Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, así como de una docena de colaboradores, por la "violación sistemática de derechos humanos" en el país centroamericano, informó este lunes el abogado que presentó la denuncia.

"El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria (dar testimonio) y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo", dijo el abogado Darío Richarte, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

El gobierno de Ortega y su esposa "es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente", añadió Richarte.

Los crímenes de los que son acusados incluyen "asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad".

La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

También tienen orden de captura "cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad", agregó.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como "plan criminal de represión" y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción judicial "se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos", precisó Richarte.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

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Este martes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, concedió plenos poderes a su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir dos acuerdo de cooperación y asistencia en materia aduanera con Rusia.

A través de dos acuerdos presidenciales divulgados en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega otorgó plenos poderes a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, así como la representación especial del mandatario para los asuntos con Rusia.

Ortega autorizó a su hijo a suscribir el Protocolo entre el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de la República de Nicaragua y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia, así como  la Cooperación Administrativa, Intercambio de Información y Asistencia Mutua en el marco del Sistema Unitario de las Preferencias Arancelarias de la Unión Económica Euroasiática.

Además, buscan completar el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía Creativa y Naranja del país centroamericano y la Agencia de Industrias Creativas de Rusia.

Por otra parte, cabe destacar que Laureano Facundo se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea debido a serias violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

De igual manera, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con la República Popular China y Bielorrusia, por encima del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo.

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a EFE fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están "viendo cómo resolver la situación".

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

"Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo", "Su transferencia no ha podido realizarse", "Cuenta no válida", son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por "asuntos administrativos" de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, "el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia".

"Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica", advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

"Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen", agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.

El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".

"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.

El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".

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El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega liberó a más de 200 opositores presos y los mandó el jueves en un avión a Estados Unidos, informó el exembajador nicaragüense en la OEA, Arturo McFields, y familiares de los detenidos.

Citando fuentes del Departamento de Estado, McFields dijo que en un avión que salió de Managua por la mañana “viajan 222 presos políticos” rumbo a Washington. “Vinieron los que querían venir, entre ellos sacerdotes”, agregó.

McFields no precisó cuántos ni quiénes continuarían detenidos en Nicaragua. Según datos de la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” ascendía a 245 personas hasta esta semana.

Por su parte, la periodista Berta Valle, esposa del excandidato presidencial opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le confirmó la noticia y le dijo que su marido es uno de los excarcelados que viaja en el avión.

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El gobierno de Nicaragua se apoderó de las instalaciones de un periódico de larga trayectoria crítico con el presidente Daniel Ortega para convertir el espacio en un "centro cultural", dijo el diario el martes.

El diario "La Prensa", uno de los más antiguos del hemisferio occidental, fue ocupado por fuerzas policiales nicaragüenses el año pasado y varios de sus ejecutivos detenidos. Desde entonces, un equipo de reporteros en el exilio ha mantenido el sitio en línea desde el exterior.

"Desde hace varios días (el régimen) viene realizando obras de construcción y movimiento de algunas maquinarias y equipos (de La Prensa)", señaló el diario en su sitio web.

“Con estas acciones, el régimen Ortega-Murillo culmina el decomiso de facto de los bienes de la planta industrial de Editorial La Prensa”, dijo.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el espacio se utilizará para crear un centro cultural y politécnico que llevará el nombre de uno de los poetas más importantes del país, José Coronel Urtecho.

El centro ofrecerá cientos de cursos y talleres, dijo Murillo a través de un medio de comunicación estatal.

El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Hollman, fue acusado el año pasado de lavado de dinero en un juicio considerado políticamente motivado por organizaciones de derechos humanos.

El gobierno de Ortega también ha confiscado los espacios del diario digital "Confidencial" y el canal de televisión "100% Noticias".

Los periodistas de La Prensa se exiliaron y reportan para la edición en línea desde Costa Rica, Estados Unidos y México.

Según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), 120 periodistas se han exiliado desde que comenzó la crisis política en el país centroamericano en 2018.

En Nicaragua, actualmente no hay ningún periódico impreso, y los pocos medios de comunicación que aún operan en línea lo hacen de manera clandestina, ha dicho PCIN.