Casi una semana y media después de que El Salvador aprobó un paquete de normas para hacer frente a la violencia de las pandillas, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por estas medidas excepcionales, señalando presuntos “tratos crueles” contra los pandilleros.
Las reacciones tienen que ver por los malos tratos contra los presos y nuevas medidas para tratar de restringir el libre ejercicio del trabajo periodístico.
"Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas", señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele impulsó la aprobación en el Congreso (controlado por sus aliados) de las medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.
Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigor el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, "según informes", "recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza".
"Algunas" personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla presuntamente "han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes", añadió Throssell.
Esa entidad, que preside la chilena Michelle Bachelet, también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y que también fijaron penas más duras para menores que cometan delitos siendo parte de una pandilla.
Denuncias de organizaciones humanitarias
Por otro lado, las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario han recibo al menos 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción entre el 27 de marzo y 4 de abril.
De acuerdo con Ábrego, 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación.
También apuntó que la mayoría de las personas afectas han sido víctimas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la Fuerza Armada.
Las reformas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de 'cualquier manifestación escrita'
El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó el lunes que su oficina ha recibido 67 denuncias de "afectaciones a derechos" bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Para Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, los retos en materia de seguridad pública que enfrenta El Salvador demandan acciones estatales, pero "no cualquier acción estatal", sino que tienen que ser "acciones estatales efectivas, necesarias, proporcionales y claramente apegadas a los derechos humanos".
Mordaza a la prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, las cuales conllevan la "criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas".
En un comunicado, el organismo hemisférico agregó que dichas reformas contravienen "principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público".
El Salvador cumple unos 11 días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas, a la que el Gobierno ha respondido con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos.
En ese escenario, desde este lunes han entrado en vigor reformas penales y a la citada ley contra pandillas y grupos criminales que fueron aprobadas por la Asamblea.
Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, para frenar la escalada de violencia en el país, enmiendas que, denunció la SIP, "afectan en forma directa el trabajo periodístico".
Las reformas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de "cualquier manifestación escrita", así como dibujos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual que aludan al "control territorial" de las pandillas.
¿Cuántas capturas van?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que más de 6.000 pandilleros fueron detenidos en nueve días de vigencia de un régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.
Con los 6.000 detenidos, más los 16.000 pandilleros que ya estaban encarcelados antes de la escalada homicida, el país tiene a "22.000" miembros de esos grupos delictivos en los presidios, dijo el mandatario al juramentar a 1.450 nuevos miembros del ejército en la Escuela Militar, en el oeste de San Salvador.
Bukele ataca a las ONG
A los 22.000 pandilleros "los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados (y) con dos tiempos de comida", sostuvo Bukele, que censuró las críticas que le hacen organismos humanitarios a nivel local e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En otro acto en el que juramentó a 205 nuevos policías en un cuartel del sureste de San Salvador, Bukele aprovechó para enviar un mensaje a las pandillas ante rumores de que, por las operaciones masivas de captura, pretenden "vengarse" de la población honrada al azar.
Si cometen un acto de venganza "no va haber (ni) un tiempo de comida en las cárceles (...) les juro por Dios que no comerán un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran, y no me importa lo que digan organismos internacionales", enfatizó.
Tras insistir a las pandillas que "solo hay dos caminos: la cárcel o la muerte", Bukele les recomendó no resistirse al arresto porque en la cárcel "van a vivir y van a tener comida (en) dos tiempos y sin pollo".
