Las intercepciones de migrantes buscando llegar a Estados Unidos desde México bajaron más de un 70 por ciento con el fin del Título 42, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), mientras ambas naciones luchan por reducir la migración irregular masiva.

Desde el 12 de mayo, un día después de que se levantó la ley de la era del Covid-19 la Patrulla Fronteriza interceptó en promedio a unas cuatro mil personas diarias y durante las últimas 48 horas a unas tres mil, explicó Blas Nuñez-Neto, funcionario del DHS.

"Nos sentimos alentados por los últimos progresos que hemos hecho en las últimas semanas, pero sabemos muy bien que es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión definitiva o predecirlo que va a pasar en las semanas que vienen", agregó en una conferencia de prensa en línea.

Nuñez-Neto informó que esta semana también fueron repatriadas once mil personas a más de 30 países, entre ellos adultos solteros y miembros de familias. De esta cantidad, mil 100 corresponde a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron enviados México.

Las recientes repatriaciones, explicó, ocurren bajo la ley de inmigración llamada Título 8, la cual incluye mayores sanciones para los migrantes que ingresen de forma irregular a Estados Unidos.

Recientemente, México anunció que continuaría aceptando a migrantes de esas nacionalidades, como parte de un acuerdo humanitario con Estados Unidos, que a su vez recibirá a más de 100 mil personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Funcionarios estadounidenses exhortaron a los migrantes a usar la aplicación CBP One para programar una cita para solicitar asilo, la cual es gratuita y les permite viajar de forma más segura, sin tener que poner su vida en riesgo o en manos de traficantes de personas.

Actualmente el número de citas es de mil espacios por día, pero no está descartado que pudiera aumentar, dijo durante la conferencia de prensa Jesús Sanchez, un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), adscrito a la oficina de Campo, en Los Ángeles, California.

Las autoridades buscan reducir el número de migrantes que intentan entrar al país desde México, más de 20 mil por mes el año pasado, lo que le ha valido al presidente Joe Biden duras críticas de parte de los republicanos.

Las nuevas reglas parecen estar cumpliendo su cometido de disuasión, consideró Nunez-Neto.

La llegada de migrantes provenientes de América del Sur y Central a través de la frontera con México parece también haberse reducido, agregó.

La aplicación móvil "CBP One", concebida para centralizar las demandas de citas migratorias en Estados Unidos, ha recibido "decenas de miles" de visitas y más de cinco mil fueron "procesadas" desde el 12 de mayo, dijo el funcionario.

No obstante, Nunez-Neto insistió que era "muy pronto para sacar conclusiones definitivas de estos primeros indicios".

El pasado miércoles una niña de 8 años murió en custodia de Estados Unidos en Harlingen, una ciudad de Texas cercana al Golfo de México.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que "la niña y su familia estaban bajo custodia en Harlingen, donde ella experimentó una emergencia médica" y luego de ser llevada al hospital "fue declarada muerta".

La agencia, que no dio detalles sobre la identidad o nacionalidad de la menor, anticipó que se abrirá una investigación sobre su fallecimiento.

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El controvertido proyecto de ley del gobierno británico para expulsar migrantes regulares a Ruanda quedó aprobado el lunes casi a medianoche en el Parlamento después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.

El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los migrantes expulsados.

También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.

El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo que se encarga de examinar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.

Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron numerosas veces el texto con enmiendas a la Cámara Baja.

Los lores solicitaron, por ejemplo, que un supervisor independiente determinara si Ruanda es realmente un país seguro o pidieron exenciones a la deportación para personas que trabajaron con el ejército británico en el extranjero, como los intérpretes afganos.

Pero los diputados de la Cámara de los Comunes, donde los conservadores disponen de mayoría, rechazaron cada una de las enmiendas y reenviaron el texto original a la otra cámara en un proceso conocido como "ping pong" parlamentario.

Finalmente, la Cámara de los Lores, cuyos miembros no son elegidos en comicios, cedió y poco antes de medianoche anunció que no iban a presentar más enmiendas, con lo que la ley será definitivamente aprobada una vez reciba el consentimiento real.

El gobierno de Sunak se encuentra bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.

Sunak advierte que su plan pasará "pase lo que pase"

Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar "pase lo que pase".

"Despegarán, pase lo que pase", dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.

Los vuelos al país africano comenzarán en "diez o doce semanas", insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.

La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo de control del gasto público, estimó que costará unos 540 millones de libras deportar a los primeros 300 migrantes.

Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022.

Ese año, los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.

El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana o la ONU.

Su alto comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que va "contra los principios fundamentales de los derechos humanos".

Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser "cómplices" de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.

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Oficiales de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga en las inmediaciones del Rancho La Uva en Valle Bonito en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron al camión de carga que circulaba en un área no común de dicho transporte.

Al hacer una revisión en la parte trasera del camión, localizaron a 80 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría del Medio Oriente.  

De manera extra oficial, un grupo de migrantes lograron escapar, mientras que otro grupo fue entregado al Instituto Nacional de Migración y paramédicos de Caminos y Puentes, así como personal del Grupo Beta quienes evaluaron su situación médica y encontraron que varios de ellos estaban deshidratados.

Cabe mencionar que el chófer fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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El XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, trabaja en alternativas que permitan a migrantes nacionales y extranjeros que sean deportados por esta frontera, bajo el título 8, reintegrase a la sociedad.

El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que una de las implicaciones del título 8, tras el fin del título 42 el pasado 11 de mayo, es que las personas que ingresen de forma irregular a Estados Unidos, serán deportadas inmediatamente y recibirán una sanción de cinco años.

Durante su participación en el programa “Despierta la Esperanza“, el director de la DMAM presentó un informe de los programas del Ayuntamiento en materia migratoria como la campaña “No Cruces el Muro”, ¿Por qué los migrantes llegan a Tijuana? y la Guía para Migrantes y Refugiados en Tijuana, y señaló que con las deportaciones por esta frontera, Tijuana se convertirá aún más en una ciudad de destino.

Lucero Vázquez indicó que ante este panorama, los migrantes retornados a Tijuana que no deseen regresar a sus lugares de origen, se verán obligados a incorporarse a la sociedad y ante ello el Ayuntamiento buscará alianzas con cámaras empresariales para que una vez que cuenten con la documentación necesaria, puedan acceder a bolsas de trabajo.

El funcionario recordó que Tijuana es una ciudad que se construyó con migrantes, quienes contribuyeron y seguirán haciéndolo, para que sea una de las ciudades más productivas y con una multiculturalidad que destaca en todo el mundo.

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El campamento de migrantes entre el muro fronterizo de Tijuana y San Diego fue desalojado este domingo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fin del título 42, grupos de migrantes que arribaron a la frontera decidieron acampar entre las vallas divisorias para solicitar el asilo en Estados Unidos.

En el lugar quedaron las bolsas de basura, sábanas y cobijas que utilizaban para formar casas de acampar, además del acumulamiento de basura como restos de comida y envases.

Fueron días difíciles para los inmigrantes que acamparon cerca de 15 días y sobrevivieron de agua embotellada, barras energéticas y algunos alimentos que les ofrecían a alto costo o les brindaba la ciudadanía.

Activistas pro migrantes en Tijuana, temen que ahora con el título 8, los inmigrantes sean deportados a sus países de origen y no puedan ingresar a territorio estadounidense en los próximos 5 años.

A las 5 de la tarde del jueves se abrió un impasse que dejó a unos 500 migrantes en el limbo de los títulos 42 y 8. Llegaron desde la madrugada a entregarse a la Patrulla Fronteriza que administró las últimas horas del 11 de mayo. Se les mantuvo a la expectativa con una botella de agua y una barra de granola, sin embargo fueron tomados en custodia cuando ya había vencido el Título 42.

Y fue hasta después de las 11 de la noche cuando, en El Paso, aparecieron uno tras otro cinco camiones. En menos de dos horas se llevaron a unas 100 personas que no se imaginaban que esa espera en la orilla del río Bravo, del otro lado del muro, ya en territorio estadunidense, los dejó sin la posibilidad de ser retornados de manera inmediata: fueron fichados. Son los primeros migrantes del Título 8 en esta ciudad de Texas.

Integrantes de la Guardia Nacional, de la de Texas y de la Patrulla Fronteriza llevaron a cabo el traslado a los centros de procesamiento. Los otros 400 migrantes pasaron la noche sentados en fila a la orilla del muro. Todo el día bajo el rayo del sol y tras el ocaso, con el frío extremo del desierto, entre el polvo que levantaron las llantas de los autobuses.

La mañana del viernes se vio la misma escena: a partir de las 7 y hasta las 11 llegaron otros 10 camiones a los que subieron a los hombres que habían aguardado del otro lado del marcador 42 del muro. Pasada esa hora, se cerró con candado, recogieron basura y pertenencias de los migrantes. La puerta 42 no se abrió más a pesar de la llegada de otros 35 indocumentados.

Entre ellos, sudamericanos que buscaban, ya sin éxito, cumplir su sueño americano, pues se les aplicó el Título 8. Orlando Duque, un joven originario de Colombia, fue parte de ese grupo de 35 que llegó cuando la puerta había cerrado. Sin agua ni alimento, y con la advertencia de una inminente detención, relató que en Ciudad Juárez le dijeron que si se acercaba al muro fronterizo aún podría quedarse.

“Aquí hay mujeres y niños con nosotros, ya no nos dejan pasar y nos han dicho que aquí nos dejarán y nos van a regresar a México. Aquí se acabó nuestro sueño”, gritaba a los periodistas a través de los gruesos barrotes metálicos.

Ese grupo colocó cobijas como techo para resguardarse del sol y cubrirse del frío de la noche, pero no tenía agua ni alimento, lo que hacía de su futuro detrás de la puerta 42 algo incierto.

Fernando García, director de la Red de Derechos Humanos en la Frontera, lamentó que cientos de migrantes se hayan quedado en limbo legal cuando ya habían llegado a territorio de EU. “Los dejaron horas esperando a propósito, lo hicieron para que ya no pudieran expulsarlos. Esta política migratoria de Joe Biden no es en nada diferente a la de Donald Trump”, reprochó.

Afuera de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, organizaciones promigrantes colocaron mensajes en las bardas para alertar de los peligros del Título 8 y qué hacer si son detenidos. 

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