La ONG Human Right Watch (HRW) acusó este viernes a los gobiernos de Estados Unidos y México de violar el Derecho Internacional y de ampliar una política "abusiva" de expulsión fronteriza de la época Trump tras su reciente pacto en política migratoria que permite a Washington deportar al territorio mexicano a los migrantes venezolanos que hayan entrado al país "ilegalmente".

La organización aseguró que el acuerdo firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone en peligro la vida de los migrantes y viola el Derecho Internacional, según un comunicado de la ONG.

"Un nuevo camino legal para algunos venezolanos que buscan seguridad en Estados Unidos no ocultará el daño probable que muchos otros sufrirán debido a esta expansión masiva de la abusiva política de expulsión fronteriza del Título 42 de la era Trump", apuntó el investigador de México de HRW en materia de Derechos Humanos, Tyler Mattiace.

"Con esta decisión, Biden está castigando efectivamente a los venezolanos que se han visto obligados a huir de su país a pie, negándoles el derecho a solicitar asilo e intentando endulzar esta política abusiva con un programa de libertad condicional humanitaria que solo beneficiará a unos pocos elegidos", añadió.

Como informó El Sol de México, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que encabeza Alejandro Mayorkas, solicitó el apoyo de México para implementar el plan de expulsiones inmediatas de venezolanos, anunciado el pasado 12 de octubre, y así hacerles entender que habrá consecuencias negativas al final de su viaje si no son elegibles para hacer realidad el sueño americano.

“Con la cooperación del Gobierno de México (GOM), y potencialmente de otros gobiernos, este esfuerzo pretende disuadir la migración irregular al proporcionar una alternativa significativa a la migración irregular e imponer consecuencias inmediatas a los ciudadanos venezolanos que decidan no aprovechar del nuevo proceso y en su lugar buscan ingresar irregularmente a los Estados Unidos”, dice el documento titulado Implementación de un Proceso de Libertad Condicional para venezolanos.

El texto señala que el ingreso legal de venezolanos a Estados Unidos dependerá de que el gobierno de México acepte el regreso a su territorio de los que entraron de manera irregular, pero el DHS permanece bajo la autorización judicial de expulsarlos bajo el Título 42, implementado durante la administración de Donald Trump para prohibir la entrada de extranjeros bajo pretexto de la pandemia de Covid-19.

Sin dar mayores explicaciones, el Gobierno de México aceptó este proyecto y anunció que serían hasta 24 mil los venezolanos que aceptará en su territorio.

El Sol de México buscó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, para conocer más detalles del acuerdo, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el canciller dijo el jueves que México les dará las oportunidades que necesiten a los venezolanos deportados. “El que quiera quedarse en es este país, es bienvenido”, dijo.

El programa, que prioriza el ingreso por vía aérea y no a través de la frontera de México, permitirá la entrada a venezolanos a Estados Unidos siempre y cuando un familiar los respalde mientras se encuentran en ese país y bajo la figura de “libertad condicional”.

Sin embargo, denunció HRW, "estos requisitos son a menudo difíciles de cumplir. Muchos venezolanos enfrentan barreras administrativas y económicas para obtener o renovar pasaportes u otros documentos oficiales, incluidos certificados de matrimonio y nacimiento, dado que los servicios consulares venezolanos son escasos e inasequibles".

"Exigir a los solicitantes de asilo que presenten un pasaporte del gobierno que puede estar persiguiéndolos contradice fundamentalmente la realidad de muchos refugiados", señaló la organización.

La administración de Joe Biden espera que este programa mejore la seguridad de su frontera con México, así como la seguridad nacional investigando a los venezolanos antes de que lleguen a territorio estadounidense, además de reducir la presión sobre el personal y los recursos del DHS.

Ante ello, HRW pidió a la administración Biden que restablezca el acceso al derecho a solicitar asilo para todas las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su nacionalidad, medios económicos, lazos familiares o los documentos de viaje que posean.

Por otra parte, hizo un llamado al Gobierno mexicano para que se niegue a aceptar expulsiones, incluidas las de venezolanos, y especialmente de aquellos en mayor riesgo, como las personas LGBT y las personas con enfermedades crónicas o discapacidades.

También exigió al gobierno de López Obrador a otorgar estatus legal a todos los venezolanos expulsados por Estados Unidos para garantizar que puedan acceder a unos servicios básicos mínimos.

"El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se implementa en la legislación interna de los Estados Unidos. Toda persona que busque protección internacional tiene derecho a solicitar asilo en el extranjero ya que su caso sea conocido ante las autoridades correspondientes", ha dicho la organización.

"Biden y López Obrador deberían trabajar juntos para crear sistemas de inmigración y asilo humanos, equitativos y que respeten los derechos, en lugar de limitar el derecho a solicitar asilo por motivos de raza, nacionalidad, medios económicos o lazos familiares", subrayó Ari Sawyer , investigadora fronteriza de Estados Unidos en Human Rights Watch.

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Casi 200 migrantes fueron asegurados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en un tráiler en Ramos Arizpe, Coahuila. El descubrimiento tuvo lugar durante un filtro de seguridad en el poblado de Mesón del Norte, en el sureste de Coahuila, donde se detectó la presencia de cientos de migrantes en la unidad. El tráiler fue llevado a Saltillo para permitir que los viajeros, incluyendo bebés, descendieran.

Durante el operativo, elementos de la Policía Estatal proporcionaron botellas de agua a los migrantes, pero se negó el acceso a una ambulancia para revisar las condiciones de salud de las personas. 

Los casi 200 migrantes serán resguardados en el Instituto de Migración de Saltillo y posteriormente trasladados a Monterrey. Además, las dos personas que conducían el tráiler serán consignadas ante la autoridad correspondiente.

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Oficiales de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga en las inmediaciones del Rancho La Uva en Valle Bonito en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron al camión de carga que circulaba en un área no común de dicho transporte.

Al hacer una revisión en la parte trasera del camión, localizaron a 80 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría del Medio Oriente.  

De manera extra oficial, un grupo de migrantes lograron escapar, mientras que otro grupo fue entregado al Instituto Nacional de Migración y paramédicos de Caminos y Puentes, así como personal del Grupo Beta quienes evaluaron su situación médica y encontraron que varios de ellos estaban deshidratados.

Cabe mencionar que el chófer fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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Agentes municipales en apoyo del Instituto Nacional de Migración, lograron auxiliar y trasladar a 30 personas que al parecer fueron abandonados por personas que los ayudarían a cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Dichas personas originarias de diversas partes de Latinoamérica y de Asia, fueron abandonadas en una zona del fraccionamiento Terrazas de Mendoza, en Playas de Tijuana.

Ante los peligros por el frío actual en la región con temperaturas mínimas de hasta 4 grados, policías y personal federal trasladaron a los migrantes a una zona segura para brindarles atención médica y orientación jurídica.

En todo momento se estableció coordinación entre ambas corporaciones para el traslado y recabar datos en busca de fortalecer la carpeta de investigación en torno al caso.

La caravana migrante, identificada como de la Natividad, reanudó su recorrido en Chiapas la mañana de este martes y avanzó por la región de la costa.

Las más de seis mil personas que integran el grupo salieron del municipio de Huixtla con la intención de llegar al municipio de Villa Comaltitlán.

En el punto de inspección federal de Cerro Gordo, las personas hicieron una oración por una jornada de paz y pronta atención de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgarles documentación de legal estancia en el país.

En este tercer día, la caravana recorrerá 60 kilómetros y mañana reanudarán la caminata al siguiente municipio que es Escuintla.

El grupo está compuesto por casi seis mil migrantes y salió de Tapachula en la madrugada del 24 de diciembre. La caravana fue nombrada "de la Natividad" porque se formó durante la temporada navideña.

Los migrantes decidieron comenzar el recorrido porque, acusaron, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM han retrasado por meses la atención a quienes buscan regularizar su estancia en el país.

Activistas señalaron que esta caravana va integrada en su mayoría por familias. Se estima que hay alrededor de mil 800 menores de edad.

La región vive un flujo de migrantes sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para migrar legalmente a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

La hondureña Mariela Amaya, que viajaba con su hijo de siete años, lamentó que los gobiernos de los países vecinos pretendan endurecer las políticas en lugar de ayudarlos a tener una mejor vida. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante".

"¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos”, dijo a AP mientras caminaba bajo un sofocante calor.

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Varios miles de migrantes salieron este domingo caminando del sur de México en la que supone la mayor caravana formada este año y que tiene lugar en la víspera de que una delegación de alto nivel de Estados Unidos llegue al país para acordar con el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevas medidas para controlar el creciente flujo de migrantes por la región.

Unas 6 mil personas, entre ellos familias y niños —muchos de ellos centroamericanos, venezolanos, cubanos y colombianos, entre otras nacionalidades— partieron el día de Nochebuena de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, detrás de una pancarta que decía “Éxodo de la pobreza”.

Efectivos de la policía y de la Guardia Nacional permanecían atentos a la situación pero no hicieron ningún amago por detenerlos. Después del mediodía, el grupo se acomodó para pasar la noche en un parque a solo 13 kilómetros de Tapachula con el fin de continuar caminando el día de Navidad.

La formación de estos grupos ha sido constante en los últimos años ante la lentitud de los procesos de regulación migratoria en Tapachula y a la falta de recursos, opciones de vida digna y de trabajo para que los extranjeros puedan costearse la espera de documentos.

“Llevamos de tres a cuatro meses en Tapachula esperando... pero no tenemos lo que es respuesta”, dijo el hondureño Cristian Rivera, quien dejó a su esposa y su hijo en Honduras y viajaba solo. “Esperemos que con esta caminata podemos realizar un cambio y nos puedan dar el permiso para poder subir arriba”.

Hace algunos años, las fuerzas de seguridad intentaban bloquear estos grupos por la fuerza. Desde finales de 2021, las autoridades optaron por dejar que los migrantes se cansaran de caminar e intentar disolver los grupos ofreciéndoles documentación temporal que, en muchos casos, los extranjeros utilizan para seguir el viaje al norte por su cuenta.

Como en otras ocasiones, el grupo salió coincidiendo con citas importantes en la agenda migratoria.

Envía Biden delegación de alto nivel a México para hablar de migración

En este caso, tiene lugar días antes de la llegada a México del secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, para pactar nuevas medidas migratorias con López Obrador ya que en diciembre la frontera sur estadounidense registró hasta 10 mil cruces ilegales algunos días, una cifra totalmente inusual.

Esa situación provocó que las autoridades de ese país cerraran unos días un par de cruces ferroviarios para reubicar a sus efectivos de control fronterizo y que México se resintiera por los costes económicos de los cierres.

La región vive un flujo de migrantes sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para emigrar legalmente a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

Más de medio millón de migrantes cruzaron este año la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá y México detectó más de 680 mil extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, todo según cifras oficiales. Además, un número récord de casi 137 mil personas pidieron refugio en este país.

A principios de diciembre, el Instituto Nacional de Migración ordenó la cancelación temporal de diversas operaciones de traslado y retorno de migrantes por falta de presupuesto y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado suspendió la atención en sus oficinas hasta enero por el periodo vacacional.

López Obrador reconoció que los estadounidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes al sur, en la frontera con Guatemala, y para dificultar su paso a través del país.

Biden busca resolver “problemas de índole político” en países que alientan la migración

El viernes, después de una conversación con el estadounidense Joe Biden, el mandatario mexicano aseguró que no se trata sólo de contención sino también de incrementar la cooperación al desarrollo y de resolver “problemas de índole político” en países como Cuba o Venezuela que alientan la migración.

“Vengo a trabajar porque en Cuba no podemos”, dijo Ana Deisy Fuentes, que salió de la isla harta de las multas que la ponían por vender carne y porque allí no podía decir lo que pesaba. “En nuestro país no tenemos libertad de nada”.

La venezolana Adelaida Contreras, de 46 años, dijo aspirar a lo mismo, un trabajo, preferiblemente en Estados Unidos. Llegó a México hace un mes con nueve familiares adultos huyendo de la pobreza. Como no llegaba el permiso que les iba a dar migración, explicó, optaron por caminar. “Nunca jamás pensamos una Navidad estar caminando... pero ahí vamos”.

La caravana es la mayor que se forma desde junio de 2022 coincidiendo entonces con la Cumbre de las Américas celebrada en San Francisco —también con los temas migratorios como eje—, pero lejos de las que se juntaron a finales de 2018, cuando decenas de personas llegaron a la frontera con Estados Unidos poniendo en jaque a las autoridades de los dos países.

“Todo lo que gira en torno a la migración es tema electoral tanto para Estados Unidos como para México”, denunció el activista Luis García Villagrán, que acompañaba el domingo al grupo. “Sí hay presupuesto”, aseguró. “Nosotros estamos pidiendo que se nos atienda y se acabó el problema”.

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