC se manifiesta en contra de la propuesta nacional de mantener la presencia del ejército en las calles. Exhorta a los diputados locales a votar en contra de la reforma constitucional que mantendría al ejército en las calles hasta el 2024.

El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos. Urge fortalecer y capacitar a nuestros policías, los ciudadanos lo merecemos.

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Diputados de Morena son traidores a la patria: Hank Inzunza

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Cadena Noticias - Alejandro García,  Baja California, Mexico, 

Todos los diputados federales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que votaron a favor de la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública son traidores a la patrio, por permitir la “militarización” del país. Así lo consideró el presidente del Partido Encuentro Solidario de Baja California (PESBC), César Hank Inzunza. 


El líder del partido local sostuvo que la estrategia de llevar al Ejercito a las calles y colocar en mando civiles de seguridad pública a militares no ha dado resultado, siendo el sexenio actual el más violento en la historia moderna de México. Aun así, los legisladores morenistas en el Congreso de la Unión votaron a favor de que siga dicho plan.


“La ‘militarización’ de México no está funcionando y es innegable que en la votación que acaba de pasar todos los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, partido del que yo alguna vez orgullosamente fui parte, que votaron a favor son traidores a la patria. Y su nombre va quedar en la historia de México como traidores” expuso. 


El dirigente pesista ventiló que incluso varios de los diputados de Morena no estaban de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo, pero votaron a favor de la iniciativa presidencial. Aseguró que mantiene amistad con por lo menos cinco diputados federales actuales, los cuales le aseguraron no estar de acuerdo con la permanencia del ejército en labores de seguridad pública, pero aún así votaron a favor. 


Hank Inzunza manifestó que la violencia y la inseguridad es el problema más complicado al que Baja California se enfrenta actualmente y el tema ya se le salió de las manos al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.


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La ONU pide a AMLO revertir la militarización de la seguridad pública

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Ciudad de México, Mexico, 

Expertos de tres mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y asociación, se pronunciaron en contra de la militarización de la Guardia Nacional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de cambios legislativos aprobados en el Congreso de la Unión y de una iniciativa de reforma constitucional, “en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.

En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional.

“Llamamos al gobierno de su Excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública; todo ello a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano”, señalaron los expertos que integran esos mecanismos.

En un análisis meticuloso de los cambios a leyes secundarias y a la iniciativa de reforma constitucional, los expertos consideraron que las reformas legislativas no sólo contravienen preceptos internacionales sino que mantienen un “carácter claramente inconstitucional”, al someter a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un órgano que nació civil, como lo es la Guardia Nacional.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, mediante el que pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía”, lo que resulta preocupante si se considera que la Carta Magna “es la herramienta por excelencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las reformas recién aprobadas les autorizan abiertamente a desobedecerla”.

Los organismos de la ONU alertaron que la iniciativa de reforma constitucional, aprobada en Cámara de Diputados y en proceso de ser votada en el Senado, “consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.

Al destacar que la reforma “incrementa significativamente el poder de la Sedena sin controles civiles”, los expertos de la ONU reprueban que se pretenda “mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional”, en la comisión de delitos de sus integrantes, cuando el carácter del cuerpo de seguridad es civil.

“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”, siendo que no éste no le propio y para el cual que no han sido entrenadas, lo cual “podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a derechos humanos”, considerando que “la tasa de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles preocupantes en México”, advirtieron los expertos.

Recordaron que al menos desde 2011 y hasta 2020, distintos mecanismos de Naciones Unidas se han manifestado contra el paulatino incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a lo que se suman sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen criterios sobre la participación castrense en esa materia.

En la comunicación los expertos formularon al gobierno una serie de requerimientos para esclarecer sus preocupaciones, entre ellos: cuáles son las medidas tomadas “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”, informar sobre los mecanismos para “garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil, incluyendo en términos de su conducta y responsabilidad”, así como cuáles serían los instrumentos civiles “de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad”.

Tras advertir al gobierno de López Obrador que sus respuestas serán integradas en un informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmaron el documento Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clement Nyaleteossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

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