La administración del presidente Joe Biden anunció hoy el despliegue de mil 500 tropas del ejército de Estados Unidos a la frontera con México al fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias, en medio de un repunte de la llegada de inmigrantes y del inminente levantamiento del Título 42.

El Departamento de Defensa señaló que las tropas serán asignadas para un despliegue inicial de 90 días de duración y no tendrán funciones de aplicación de la ley, incluyendo la detención de inmigrantes, sino un papel de apoyo en tareas logísticas, administrativas transportación, análisis de datos e identificación de operativos de tráfico de drogas.

Los mil 500 elementos militares tendrán como misión suplementar huecos críticos en las capacidades operativas en la frontera, en especial tareas de monitoreo, entrada de datos y apoyo de almacenes, hasta que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueda cumplir esas misiones por su cuenta, indicó un funcionario.

De acuerdo con cifras del Comando Norte (Northcomm), en este momento se encuentran desplegadas en la frontera con México un total de dos mil 450 tropas de la Guardia Nacional que realizan misiones de detección y monitoreo, análisis de inteligencia y apoyo aéreo.

El despliegue adicional obedeció a una petición expresa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el cual proyecta un abrupto incremento de la llegada de migrantes especialmente procedentes de América Central, una vez que se levante la emergencia de salud pública por covid y el Título 42 a partir del 11 de mayo.

El comisionado en funciones de CBP, Troy Miller, estimó durante un testimonio legislativo que Estados Unidos espera hasta 10 mil migrantes diarios en la frontera con México a partir de levantamiento del Título 42, lo que representaría un incremento de alrededor del 40 por ciento en relación con los niveles actuales.

Aunque el DHS ha indicado que continuará deportando hacia México a inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que buscan ingresar ilegalmente Estados Unidos, como parte de un acuerdo con México para que acepte hasta 30 mil personas al mes, funcionarios creen que la agencia podría verse abrumada por el repunte de migrantes.

Un memorando de la Casa Blanca instruyó al secretario de Estado, Anthony Blinking, solicitar una ayuda de emergencia de 50.3 millones de dólares al congreso para ser asignados al fondo de emergencia de ayuda a refugiados y migrantes, en vísperas de levantamiento del Título 42.

Sin embargo no está claro si la petición será aprobada por la Cámara de Representantes, bajo control de los republicanos, quienes han presentado su propia propuesta de solución a través de una iniciativa de ley en la práctica bloquea la mayor parte de aceptación de migrantes o solicitantes de asilo en la frontera con México.

La petición presupuestal general de la Casa Blanca contempla 113 millones de dólares para contratar 350 agentes de la Patrulla Fronteriza, 150 de Aduanas y Protección Fronteriza, 460 posiciones de procesamiento adicionales en CBP e ICE y 39 puestos para fortalecer el Programa de Transporte y Deportación. Por esos fondos, de ser aprobados, serían asignados hasta el 1 de octubre.

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Un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano estadounidense ayer en Minneapolis, atrayendo a cientos de manifestantes a las frías calles. Mientras que las autoridades federales dijeron que la ahora víctima mortal se acercó con un arma, los videos parecen mostrar que un oficial federal le quitó una pistola a Alex Pretti antes del tiroteo fatal.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción “POLICÍA”, rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

Otro video del incidente muestra al hombre en un aparente intento de proteger a una mujer de ser rociada con un spray, antes de ser derribado por agentes. Se oye a los agentes gritar “¡Tiene un arma!” cuando un agente no identificado mete la mano en el cinturón de Pretti mientras el grupo de agentes intenta reducirlo. 

Más de un segundo después de que el agente emerge con el arma, se oye un disparo, seguido de al menos nueve más, según los videos.

Los videos muestran que el agente que recuperó el arma no tenía nada en la mano antes de acercarse a Pretti. No queda claro en los videos revisados ​​por los medios, como CNN y The New York Times, si el agente que le quitó el arma a Pretti les dijo a los demás una vez que se la quitó. Tampoco está claro qué agente disparó primero.

En los videos no se puede ver a Pretti empuñando un arma; se le ve llevando un teléfono celular en una mano antes en el forcejeo.

La versión oficial

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

La secretaria de Seguridad Nacional dijo además que la víctima "cometió un acto de terrorismo doméstico".

"Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos", apuntó.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Minneapolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este jueves que esté considerando “deportaciones masivas” a México, según informó el diario The Washington Post.

“Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos”, aseguró en su cuenta de Twitter Marsha Catron Espinosa, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Post, que citó a fuentes informadas del asunto, aunque el acuerdo aún no es definitivo, la idea que se discute busca reforzar medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de quienes cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera estadounidense.

El plan crearía una “presunción en contra de la elegibilidad de asilo” y, siempre de acuerdo con el Post, el programa sería mucho más grande que el “Quédate en México” implementado por la administración de Donald Trump.

Un funcionario de la administración Biden dijo al Post que las deportaciones masivas se limitarían a ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pues el gobierno de Estados Unidos no puede devolverlos a sus países de origen.

Estados Unidos anunció a fines de 2022 un plan para aceptar a 30 mil ciudadanos de esos países, cada mes, siempre y cuando hagan la solicitud en sus países, cuenten con un patrocinador financiero que ya esté en Estados Unidos (individuos o representantes de organizaciones) y superen una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. De ser así, se les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

Al respecto, Catron dijo que “seguimos trabajando estrechamente con el gobierno de México para aplicar nuestro exitoso plan de control fronterizo, que ya ha dado como resultado el menor número de encuentros entre puertos de entrada en dos años”.

Catron, en cambio, no dijo nada sobre el supuesto plan para penalizar las solicitudes de asilo.

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Un grupo de tres legisladores estadunidenses está de visita en México para dialogar con autoridades de este país sobre la epidemia de fentanilo que afecta Estados Unidos, el tráfico de armas a través de la frontera y sus preocupaciones por los niveles de violencia registrados.

“Con respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia. Hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación (respecto a) la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa.

"Hay varios factores que juegan un papel importante y que contribuyen a esta triste realidad y vamos a continuar conversando sobre el tema”, detalló el congresista Jesús García en conferencia de prensa en la sede de la embajada estadunidense.

Además de Chuy García, de Illinois, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, así como la congresista Cori Bush, de Missouri, aprovecharon las reuniones que han tenido a lo largo del día para subrayar la gran preocupación que existe en Estados Unidos por la violencia que se vive en México. 

“Con respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia. Hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación (respecto a) la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa. 

"Hay varios factores que juegan un papel importante y que contribuyen a esta triste realidad y vamos a continuar conversando sobre el tema”, detalló García en una conferencia de prensa desarrollada este jueves en la sede de la embajada estadunidense.

Esto toma especial relevancia, tras los acontecimientos de hace unas semanas donde distintos cárteles de la droga quemaron vehículos y tiendas de conveniencia o incluso dispararon directamente en contra de civiles en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, lo cual pudiera considerarse como terrorismo según la legislación vigente en ambos lados de la frontera. 

“México es un país independiente, no es colonia de nadie y el presidente de México no es títere, ni pelele de ningún gobierno exterior”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al supervisar los avances del plan de Salud IMSS-Bienestar en este municipio, el jefe del Ejecutivo se refirió al proceso de consultas de la política energética nacional solicitado por Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC.

Acompañado por el Gabinete de Salud, el Mandatario dijo que no dará un paso atrás en la defensa de Pemex y CFE, sobre todo ante la oposición de un grupo de “reaccionarios” que están en contra del interés nacional.

“Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional, bueno aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex y a la CFE”.

“Son unos traidores a la patria, pero saben que, nosotros nos vamos a dar ni un paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de nadie y el presidente de México no es títere, ni pelele de ningún gobierno exterior”.

El presidente López Obrador recordó a quienes “tienen” esa campaña en contra de las empresas de la nación que el presidente de Estados Unidos Joe Biden da un trato iguales a nuestro país.

“Eso es lo que siempre me dice el presidente Biden y eso es lo que voy a defender la soberanía de México”.

Por eso -agregó- aunque no le guste a “los fachos” y a los “conservadores” gracias a esta defensa la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa por los trabajadores petroleros.

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Estados Unidos compartió varias veces sus inquietudes respecto a las políticas energéticas de México por medio de reuniones y cartas emitidas por legisladores, previo a presentar formalmente la solicitud de consultas al país por violar los acuerdos del T-MEC. 

Desde 2019, el vecino del norte venía anunciando sus molestias que finalmente expresó al representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai en su petición de consultas. 

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, señaló Tai. 

"Estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos, hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México", añadió. 

En octubre del 2020 se emitió la primer carta dirigida al presidente Trump, en la cual 43 legisladores estadunidenses, entres senadores y miembros del Congreso, en donde pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador poner atención sobre las acciones del gobierno de México que amenazaban la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y no se cumplían con lo establecido en el T-MEC- 

“El gobierno mexicano está otorgándole una preferencia regulatoria a Pemex y postergando o totalmente cancelando los permisos para las empresas energéticas estadounidenses”, plasmaron los legisladores en esta misiva. 

Un año después, en el mes de junio se llevó a cabo la primer reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en la cual también estuvo presente la preocupación hacia las preferencias del Gobierno mexicano. 

En noviembre, fueron 40 miembros del congreso de Estados Unidos quienes enviaron una carta dirigida a Katherine Tai, al secretario del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken, a Gina M. Raimondo, secretaria del Departamento de Comercio, y a la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer M. Granholm, en donde expresaron sus inquietudes sobre el gobierno de México puso en marcha medidas discriminatorias en contra de las empresas privadas energéticas norteamericanas, violando con ello el tratado comercial con esa nación y Canadá, también conocido como T-MEC. 

En la carta, los legisladores expresaron su profunda preocupación por los informes sobre la escalada de esfuerzos del gobierno de México de excluir a las empresas privadas de su sector energético en contra de sus compromisos internacionales, como el T-MEC. 

Los legisladores agregaron en dicha misiva su preocupación hacia la Guardia Nacional, la cual no permitía la operación de diversas instalaciones, propiedad de empresas norteamericanas, relacionadas con el almacenaje de hidrocarburos, en especial de gasolinas. También señalaron la cancelación de casi mil 900 permisos de importación y exportación de combustibles y otros productos refinados. 

A principios del 2022, seguían latentes la incertidumbre por la actitud de México en el T-MEC en el sector energético, por tal motivo, la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos envió el 12 de enero una carta dirigida a Katherine Tai. 

En dicha carta los senadores Ron Wyden y Mike Crapo explicaban que el gobierno mexicano suspendió importantes permisos a más de 80 empresas energéticas, cancelado los permisos para las instalaciones de importación de energía, poniendo en riesgo la inversión estadunidense. 

Los senadores señalaron en la misma misiva, los avances de un proyecto de reforma constitucional que disolvería el mercado eléctrico mexicano, eliminando a los reguladores independientes, cancelando los contratos y permisos otorgados a empresas privadas. 

El 31 de marzo, la Tai envió una carta a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, en la cual pedía la suspensión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pues ponía en riego pone en riesgo la inversión de 10 mil millones de dólares de inversionistas estadunidense y la violación de varios puntos establecidos en el T-MEC. 

A un poco más de la mitad del año, el 7 de julio 2022, se celebró la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC. 

En dicha reunión, Tai expuso las preocupaciones que persisten sobre el clima de inversión en México, entre ellas, las políticas energéticas de del país que continúan amenazando la inversión estadunidense y dañando los esfuerzos del país para abordar el cambio climático. 

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