Las detenciones de migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México de manera irregular cayeron en junio al nivel más bajo registrado desde enero de 2021, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Según la CBP, esta nueva cifra estaría relacionada con las restricciones impuestas al asilo por el gobierno del presidente Joe Biden, quien enfrenta duras críticas por su manejo en política fronteriza y migratoria.

En junio se reportaron 88 mil 612 arrestos de migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular, una reducción de 29% en comparación con mayo pasado y una cifra similar a la de enero de 2021, cuando se detuvieron a alrededor de 90 mil migrantes.

El pasado 5 de junio, el gobierno de Joe Biden impuso una serie de cambios en la frontera para impedir que la mayoría de personas que crucen hacia el país sin autorización pueda pedir asilo, con algunas excepciones.

Las restricciones se dejan de aplicar cuando el promedio diario de arrestos de migrantes en la frontera se mantenga por debajo de los mil 500 por un periodo de siete días consecutivos.

Troy Miller, el director interino de CBP, dijo en un comunicado que las recientes medidas de seguridad fronteriza “han tenido un impacto significativo” en las detenciones en la frontera, con una caída de más del 50 por ciento en el promedio de siete días, desde que se realizó el anuncio hasta fin de mes.

El promedio de siete días de la Patrulla Fronteriza ha disminuido a menos de mil 900 encuentros por día. Sin embargo, los arrestos diarios en la frontera aún superan las mil 500, por lo que las restricciones se mantienen.

Hay menos niños migrantes sin acompañantes detenidos por la CBP

El número de niños no acompañados encontrados por la CBP a lo largo de la frontera con Tamaulipas, y Coahuila en junio de 2024, incluidos aquellos que se presentaron en los puertos de entrada sin una cita, disminuyó un 14 por ciento en comparación con mayo de 2024 y un 28 % en comparación con mayo de 2023.

Los migrantes menores de edad que ingresan solos al país no están sujetos a la nueva orden emitida por el Gobierno.

Desde que entró en vigor la orden presidencial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha expulsado a más de 70 mil extranjeros de más de 170 países y el operativo de deportación ha incluido más de 150 vuelos de repatriación. 

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“México hará lo que nosotros le digamos”. Con esas palabras, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, habló hoy sobre el tema migratorio.

En conferencia de prensa, después de que la Cámara Baja aprobara una nueva prórroga presupuestaria de corto plazo que mantendrá una parte de las agencias federales funcionando hasta el 8 de marzo y a otra parte hasta el 22, para evitar un cierre parcial del gobierno, el republicano Johnson, uno de los críticos más abiertos de la administración de Joe Biden y de los más fervientes admiradores del exmandatario Donald Trump, habló del tema migratorio, que los republicanos exigen resolver a cambio de aprobar un presupuesto definitivo.

Johnson dijo que habló con Biden y le señaló las leyes a las que puede recurrir para restringir el flujo migratorio. Lo instó a reinstalar el programa Quédate en México, que aplicó Trump, y que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en suelo migratorio mientras llegaba el momento de presentarse a sus audiencias para que sus casos fueran escuchados. El gobierno de Biden puso fin a esa política. Johnson alegó que solo ese programa reduciría la migración en 70%.

Sin embargo, según Johnson, la respuesta de Biden fue que no podía hacerlo porque “México no estaría de acuerdo”. El republicano contó a la prensa qué fue lo que él le respondió: “Señor presidente. Somos los Estados Unidos. México hará lo que nosotros le digamos que haga”.

Más temprano, en una entrevista con Fox News, Johnson se refirió a la conversación con Biden en términos similares, aunque omitió la parte de “México hará lo que nosotros le digamos”.

En el programa de Sean Hannity, Johnson dijo que le mencionó a Biden el programa Quédate en México, que el mandatario dijo que México no lo aprobaría y que él reviró: “Usted es el presidente de Estados Unidos. Actúe como tal”.

Los republicanos insisten en exigir mayores restricciones migratorias a cambio de aprobar un presupuesto que incluya ayuda para Ucrania e Israel, lo que ha puesto en aprietos a la administración Biden.

El mandatario viajó hoy a Eagle Pass, en Texas, para conocer de primera mano la situación en la frontera. Es la segunda vez desde que inició su mandato (2021), que se traslada a la frontera, en un indicio de la importancia que hoy por hoy, de cara a las elecciones de noviembre, tiene el tema migratorio.

Trump, por su parte, viajo a Brownsville, una de las zonas con más cruces fronterizos. Desde ahí, calificó a Biden como “probablemente el presidente más incompetente que hayamos tenido. Está permitiendo que entren miles de personas de China, Irán, Yemen, Congo, Siria y otras muchas naciones. Estados Unidos se está viendo invadido por el crimen migrante de Biden".

Durante el año fiscal 2023 se registraron más de 2.4 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur de México, una cifra récord.

También dijo que la cifra de migrantes en Estados Unidos podría llegar “a los 18 millones para cuando [Biden] abandone el cargo. Afortunadamente el mayor riesgo que tenemos son nueve meses. Es mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas malas”.

El magnate, como ya hizo en sus campañas de 2016 y de 2020, acusó que los migrantes “llegan de cárceles, de instituciones mentales (...) y son terroristas. Se está permitiendo que entren en nuestro país. Y eso es horrible".

En cambio, alegó, durante su mandato usó mano dura con los indocumentados. “Cuando alguien violaba la ley, nosotros lo capturábamos y lo deportábamos. Hicimos un gran trabajo. Y después hubo una elección (...) y a partir de ese momento empezaron a pasar un montón de cosas malas. La situación cambió en Texas y en todas partes", dijo.

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Una propuesta legislativa en Arizona ha generado un intenso debate en todo el país. Se trata del proyecto de ley HB 2843, impulsado por legisladores republicanos, que busca permitir el uso de la fuerza letal contra inmigrantes que entren a propiedad privada. Esta iniciativa ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.

El proyecto de ley, actualmente en proceso de aprobación en el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano, ha provocado una oleada de indignación tanto a nivel estatal como nacional. De acuerdo con la cadena Telemundo, los defensores de los derechos de los inmigrantes denuncian que esta medida viola los principios fundamentales de la dignidad humana y el derecho a la vida.

El legislador republicano Justin Heap, impulsor de la propuesta, argumenta que la actual ley tiene lagunas que deben ser corregidas, especialmente ante el aumento de migrantes y traficantes que atraviesan ranchos y granjas en el estado. Según Heap, esta medida otorgaría a los propietarios de la tierra el derecho a proteger su propiedad utilizando la fuerza letal si es necesario, independientemente de si se trata de una residencia o no.

Críticos y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Argumentan que legalizar el asesinato de personas que cruzan la frontera en busca de una vida mejor es una clara violación de los derechos humanos más básicos.

Además, temen que esta propuesta pueda aumentar la violencia y la discriminación contra los inmigrantes, fomentando un clima de hostilidad y xenofobia en el estado.

La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha prometido vetar la ley si es aprobada por el Senado estatal. Hobbs ha destacado que esta medida es contraria a los valores de inclusión y respeto a la diversidad que deben prevalecer en Arizona. Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones profundas entre los legisladores y la población, reflejando la polarización política y social que caracteriza al estado en temas de inmigración.

Mexicano asesinado

El caso del ranchero George Alan Kelly, quien está siendo juzgado por asesinato en segundo grado tras haber disparado y asesinado a un migrante mexicano en su propiedad, ha avivado aún más el debate en torno a esta propuesta. Mientras algunos sectores radicales y de extrema derecha lo consideran un héroe por defender el territorio estadounidense, otros lo acusan de racismo y violencia injustificada.

Kelly, de 75 años, mató a Gabriel Cuen Buitimea el 30 de enero de 2023, cuando Buitimea caminaba por la propiedad de Kelly, Kino Springs. Los abogados de Kelly sostienen que sólo efectuó disparos de advertencia sobre un grupo de migrantes que cruzaban su propiedad.

En enero pasado, se fijó fecha de juicio para el 21 de marzo. Kelly rechazó el acuerdo de culpabilidad que le ofrecían fiscales para reducir los cargos en su contra a uno: homicidio negligente. Actualmente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y agresión con agravantes.

Los demás migrantes no resultaron lesionados y se las arreglaron para escapar a México. De acuerdo con registros judiciales, Cuen Buitimea entró varias veces de forma irregular a Estados Unidos y fue procesado y deportado.

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Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne con sus homólogos de México y de Guatemala en la primera reunión trilateral de esos países en materia migratoria.

En la reunión de los funcionarios estadounidenses, mexicanos y guatemaltecos que se lleva a cabo en Washington, se busca impulsar la colaboración entre las tres naciones y fomentar las vías legales de migración.

Blinken reconoció que ningún país puede responder solo al fenómeno migratorio y por ello se tienen que hacer esfuerzos con otras naciones para que la migración sea un proceso legal y coordinado, y por ello se estrechan los lazos de cooperación con México y Guatemala.

Afirmó que si bien se han hecho esfuerzos para atender el fenómeno, se pueden hacer otros como ofrecer una vía legal a la migración o como expandir las oportunidades de asilo para que la gente pueda permanecer en un tercer país.

En tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que solo juntos se pueden atender las causas estructurales de la migración y "lograr una migración ordenada, segura y regular en la región".

A su vez, el representante de Guatemala, canciller Carlos Ramiro, agradeció el apoyo de México y Estados Unidos a Bernardo Arévalo, presidente recientemente electo en el país centroamericano.

Afirmó que el compromiso del presidente Arévalo es claro para seguir avanzado con EU y México en la agenda de migración y encontrar vías de solución. "En el desafío de la migración ilegal hay que ir a las causas y verlo como un fenómeno no como un problema", dijo. 

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Texas construirá un “campamento base militar” para mil 800 elementos de la Guardia Nacional en Eagle Pass, anunció ayer el gobernador republicano Greg Abbott, ampliando la presencia de soldados en la ciudad fronteriza con México, en la que el estado se enfrenta con Washington en torno al control de la inmigración.

La instalación de 32 hectáreas junto al río Bravo, denominada Foward Operating Base Eagle Pass, estará a corta distancia del parque Shelby, a la orilla del río donde elementos de la Guardia Nacional de Texas han instalado alambre de púas a lo largo de kilómetros y empezaron a negar el acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El campamento permitirá a Texas “acumular un gran ejército en una zona muy estratégica” y “aumentar la velocidad y la flexibilidad de la Guardia Nacional estatal para poder responder a los cruces”, detalló Abbott.

El gobernador dijo que la base mejorará las condiciones de vida para los soldados que han sido desplegados en la frontera entre EU y México, un tema que dificultó la misión de la Guardia Nacional (federal) durante los primeros meses de la Operación Estrella Solitaria, el nombre que se le dio a las medidas estatales contra los migrantes.

“Hemos visto la efectividad de los alambres de púas en el Parque Shelby (...) Al tener a los soldados ubicados justo al lado del río, tendrán la capacidad de construir más rápidamente esa barrera”, agregó Abbott.

El gobernador dijo que el cruce de migrantes en Texas disminuye gracias a sus medidas y descartó que haya un mayor control del lado mexicano.

“No es México el que controla la frontera. Son los cárteles”, insistió en el tema.

“Cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que se abrirán paso por la parte sur y central de México... Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o a otro lugar, sepan que el lugar equivocado al que ir es Texas”, advirtió Abbott.

La base se construirá en fases de 300 camas cada 30 días, y se prevé que la primera etapa esté terminada en abril, dijo el mayor general Thomas Suelzer, jefe del Departamento Militar de Texas.

El complejo incluirá tres puestos de mando, almacenes de armas y un helipuerto, añadió.

Agentes de Texas siguen teniendo el control del parque Shelby, al norte del sitio de la base, como parte de las medidas de Abbott para reforzar la seguridad en la frontera con la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, dijo que la acción estatal para controlar el parque al comenzar enero pasado tomó a la ciudad por sorpresa, y cuestionó el momento en que se llevó a cabo, dado que los cruces fronterizos han disminuido en las últimas semanas.

El Departamento de Justicia de EU pidió el mes pasado a la Corte Suprema del país que le ordenara a Texas permitir el ingreso al parque a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Washington señaló entonces que esos agentes utilizan el parque para vigilar el río Bravo e introducir lanchas en él.

La Corte Suprema autorizó a la policía federal fronteriza a cortar el alambrado. Pero, mientras el proceso sigue en tribunales, Texas extiende la cerca.

También está en manos de un juez federal decidir si una reciente norma aprobada por Texas, que permite a la policía detener a migrantes que hayan ingresado al país de forma ilegal, se ajusta a la ley.

En una audiencia el jueves, el juez adelantó que sería una “pesadilla” si hay distintas normas migratorias en cada estado, y rechazó el argumento de “invasión” que Texas sostiene. Su fallo podría conocerse antes de marzo, cuando la ley entrará en vigencia.

La crisis migratoria es un tema clave para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Abbott apoya al ex mandatario Donald Trump (2017-2021), de fuerte discurso antimigración y favorito en las primarias republicanas para la nominación. Biden, en tanto, busca la reelección. 

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha elaborado planes para liberar a miles de inmigrantes ante la falta de fondos tras el fracaso en la aprobación de un proyecto de ley sobre fronteras, informó este miércoles el diario Washington Post.

El proyecto de ley, al que se opusieron hace unos días los legislaciones republicanos, habría eliminado un déficit presupuestario de 700 millones de dólares y su fracaso supondrá que Estados Unidos reduzca su capacidad para retener detenidos.

Así, señala el Washington Post citando a fuentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), tras el fracaso de la ley funcionarios del ICE han comenzado a hacer circular una propuesta interna para ahorrar dinero que supondría la liberación de "miles de detenidos" y reduciendo la capacidad de los centros de detención de 38 mil a 22 mil camas.

Algunos de los ahorros de costos se producirían mediante deportaciones aunque gran parte se reduciría mediante la "liberación masiva de detenidos", dijeron al Post los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir asuntos internos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) del que depende el ICE podría intentar cubrir el déficit de financiación utilizando dinero de otras agencias como la Guardia Costera o la Administración de Seguridad del Transporte.

El proyecto de ley fronterizo bipartidista al que se opusieron los legisladores republicanos la semana pasada habría proporcionado 6 mil millones en fondos suplementarios para las operaciones de control de ICE.

El pasado día 7, el Senado estadounidense rechazó el pacto entre un grupo de senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir la migración en la frontera sur a cambio de ayuda militar para Ucrania.

¿Qué planteaba el acuerdo rechazado por el Senado en materia migratoria?

El proyecto de ley, que tardó meses en negociarse y proponía cambios a las leyes de asilo de EU, no consiguió los 60 votos necesarios para pasar a debate, con 50 votos en contra y 49 a favor.

Las críticas del expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito para la nominación presidencial republicana, al acuerdo movilizaron a la mayoría de republicanos a votar en contra, a pesar de que el texto incluye restricciones migratorias que los conservadores han pedido durante años.

El texto rechazado daba potestad al ejecutivo para bloquear las peticiones de asilo en la frontera cuando se registren 4 mil detenciones diarias durante siete días consecutivos de personas que cruzan de forma irregular.

A su vez, obligaría al gobierno federal a impedir que las personas que crucen de manera irregular puedan solicitar protección cuando se registren más de 8 mil 500 arrestos en un día.

El acuerdo también proponía modificar de manera permanente la ley migratoria de Estados Unidos para elevar los requisitos necesarios para poder solicitar asilo.

En este contexto, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes someter a juicio político ("impeachment) al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su gestión de la frontera con México.

Después del voto fallido del pasado 6 de febrero, ese hemiciclo, de mayoría republicana, dio esta vez su visto bueno a ese proceso.

Mayorkas, jefe de migración del presidente estadounidense, Joe Biden, está acusado de "violación de la confianza pública" y "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley", pero la última palabra la tiene el Senado, bajo control demócrata.

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