El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras dar golpe de Estado, reportó medio El Comercio

Horas después de dar un golpe de Estado, el ahora vacado presidente salió de Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la prefectura, en la avenida España, donde fue detenido.

De acuerdo con el medio peruano, casi en paralelo, la Fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra.

Previamente, imágenes de Canal N mostraron al exmandatario y miembros de su familia, incluida su esposa Lilia Paredes, abandonando Palacio de Gobierno.

Castillo, Paredes, sus hijos y su cuñada Yeniffer Paredes fueron captados retirando sus pertenencias en bolsas. En esta acción, el expresidente estuvo acompañado por el asesor de la PCM y ex jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Torres.

La Policía Nacional de Perú, compartió una imagen del ahora detenido Pedro Castillo; "dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones, efectivos PNP intervienen al expresesidente", señaló la cuenta de la Policía en Twitter.

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La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).

La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo ya purga 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Organización criminal comenzó en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirma

Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.

En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego "vendrían a conformar el gabinete en la sombra".

Meza dijo que la presunta organización tenía una "estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar" y que esta posición "era presuntamente asumida por Pedro Castillo".

El "propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones", dijo.

A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta "antes de que asuma la Presidencia" y la organización "buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública".

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Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), familiares del ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva en una prisión de Lima, comentaron que éste se encuentra "delicado de salud".

​Vilma Vásquez, una de las sobrinas de Castillo, dijo que les informó a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "sobre la injusticia que se está cometiendo" contra el expresidente de 53 años.

"Está delicado de salud, le hablo por lo que he visto", dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión, junto a otros familiares del ex mandatario izquierdista, con los miembros de la CIDH en un hotel el distrito residencial de San Isidro.

Vásquez refirió que los familiares del ex mandatario están sufriendo persecución, aunque no identificó quienes los acosan. "Pedimos que haya justicia y que sea muy transparente todo".

Castillo, que gobernó el país casi 17 meses, fue destituido y arrestado el 7 de diciembre luego de anunciar en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, en una acción fuera del orden constitucional.

Este hecho gatilló fuertes protestas pidiendo principalmente elecciones anticipadas, que en casi dos semanas han dejado al menos 22 muertos, según las autoridades.

El ex mandatario se encuentra recluido en un penal dentro de una base policial, ubicado al este de la ciudad de Lima, donde también se encuentra ex presidente Alberto Fujimori que cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos.

Castillo ha negado las acusaciones en su contra de "rebelión y conspiración" y en un mensaje por Twitter hace unos días solicitó a la CIDH que "interceda" en su caso.

Una misión de la CIDH está en Lima desde el martes y se ha reunido con representantes de organismos políticos, sociales, del Gobierno y el Congreso para recoger información sobre la crisis.

La esposa de Castillo y sus dos hijos menores llegaron el miércoles a México, cuyo gobierno les otorgó asilo, una decisión que ha generado una crisis diplomática con Perú.

El gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció esta semana la expulsión del embajador mexicano en Lima. Antes había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, países gobernados por líderes de izquierda que han mostrado su apoyo a Castillo.

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El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entregó este miércoles documentos migratorios que acreditan su legal estancia en México, a la señora Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, así como a sus dos hijos menores de edad, una niña y un niño.

La familia del exmandatario, que se encontraba en la embajada de México en Perú, arribó a la Ciudad de México procedente de Lima, luego de que el gobierno mexicano le concedió asilo político y las autoridades peruanas le extendieron el salvoconducto correspondiente para que pudiera viajar.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración (INM) publicó cuatro fotografías en las que aparece Francisco Garduño haciendo entrega de sus documentos migratorios a los tres familiares del expresidente Pedro Torres.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha decidido no romper relaciones con Perú, pese a que el gobierno de ese país declaró persona non grata y expulsó al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa.

El Presidente señaló que “necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que trabajan y radican en Perú”.

"El derecho de asilo fue lo que molestó a las autoridades de Perú", declaró el presidente López Obrador.

Señaló que buscarán reformar o reglamentar el artículo 33 de la Constitución.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explica el artículo 33 constitucional sobre la expulsión de las personas extranjeras y recuerda el caso del cantante Manu Chao, quien hizo declaraciones sobre el caso Atenco.

También informó que se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación, que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.

Internacionalistas calificaron como lógica y normal la decisión del gobierno de Perú de expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy por la injerencia e intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política interna del país andino y su defensa de Pedro Castillo, quien está siendo juzgado por diversos delitos graves.

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideraron que el Presidente desdeña la Doctrina Estrada y lo que marca la Constitución en materia de política exterior y opta por figuras de su invención como las llamadas “pausas” en las relaciones, lo cual es muy grave porque México está perdiendo prestigio y credibilidad a nivel internacional al dejar de lado el principio de neutralidad y no intervención, todo en aras de defender a una persona.

La internacionalista y académica del Tecnológico de Monterrey, Arlene Ramírez Uresti, dijo que la expulsión de Monroy “es la consecuencia lógica ante la clara injerencia del gobierno mexicano que va desde los pronunciamientos de López Obrador y la oferta de asilo político a la familia del expresidente peruano, lo cual generó una gran tensión, por lo que pedir la salida en 72 horas es la reacción natural conforme al derecho internacional”.

Explicó que la expulsión de embajadores es también una forma de expresar que existen diferencias ideológicas importantes entre dos países que no se pueden resolver a través del diálogo y la diplomacia.

Consideró que si el gobierno mexicano insiste en dar asilo a la familia del expresidente Castillo, “seguramente el gobierno peruano seguirá en los pasos de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Esta expulsión no significa el cierre de la embajada, pero hay que estar atento si el gobierno peruano pide la salida de los funcionarios de segundo y tercer nivel de la embajada. Si eso ocurre quedaría inoperable la sede diplomática en Perú y habría un cierre inmediato”.

Ramírez Uresti argumentó que más allá de la amistad del presidente López Obrador con Pedro Castillo, para México las relaciones con Perú son muy importantes, puesto que hay varias iniciativas bilaterales que han fortalecido el comercio, el turismo y otras áreas que son estratégicas para nuestra nación en América Latina.

“El problema es que se pone por encima la amistad o cercanía de una persona que los intereses de dos países”, mencionó la especialista.

Guadalupe Peña, internacionalista y académica de la Universidad La Salle, coincidió en que la expulsión inmediata del embajador mexicano de Perú es “lógica por la intromisión del presidente López Obrador en asuntos internos de esa nación, y ello se da en el marco de la Convención de Viena. No es algo extraño, era de esperarse la reacción del gobierno peruano”.

Aseguró que el discurso del Presidente de México no sólo es en contra de la Doctrina Estrada, sino de todos los principios de política exterior que están en el artículo 89 fracción décima de la Constitución, lo cual es muy grave porque desconoce el marco legal que deben regir las relaciones de México con otros países, todo con el afán de defender a sus aliados políticos.