Desde Brownsville, con un despliegue mediático, el gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha promulgado la controvertida Ley SB4, que otorga a la policía estatal el poder de arrestar y deportar a personas "sospechosas" de haber cruzado ilegalmente a Texas. Abbott, rodeado de alguaciles y militares de la Guardia Nacional, ha defendido la legislación y responsabilizado al gobierno de López Obrador por la creciente migración.

La nueva legislación permitirá encarcelar a inmigrantes reincidentes con penas de hasta 20 años de prisión, según Abbott. Este ha rechazado las críticas de López Obrador, afirmando que el presidente mexicano es una "gran causa" del problema migratorio y que la ley reducirá las llegadas en un 50-75%.

La Ley SB4, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas, autoriza a la policía a deportar a presuntos migrantes sin el debido proceso, lo que podría generar disputas legales con México. Abbott espera que la ley facilite la lucha contra los cárteles mexicanos.

El gobierno de México había advertido que estas medidas legislativas afectarían los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano en Texas. Expertos en derecho internacional señalan posibles disputas legales y la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado una demanda preventiva.

Organizaciones texanas han criticado a Abbott, advirtiendo que se enfrentará a acciones legales. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, ha declarado que numerosas organizaciones se oponen a la "agenda antiinmigrante, racista y xenófoba" liderada por el gobernador.

Además de la SB4, Abbott ha promulgado la SB3, asignando fondos para completar el muro de Trump en la frontera y construir barreras adicionales. Un grupo de legisladores demócratas ha instado al Departamento de Justicia a presentar una demanda contra Texas, considerando la ley "inconstitucional".

Este episodio agudiza las tensiones en las relaciones México-Texas y plantea cuestionamientos sobre la legalidad y el impacto humanitario de las medidas adoptadas por el estado texano.

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Legisladores estadunidenses en el estado fronterizo de Arizona votaron a favor de someter a referendo una controvertida ley antimigrantes en noviembre.

Diseñado a partir de una ley del conservador Texas, también en el suroeste de Estados Unidos, criminalizaría a nivel estatal el cruce ilegal de la frontera y les daría poder a los jueces locales para deportar a los infractores.

El control migratorio y fronterizo está generalmente a cargo de las autoridades federales en Estados Unidos.

La aprobación para votar la propuesta se da el mismo día en que el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que permitiría el cierre de la frontera sur con México, incluso a quienes solicitan asilo.

El plan en Arizona, respaldado por el partido Republicano, es el más reciente enfocado al discutido asunto migratorio en un estado fronterizo, que ha visto un repunte de cruces ilegales en los últimos años.

Arizona es además un estado clave en la pelea electoral para las presidenciales que se celebran en noviembre de este año, en las que se enfrentarán de nuevo el demócrata Biden y el republicano Donald Trump, cuya campaña se centra fuertemente en un mensaje antimigración.

En los comicios de 2020, Biden ganó allí por apenas 10 mil votos, por lo que este año debe convertirse en crucial en la reñida revancha contra Trump.

Los republicanos esperan que la propuesta de llevar la migración a las urnas, a la par de las presidenciales, pueda atraer a sus partidarios e impulsar el voto a favor de Trump.

Los demócratas, por su parte, esperan que la medida anunciada por Biden impulse la participación en unas elecciones en las que las encuestas muestran la impopularidad del mandatario y en las que los directivos del partido temen que muchos simpatizantes se queden en casa.

El diario The Washington Post informó que estados como Iowa y Oklahoma también promulgaron leyes que imitan parcialmente la legislación de Texas.

El marco legal de Texas enfrenta una pelea en los tribunales de apelación, pero los políticos estatales prometen llevar la lucha hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, de tendencia republicana.

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Tras una audiencia sobre la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, el gobierno mexicano celebró la reciente decisión de la corte de apelaciones de Estados Unidos de mantener en suspenso esta controvertida legislación. Considerada xenófoba por México, la ley SB4 permite a la policía estatal detener y expulsar a migrantes que crucen ilegalmente desde México.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la postura de México fue determinante en la suspensión de la ley. Enfatizó que México continuará rechazando cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener o retornar a personas a territorio mexicano, ya que estas leyes son discriminatorias y violatorias de derechos humanos.

📌 Hoy se realizó una audiencia sobre la entrada en vigor de la ley #SB4.

México continuará rechazando tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener o retornar a personas mexicanas o extranjeras a…

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 3, 2024

La SRE presentó un recurso "amis curiae" ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, destacando los impactos negativos de la ley SB4 en la relación bilateral y en la comunidad mexicana en Texas. La reciente decisión de la corte de apelaciones de mantener en suspenso la ley SB4 fue recibida como una victoria para los derechos humanos y la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La SRE reiteró su compromiso de defender a todas y todos los mexicanos en Texas a través de sus 11 consulados en la entidad, y seguirá atenta al desarrollo del caso en la corte de apelaciones de Estados Unidos.

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Una corte de apelaciones de Estados Unidos mantuvo en suspenso la ley antimigrantes SB4, que permitiría a las autoridades de Texas detener y procesar a sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera con México, un estatuto que el gobierno del presidente Joe Biden argumenta que interfiere en la autoridad federal.

La corte mantiene su decisión en tanto se resuelve si el gobierno de Texas tiene la autoridad de ejercer medidas migratorias en su propio territorio, una atribución que constitucionalmente es dada solo al gobierno federal.

En un fallo 2-1 emitido a última hora del martes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, denegó la petición de Texas de permitir la entrada en vigor de la ley mientras se tramita en el tribunal de apelaciones el recurso del estado contra la decisión de un juez que la bloqueó.

Tribunal hace referencia a 'amicus curiae' presentado por México

Tras conocer el rechazo a la moción de Texas, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que el tribunal hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la Ley SB4.

Mediante X, la funcionaria señaló que la ley antimigrante permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

La ley #SB4 permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos rechazó la moción de Texas e hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la SB4.#DiplomaciaContundente pic.twitter.com/M3lRsQMBmL

— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) March 27, 2024

Aseguró que sus 11 consulados en Texas seguirán en contacto con la comunidad mexicana para informarles sobre los avances de la ley y el litigio en su contra.

​Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, aseguró que México "protege a su comunidad y hace respetar su soberanía".

"En referencia al amicus curiae presentado por nuestro país, el tribunal señala: 'México ya protestó la SB4 y señaló que la aplicación del estatuto frustraría los esfuerzos bilaterales, incluidas las expulsiones de no ciudadanos'".

Ley SB4 tipificaría como delito estatal entrada ilegal a Texas

La ley, denominada formalmente SB4, se ha convertido en un punto álgido de una batalla más amplia entre Texas y el gobierno de Biden sobre la seguridad fronteriza y la inmigración.

La ley tipificaría como delito estatal la entrada o reingreso ilegal en Texas desde un país extranjero y facultaría a los jueces estatales para ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplirla.

La decisión del panel del Quinto Circuito es la última de tres decisiones rápidas sobre la situación de la ley. La semana pasada, la Corte Suprema permitió que entrara en vigor, pero horas más tarde el panel del Quinto Circuito restableció la medida cautelar dictada en febrero por el juez de distrito David Ezra, que bloqueaba su aplicación.

Ezra, con sede en Austin, citó una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2012 relativa a una ley de Arizona que sostenía que los estados no pueden adoptar medidas de aplicación de la ley de inmigración que entren en conflicto con la ley federal.

El panel del Quinto Circuito tiene previsto escuchar los argumentos sobre el fondo de la apelación del Estado el 3 de abril.

La demanda del gobierno de Biden, presentada en enero, argumentaba que la medida viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración, además de ir en contra de la decisión de la Corte Suprema de 2012.

El gobierno ha dicho que la inmigración es competencia exclusiva de la autoridad federal y que la ley de Texas pondría en peligro la aplicación de complejas leyes estadunidenses que establecen procedimientos de deportación y permiten a los inmigrantes solicitar asilo y otros estatus legales.

La inmigración y la seguridad en la frontera con México son temas candentes para los votantes de cara a las elecciones estadunidenses del 5 de noviembre, en las que el presidente demócrata aspira a un segundo mandato. Donald Trump, el candidato republicano que le desafía, aplicó políticas de inmigración restrictivas durante su presidencia.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se presentó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EUA un recurso "amicus curiae" contra la ley de migración SB4 de Texas.

Esto en el juicio entre el Gobierno de Estados Unidos y Texas por la ley promovida por el Greg Abbott, debido a que viola los derechos de las personas migrantes es discriminatoria y racista.

📌 Esta tarde, en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EUA, México presentó un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) en el juicio que se realiza entre el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas, sobre la ley #SB4, que viola los derechos humanos de las… pic.twitter.com/dTHe2xMbqD

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 21, 2024

Por su parte la canciller Alicia Bárcena aseguró que la "voz de México se escucha fuerte y claro ante la discriminación y xenofobia".

"No nos quedamos de brazos cruzados; buscamos el respeto a los derechos humanos", escribió en su cuenta de X.

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Abogados de Texas presentaron argumentos en defensa de la polémica ley antiinmigrante SB4 en una corte de Apelaciones en Nueva Orleans, destacando la crisis migratoria en la frontera como justificación para su implementación. El Procurador General de Texas, Aaron Nielson, afirmó que la legislación busca defender al estado y que imita la ley federal en materia migratoria.

Sin embargo, durante la audiencia, surgieron interrogantes sobre cómo se aplicaría la ley en situaciones cotidianas, especialmente en casos de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos o están en proceso de solicitud de asilo. El Departamento de Justicia señaló que las cortes han fallado previamente en contra de que los estados apliquen leyes migratorias, citando un caso similar en Arizona en 2012.

A pesar de que la ley estuvo brevemente en vigor tras una decisión de la Corte Suprema, fue suspendida nuevamente por un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La SB4 otorga a la policía la facultad de detener o expulsar directamente a los migrantes, con penas de hasta 20 años de prisión en caso de reincidencia.

El gobierno mexicano reaccionó de manera contundente, afirmando que México no aceptará a quienes se les ordene cruzar la frontera. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta advertencia durante su conferencia matutina. La controversia legal en torno a la SB4 continúa mientras se espera una decisión final por parte de la Corte de Apelaciones.

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