Bukele se inscribe como precandidato presidencial

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Cadena Noticias,  El Salvador, San Salvador, 

El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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Bukele se encamina a la reelección tras el "éxito" de su guerra contra pandillas

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AP,  Ciudad de México, Mexico, 

Pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuar su proyecto autoritario, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina a obtener la reelección en febrero en medio de una alta popularidad y sin oponentes de peso.

Con su cabello prolijamente engomado, su ropa casual y la gorra puesta hacia atrás Bukele, de 42 años, ha sabido promocionar su imagen en las redes sociales destacando el “éxito” de su guerra contra las pandillas en medio de denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado.

A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema habilitó a Bukele a volver a presentarse, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral. Según aquel fallo Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder participar en la contienda.

Bukele obtuvo el permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula.

La presidencia fue ocupada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario y hasta hace poco desconocida en El Salvador.

En una de las encuestas más recientes el 70.8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97.7% consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas, dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio 61.7% votaría por el partido de Bukele, 2.6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1.5% lo haría por el derechista Arena.

Arena gobernó el país por 20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó con el bipartidismo.

"Sin competencia"

“No hay ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este momento”, dijo a The Associated Press el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.

Agregó que ”lo que se prevé... es que gane la elección en primera vuelta de manera fácil” y que Nuevas Ideas “pueda tener al menos la mayoría absoluta, la mitad más uno de los 60 diputados del Congreso y la mayoría de las alcaldías”.

La abogada y analista política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque “han perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la relección), lo cual es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron”.

Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que una Sala de la Corte “no puede habilitar lo que la Constitución no habilita” mientras algunos analistas consideraron que la habilitación de Bukele es “ilegítima” porque la Sala está integrada por personas afines al gobierno.

En mayo de 2021 el nuevo Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo buscaba controlar el Poder Judicial.

En una entrevista con AP Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que Bukele “creó las condiciones que le permiten concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su proyecto autoritario”.

Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están mayoritariamente de acuerdo con la reelección "porque no desean que haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de seguridad”.

"Más seguridad"

“Tenemos más seguridad, mis hijos salen a jugar al pasaje (a la calle) sin problemas, los pandilleros están presos o se fueron a otro lado”, aseguró Juana Martínez, una mujer que visitaba el centro histórico de San Salvador.

El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.

El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.

“Hay menos muertos, vivimos más tranquilos y no me preocupa eso de la Constitución”, agregó Tomás Escalilla, un obrero de la construcción mientras esperaba el autobús en un parque de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.

Liberadas de la obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar quién entraba y quién salía.

Papier admitió que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el costo del régimen de excepción “ha sido graves violaciones de derechos humanos y concentración del poder”.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer “torturas sistemáticas en las cárceles”, expresó su preocupación por la reelección de Bukele porque teme que “puede fortalecer este tipo de prácticas”.

El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74 mil personas de las cuales los jueces han liberado a más de 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.

En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023 la Policía Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los 598 del mismo período del año anterior.

Pero según un informe de Amnistía Internacional desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.

Algunos temen que, de lograr la reelección, Bukele mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.

En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.

“Ahora puedo entrar a los lugares donde mandaban las pandillas, entes era un suicidio”, dijo Germán Castellón, quien entrega comida a domicilio en la comunidad La Campanera, que por casi más de tres décadas estuvo bajo el control de Barrio 18.

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Megacárcel de Bukele cumple seis meses en El Salvador

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AFP,  El Salvador, San Salvador, 

De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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9 de cada 10 salvadoreños apoyan reelección de Nayib Bukele

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

Al menos 90 por ciento de los salvadoreños respaldarían al presidente Nayib Bukele si este decidiera reelegirse, según una encuesta realizada por la consultora internacional TResearch a nivel nacional (entre el 29 y el 30 de mayo), a 4 años de la administración del mandatario.

Según la firma, entre junio de 2022 y junio de 2023, la aprobación de su gobierno pasó de 80.7 a 91.5 por ciento, en línea con una disminución respecto del desacuerdo con su administración que pasó de 10.9 por ciento a 7.2 por ciento.

Así, en medio de lo que parece ser un aumento en su popularidad, con una propuesta de reforma constitucional para lograr un segundo mandato y con una batalla frontal contra las pandillas nacionales, como la MS13, 91.8 por ciento de las personas dijeron estar de acuerdo con un referéndum para decidir si Bukele debería reelegirse.

Según la encuesta, entre 90.4 y 94.8 por ciento de las personas lo respaldaría en la reelección.

En el mismo periodo entre 2022 y 2023, las personas que consideraron que la situación de seguridad nacional interna está “mejor o igual de bien” pasó de 73.5 a 95.3 por ciento, con una drástica caída en la percepción de inseguridad que pasó de 19.6 a 4.5 por ciento.

También se mostró una mejora en la postura de los ciudadanos respecto del estado de excepción que se vive a nivel nacional, pasando de un nivel de aprobación de 74.6 a 91.2 por ciento.

El estudio se realizó en mil personas mayores de 18 años que tuvieran smartphones y acceso a internet, 476 hombres y 524 mujeres.


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¿Qué consecuencias tiene la llegada de pandilleros que huyen de El Salvador?

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

En una de las fotos se veía un Toyota blanco destartalado. En la otra, lo que había dentro del ataúd azul que llevaba en el techo: un hombre tumbado, vivo y con las manos a la espalda, seguramente esposado.

En el hilo de Twitter del 10 de enero en el que anunciaba su captura, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró que era un miembro activo de la Mara Salvatrucha acusado de homicidio.

Y que lo habían interceptado, escondido en el Toyota, dirigiéndose a la frontera con Guatemala con la intención de salir del país.

Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción que, con 11 prórrogas, lleva ya un año en vigor y ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, mientras es aplaudido por gran parte de la población salvadoreña, que ve los efectos positivos y la reducción de la criminalidad en un país que llegó a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo.

El gobierno de El Salvador le ha confirmado a la BBC que está colaborando con los países vecinos, con México y Estados Unidos, compartiendo información, para que sean devueltos a El Salvador.

Esa guerra contra las pandillas ha llevado a las vecinas Honduras y Guatemala, así como al sur de México, a reforzar la seguridad fronteriza y a multiplicar los operativos, que ya reportan detenciones y deportaciones.

Aunque no faltan las críticas de que en vista de las reducidas cifras, son acciones exageradas, y varias voces denuncian que entre los huidos también hay expandilleros que ya cumplieron sus penas y no deben nada a la Justicia y ciudadanos que temen detenciones arbitrarias.

"Evitar el éxodo"

"Desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo", le confirma a BBC Mundo el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón.

"Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad", reconoce. "Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños".

El esfuerzo interinstitucional, en el que participan distintas unidades de policía, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Migración, y la comunicación "constante y fluida" con las autoridades de El Salvador llevó a la detención y deportación de 115 "pandilleros salvadoreños debidamente identificados como tales" en 2022 y de 12 en lo que va de año.

Para tratar de confirmar el aumento de ese flujo, BBC Mundo trató sin éxito de obtener cifras de arrestos en territorio guatemalteco previas a marzo de 2022, cuando a pedido del presidente Nayib Bukele la Asamblea salvadoreña declaró el estado de excepción.

Los arrestos han tenido lugar en comunidades aledañas a El Salvador pero también en el norte del país, en el Petén, en zonas cercanas a la frontera mexicana. "Sin duda están huyendo de las medidas de El Salvador. Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar", dice Barrientos Girón.

A través de puntos ciegos

Con el objetivo de estrechar la cooperación y articular más acciones conjuntas en materia de seguridad, varias autoridades de la región se reunieron en febrero en la capital guatemalteca.

Además del país huésped, asistieron representantes de México, El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, país este último que también ha reforzado la frontera de algo menos de 400 km que comparte con El Salvador.

Ya en mayo de 2022 las autoridades hondureñas lanzaron patrullajes para "no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que buscan huir del vecino país" y en diciembre 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados al área limítrofe.

"Ha habido un aumento notable de ingresos de pandilleros a territorio hondureño desde que se decretara el estado de excepción en El Salvador", le asegura a BBC Mundo el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad.

"Están migrando de forma irregular, a través de pasos ciegos, y no por los puntos fronterizos regulares o aduanales", prosigue.

Los centroamericanos no necesitan visa o permiso migratorio para cruzar de un país a otro en la región. Pueden ingresar solo con una tarjeta de identificación. Pero quien no quiere ser detectado usa un punto ciego, aclara.

"En su mayoría son de la Mara Salvatrucha (MS-13). Algunos migran con perfil bajo y han tratado de integrarse en la sociedad hondureña sin participar en actividades criminales, pero otros han continuado con la vida delictiva aquí o encontrado refugio en la MS-13 hondureña".

En el momento de la publicación de este reportaje BBC Mundo sigue a la espera de obtener cifras de detenciones.

Pero los dispositivos fronterizos no son el único "efecto Bukele" —como le llaman expertos consultados por BBC Mundo— en Honduras.

En diciembre, el país instauró su propio régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, y que abarca más de la mitad de su territorio, con el objetivo de reducir la criminalidad.

Menos al sur, más al norte

Aplicar una medida similar en su territorio es algo que descarta Costa Rica, que está enfrentando sus propios problemas de inseguridad.

Así lo zanjó el presidente Rodrigo Chaves el 25 de enero, después de que unas declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Torres se sacaran de contexto y llevaran a titulares erróneos.

"¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción", respondió en una conferencia de prensa.

"Además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. (...) Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo".

Los problemas a los que hacía referencia es que entre el 1 de enero y el 15 de febrero Costa Rica contabilizó 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente, y eso después de cerrar 2022 como el año más violento.

Pero las autoridades descartan que en ello tengan algo que ver presuntos pandilleros llegados de El Salvador.

"En absoluto, para nada. Es una situación producto de unas disputas de territorio entre grupos criminales", le dice tajante a BBC Mundo Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Es totalmente criminalidad local con algunas personas involucradas del sur del continente: Colombia, tal vez de Venezuela, pero mareros o pandilleros de El Salvador, no".

Asegura que no han aumentado las detenciones de presuntos miembros de esas organizaciones — el promedio anual es de 25-30— y que el equipo de inteligencia encargado de darles seguimiento en el territorio no ha reportado ningún repunte de llegadas.

En 2022 deportaron a 18 extranjeros presuntamente vinculados a pandillas, 13 de ellos salvadoreños, y cuatro en lo que va de año.

Y explica que el no ser un país colindante con El Salvador ayuda a ello: "Nicaragua hace una buena contención".

BBC Mundo intentó sin éxito obtener cifras oficiales relativas al tema de las autoridades nicaragüenses.

La misma explicación que Zúñiga dio el anterior ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a Noticias Repetel en febrero del año pasado.

A lo que añadió que para los presuntos mareros es "más atractivo viajar hacia el norte".

"Es más provechoso ir a un lugar donde los grupos ya están constituidos que a uno en el que no lo están. Y en este momento, no le puedo decir en el futuro, no hay un asentamiento de la MS o del Barrio 18 en Costa Rica ni en Panamá que permita que estas personas tengan un lugar donde llegar y cómo asociarse, como ocurre en los otros países".

A México y camino a EE.UU.

Más al norte está México.

Allí, en Chiapas, el estado sureño que colinda con Guatemala, las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. Y el ejército mexicano desplegó en diciembre 350 soldados adicionales en las comunidades limítrofes con Guatemala.

Y es que, en el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público del estado fronterizo han denunciado un aumento de intentos de extorsión por parte de "delincuentes centroamericanos".

Según reportes de medios locales, al menos tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos.

Uno de los líderes de los transportistas en la zona, quien prefirió mantenerse anónimo por seguridad, se lo confirmó a BBC Mundo, que también tuvo acceso a audios de llamadas amenazantes.

Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva, por lo que los expertos dudan de que se pueda decir tajantemente que los extorsionistas son recién llegados.

De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década, cuando la banda creó el Programa México.

En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador, según datos obtenidos por la agencia AP.

En cifras más recientes, proporcionadas por la Fiscalía a BBC Mundo, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y abrieron siete carpetas de investigación por delitos como portación de armas, narcomenudeo y "pandillerismo".

El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, le dijo en enero a AP que la guerra de El Salvador contra las pandillas explicaba el aumento de la actividad de estos grupos en México.

Y aseguró: "Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá".

Aunque Joaquín Darío Barahona Núñez, segundo comandante del Grupo Antipandillas en Tapachula, encargado de dichos operativos y quien lleva ocho años trabajando en la zona, confirma el aumento de llegadas, niega que se estén estableciendo en la zona.

"Hemos hecho detenciones y se deporta a los que tienen orden de captura, pero la mayoría está de paso", le dice a BBC Mundo.

"Realizamos patrullajes preventivos, para que también esos pandilleros no quieran establecerse en un solo lugar. Cuando ven que hay vigilancia, salen del sitio y van a otro lado. Siguen su camino hacia delante, hacia Estados Unidos".

BBC Mundo solicitó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. información sobre presuntos pandilleros detenidos tratando de ingresar en el país desde su frontera con México, pero de momento no obtuvo respuesta.

Mientras, investigadores independientes como el mexicano Carlos García, especializado en estas organizaciones criminales, suscriben la tesis de que su objetivo es llegar a territorio estadounidense.

"Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones", asegura, y rechaza cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de las maras.

"Además, habría que ver qué es lo que se considera pandilleros, porque hay activos llegando, pero también muchos que ya se han desactivado, que tienen mucho tiempo que dejaron la pandilla, entre ellos muchos cristianos, que han salido huyendo por traer tatuajes muy vistosos o llamativos", matiza.

Sin cuentas pendientes

Es el caso de Walter, quien dice que dejó la MS-13 tras trece años de pertenecer a ella y haber pasado por varias cárceles, "por muchas cosas que la pandilla fue implementando conforme fue evolucionando", dice sin dar más detalles.

"Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,", dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.

Asegura que no tiene cuentas pendientes con la Justicia de El Salvador. "Estoy 100% limpio. Cometí errores pero pagué por ellos".

"Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: 'Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada'. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber".

Sus allegados reunieron el dinero para que pudiera salir del país y llegar hasta México, donde hoy se encuentra.

Aunque su plan —"como el de varios que conocí en la calle y en la cárcel y que ahora andan por aquí", dice— es seguir a EE.UU. y esperar allí unos años, hasta que el gobierno o la situación en El Salvador cambie.

"Mi mayor temor es que, por intentar cruzar y llegar al sueño americano, me agarre Migración y me retorne. Imagínese llegar a El Salvador… No crea que me van a llevar con mi familia, voy a ir directo al Cecot".

Se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel de El Salvador con cabida para 40.000 presos, según el gobierno.

Miguel también cree que ese es el destino que le espera si comete "un error" y lo terminan deportando de EE.UU.

Se sumó a las filas de la MS con trece años y pasó por numerosos centros penales. Pero tras cumplir una condena de 16 años "y al ver que mis principios y mis ideales estaban siendo pisoteados por las mismas personas en las que yo creía", decidió desactivarse.

Con el 98% de su cuerpo tatuado, salió "de emergencia" a Nicaragua y cuando reunió el dinero para pagar a un coyote se dirigió a EE.UU., bordeando El Salvador porque ya estaba en vigor el régimen.

"Si tú me preguntas si está bien lo que están haciendo allá en contra de la delincuencia y estos grupos, sin pensarlo te voy a decir que sí", reconoce.

"Pero si me preguntas por el trasfondo de este asunto, todo esto viene de la suciedad, de tratos mugrosos", apunta, refiriéndose a las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021, algo que el gobierno siempre ha negado.

"Si (los pandilleros) participaron en algún delito, pues ni modo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se lleven a sus mamás, a sus hijos, a ancianos, a personas que no tienen nada que ver".

Las denuncias de detenciones arbitrarias son diarias en El Salvador.

Familiares de arrestados han llevado a cabo protestas con pancartas con mensajes como "cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales" y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y entidades locales manifiestan que no hay manera de garantizar una defensa efectiva incluso de demostrar inocencia durante el régimen de excepción.

"Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de la cárcel)", ha respondido a ello el viceministro de Seguridad, Osiris Luna.

"El que nada debe nada teme", escribió en esa línea el diputado oficialista Walter Alemán en Twitter en abril.

Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes.

"Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas" tras comprobarse que no era así, dijo.

Quienes huyeron prefieren no arriesgarse.

"Yo a El Salvador no vuelvo ni en caja. Ni en caja", dice Miguel.

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Cientos de niños hacinados en las cárceles de El Salvador: Human Rights Watch

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Reuters,  El Salvador, San Salvador, 

Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.

El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.

"Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.

La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.

Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.

Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.

Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.

Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

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