Las intercepciones de migrantes buscando llegar a Estados Unidos desde México bajaron más de un 70 por ciento con el fin del Título 42, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), mientras ambas naciones luchan por reducir la migración irregular masiva.

Desde el 12 de mayo, un día después de que se levantó la ley de la era del Covid-19 la Patrulla Fronteriza interceptó en promedio a unas cuatro mil personas diarias y durante las últimas 48 horas a unas tres mil, explicó Blas Nuñez-Neto, funcionario del DHS.

"Nos sentimos alentados por los últimos progresos que hemos hecho en las últimas semanas, pero sabemos muy bien que es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión definitiva o predecirlo que va a pasar en las semanas que vienen", agregó en una conferencia de prensa en línea.

Nuñez-Neto informó que esta semana también fueron repatriadas once mil personas a más de 30 países, entre ellos adultos solteros y miembros de familias. De esta cantidad, mil 100 corresponde a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron enviados México.

Las recientes repatriaciones, explicó, ocurren bajo la ley de inmigración llamada Título 8, la cual incluye mayores sanciones para los migrantes que ingresen de forma irregular a Estados Unidos.

Recientemente, México anunció que continuaría aceptando a migrantes de esas nacionalidades, como parte de un acuerdo humanitario con Estados Unidos, que a su vez recibirá a más de 100 mil personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Funcionarios estadounidenses exhortaron a los migrantes a usar la aplicación CBP One para programar una cita para solicitar asilo, la cual es gratuita y les permite viajar de forma más segura, sin tener que poner su vida en riesgo o en manos de traficantes de personas.

Actualmente el número de citas es de mil espacios por día, pero no está descartado que pudiera aumentar, dijo durante la conferencia de prensa Jesús Sanchez, un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), adscrito a la oficina de Campo, en Los Ángeles, California.

Las autoridades buscan reducir el número de migrantes que intentan entrar al país desde México, más de 20 mil por mes el año pasado, lo que le ha valido al presidente Joe Biden duras críticas de parte de los republicanos.

Las nuevas reglas parecen estar cumpliendo su cometido de disuasión, consideró Nunez-Neto.

La llegada de migrantes provenientes de América del Sur y Central a través de la frontera con México parece también haberse reducido, agregó.

La aplicación móvil "CBP One", concebida para centralizar las demandas de citas migratorias en Estados Unidos, ha recibido "decenas de miles" de visitas y más de cinco mil fueron "procesadas" desde el 12 de mayo, dijo el funcionario.

No obstante, Nunez-Neto insistió que era "muy pronto para sacar conclusiones definitivas de estos primeros indicios".

El pasado miércoles una niña de 8 años murió en custodia de Estados Unidos en Harlingen, una ciudad de Texas cercana al Golfo de México.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que "la niña y su familia estaban bajo custodia en Harlingen, donde ella experimentó una emergencia médica" y luego de ser llevada al hospital "fue declarada muerta".

La agencia, que no dio detalles sobre la identidad o nacionalidad de la menor, anticipó que se abrirá una investigación sobre su fallecimiento.

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Una iglesia en Palatine, Illinois, ha generado controversia luego de colocar un mensaje en su cartel exterior que muchos han calificado como antiinmigrante.

El mensaje decía:

"El cielo tiene estrictas órdenes de inmigración, pero el infierno tiene las fronteras abiertas".

Este anuncio ha sido interpretado como una aprobación de las políticas migratorias de Donald Trump, generando indignación entre la comunidad latina y defensores de los derechos de los migrantes.

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Un letrero en una iglesia de New Hope generó polémica con un mensaje que compara las leyes del cielo con las fronteras abiertas del infierno. Mientras algunos lo ven como una postura política, el pastor asegura que es solo un juego de palabras basado en las Escrituras.

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El pastor de la iglesia New Hope Community, James Pittman, Jr., negó que el mensaje tuviera una intención política. Según él, era solo un "juego de palabras" para explicar la diferencia entre el cielo y el infierno, pero no esperaba que se volviera un tema de debate sobre la inmigración.

Sin embargo, para muchos, la frase reflejaba una actitud excluyente y discriminatoria en un momento donde la comunidad migrante enfrenta serias dificultades.

Reacciones divididas

La publicación del cartel provocó una ola de críticas en redes sociales y entre feligreses de la iglesia. Algunos asistentes expresaron su decepción y aseguraron que se alejaron de la congregación por este mensaje.

"Es muy preocupante ver que esto venga de nuestra propia comunidad", dijo un exasistente de la iglesia.

Este caso es solo un ejemplo de cómo las tensiones en torno a la inmigración siguen polarizando a la sociedad estadounidense. Mientras algunos sectores apoyan políticas más estrictas, otros luchan por los derechos de los migrantes y denuncian mensajes que consideran discriminatorios.

Más allá de la intención del pastor, la polémica ha dejado claro que el debate sobre la inmigración sigue siendo un tema delicado y controversial en Estados Unidos.

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En un esfuerzo coordinado entre el gobierno estatal y federal, se han establecido planes para la creación de albergues destinados a recibir a mexicanos deportados de Estados Unidos, justo antes del inicio del mandato del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 20 de enero. 

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que se habilitarán cinco espacios en total; tres en Tijuana y dos en Mexicali.

La decisión se tomó tras una reunión virtual entre la gobernadora y la secretaria de Gobernación, donde se discutió la necesidad de preparar albergues específicamente para migrantes repatriados, en lugar de aquellos que actualmente sirven a personas que buscan ingresar a Estados Unidos. 

Los albergues tendrán diferentes enfoques; algunos estarán destinados a núcleos familiares, otros serán para adolescentes que lleguen solos, y se asignarán espacios separados para hombres solteros y mujeres, con el fin de mantener la convivencia adecuada y respetar la seguridad de todos.

El Secretario de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, afirmó que se están sentando las bases logísticas necesarias para garantizar que los migrantes repatriados sean trasladados de manera efectiva a sus lugares de origen. 

Con 44 albergues ya en operación en Baja California, que mayormente alojan a migrantes que buscan llegar al norte, la gobernadora subrayó que las nuevas instalaciones serán exclusivas para los repatriados mexicanos.

A pesar de este esfuerzo, la incertidumbre sigue presente entre la comunidad migrante respecto a las políticas que se implementarán bajo la administración de Donald Trump. José María García Lara, fundador del Movimiento Juventud 2000, compartió que actualmente el albergue en Tijuana alberga a 105 migrantes de diversas nacionalidades, aunque la mayoría proviene del centro del país. La espera para obtener citas en el programa CBP One, que permite a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos, sigue siendo un desafío, con tiempos de espera prolongados.

Rafaela, una madre de familia que se vio obligada a dejar su hogar en busca de oportunidades para sus hijos, expresó su preocupación y confusión sobre cómo las nuevas directrices podrían afectar su futuro. "No sabemos qué esperar, ni cómo nos tratarán ahora que Trump está en el poder,” comentó con preocupación.

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El controvertido proyecto de ley del gobierno británico para expulsar migrantes regulares a Ruanda quedó aprobado el lunes casi a medianoche en el Parlamento después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.

El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los migrantes expulsados.

También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.

El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo que se encarga de examinar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.

Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron numerosas veces el texto con enmiendas a la Cámara Baja.

Los lores solicitaron, por ejemplo, que un supervisor independiente determinara si Ruanda es realmente un país seguro o pidieron exenciones a la deportación para personas que trabajaron con el ejército británico en el extranjero, como los intérpretes afganos.

Pero los diputados de la Cámara de los Comunes, donde los conservadores disponen de mayoría, rechazaron cada una de las enmiendas y reenviaron el texto original a la otra cámara en un proceso conocido como "ping pong" parlamentario.

Finalmente, la Cámara de los Lores, cuyos miembros no son elegidos en comicios, cedió y poco antes de medianoche anunció que no iban a presentar más enmiendas, con lo que la ley será definitivamente aprobada una vez reciba el consentimiento real.

El gobierno de Sunak se encuentra bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.

Sunak advierte que su plan pasará "pase lo que pase"

Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar "pase lo que pase".

"Despegarán, pase lo que pase", dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.

Los vuelos al país africano comenzarán en "diez o doce semanas", insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.

La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo de control del gasto público, estimó que costará unos 540 millones de libras deportar a los primeros 300 migrantes.

Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022.

Ese año, los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.

El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana o la ONU.

Su alto comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que va "contra los principios fundamentales de los derechos humanos".

Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser "cómplices" de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.

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Oficiales de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga en las inmediaciones del Rancho La Uva en Valle Bonito en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron al camión de carga que circulaba en un área no común de dicho transporte.

Al hacer una revisión en la parte trasera del camión, localizaron a 80 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría del Medio Oriente.  

De manera extra oficial, un grupo de migrantes lograron escapar, mientras que otro grupo fue entregado al Instituto Nacional de Migración y paramédicos de Caminos y Puentes, así como personal del Grupo Beta quienes evaluaron su situación médica y encontraron que varios de ellos estaban deshidratados.

Cabe mencionar que el chófer fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

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El XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, trabaja en alternativas que permitan a migrantes nacionales y extranjeros que sean deportados por esta frontera, bajo el título 8, reintegrase a la sociedad.

El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que una de las implicaciones del título 8, tras el fin del título 42 el pasado 11 de mayo, es que las personas que ingresen de forma irregular a Estados Unidos, serán deportadas inmediatamente y recibirán una sanción de cinco años.

Durante su participación en el programa “Despierta la Esperanza“, el director de la DMAM presentó un informe de los programas del Ayuntamiento en materia migratoria como la campaña “No Cruces el Muro”, ¿Por qué los migrantes llegan a Tijuana? y la Guía para Migrantes y Refugiados en Tijuana, y señaló que con las deportaciones por esta frontera, Tijuana se convertirá aún más en una ciudad de destino.

Lucero Vázquez indicó que ante este panorama, los migrantes retornados a Tijuana que no deseen regresar a sus lugares de origen, se verán obligados a incorporarse a la sociedad y ante ello el Ayuntamiento buscará alianzas con cámaras empresariales para que una vez que cuenten con la documentación necesaria, puedan acceder a bolsas de trabajo.

El funcionario recordó que Tijuana es una ciudad que se construyó con migrantes, quienes contribuyeron y seguirán haciéndolo, para que sea una de las ciudades más productivas y con una multiculturalidad que destaca en todo el mundo.

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