Pedro Castillo quiso ir a embajada de México en Perú

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Pedro Castillo tenía planeado ir a la embajada de México en el distrito de San Isidro, en Lima, la capital peruana, poco después de dar su mensaje a la nación y sobre todo antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción de vacancia. Pasadas las 13:00 horas locales salió por la parte trasera de Palacio de Gobierno junto a su exprimer ministro Anibal Torres y con su comitiva de resguardo de Seguridad del Estado de la Policía Nacional Peruana (PNP).

Allí, le comunicó al chofer que lo llevara al destino antes mencionado. El chofer tomó la Av. Inca Garcilaso de la Vega (ex Wilson) como la opción más directa para llegar. Todo aparentemente estaba saliendo de acuerdo al plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la PNP que lo cambió todo.

Según dijeron fuentes a El Comercio, luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, el todavía presidente Castillo se comunicó con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional.

En simultáneo, las mismas fuentes en el sector indicaron que Willy Huerta, ahora exministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la PNP en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa.

De acuerdo con las fuentes, Alfaro convocó al Alto Mando de la PNP para decidir la postura institucional frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando. Álvarez y el inspector general de la PNP Segundo Mejía se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente y, además, se concluyó que estaba actuando en flagrancia (delito de rebelión) al ordenar el cierre del Congreso.

La decisión había sido tomada: Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de Seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Se le comunicó el hecho, según las fuentes, al general PNP Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien le solicitó a su personal que le informe sobre la ubicación del entonces presidente.

Mientras tanto, el Equipo Especial de la PNP ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los coroneles PNP Walter Lozano (Bica) y Harvey Colchado (René) decidieron tomar acción. A manera de precaución, Lozano y su equipo fueron a la Embajada de México y Colchado a la de Cuba.

Los dos estaban decididos a arrestar a Castillo porque sabían que había incurrido en flagrancia en delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora exmandatario había sacado de Palacio a su familia y todo apuntaba a que lo que se buscaba era el asilo o fugarse del país.

Al tiempo que todo esto ocurría, en la Av. Inca Garcilazo de la Vega, antes de llegar al cruce con la Av. España, el chofer recibió la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital.

Casi en simultáneo, el pleno del Congreso aprobaba la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas desde que anunció su golpe de Estado y ya el entonces presidente pasó a calidad de detenido por rebelión.

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Fiscalía de Perú ratifica que Pedro Castillo lideró organización corrupta

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EFE,  Peru, Lima, Lima, 

La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).

La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo ya purga 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Organización criminal comenzó en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirma

Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.

En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego "vendrían a conformar el gabinete en la sombra".

Meza dijo que la presunta organización tenía una "estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar" y que esta posición "era presuntamente asumida por Pedro Castillo".

El "propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones", dijo.

A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta "antes de que asuma la Presidencia" y la organización "buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública".

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Pedro Castillo se encuentra 'delicado de salud', asegura familiar

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Reuters,  Peru, Lima, Lima, 

Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), familiares del ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva en una prisión de Lima, comentaron que éste se encuentra "delicado de salud".

​Vilma Vásquez, una de las sobrinas de Castillo, dijo que les informó a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "sobre la injusticia que se está cometiendo" contra el expresidente de 53 años.

"Está delicado de salud, le hablo por lo que he visto", dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión, junto a otros familiares del ex mandatario izquierdista, con los miembros de la CIDH en un hotel el distrito residencial de San Isidro.

Vásquez refirió que los familiares del ex mandatario están sufriendo persecución, aunque no identificó quienes los acosan. "Pedimos que haya justicia y que sea muy transparente todo".

Castillo, que gobernó el país casi 17 meses, fue destituido y arrestado el 7 de diciembre luego de anunciar en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, en una acción fuera del orden constitucional.

Este hecho gatilló fuertes protestas pidiendo principalmente elecciones anticipadas, que en casi dos semanas han dejado al menos 22 muertos, según las autoridades.

El ex mandatario se encuentra recluido en un penal dentro de una base policial, ubicado al este de la ciudad de Lima, donde también se encuentra ex presidente Alberto Fujimori que cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos.

Castillo ha negado las acusaciones en su contra de "rebelión y conspiración" y en un mensaje por Twitter hace unos días solicitó a la CIDH que "interceda" en su caso.

Una misión de la CIDH está en Lima desde el martes y se ha reunido con representantes de organismos políticos, sociales, del Gobierno y el Congreso para recoger información sobre la crisis.

La esposa de Castillo y sus dos hijos menores llegaron el miércoles a México, cuyo gobierno les otorgó asilo, una decisión que ha generado una crisis diplomática con Perú.

El gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció esta semana la expulsión del embajador mexicano en Lima. Antes había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, países gobernados por líderes de izquierda que han mostrado su apoyo a Castillo.

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Entrega INM documentos migratorios a esposa e hijos de Pedro Castillo

Tras concederles asilo político, la familia de Pedro Castillo arribó al país.

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entregó este miércoles documentos migratorios que acreditan su legal estancia en México, a la señora Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, así como a sus dos hijos menores de edad, una niña y un niño.

La familia del exmandatario, que se encontraba en la embajada de México en Perú, arribó a la Ciudad de México procedente de Lima, luego de que el gobierno mexicano le concedió asilo político y las autoridades peruanas le extendieron el salvoconducto correspondiente para que pudiera viajar.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración (INM) publicó cuatro fotografías en las que aparece Francisco Garduño haciendo entrega de sus documentos migratorios a los tres familiares del expresidente Pedro Torres.

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México ha decidido no romper relaciones con Perú, pese a expulsión de embajador

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha decidido no romper relaciones con Perú, pese a que el gobierno de ese país declaró persona non grata y expulsó al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa.

El Presidente señaló que “necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que trabajan y radican en Perú”.

"El derecho de asilo fue lo que molestó a las autoridades de Perú", declaró el presidente López Obrador.

Señaló que buscarán reformar o reglamentar el artículo 33 de la Constitución.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explica el artículo 33 constitucional sobre la expulsión de las personas extranjeras y recuerda el caso del cantante Manu Chao, quien hizo declaraciones sobre el caso Atenco.

También informó que se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación, que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.





Expulsión de embajador mexicano de Perú, ''lógica y normal'', opinan analistas

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Internacionalistas calificaron como lógica y normal la decisión del gobierno de Perú de expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy por la injerencia e intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política interna del país andino y su defensa de Pedro Castillo, quien está siendo juzgado por diversos delitos graves.

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideraron que el Presidente desdeña la Doctrina Estrada y lo que marca la Constitución en materia de política exterior y opta por figuras de su invención como las llamadas “pausas” en las relaciones, lo cual es muy grave porque México está perdiendo prestigio y credibilidad a nivel internacional al dejar de lado el principio de neutralidad y no intervención, todo en aras de defender a una persona.

La internacionalista y académica del Tecnológico de Monterrey, Arlene Ramírez Uresti, dijo que la expulsión de Monroy “es la consecuencia lógica ante la clara injerencia del gobierno mexicano que va desde los pronunciamientos de López Obrador y la oferta de asilo político a la familia del expresidente peruano, lo cual generó una gran tensión, por lo que pedir la salida en 72 horas es la reacción natural conforme al derecho internacional”.

Explicó que la expulsión de embajadores es también una forma de expresar que existen diferencias ideológicas importantes entre dos países que no se pueden resolver a través del diálogo y la diplomacia.

Consideró que si el gobierno mexicano insiste en dar asilo a la familia del expresidente Castillo, “seguramente el gobierno peruano seguirá en los pasos de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Esta expulsión no significa el cierre de la embajada, pero hay que estar atento si el gobierno peruano pide la salida de los funcionarios de segundo y tercer nivel de la embajada. Si eso ocurre quedaría inoperable la sede diplomática en Perú y habría un cierre inmediato”.

Ramírez Uresti argumentó que más allá de la amistad del presidente López Obrador con Pedro Castillo, para México las relaciones con Perú son muy importantes, puesto que hay varias iniciativas bilaterales que han fortalecido el comercio, el turismo y otras áreas que son estratégicas para nuestra nación en América Latina.

“El problema es que se pone por encima la amistad o cercanía de una persona que los intereses de dos países”, mencionó la especialista.

Guadalupe Peña, internacionalista y académica de la Universidad La Salle, coincidió en que la expulsión inmediata del embajador mexicano de Perú es “lógica por la intromisión del presidente López Obrador en asuntos internos de esa nación, y ello se da en el marco de la Convención de Viena. No es algo extraño, era de esperarse la reacción del gobierno peruano”.

Aseguró que el discurso del Presidente de México no sólo es en contra de la Doctrina Estrada, sino de todos los principios de política exterior que están en el artículo 89 fracción décima de la Constitución, lo cual es muy grave porque desconoce el marco legal que deben regir las relaciones de México con otros países, todo con el afán de defender a sus aliados políticos.