El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el envío de efectivos adicionales de la Guardia Nacional y de la Estatal a la frontera de Texas con México, para "ayudar" a este estado en "sus esfuerzos por detener la invasión por la frontera sur".

DeSantis, quien el pasado 21 de enero se retiró de las primarias republicanas, enviará unos mil soldados de la Guardia Nacional a Texas, un despliegue que se suma a los más de 90 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca (FWC) y el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE).

"Necesitamos detener esta invasión de la frontera sur de una vez por todas", dijo hoy DeSantis en una conferencia de prensa en Jacksonville, en la costa noreste de Florida.

En un comunicado aludió a datos de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), según los cuales en diciembre pasado más de 302 mil migrantes irregulares fueron detenidos mientras intentaban cruzar la frontera sur con México, "el mes más alto jamás registrado".

Defendió el envío de efectivos de la Guardia Estatal a Texas con el argumento de que "los estados tienen derecho a proteger su soberanía (...) y detener la invasión a través de la frontera".

Conferencia del gobernador:

Governor Ron DeSantis Sends Additional Support to Help Texas Fortify the Border https://t.co/1Kgn5akRl7

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 1, 2024

En ese contexto, aseguró que estos refuerzos ayudarán a Texas a "agregar barreras adicionales, incluido alambre de púas a lo largo de la frontera". "No tenemos un país si no tenemos una frontera", subrayó.

El Partido Demócrata de Florida calificó de "truco político" la operación de DeSantis.

"Después de regresar cojeando a su mansión como el mayor perdedor de Estados Unidos, ahora Ron está desesperado por acaparar los titulares y anotarse victorias", afirmó en un comunicado Nikki Fried, presidenta de los demócratas de Florida.

Fried opinó que lo único que quiere DeSantis es "llamar la atención" en un intento por insertarse en la conversación nacional" mediante "otro truco político con un alto precio para los contribuyentes".

La seguridad fronteriza ocupa un lugar central en numerosos estados de Estados Unidos y en el Congreso, donde los republicanos quieren condicionar la ayuda a Ucrania a un acuerdo de seguridad fronteriza, al tiempo que presionan para la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

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Cientos de paisanos se congregaron ayer en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los hispanos como “piñatas”.

La concentración en el exterior del Capitolio estatal fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad a 24 horas de que entre en vigor la norma.

Algunos de esos autos salieron de San Diego, California, la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los migrantes de ese estado afectados por la SB 1718.

La caravana realizó un recorrido de costa a costa y estuvo en 13 ciudades; fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.

El parque ubicado frente al edificio legislativo acogió desde la mañana a un amplio grupo grande de personas con banderas de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a las que se les sumaron más manifestantes durante el día.

“No somos una carga”

“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, quien luchó en su momento contra la ley antimigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que la legislación de Florida, que “es una copia de aquella”, no va a ser implementada porque se va a pelear ante la justicia.

Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.

Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la exigencia más escuchada en la concentración, junto con los llamamientos para “parar esta ley”.

Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los integrantes de la caravana que partió desde California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como “un cáncer”.

El activista agregó que para evitar que “políticos mediocres”, en aparente alusión a DeSantis, sigan usando como “piñata” a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso federal apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.

Otros participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan duro y no son una “carga social”, pues pagan impuestos: mil 600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.

Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.

Protestas y marchas para hoy

Para hoy están previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a la agencia EFE Gutiérrez, se va “a anunciar un boicot” a los productos de Florida, como frutas, verduras y jugo de naranja y otros cítricos”, en rechazo a esta ley.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de agrupaciones de Todos somos Florida, señaló que, además de las protestas y marchas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes han diseñado una estrategia legal contra la ley SB 1718, que se va a reflejar en varias demandas de caracter judicial.

La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus contratados y tipifica los viajes en automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como delito grave, punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta también el acceso de los indocumentados a la atención médica al obligar el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (seguro público) y desconoce las licencias de manejo expedidas por otros estados a personas en esa misma situación legal.

DeSantis busca obtener la candidatura republicana a la presidencia aunque tiene como rival a Donald Trump, favorito en las encuestas partidistas. 

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El cuerpo de una anciana de 93 años fue hallado por agentes al interior de congelador en el garaje de su vivienda en la costa este de Florida, informaron este viernes las autoridades.

Fue un vecino el que, preocupado por el largo tiempo que hacía que no veía a la mujer salir o entrar de su casa, llamó a la Policía.

Varios agentes arribaron a la vivienda de la mujer e intentaron en varias ocasiones hablar con alguien, pero nadie les respondió el llamado de la puerta.

Los oficiales decidieron pedir una llave de la casa a un familiar de la anciana y accedieron al interior.

En el interior de la vivienda los agentes se encontraron con una hija de la señora, quien les dijo que no había visto a su madre desde hacía algún tiempo.

Durante la inspección, los agentes abrieron un congelador situado en el garaje de la vivienda y hallaron el cuerpo de la anciana.

La hija de la víctima fue trasladada a una estación de Policía para su interrogatorio.

*Con información obtenida de EFE. 

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Una cadena de hospitales del sur de Florida ha suspendido las operaciones quirúrgicas electivas y está instalando camas en salones de conferencias, un auditorio e incluso una cafetería a medida que crece el número de enfermos que buscan tratamiento para el COVID-19.

“No habíamos visto semejante oleada de pacientes”, dijo el jefe médico de Memorial Healthcare System, doctor Marc Napp, en conferencia de prensa en Hollywood el miércoles.

Napp dijo que han agregado 250 camas a los seis hospitales de la cadena en el condado de Broward.

A diferencia de los brotes de mayo a agosto del año pasado, cuando muchos enfermos tratan de evitar los hospitales por miedo a contagiarse el virus, ahora los pacientes que padecen otros males también buscan tratamiento, dijo Napp.

El miércoles había más de 1,600 hospitalizados en las instalaciones del sistema, cuando habitualmente no hay más de 1,400 en un momento determinado.

“Memorial nunca había visto una cantidad tan alta de pacientes”, dijo Napp. “La cifra de los que se presentan al mismo tiempo. ”Hay un número limitado de camas, de médicos, de enfermeros".

En todo Florida más de 12.000 enfermos fueron hospitalizados con COVID-19 el miércoles, casi 2.500 de ellos en unidades de cuidados intensivos. El martes, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que hubo más de 50,000 casos en Florida en tres días, lo que elevó el promedio de siete días a uno de los niveles más altos desde que comenzó la pandemia, El estado ha registrado más de 2.6 millones de casos y 39,179 muertes en total.

El gobernador Ron DeSantis ha rechazado imponer las recomendaciones del CDC de que todos usen el cubrebocas puertas adentro hasta que se habiliten más sitios de vacunación. El mandatario republicano dice que la decisión de usar cubrebocas o vacunarse debe ser individual y es importante mantener abierta la economía.

“Florida es un estado libre y empoderamos a nuestra gente. No permitiremos que Joe Biden y sus lacayos burocráticos vengan a expropiar los derechos y libertades de los floridanos”, dijo DeSantis, quien estudia la posibilidad de una candidatura presidencial en 2024, en un correo electrónico de recaudación de fondos.

La aparición de variantes cada vez más contagiosas ha generado dudas sobre la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 https://t.co/9Jr9mWqLbx pic.twitter.com/PgGkw9jC3J

— Vive USA (@Vive_USA) July 29, 2021

El estado de Florida (EEUU), que está sumando a diario desde hace más de dos semanas millares de casos nuevos de COVID-19, contabilizó este miércoles otros 2.610 en medio de una reapertura sin posibilidad de retroceso, según dijo el gobernador estatal, Ron DeSantis. 

Las críticas a la postura tajante de DeSantis, que insiste en que el ascenso de los casos entra dentro de lo esperado por el aumento del número de pruebas de COVID-19, no se han hecho esperar y provienen tanto de políticos como de científicos que indican que hay señales de que se están dando "más contagios en la comunidad".

Un caso real que está teniendo gran repercusión en los medios es el de un grupo de 16 amigas que estuvieron celebrando un cumpleaños en un bar de Jacksonville (norte de Florida) el 6 de junio y han dado todas positivo en las pruebas de COVID-19, al igual que siete trabajadores del establecimiento.

Según el Departamento de Salud de Florida, a día de hoy y desde el 1 de marzo se han realizado 1.486.759 pruebas (1.461.297 ayer) de COVID-19 en este estado con una población de 21,4 millones de habitantes, que es el octavo en número de casos en EE.UU.

La mala noticia es que el porcentaje de casos positivos volvió a incrementarse 0,1 puntos y está en un 5,6 %.

El martes, cuando la cuenta de casos de COVID-19 se incrementó en la cifra récord de 2.783 y se llegó a 80.109 casos, también había aumentado 0,1 puntos el porcentaje de casos positivos acumulados desde el 1 de marzo.

"LAGUNAS" EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19

Sin embargo, el dato importante es cuántas de las pruebas realizadas en un día dan positivo, pero el portal del Departamento de Salud de Florida no lo incluye en su "pantallazo" de la situación diaria.

Expertos citados en los medios indican que se duplicó en las últimas semanas y ronda ahora el 10 %.

Lo mismo pasa con las hospitalizaciones, que este miércoles totalizaban 12.389 desde el 1 de marzo y el martes eran 12.206, lo que indica que aumentaron en 183 en 24 horas.

Sin embargo, son datos acumulados que no indican cuántas personas están hospitalizadas por COVID-19 actualmente en Florida.

Los casos acumulados a día de hoy en Florida son 82.719 y las defunciones relacionadas con el COVID-19 totalizan 3.018, 25 más que ayer.

En los condados sureños de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el foco principal en Florida, se han contabilizado en las últimas 24 horas 532 casos más en el primero, 314 en el segundo y 210 en el tercero, con los que acumulan cada uno 23.273, 9.812 y 9.472 casos.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció este miércoles que se va a controlar más el cumplimiento de las directrices de seguridad por el COVID-19 y que el castigo para los negocios que no las acaten será la clausura.

"Si eres el dueño de un negocio y decides que éste no es tu problema, ten la seguridad que vamos a hacer que lo sea", dijo.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, reiteró que solo volverá a poner a la gente en confinamiento si las cosas llegan a un punto de peligro, pero por ahora no lo ve necesario.

CRÍTICAS Y LLAMADAS DE ATENCIÓN

La demócrata Nikki Fried, comisionada de Agricultura de Florida, un cargo electivo, acusó al gobernador DeSantis de haber perdido "el control" en la respuesta al COVID-19 y de hacer que se pierdan vidas humanas con su "arrogante" postura de negar la realidad.

"Su política simplemente no están funcionando y está reabriendo Florida de manera imprudente a pesar de que los datos están gritando 'Precaución'", dijo Fried en un comunicado.

El republicano DeSantis dijo este martes que no va a cerrar el estado de nuevo. "Vamos a ir hacia delante y vamos a seguir protegiendo a los más vulnerables", dijo DeSantis al ser preguntado por la posibilidad de una vuelta atrás en la reapertura iniciada en mayo, que está ahora en la segunda de sus tres fases.

Erika Crisp, que trabaja en la Clínica May y se contagió de COVID-19 al igual que 15 amigas suyas que fueron a un bar de Jacksonville, en la que fue su única salida a un lugar público después del confinamiento, emitió un mensaje pidiendo a la gente que se proteja llevando mascarillas y guardando la distancia de seguridad.

"Fuimos imprudentes, estuvimos en un sitio público donde no deberíamos haber ido" y además "no llevábamos mascarillas", actuamos como si estuviéramos "enajenadas", creyendo que todo estaba "bien" con salir, según dijo al canal WJXT de Jacksonville.

Mary Jo Trepka, presidente del Departamento de Epidemiología de la Florida International University (FIU), declaró al canal de televisión Local 10 que si hay un porcentaje mayor de positivos en las pruebas y más "gente yendo a las emergencias hospitalarias con enfermedades similares al COVID-19", hay indicios de que está habiendo "más contagios dentro de la comunidad". EFE

ar/abm/cav

Florida, el tercer estado con más indocumentados de Estados Unidos, tiene a partir de este lunes una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla "inconstitucional".

La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades "santuario", que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en este estado con un 20 % de población inmigrante.

Pero va más lejos. La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.

En esa colaboración se incluyen los polémicos "detainers" o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.

El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), Thomas Kennedy, dijo este lunes a Efe que ese grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.

Comenzaron a trabajar en primavera en esta acción judicial, sobre la que no quiso adelantar detalles, al darse cuenta a mediados del pasado periodo legislativo de que los republicanos iban a aprobar una medida que haría inevitable una "batalla" en las cortes.

Para SPLC se trata de una ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que "prohíbe la captura sin razón" y anticipa "costosos litigios" a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.

Aunque entró en vigor este lunes, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.

Mientras se inicia la batalla judicial, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes continúan con su tarea de informar a los indocumentados de que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales.

Por ello, destacan que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse abrir la puerta de su casa.

Con todo, reconocen que hay "miedo" en la comunidad inmigrante en Florida, tanto por la entrada en vigor de esta ley, como las anunciadas redadas contra indocumentados en todo el país, posteriormente pospuestas durante dos semanas.

Este fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que tienen previsto realizar estas redadas en busca de familias indocumentadas y que estas se llevarían a cabo después del festivo del 4 de Julio a menos que suceda algo "milagroso" en las negociaciones con los demócratas en el Congreso sobre una nueva ley de asilo.

Kennedy lamentó que este ambiente hostil haya llevado a muchos inmigrantes a no querer reportar crímenes de los que son testigos o víctimas, como el caso de una mujer que les explicó que fue violada por un hombre que la amenazó con denunciarla ante ICE si acudía a las autoridades.

En ese miedo vive la inmigrante Nery L., que teme que por la SB 168 sus familiares y amigos sean "criminalizados cada vez que conducen al trabajo o llevan a sus hijos a la escuela".

"Hoy es un triste día de miedo para nosotros. Demasiados funcionarios electos en Florida han dado la espalda a nuestra comunidad de inmigrantes al aprobar este proyecto de ley de deportación", dijo.

Y es que iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero el apoyo firme del gobernador, Ron DeSantis, desde que llegó al cargo a inicios de año dio un impulso clave para la aprobación final de la medida.

Por este motivo, FLIC se enfoca además en la vertiente política de la ley, para "cambiar el balance" en la Legislatura y Gobierno estatal, dominados por los republicanos.

"Hay que castigar a los candidatos" que apoyan este tipo de medidas, como al gobernador estatal, que calificó de "extrema derecha" y fiel seguidor de la retórica" antiinmigrante de Trump.

DeSantis firmó a mediados de junio la SB 168 a pesar de la oposición de los activistas que emitieron en abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de "discriminación racial, detención injusta y deportación" por esta ley y de las posibles consecuencias económicas que pudiera tener.

Según un estudio del grupo New American Economy, la economía del estado perderá 3.500 millones de dólares por la entrada en vigor de la ley migratoria por la renuencia de muchos inmigrantes a visitar la región, lo que afectaría uno de los pilares del bienestar de Florida, el turismo.

Kennedy no descartó que puedan "escalar" la alerta de viaje y pedir un boicot económico contra Florida como el que sufrió Arizona después de aprobar en 2010 la ley SB1070, que otorgaba poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran indocumentados.