El juez del juicio penal al expresidente Donald Trump tiene previsto concluir este viernes la elección de los seis suplentes que complementarán el jurado que sellará la suerte del magnate republicano que aspira a volver a la Casa Blanca en noviembre.

Tras el juramento de los 12 miembros del jurado el jueves, el juez Juan Merchán espera completar el grupo de seis suplentes que podrían reemplazar a los integrantes principales en caso de que se produzca alguna baja durante el proceso a Trump acusado de encubrir dinero pagado a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio.

Un grupo de 22 candidatos regresa este viernes a la sala para responder a preguntas sobre su profesión, lugar de trabajo, diarios que leen y redes sociales que utilizan, que tanto la defensa como la fiscalía escrutan con lupa para determinar sus inclinaciones políticas.

"Mientras continúa la búsqueda de más suplentes, un grupo de posibles jurados está siendo interrogado en el tribunal sobre sus antecedentes y creencias sobre el expresidente Donald Trump", reportó CNN.

Merchán, de origen colombiano, espera empezar el lunes con la presentación de los argumentos de la acusación y de la defensa en uno de los varios frentes legales que aguardan a Trump, quien en plena campaña electoral se dice víctima de una "caza de brujas" orquestada por los demócratas para impedirle su anhelo de volver a la presidencia de Estados Unidos.

En un proceso que ha sido mucho más rápido de lo que se esperaba, sin embargo no se descarta la recusación de alguno de los miembros del jurado elegido, como ya ocurrió este jueves con dos de los 7 que habían sido seleccionados y juramentados el martes.

Una de estas personas fue descartada porque le preocupaba que su identidad hubiera sido filtrada y otra fue recusada por las dudas sobre la exactitud de sus respuestas durante el interrogatorio.

Para proteger el anonimato de los neoyorquinos seleccionados por sorteo para prestar servicio como jurado, Merchan pidió a los periodistas que dejen de facilitar descripciones físicas de los miembros del jurado y que no divulguen dónde trabajan.

Se espera que el juicio en el Tribunal Supremo de Manhattan dure unas seis semanas durante las que desfilarán testigos como el exabogado y exmano derecha del magnate, Michael Cohen, que puso de su bolsillo los 130 mil pagados a la exactriz Stormy Daniels y que Donald Trump se los devolvió haciéndolos pasar como gastos legales de su empresa.

Mientras tanto, el magnate de 77 años, que se ha declarado no culpable de las acusaciones de la fiscalía de Manhattan, volvió a lamentarse el jueves de tener que estar "en un juicio muy injusto" en vez de hacer estar haciendo campaña.

"El mundo entero está viendo este engaño", dijo, utilizando de nuevo el caso para lanzar sus ataques electoralistas contra el presidente Joe Biden, la inmigración y el sistema judicial.

El magnate republicano de 77 años se enfrenta a otras tres causas penales, entre ellas por cargos mucho más graves de intento de anular su derrota electoral de 2020 frente a Biden, pero que se se han retrasado repetidamente y es poco probable que ahora se vayan a celebrar antes de las elecciones.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a la cárcel, pero lo más probable es que se le imponga una multa. El veredicto del jurado debe ser unánime.

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Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva.

El texto alega que el decreto presidencial es "ilegal" y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadunidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus legal "temporal" (como una visa de trabajo o turista) no podrán obtener la ciudadanía estadunidense.

En el recurso legal, los estados (incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco) aseguran que el presidente "no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional" y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño "inmediato e irreparable" a los residentes de sus jurisdicciones.

HUGE Immigration News! The birthright citizenship executive order Trump signed today means children of non-citizens or non-permanent residents will not be US citizens.

Children of Indians who are in the 100+yr green card wait WILL NOT be US citizens.

Applies from Feb 20, 2025. pic.twitter.com/sVGH1GjMPG

— Deedy (@deedydas) January 21, 2025

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2016-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Carta Magna.

No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1.3 millones de adultos estadunidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.

Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de migrantes indocumentados son ciudadanos estadunidenses.

Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo "no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna", por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.

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Donald Trump fue condenado este viernes por el caso de la ex actriz de cine porno Stormy Daniels en una sentencia histórica aunque simbólica, que convierte al presidente electo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca.

"Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional", dijo el juez del Tribunal de Distrito de Manhattan Juan Merchan en una audiencia a la que Trump asistió virtualmente. Esta condena poco usual mantiene la culpabilidad pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional.

Trump apelará sentencia

El presidente electo estadunidense, Donald Trump, equiparó este viernes su condena penal a libertad incondicional a una derrota de la supuesta "caza de brujas" a la que dice estar sometido por parte del Partido Demócrata.

"Los demócratas radicales han perdido otra patética caza de brujas americana, después de gastar decenas de millones de dólares y pasar seis años de trabajo obsesivo", escribió en su red Truth Social al poco de conocerse el fallo del juez Juan Merchan, y subrayó que "el verdadero jurado, el pueblo americano, "ha hablado y me ha dado un mandato abrumador" en las pasadas elecciones.

Pese a esas palabras, aseguró que piensa apelar el fallo de "esta burla despreciable" y así "restablecer la confianza de los americanos en el que una vez fue nuestro gran sistema de justicia".

En su post, Trump consideró que el fallo de Merchan "prueba por sí solo que NO HAY CASO, NUNCA LO HUBO" porque "fue un caso sin delito, sin daños, sin pruebas, sin hechos, sin ley, solo un juez conflictivo, un testigo estrella que es una desgracia y ha sido degradado como abogado (en referencia a su exsecretario Michael Cohen) y una interferencia electoral criminal".

El presidente electo volvió en el post a otro de sus temas favoritos, como es la presunta degradación de la ciudad de Nueva York, donde labró su fortuna pero que le dio la espalda, razón por la que ahora estableció su residencia en Mar-a-Lago (Florida).

Así, consideró que el tiempo y el dinero gastado en su causa "debió haberse utilizado para proteger a los neoyorquinos del crimen rampante que está destrozando la ciudad y el Estado", una retórica sensible a muchos oídos en momentos en que se han producido varios crímenes muy mediáticos en dicha urbe.

De 78 años, Trump, que asumirá la presidencia el 20 de enero, presentó el miércoles un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo para tratar de suspender la sentencia después de que un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York desestimara su intento de sobreseerlo y suspenderla.

Los abogados de Trump trataron por todos los medios que el magnate republicano, el primer mandatario de Estados Unidos en ser condenado por la justicia penal, no sea sentenciado, pese a que el juez ya ha anunciado que no conllevaría una pena de cárcel.

La defensa de Trump argumentó que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo.

Los otros procesos contra Donald Trump

Trump también se enfrentó a dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith, pero ambos fueron retirados en virtud de una antigua política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

El multimillonario fue acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden y de retirar grandes cantidades de documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca tras su primer gobierno (2017-2021). Ninguno de estos casos llegó a juicio.

Trump además afronta cargos en Georgia por sus esfuerzos para subvertir los resultados de los comicios de 2020 en ese estado sureño, pero probablemente el proceso se congelará mientras esté en la Casa Blanca.

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El fiscal especial Jack Smith solicitó el lunes a un juez federal que desestime el caso en el que se acusa al virtual presidente electo Donald Trump de elaborar un plan para anular los resultados de las elecciones de 2020, debido a las normas del Departamento de Justicia según las cuales no se puede procesar penalmente a un mandatario en funciones.

La medida anunciada en documentos judiciales marca el fin de los históricos intentos del Departamento de Justicia por procesar a Trump por lo que la fiscalía aseguró que fue una conspiración criminal para aferrarse al poder antes del asalto al Capitolio que perpetraron sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.

​Los fiscales del Departamento de Justicia, haciendo mención de las añejas políticas de la agencia que establecen que no se puede procesar a un mandatario en funciones, declararon que la postura del departamento es que "la Constitución requiere que este caso sea desestimado antes de que el acusado sea investido".

"Dicha restricción es categórica y no depende de la gravedad de los delitos, la solidez del caso del gobierno o los méritos para ser procesado, mismos que el gobierno defiende por completo", escribieron los fiscales en los documentos que fueron presentados ante el tribunal el lunes.

La decisión era de esperarse después de que el equipo de Smith comenzó a evaluar la manera de poner fin tanto el caso de interferencia electoral de 2020 como a otra causa sobre retención de documentos confidenciales después de que Trump ganó las elecciones ante la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump ha dicho que ambos casos fueron presentados por motivaciones políticas y había prometido despedir a Smith tan pronto como asumiera el cargo en enero.

El caso de las elecciones de 2020, presentado el año pasado, fue visto en su momento como una de las amenazas legales más serias que enfrentaba el republicano mientras competía por recuperar la Casa Blanca. Pero no tardó en estancarse en medio de las disputas legales sobre las afirmaciones de Trump de que gozaba de inmunidad a ser procesado por las acciones que tomó mientras estaba en la Casa Blanca.

La Corte Suprema dictaminó por primera vez en julio pasado que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad a ser procesados, y envió el caso de regreso a la jueza federal Tanya Chutkan para determinar cuáles de las acusaciones, de ser el caso, podrían proceder a juicio.

El caso apenas comenzaba a cobrar impulso nuevamente en el tribunal a falta de unas semanas para las elecciones de este año. El equipo de Smith presentó un extenso informe en octubre en el cual se detallaron nuevas evidencias que planeaban usar contra Trump durante el juicio, acusándolo de "recurrir a delitos" como parte de un intento cada vez más desesperado por revertir la voluntad de los votantes después de su derrota electoral ante el presidente Joe Biden.

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Los fiscales estadunidenses obtuvieron una nueva acusación en el caso de subversión electoral de 2020 contra Donald Trump, pese a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció los ex presidentes tienen amplia inmunidad frente a procesos penales.

La nueva acusación descartó los cargos de que Trump intentó presionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos en su intento de revertir su derrota electoral, un aparente esfuerzo por mantener viva la acusación después de que el tribunal superior determinó que Trump no podía ser procesado por esa conducta.

El fiscal especial Jack Smith, quien elaboró la acusación original, mantiene los cuatro cargos en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero acota algunas alegaciones sobre sus planes de subversión electoral.

Según declaraciones de la oficina del fiscal especial citadas por la cadena CNN, esta nueva acusación, presentada ante un nuevo gran jurado que anteriormente no había escuchado las pruebas sobre el caso, refleja los esfuerzos del gobierno por respetar y aplicar la resolución del Supremo.

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Un jurado de Manhattan declaró culpable a Donald Trump de falsificar registros comerciales en relación con la trama de dinero pagado a Stormy Daniels para ocultar su affair.

El jurado decidió que el magnate es culpable de todos los cargos en su contra.

De esta forma, el magnate se convierte así en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser declarado en una causa penal.

El republicano, de 77 años, también se convierte en el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente.

El juez Juan Merchan indicó que será el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana cuando se dé a conocer la sentencia en contra del republicano; el juzgador agradeció al jurado por sus servicios y les pidió se retirarán del recinto.

Al momento de dictarle la sentencia, el magnate estaba acompañado solamente por su hijo Eric Trump.

En tanto, el abogado de Trump pidió que se consultara a cada jurado sobre el veredicto.

Minutos antes de que se diera a conocer el resultado, el expresidente Donald Trump acusó que sus derechos civiles son violados e insistió que se trata de una cacería de brujas,

"Mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta cacería de brujas inconstitucional, con esta interferencia electoral. El mundo se ríe de nuestra nación fallida", posteó Trump en su red Truth Social, mientras aguardaba el veredicto.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, abandonó la sala del tribunal, tras el veredicto al ex mandatatio y se limitó a postear en sus redes sociales, sobre el veredicto.

"Hoy, un jurado declaró a Donald J. Trump CULPABLE de los 34 cargos de delitos graves", escribió en su cuenta de X.

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