El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.

El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".

"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.

El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".

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Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, así como de una docena de colaboradores, por la "violación sistemática de derechos humanos" en el país centroamericano, informó este lunes el abogado que presentó la denuncia.

"El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria (dar testimonio) y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo", dijo el abogado Darío Richarte, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

El gobierno de Ortega y su esposa "es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente", añadió Richarte.

Los crímenes de los que son acusados incluyen "asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad".

La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

También tienen orden de captura "cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad", agregó.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como "plan criminal de represión" y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción judicial "se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos", precisó Richarte.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

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Este martes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, concedió plenos poderes a su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir dos acuerdo de cooperación y asistencia en materia aduanera con Rusia.

A través de dos acuerdos presidenciales divulgados en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega otorgó plenos poderes a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, así como la representación especial del mandatario para los asuntos con Rusia.

Ortega autorizó a su hijo a suscribir el Protocolo entre el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de la República de Nicaragua y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia, así como  la Cooperación Administrativa, Intercambio de Información y Asistencia Mutua en el marco del Sistema Unitario de las Preferencias Arancelarias de la Unión Económica Euroasiática.

Además, buscan completar el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía Creativa y Naranja del país centroamericano y la Agencia de Industrias Creativas de Rusia.

Por otra parte, cabe destacar que Laureano Facundo se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea debido a serias violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

De igual manera, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con la República Popular China y Bielorrusia, por encima del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo.

El gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro, en "reciprocidad" a una medida similar adoptada por las autoridades de Managua con el representante brasileño, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

La decisión fue anunciada después de que el gobierno de Daniel Ortega formalizara la expulsión del embajador brasileño, Breno Souza da Costa, justificada con la ausencia del diplomático, el pasado 19 de julio, en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la revolución sandinista.

Según las fuentes consultadas por EFE, Brasil no ha hecho más que aplicar el "principio de la reciprocidad" frente a una medida que ha considerado "injustificada".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tenido en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando el líder brasileño viajó a Managua para el primer aniversario de la revolución sandinista, una ocasión en la que además conoció personalmente al entonces presidente cubano, Fidel Castro.

En los últimos meses, sin embargo, la relación se ha deteriorado, sobre todo debido a la "persecución política" que el gobierno de Managua mantiene sobre antiguos sandinistas y religiosos.

El propio Lula explicó la situación el mes pasado, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Brasilia, en la cual reveló que Ortega no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo detenido en Nicaragua.

"Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso", dijo Lula en referencia al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al gobierno nicaragüense.

"Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él", agregó.

Lula lamentó que eso ocurra con "un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza" y dijo que hoy no sabe "si esa revolución fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo".

El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país "haya una alternancia en el poder", porque es "lo más sano" para una democracia.

Según Lula, "cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador".

La expulsiones de embajadores ocurren en momentos en que Lula, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro de Colombia intentan una negociación para buscar una salida a la grave crisis abierta en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo, pese a que las autoridades electorales de Venezuela aún no han presentado las actas de un proceso que la oposición ha denunciado como fraudulento.

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El gobierno de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega, rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito.

En un comunicado, indicó que "el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua Bendita y Siempre Libre, se pronuncia en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del Gobierno de Ecuador, cuyo admirable Pueblo merece, como siempre, todo nuestro Cariño, Respaldo y Solidaridad".

Añadió que "condenamos y rechazamos esta violación flagrante del Derecho Internacional que vemos repetirse desde Gobernantes corruptos y serviles a los Imperios".

"Ante la insólita y repudiable acción realizada esta madrugada en Quito, por Fuerzas que deberían resguardar el Orden y la Seguridad de l@s Ciudadan@s ecuatorian@s y sus Vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa, que convertimos en nuestra Decisión Soberana de romper toda relación diplomática con el Gobierno ecuatoriano, a la par que manifestamos, una vez más, nuestra cálida y consecuente consideración al querido Pueblo ecuatoriano, que vive tiempos de inconcebible brutalidad, y ratificamos, una vez más, nuestro apego al Derecho Internacional y a las Convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre Estados y Gobiernos del Mundo", agregó en el comunicado.

Añadió que "el 1 de septiembre de 2020 habíamos retirado nuestra Embajada en Quito y con este pronunciamiento formalizamos la ruptura de toda relación diplomática".

El gobierno de Ortega también emitió "nuestra solidaridad y acompañamiento, en cualquier acción legal que de esto se derive, al Presidente y Gobierno de México, Don Andrés Manuel López Obrador".

La policía de Ecuador irrumpió el viernes por la noche en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado desde diciembre en la legación, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países

México exigió este sábado "garantías" para que su personal diplomático salga de Ecuador, tras el asalto policial a su embajada en Quito.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este lunes que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios. "Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia", declaró Türk en el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra.

Recordó que en junio se celebrarán comicios que, en conjunto, supondrán la elección de más de 20 mil funcionarios públicos, incluido el jefe del Estado, así como los miembros de las dos cámaras del parlamento federal y un amplio abanico de representantes y autoridades estatales y locales. Según datos recopilados por Data Cívica en México, desde el pasado julio hasta febrero se registraron once homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica, una oenegé mexicana especializada en el análisis de datos.

A esa cifra debe sumarse la del asesinato de uno de los aspirantes a la alcaldía de Atoyac de Álvarez (municipio del estado de Guerrero), quien fue asesinado este fin de semana cuando viajaba en su vehículo.

Proceso electoral deja más 20 políticos asesinados

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 22 si se tienen en cuenta a funcionarios públicos y familiares de los políticos. El Gobierno de México tiene un mecanismo de protección de candidatos en el que participan varias entidades de seguridad, que también está a cargo de la seguridad de funcionarios e instalaciones relacionas con las elecciones, así como del material electoral. El 2 de junio, México vivirá el proceso electoral más amplio de su historia, al que están convocadas más de 97 millones de personas. El objetivo es renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

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