El máximo órgano judicial de Naciones Unidas atenderá el próximo 30 de abril la demanda de México contra Ecuador en la que solicita “medidas cautelares” a la espera de resolver el fondo del asunto por la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito.

Las audiencias públicas tendrán lugar en el Palacio de la Paz de La Haya y durarán dos días, informa en un comunicado la Corte Internacional de Justicia.

Indica que las deliberaciones son en respuesta al procedimiento iniciado por el Gobierno de México contra Ecuador “en relación con una controversia relativa a cuestiones jurídicas relativas a la solución de controversias internacionales por medios pacíficos, las relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática".

En concreto, México pide a la Corte que ordene a Ecuador adoptar cuatro medidas provisionales a la espera de que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo.

México quiere que “el Gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, los bienes que se encuentran en ellos y los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión”.

Pide además luz verde para poder “vaciar los locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos” en Ecuador.

Igualmente solicita garantías que imposibiliten al Gobierno ecuatoriano tomar acciones que “puedan perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo”.

Como cuarto punto, México demanda que “el Gobierno de Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte".

A las audiencias podrá asistir el personal diplomático, representantes de medios de comunicación y el público en general.

El pasado 11 de abril, México presentó a La Haya una demanda contra Ecuador relacionada con el acceso ilegal de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la delegación diplomática mexicana en Quito, para detener al ex-vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la dependencia.

México había concedido asilo político a Glas bajo el argumento de que era víctima de persecución política.

El Gobierno ecuatoriano desestimó los argumentos de México y del derecho internacional. Afirmó que el asilo no procedía por tratarse de delitos del fuero común.

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El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea "se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad", asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de "mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México".

Comité de la ONU plantea llevar caso mexicano de desapariciones a la Asamblea General

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada- anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien el martes acusó al Comité de tener "mucho desconocimiento" sobre su país.

El Comité recordó que el Artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Polémica entre México y la ONU por desapariciones forzadas

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por "la delincuencia organizada", no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión "revelan cierta confusión respecto al procedimiento" y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó "por consenso" y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Así mismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, "lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34".

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En un comunicado, el CED afirmó que Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron 18 casos con medidas cautelares presentadas previamente al Comité, y argumentaron que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

Señaló que el Comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el “Rancho Izaguirre”.

"El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas según las cuales, los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el 'Rancho Izaguirre', en Teuchitlán, Jalisco", indicó.

Y agregó que "el Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desparecidas que realizaron el hallazgo en el 'Rancho Izaguirre' se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

El Comité informó que las medidas solicitadas al Estado mexicano, son:

• Medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. El Comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las siguientes acciones:
• Resguardar el predio del “Rancho Izaguirre” y realizar actuaciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos;
• Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio, en pleno respeto de la cadena de custodia;
• Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal;
• Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados, y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia.
• Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición, a la luz del Principio 8 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (CED/C/7).

Otorgamiento de medidas cautelares:

1. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes, con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen:

(i) Fragmentos óseos y piezas dentales;

(ii) Objetos personales: prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes y anillos;

(iii) Armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas.

2. Informar al Comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas.

III. Acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

3. Informar al Comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

4. Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados.

5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

6. Proporcionar información al Comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones.

Este domingo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que, Betzabeth Martínez Gutiérrez, una joven mexicana originaria de la comunidad indígena zapoteca, ubicada en Santiago Matatlán, Oaxaca,  y egresada de la licenciatura de Contaduría y Administración, fue seleccionada para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

“Ser mujer y ser mujer indígena es resistir doblemente, y creo que nosotras nos enfrentamos a un reto muy grande al querer salir de nuestras comunidades y acceder a una educación universitaria”, explicó.

Martínez Gutiérrez fue seleccionada para ofrecer un discurso sobre el cambio climático, junto con otros 11 jóvenes latinoamericanos, siendo ella la única proveniente de México, por lo que expresó la importancia que tiene representar al país.

“Yo no imaginaba que lo lograría, fueron muchos sentimientos encontrados, desde felicidad hasta miedo porque es un reto representar a México en las Naciones Unidas, pero sobre todo la satisfacción por el esfuerzo que tuvo su recompensa”, expuso la universitaria en un boletín.

La primera conferencia se llevó a cabo del 3 al 13 de junio en Alemania y la segunda será del 11 al 22 de noviembre en Azerbaiyán, en la que, los 12 seleccionados se dividirán en dos equipos y así cada uno seguirá de cerca las negociaciones sobre la nueva meta colectiva cuantificable para el financiamiento del calentamiento global.

De igual manera, la joven universitaria recordó que las comunidades indígenas afrontan consecuencias directas del cambio climático porque están muy apegadas a la naturaleza y por ende, las mujeres son las primeras afectadas.

“El objetivo es visibilizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes en este tipo de espacios”, dijo.

Asimismo, explicó que en su comunidad el género femenino siempre ha tenido el rol de ser partera o curandera, sin embargo también se dedican a elaborar el mezcal, actividad que ha sufrido una crisis causada por la falta de ventas.

Además, debido a las sequías, este año hubo varios incendios forestales en toda la zona del Valle Central de Oaxaca, que acabaron con varias especies de plantas y animales, entre las que se encuentran algunas en peligro de extinción.

finalmente, detalló que las que han dedicado su vida a la siembra del maguey y maíz, así como las parteras y curanderas se han visto afectadas por el cambio climático.

“Sin darse cuenta, las mujeres han liderado para salvaguardar los ecosistemas y las comunidades indígenas”, concluyó.

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Ecuador negó el martes un pedido formulado la víspera por México de otorgar un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glas, lo que puso en evidencia al difundir nuevamente un boletín de abril en que destacó que no procede tal requerimiento.

Ante la consulta de varios periodistas a través de WhatsApp, la cancillería volvió a compartir el comunicado difundido hace cuatro meses, acompañado del mensaje: “reiteramos lo mencionado en el comunicado de prensa del 5 de abril”. El documento señalaba que para Ecuador es “jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático” para Glas, y en consecuencia dice que no dará un salvoconducto porque “no procede”.

Glas, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018, cumple dos sentencias por corrupción en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Además de esas dos sentencias, Glas enfrenta un proceso adicional por un nuevo delito de malversación de fondos públicos.

Para evitar la acción de la justicia, Glas ingresó a finales del año pasado a la embajada de México en Quito, pero a inicios de abril la policía irrumpió en esa sede diplomática y lo capturó, una acción considerara como una grave violación a la soberanía mexicana y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y mutuas demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

Jorge Glas ha recibido 79 atenciones médicas

México pidió el lunes formalmente a Ecuador, que, ateniendo al delicado estado de salud de Glas, entregue tal documento a favor del encarcelado exvicepresidente, para que sea entregado a un tercer país.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció un acuerdo con Suiza para que asumiera su representación diplomática y protegiera sus bienes en Ecuador. A finales de julio, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que la relación binacional iba mejorando, aunque no dio detalles.

Glas ya intentó acudir a la justicia ecuatoriana para acogerse a un arresto domiciliario, a través de un pedido de habeas corpus que le fue negado el 9 de julio.

Las autoridades han confirmado que el ex funcionario ha recibido 79 atenciones de psicólogos, cardiólogos, neumólogos y médicos generales desde abril.

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Al afirmar que este caso “no hay justicia rápida y expedita”, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el que a cuatro meses del asalto a la embajada mexicana en Ecuador, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya fijado hasta 2025 el inicio del juicio de la demanda de México contra Ecuador, por lo que llamó a su renovación.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que esta renovación también tiene que darse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pues acusó a este organismo internacional de estar en una profunda crisis y que solo está de adorno, “de florero” y ser un aparato burocrático oneroso”.

“Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva y hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse, la ONU misma. ¿De qué sirve todo eso andamiaje burocrático de aparatos de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo si no hay en este caso justicia rápida y expedita?”.

“Esta la ONU en una profunda crisis esta nada más de adorno, de florero un aparato burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derecho humanos, el que se evite la confrontación política de Estados, la violencia, las guerras, nada”

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que México está en la mejor disposición de recibir al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel.

Esto luego que ayer, el gobierno mexicano solicitó formalmente al gobierno ecuatoriano un salvoconducto en favor del exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

“Estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición proteger a perseguidos políticos, de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho”, dijo.

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