Nicaragua aseguró que suspendió las transmisiones del canal CNN en español porque sus contenidos "vulneran" los principios constitucionales de respeto a la soberanía nacional.

Habiendo constatado que el contenido transmitido por el canal CNN en español a través de la red de televisión por suscripción transfiere, vulnera y lesiona las normas jurídicas" del país, se ordenó "retirar de inmediato ese canal de la grilla de canales autorizados", explicó la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales,

Murillo dijo que la medida fue tomada por el regulador Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

El jueves, CNN en español indicó en un comunicado que el gobierno de Daniel Ortega retiró de las grillas de televisión por cable a este medio de comunicación, después de 25 años de informar en Nicaragua.

Murillo, también portavoz del gobierno, dijo que la medida fue orientada por Telcor "hace unos pocos días a todos los operadores por suscripción" del país por considerar que "CNN en español ha violentado la Constitución Política" de Nicaragua".

Más de 30 medios de comunicación han sido cerrados este año en Nicaragua, según la organización latinoamericana de defensa de la libertad de Prensa Voces del Sur.

Entre los medios clausurados se encuentran el canal de televisión de la Conferencia Episcopal y al menos siete medios católicos clausurados por Telcor, en medio de las tensiones existentes entre la iglesia católica y el gobierno de Ortega.

Ortega es un exguerrillero de 76 que gobierna desde 2007.

Ortega acusa a la oposición y a los obispos de apoyar en 2018 las protestas que estallaron contra su gobierno, las cuales atribuyó a un fallido golpe de estado promovido por Washington.

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El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a EFE fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están "viendo cómo resolver la situación".

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

"Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo", "Su transferencia no ha podido realizarse", "Cuenta no válida", son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por "asuntos administrativos" de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, "el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia".

"Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica", advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

"Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen", agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.

El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".

"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.

El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".

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El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega liberó a más de 200 opositores presos y los mandó el jueves en un avión a Estados Unidos, informó el exembajador nicaragüense en la OEA, Arturo McFields, y familiares de los detenidos.

Citando fuentes del Departamento de Estado, McFields dijo que en un avión que salió de Managua por la mañana “viajan 222 presos políticos” rumbo a Washington. “Vinieron los que querían venir, entre ellos sacerdotes”, agregó.

McFields no precisó cuántos ni quiénes continuarían detenidos en Nicaragua. Según datos de la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” ascendía a 245 personas hasta esta semana.

Por su parte, la periodista Berta Valle, esposa del excandidato presidencial opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le confirmó la noticia y le dijo que su marido es uno de los excarcelados que viaja en el avión.

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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, afirmó que la Iglesia católica es una "dictadura perfecta" por no permitir que la mayoría de los católicos elijan al Papa y al resto de sus autoridades.

En la Iglesia "todo es impuesto, es una dictadura perfecta, es una tiranía perfecta", afirmó el mandatario, en medio de las tensas relaciones que su gobierno tiene con la iglesia católica.

Si van a ser democráticos que empiecen a elegir con el voto de los católicos al papa, a los cardenales, a los obispos", agregó durante una alocución en cadena nacional.

Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de Ortega se deterioraron en 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos durante las protestas contrarias al mandatario que fueron duramente reprimidas.

El gobierno sostiene que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y del cual los obispos fueron cómplices.

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El canal televisivo CNN en Español denunció el jueves que el gobierno de Nicaragua interrumpió su señal a través del sistema de cable en el país, en un nuevo episodio del enfrentamiento entre la administración del presidente Daniel Ortega y los medios de comunicación.

Desde que la nación centroamericana vivió una fuerte ola de protestas antigubernamentales en 2018, más de 200 profesionales del periodismo han abandonado el país al no poder informar desde adentro, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

"El día de hoy el Gobierno de Nicaragua sacó nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de nuestra cadena, en la que han confiado durante más de 25 años", dijo el canal de noticias hispano en un comunicado en su sitio de Internet.

Reuters no pudo obtener comentarios de inmediato del Gobierno ni de las empresas de cable que operan en territorio nicaragüense. La interrupción de la señal se produjo en los primeros minutos del jueves, según el medio estadounidense.

CNN en Español, propiedad de Warner Media, ha abordado la situación del país, muchas veces en tono crítico, y en uno de sus últimos programas entrevistó a un exfuncionario del poder judicial local exiliado en Estados Unidos.

CNN dijo que seguirá ofreciendo sus informaciones a los nicaragüenses a través de su página de Internet.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, afirmó que el incidente debería ser rechazado por la comunidad internacional. "La censura en Nicaragua llega a un punto crítico para el periodismo", dijo en su cuenta de Twitter.

Muchos periodistas y medios que reportan sobre Nicaragua lo hacen desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Los últimos en salir fueron reporteros del periódico La Prensa, el más antiguo del país, luego de que el diario impreso fuera cerrado hace más de un año y tuviera que informar solo para el sitio web. 

En las últimas semanas fueron cerradas más de 20 radios religiosas y comunitarias, han denunciado organizaciones de periodistas.

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