La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).

La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo ya purga 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Organización criminal comenzó en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirma

Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.

En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego "vendrían a conformar el gabinete en la sombra".

Meza dijo que la presunta organización tenía una "estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar" y que esta posición "era presuntamente asumida por Pedro Castillo".

El "propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones", dijo.

A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta "antes de que asuma la Presidencia" y la organización "buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública".

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La Policía Nacional de Perú (PNP) arrestó este viernes a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, a petición de la unidad anticorrupción de la Fiscalía que lo investiga por tráfico de influencias, según el acta a la que tuvieron acceso distintos medios locales.

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Perú anunció el sábado que exigirá visas a los ciudadanos mexicanos en respuesta a las nuevas restricciones introducidas por México el día anterior, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Ante el anuncio unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del Principio de Reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos, el Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país", dijo la Cancillería en un comunicado.

Vista del aeropuerto de Arequipa, Perú, el 19 de diciembre de 2022. (Crédito: Diego Ramos/AFP/Getty Images)

PERÚ

Perú anuncia que exigirá visa a ciudadanos mexicanos en respuesta a las restricciones introducidas por México

Por Karol Suárez, CNN

7 abril, 2024 - 04:18 ET (08:18 GMT)

(CNN) -- Perú anunció el sábado que exigirá visas a los ciudadanos mexicanos en respuesta a las nuevas restricciones introducidas por México el día anterior, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Ante el anuncio unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del Principio de Reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos, el Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país", dijo la Cancillería en un comunicado.

La Cancillería lamentó la decisión de México por considerar que "menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países".

El viernes, el Gobierno de México anunció que impondría restricciones de entrada a partir del 20 de abril después de que el país dijera que había visto un aumento sustancial en el número de peruanos que entraban en su territorio que tenían inconsistencias en su documentación y no parecían ser turistas.

México dijo que el requisito comenzaría a aplicarse a partir del 20 de abril.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, comparece este viernes por primera vez ante los fiscales por el Rolexgate, un caso por el que es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declarados, un escándalo que sacude los débiles cimientos de su gobierno.

La indagatoria comenzó a las 8:30 hrs y está encabezada por el fiscal general, Juan Carlos Villena, quien "inició la diligencia de toma declaraciones a la presidenta de la República", informó el Ministerio Público vía la red social X.

Boluarte llegó a la sede central de la fiscalía en Lima con su abogado, Mateo Castañeda, en un auto oficial custodiado por cinco vehículos policiales, constató un periodista de la AFP.

Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.

La indagación puede tomar varias horas y se produce luego de que la policía allanara su vivienda y el despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.

El gobierno tiene la esperanza de que el caso quede aclarado con la versión que ofrezca Boluarte y poner fin así a un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, ambos desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso.

"Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación", dijo el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, el jueves.

Según Adrianzén la mandataria "sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas".

Pulsera Cartier bajo sospecha

La fiscalía solicitará además explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269.000 dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022.

También sobre "la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los 500.000 dólares", según anunció el fiscal general Juan Carlos Villena.

​Las indagaciones por "la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos" comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

Con Boluarte suman seis los presidentes salpicados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.

La información periodística reveló que Boluarte usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

Tras esa publicación, la ahora presidenta señaló que se trata de un reloj "de antaño" producto de su "esfuerzo".

Manos limpias

"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.

La fiscalía la puede investigar por un máximo de ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

Boluarte, que ha descartado renunciar, denuncia un "ataque y acoso sistemático" con el fin de debilitar a su gobierno.

Si dimite, asume la presidencia el jefe del Congreso que deberá convocar a elecciones generales en seis meses.

Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Castillo, de quien era su vicepresidenta.

La fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", por la muerte de más de 50 civiles "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023" que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

El escándalo estalló cuando su popularidad no supera el 10% en las encuestas.

La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa.

Los medios locales informaron que la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar solo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria, mientras que el Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.

Según la emisora RPP, el allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.

Allanan la madriguera de
Doña Rolex Dina Boluarte
¡Han pasado más de dos
semanas de la denuncia de
los rolex y la Fiscalía recién
actúa, muévanse la rebelde
está ocultando pruebas!#DinaAsesina pic.twitter.com/lQGQW671Br

— El Tigre Velasco (@DiegoCortazar98) March 30, 2024

La Presidencia de Perú y el Ministerio Público han mantenido durante los últimos días una controversia respecto a las diligencias iniciadas como parte de la investigación abierta por la supuesta falta de declaración de la gobernante de sus relojes de lujo.

El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de gobierno, mientras que la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.

El fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria "había frustrado" las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana.

Tras esa situación, la defensa legal de Boluarte pidió reprogramar las diligencias en la investigación del caso de los relojes de lujo que la mandataria no declaró y por el cual es investigada por enriquecimiento ilícito.

En respuesta a este pedido, el fiscal general comentó que la actitud de la mandataria era un "claro indicador de rebeldía" que no hace más que "retardar el resultado de la investigación".

Que rompan la puerta de la casa de Dina Boluarte para allanarla indica el nivel de degradación al que ha llegado la figura presidencial.
Aún cuando no encuentren nada tener que romper la puerta por negarse a declarar ante el MP es una vergüenza y un pésimo ejemplo de Boluarte. pic.twitter.com/060nk2ZTWY

— Miguel Angel Salino (@MigSalino) March 30, 2024

El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso, ya que la mandataria debería haber declarado dichos bienes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía apuntó que no lo hizo.

Sin embargo, Boluarte declaró la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y afirmó que no tiene ningún desbalance patrimonial.

El Canal N de televisión mostró imágenes en las que se ve que un numeroso contingente policial se mantiene durante la madrugada de este sábado vigilando los alrededores de la casa de la mandataria, mientras que en el interior permanecían agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional junto con un equipo de fiscales.

Catean palacio de gobierno

El equipo de fiscales y policías que allanó cerca de la medianoche del viernes la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ingresó hacia las 4.30 horas de este sábado al Palacio de Gobierno de Lima, donde continuará con las diligencias de una investigación abierta contra la gobernante.

Los fiscales anticorrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) arribaron hasta la sede gubernamental, en el centro histórico limeño, tras permanecer durante más de cinco horas en la casa de Boluarte.

Tanto los fiscales como los policías que intervinieron en la operación señalaron a periodistas que la investigación es reservada y no pueden ofrecer más información sobre las pesquisas.

El primer ministro Adrianzén declaró posteriormente a la emisora RPP que está "indignado" por el allanamiento y consideró que se ha producido "un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que ella representa".

El primer ministro agregó que "no es posible" que tengan "que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no inconstitucionales", ya que la gobernante está protegida por la inmunidad que otorga su cargo.

Aseguró que Boluarte "en todo momento ha presentado su colaboración al Ministerio Público" y que la gobernante está actualmente en la residencia del Palacio de Gobierno.

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó este martes a la sede de la Fiscalía de la Nación, en el centro histórico de Lima, para responder a un interrogatorio sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.

La jefa de Estado acude al despacho de la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, para responder en la investigación preliminar abierta en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.

La Presidencia de la República confirmó, a través de su cuenta en Twitter, que "Boluarte llegó a la (sede de la) Fiscalía de Perú para brindar declaraciones con respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público".

Hace instantes, la presidenta de la república, Dina Boluarte, llegó a la @FiscaliaPeru para brindar declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público.

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 6, 2023

La semana pasada Boluarte aseguró que acudiría a la citación porque su intención es contribuir a "esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible" y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno.

Boluarte declara ante la Fiscalía; dice que no usará "el silencio como un medio de defensa"

Remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general porque "es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley".

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas, antes de entrar a la diligencia, que la mandataria "no va a usar el silencio como un medio de defensa", sino que va "a responder todas las preguntas a la Fiscalía".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró, en declaraciones a RPP, que Boluarte "no va a guardar silencio" en el interrogatorio con la fiscal de la Nación porque "su interés es que las cosas se esclarezcan".

En una entrevista telefónica desde España, el primer ministro defendió la postura del Ejecutivo sobre las muertes y lesiones graves producidas durante el control de las movilizaciones antigubernamentales al afirmar que es importante investigar a los agentes de la Policía o de las Fuerzas Armadas que hicieron un "mal uso" de su armamento y que esa conducta no respondió a una orden institucional.

En la investigación también se ha incluido a Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes; y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.

Varias personas perdieron la vida durante protestas en Perú contra Dina Boluarte

Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, pero este pidió que se cambie la fecha de esa citación.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.

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