Un juez federal en Seattle escuchará el jueves los primeros argumentos en una demanda presentada por varios estados que busca bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento independientemente del estatus migratorio de los padres.

El juez federal John Coughenour programó la sesión para considerar la solicitud de Arizona, Illinois, Oregon y Washington. El caso es uno de los cinco juicios iniciados por 22 estados y varios grupos defensores de los migrantes en todo el país. 

Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales que son ciudadanos estadunidenses por derecho de nacimiento, y nombres de mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadunidenses.

Está previsto que la orden firmada por Trump el día de su juramentación entre en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. 

Trump's birthright citizenship executive order will face its first legal test Thursday morning in a Seattle courtroom, where U.S. District Judge John Coughenour, a Reagan appointee, will hear four states' request for a temporary restraining order pic.twitter.com/sLnilVtyv1

— News Now (@NewsNowUS) January 22, 2025

¿Cómo funciona la ciudadanía por nacimiento?

En 2022, hubo aproximadamente 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y aproximadamente 153 mil nacimientos de ambos padres en tal situación, según la demanda presentada por los cuatro estados en Seattle.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en el Continente Americano, incluyendo a Canadá y México.

Las demandas argumentan que la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país y los estados han interpretado la enmienda de esa manera durante un siglo.

Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La orden de Trump afirma que los hijos de no estadunidenses no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.

Un caso clave sobre el tema se desarrolló en 1898. La Corte Suprema sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de migrantes chinos, era ciudadano estadunidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, enfrentó la negativa de reingreso por parte del gobierno federal bajo el argumento de que no era ciudadano de acuerdo con la Ley de Exclusión China.

Pero algunos defensores de las restricciones migratorias han argumentado que ese caso claramente se aplicaba a niños nacidos de padres que eran ambos migrantes legales. Dicen que es menos claro si se aplica a niños nacidos de padres que no tienen permiso de residencia.

La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, el fiscal general estatal de Connecticut, William Tong, ciudadano estadunidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chinoestadunidense elegido en la nación, dijo que la demanda era personal para él.

“No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave en este momento a familias estadunidenses como la mía”, expresó Tong esta semana.

Una de las demandas incluye el caso de una embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana, pero ha vivido en Estados Unidos más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría darle un estatus de residencia permanente.

“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadunidense a la que tienen derecho”.

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El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo anticastrista Hermanos al Rescate en la década de los noventa, en una medida que representa una nueva escalada de presión contra Cuba.

De acuerdo con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, la acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para aumentar la presión política sobre el gobierno cubano.

Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate y realizaban vuelos cerca del espacio aéreo cubano cuando fueron abatidas por fuerzas de la isla.

La acusación contra Castro se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia Cuba, luego de que Washington impusiera un bloqueo energético y amenazara con sanciones a países que suministren combustible al gobierno cubano.

Estas medidas han agravado la crisis energética en la isla, donde se han reportado apagones de hasta 22 horas en distintas regiones.

Raúl Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa antes de asumir la presidencia cubana en 2008 tras la salida de su hermano, Fidel Castro. Aunque dejó oficialmente la presidencia en 2018, continúa siendo una figura influyente dentro de la política cubana.

Analistas consideran que la acusación representa uno de los casos más inusuales de procesos penales impulsados por Estados Unidos contra un exlíder extranjero, en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre ambos países.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que su gobierno actuará directamente si México no intensifica sus acciones contra estas organizaciones criminales.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente y aseguró que su administración ya comenzó una “fase terrestre” en la estrategia contra el narcotráfico.

El mandatario sostuvo que podrían surgir inconformidades desde México y otros países, pero insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera que no se está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y soberanía, además de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca también clasifica al narcotráfico como una amenaza terrorista y advierte que Estados Unidos continuará con operaciones militares y policiales contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

Trump reiteró que prefiere trabajar en coordinación con gobiernos aliados, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que existe complicidad o falta de cooperación frente al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del programa de escoltas militares a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

La medida forma parte de la pausa del llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada recientemente para proteger embarcaciones en la zona, en medio de las tensiones con Irán.

Trump explicó que la decisión responde a solicitudes de países como Pakistán y a los avances en las negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo definitivo.

A pesar de la suspensión de las escoltas, el mandatario indicó que se mantendrá el bloqueo contra puertos iraníes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

La medida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán acusara a fuerzas estadounidenses de la muerte de cinco civiles en la zona, mientras que Washington ha defendido la operación como una acción necesaria para garantizar la seguridad marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con su seguridad tiene impacto directo en la estabilidad económica global y en los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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Davos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de una nueva Junta de Paz, un organismo que, según explicó, busca inicialmente reforzar el alto el fuego en Gaza, pero que podría asumir un papel más amplio en la resolución de conflictos internacionales, lo que ha despertado cautela entre varias potencias globales.

Durante su presentación, Trump afirmó que la Junta trabajará en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas, aunque destacó que este nuevo mecanismo tendrá capacidad de acción propia. “Una vez que esté plenamente constituida, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos, en colaboración con la ONU”, señaló.

El mandatario estadounidense presidirá la Junta e invitó a decenas de líderes internacionales a integrarse. Países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Indonesia ya han aceptado participar, mientras que varias potencias occidentales han optado por mantener distancia. Francia rechazó sumarse, Reino Unido indicó que no lo hará por ahora y China no ha definido su postura.

Trump planteó que los miembros permanentes del organismo deberán aportar mil millones de dólares cada uno para su financiamiento. Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que la prioridad de la Junta será supervisar el cumplimiento del plan de paz en Gaza, aunque consideró que el modelo podría replicarse en otros conflictos internacionales.

Rusia informó que analiza la propuesta. El presidente Vladimir Putin señaló que su país estaría dispuesto a destinar mil millones de dólares provenientes de activos rusos congelados en Estados Unidos para apoyar a la población palestina.

La iniciativa cuenta con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque el portavoz del organismo aclaró que la participación de Naciones Unidas se limitará a los términos establecidos en dicho acuerdo.

Entre los integrantes confirmados figuran aliados cercanos de Trump como Israel, Argentina y Hungría. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para formar parte de la Junta, pese a que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

El anuncio se produce en un contexto de fragilidad del alto el fuego en Gaza, donde Israel y Hamás continúan acusándose mutuamente de incumplimientos, en medio de una grave crisis humanitaria y episodios recurrentes de violencia.

Aunque la primera fase de la tregua enfrenta dificultades, las siguientes etapas deberán abordar temas de fondo como el control de la seguridad en Gaza, el desarme de Hamás y una eventual retirada israelí, asuntos que históricamente han obstaculizado cualquier acuerdo duradero.

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