El procesamiento penal de Donald Trump supone la primera vez que un expresidente es imputado en Estados Unidos, pero de ninguna manera es algo inédito en otras partes del mundo, como en Latinoamérica, donde han proliferado los casos.

Las investigaciones judiciales contra Trump (2016-2020) superan la decena y van desde el fraude fiscal, el asalto al Capitolio, maniobras para interferir en el resultado electoral de 2020 y abusos sexuales. Una de ellas, el posible soborno a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, le ha costado ser el primer presidente estadounidense imputado en una causa penal.

Otros exmandatario, bajo proceso

Al sur del continente, en Perú, han sido procesados cuatro presidentes, entre ellos Alberto Fujimori (1990-2000), que ha escuchado varias sentencias. La mayor 25 años de cárcel en 2009 como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, y dos secuestros.

Ollanta Humala (2011-2016) estuvo recluido de manera preventiva por su relación con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. El escándalo alcanzó a su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), condenado en abril de 2019 a una pena de 3 años de prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), está pendiente de extradición desde Estados Unidos acusado de haber recibido sobornos de esa empresa brasileña.

Alan García, que presidió Perú en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), se quitó la vida el 7 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del caso Oderbrecht.

El último presidente peruano salido de las urnas, Pedro Castillo (2021-2022), permanece detenido por intentar disolver el Congreso el 7 de diciembre e instaurar un Gobierno de emergencia nacional.

De Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua...

Los guatemaltecos Alfonso Portillo (2000-2004), encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero y Álvaro Colom (2008-2012), encarcelado en 2018 por su presunta relación con un caso de fraude y malversación, han rendido también cuentas ante los tribunales.

La justicia panameña sentó en el banquillo a Ricardo Martinelli (2009-14) por un caso de presuntas escuchas ilegales, tras ser detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 y, aunque fue absuelto en 2019, es investigado por otras causas.

En El Salvador fueron juzgados Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-09). El primero acusado en 2014 de peculado y enriquecimiento ilícito. Saca fue acusado de lavado de dinero, malversación de fondos y enviado a prisión preventiva.

Otros dos países centroamericanos, Honduras y Nicaragua, también han llevado a expresidentes al banquillo. El hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), extraditado en abril de 2022 a EU para enfrentarse a cargos de sobornos de narcotraficantes y el nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado a 20 años por lavado de dinero en 2003.

En Argentina, además de Carlos Ménem (1989-1999), que pasó cinco veces ante la justicia y recibió dos condenas, la peronista Cristina Fernández (2007-2015) fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades entre 2003 y 2015. Un tercer presidente democrático argentino, Fernando de la Rúa fue juzgado y exonerado de un delito de cohecho agravado.

En Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997) fue procesado en 1998 por corrupción, difamación y estafa al Estado y condenado a 4 años de prisión por injurias, y Rafael Correa (2007-2017) en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por cohecho.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019) está en prisión desde 2021 acusada de sedición y terrorismo en relación a los incidentes que en noviembre de 2019 forzaron la salida de Evo Morales.

El histórico presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2002-2010), que de nuevo ocupa ese cargo desde enero pasado, pasó dos años en prisión antes de ver anuladas dos condenas por corrupción relacionadas con la estatal Petrobras, y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fue detenido en 2020 dentro de un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993), fue condenado en 1996 a 2 años y 4 meses por "malversación genérica".

África, golpes de Estado, corrupción y crímenes contra la humanidad

En África estos casos son aún más frecuentes, y entre los presientes procesados y condenados están Moussa Traoré (Mali), Pasteur Bizimungu (Ruanda), Mamadou Tandja (Níger), Jacob Zuma (Sudáfrica), Zine El Abidine Ben Ali (Túnez), Hosni Mubarak y su sucesor, el islamista Mohamed Morsi (Egipto).

Además, la justicia internacional alcanzó a tres mandatarios africanos. El presidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003), condenado en 2012 a 50 años por el Tribunal especial para Sierra Leona por crímenes contra la humanidad; al chadiano, Hissène Habré (1982-1990) acusado por un tribunal belga por crímenes de lesa humanidad y al sudanés Omar Hasán Ahmad al Bashir (1993-2019), que espera su entrega a la Corte Penal Internacional de La Haya acusado también de crímenes contra la humanidad.

Hasta cuatro presidentes surcoreanos han sido condenados: Chun Doo-hwan, por su implicación en un golpe de Estado y corrupción; su sucesor Roh Tae-woo, por traición, amotinamiento y corrupción; Lee Myung-bak, por soborno, malversación y evasión de impuestos, y la presidenta Park Geun-hye, por el llamado caso “Rasputina”.

Quizás uno de los casos más conocidos es el del presidente de Irak Sadam Hussein (1979-2003), ajusticiado en la horca en 2006 por los crímenes cometidos en la localidad de Duyail en represalia por un atentado fallido contra su persona.

En 2019 el presidente de Taiwán Chen Shui-bian (2000-2008) fue condenado a cadena perpetua por corrupción y en Paquistán, Pervez Musharraf (2001-2008), vio como en 2019 un tribunal le condenaba “in absentia” a muerte por traición.

Sarkozy y Berlusconi: pesos pesados de la política europea

Entre los gobernantes de Europa destacan los casos del presidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

El francés fue juzgado por corrupción y tráfico de influencias y condenado en marzo de 2021 a tres años de prisión. En el caso de Berlusconi, sus problemas con la Justicia le han sentado más de diez veces el banquillo y ha sido condenado tres veces.

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El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo anticastrista Hermanos al Rescate en la década de los noventa, en una medida que representa una nueva escalada de presión contra Cuba.

De acuerdo con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, la acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para aumentar la presión política sobre el gobierno cubano.

Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate y realizaban vuelos cerca del espacio aéreo cubano cuando fueron abatidas por fuerzas de la isla.

La acusación contra Castro se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia Cuba, luego de que Washington impusiera un bloqueo energético y amenazara con sanciones a países que suministren combustible al gobierno cubano.

Estas medidas han agravado la crisis energética en la isla, donde se han reportado apagones de hasta 22 horas en distintas regiones.

Raúl Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa antes de asumir la presidencia cubana en 2008 tras la salida de su hermano, Fidel Castro. Aunque dejó oficialmente la presidencia en 2018, continúa siendo una figura influyente dentro de la política cubana.

Analistas consideran que la acusación representa uno de los casos más inusuales de procesos penales impulsados por Estados Unidos contra un exlíder extranjero, en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre ambos países.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que su gobierno actuará directamente si México no intensifica sus acciones contra estas organizaciones criminales.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente y aseguró que su administración ya comenzó una “fase terrestre” en la estrategia contra el narcotráfico.

El mandatario sostuvo que podrían surgir inconformidades desde México y otros países, pero insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera que no se está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y soberanía, además de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca también clasifica al narcotráfico como una amenaza terrorista y advierte que Estados Unidos continuará con operaciones militares y policiales contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

Trump reiteró que prefiere trabajar en coordinación con gobiernos aliados, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que existe complicidad o falta de cooperación frente al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del programa de escoltas militares a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

La medida forma parte de la pausa del llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada recientemente para proteger embarcaciones en la zona, en medio de las tensiones con Irán.

Trump explicó que la decisión responde a solicitudes de países como Pakistán y a los avances en las negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo definitivo.

A pesar de la suspensión de las escoltas, el mandatario indicó que se mantendrá el bloqueo contra puertos iraníes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

La medida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán acusara a fuerzas estadounidenses de la muerte de cinco civiles en la zona, mientras que Washington ha defendido la operación como una acción necesaria para garantizar la seguridad marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con su seguridad tiene impacto directo en la estabilidad económica global y en los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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Davos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de una nueva Junta de Paz, un organismo que, según explicó, busca inicialmente reforzar el alto el fuego en Gaza, pero que podría asumir un papel más amplio en la resolución de conflictos internacionales, lo que ha despertado cautela entre varias potencias globales.

Durante su presentación, Trump afirmó que la Junta trabajará en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas, aunque destacó que este nuevo mecanismo tendrá capacidad de acción propia. “Una vez que esté plenamente constituida, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos, en colaboración con la ONU”, señaló.

El mandatario estadounidense presidirá la Junta e invitó a decenas de líderes internacionales a integrarse. Países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Indonesia ya han aceptado participar, mientras que varias potencias occidentales han optado por mantener distancia. Francia rechazó sumarse, Reino Unido indicó que no lo hará por ahora y China no ha definido su postura.

Trump planteó que los miembros permanentes del organismo deberán aportar mil millones de dólares cada uno para su financiamiento. Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que la prioridad de la Junta será supervisar el cumplimiento del plan de paz en Gaza, aunque consideró que el modelo podría replicarse en otros conflictos internacionales.

Rusia informó que analiza la propuesta. El presidente Vladimir Putin señaló que su país estaría dispuesto a destinar mil millones de dólares provenientes de activos rusos congelados en Estados Unidos para apoyar a la población palestina.

La iniciativa cuenta con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque el portavoz del organismo aclaró que la participación de Naciones Unidas se limitará a los términos establecidos en dicho acuerdo.

Entre los integrantes confirmados figuran aliados cercanos de Trump como Israel, Argentina y Hungría. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para formar parte de la Junta, pese a que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

El anuncio se produce en un contexto de fragilidad del alto el fuego en Gaza, donde Israel y Hamás continúan acusándose mutuamente de incumplimientos, en medio de una grave crisis humanitaria y episodios recurrentes de violencia.

Aunque la primera fase de la tregua enfrenta dificultades, las siguientes etapas deberán abordar temas de fondo como el control de la seguridad en Gaza, el desarme de Hamás y una eventual retirada israelí, asuntos que históricamente han obstaculizado cualquier acuerdo duradero.

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