Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.

El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.

"Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.

La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.

Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.

Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.

Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.

Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

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Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de "orden y disciplina" impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de "carácter obligatorio" con las "medidas disciplinarias" para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primera acciones en su cargo.

El nombramiento de la ministra, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con alta presencia en las calles y lugares públicos de militares.

🇸🇻 | Autoridades de escuelas e institutos públicos en El Salvador verifican el cumplimiento de las nuevas normativas dictadas por el Ministerio de Educación: los estudiantes tienen que llegar con cortes de cabello adecuados, uniforme limpio y saludar. pic.twitter.com/9I7xpMjqeK

— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2025

Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, "será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa" y "dará lugar a las acciones correspondientes".

Medidas disciplinarias permanentes

Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias "permanentes" y catalogó de "muy buenas" las disposiciones de la ministra.

"Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución", explicó la docente.

Aseguró que las disposiciones de Trigueros "se van hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más", y solicitó el apoyo de madres y padres para que "envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación".

En el Inframen se concentran alrededor de dos mil 700 estudiantes de educación media de diferentes zonas de San Salvador y, según constató EFE, este miércoles se implementó un control estricto a los alumnos.

Maestros verificaron cortes de cabello y el adecuado uso del uniforme, llamando la atención a aquellos jóvenes que no reunían los requisitos.

"Disciplina y orden para construir el nuevo El Salvador"

La Presidencia de El Salvador informó de que la ministra Trigueros se desplazó este miércoles por diferentes escuelas del país para verificar el cumplimiento de las disposiciones para "construir el nuevo El Salvador".

"Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas. Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad", apuntó la ministra de acuerdo con la Presidencia.

Según maestros del Frente Magisterial Salvadoreño, el nombramiento de la militar "es un golpe más" contra el área de educación y que "descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas".

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El Congreso de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este jueves reformas a la Constitución que permiten la reelección presidencial indefinida, la eliminación de la segunda vuelta electoral y la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años.

La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Figueroa, quien argumentó que la reelección sin límites ya existe para otros cargos y que “la única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República”.

Entre los cambios aprobados también se incluye una disposición transitoria que reduce el actual periodo presidencial de Nayib Bukele, iniciado en junio de 2024, para que concluya en 2027 y se unifiquen las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Aunque la Constitución prohibía la reelección, la Corte Suprema —controlada por aliados del presidente— permitió en 2021 su participación en los comicios de 2024, en los que ganó con el 84.6 % de los votos.

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De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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El gobierno de El Salvador comenzó a destruir las lápidas de miembros de pandillas como la MS-13 para evitar que se conviertan en lugares de culto y pidió a la ciudadanía que informen de los lugares en que éstas se encuentran.

"En El Salvador NO hay espacio para los terroristas", publicó este jueves el viceministro de Justicia, Osiris Luna, en su cuenta de Twitter, quien explicó que se tomó esta decisión para evitar que miembros de pandillas pudieran "honrar" a sus compañeros fallecidos.

Reclusos en fase de confianza destruyeron las lápidas el pasado martes y miércoles, en el marco de la festividad de los Santos Difuntos, en un cementerio municipal en la ciudad de Santa Tecla, 10 kms al oeste de San Salvador.

Luna acompañó su mensaje con varias fotografías en las que se ve lápidas con la inscripción MS-13, siglas de la mara Salvatrucha, una de las más violentas que opera en El Salvador.

En su tuit, Luna pidió a la ciudadanía que envíen su "denuncia" sobre la ubicación de tumbas con símbolos de pandillas para proceder a su destrucción.

"Haz tu denuncia. Envíanos una foto y la ubicación de cualquier vestigio terrorista en los cementerios", señaló Luna. "El tiempo de los terroristas, llegó a su fin, y por ello fueron destruidas. No más pandillas en El Salvador", remarcó.

Pese a que las lápidas fueron destruidas, los restos de los pandilleros fueron dejados en sus tumbas.

De momento el gobierno no ha precisado cuántas lápidas de miembros de pandillas han sido destruidas.

En el octavo mes de la guerra contra las pandillas declarada por el Gobierno, las autoridades han detenido a más de 55.600 presuntos pandilleros.

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