El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusarlo de incitar a la desobediencia militar durante una manifestación propalestina en Nueva York, realizada al margen de la Asamblea General de la ONU.

A través de un mensaje en X, la dependencia señaló que Petro “se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia”, calificando sus declaraciones como “imprudentes e incendiarias”.

El mandatario colombiano participó en la protesta acompañado del músico británico Roger Waters. En videos difundidos por medios internacionales, se observa a Petro arengando a los asistentes y pidiendo a los soldados estadounidenses “no apuntar a la humanidad con sus rifles” y “desobedecer la orden de Trump”.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.

La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

En una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán sostuvo que la medida tiene motivaciones políticas y cuestionó directamente al mandatario sobre si estaba enterado de la decisión.

“Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, afirmó.

Califica la decisión como “politiquera”

López Beltrán calificó la presunta cancelación como una decisión “politiquera y propagandística” y aseguró que, desde su perspectiva, no existe una razón que justifique la medida.

También sostuvo que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas de algún acto “inmoral o delictivo” en su contra y defendió que ha conducido su vida pública y privada conforme a los principios inculcados por sus padres.

El hijo del expresidente mexicano elevó sus críticas contra Rubio y Landau, a quienes acusó de actuar como “jefes de pandillas” y de utilizar temas como la seguridad nacional y el narcoterrorismo para justificar acciones contra gobiernos y políticos que, según su postura, son considerados una amenaza para los intereses estadounidenses.

Cuestiona directamente a Donald Trump

López Beltrán aseguró que perder la posibilidad de ingresar a Estados Unidos no representa un problema para él, pues afirmó que no tiene interés en visitar ese país “en estos tiempos decadentes y lamentables”.

Sin embargo, dirigió una pregunta al presidente estadounidense para conocer si tenía conocimiento de la decisión.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, cuestionó.

En caso de que Trump desconociera lo ocurrido, López Beltrán preguntó por qué no destituye a Rubio, Landau y otros funcionarios que, desde su perspectiva, mantienen una posición adversa hacia México y Morena.

En su carta también hizo referencia a la relación que Andrés Manuel López Obrador mantuvo con Trump durante sus respectivas administraciones y sostuvo que su padre consideraba que el mandatario estadounidense había cambiado respecto al político con quien trató cuando ambos encabezaban sus respectivos gobiernos.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre las razones de la cancelación corresponden a lo señalado por López Beltrán en su carta, sin que en la información difundida se detalle una respuesta oficial del gobierno estadounidense a sus acusaciones.

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La Justicia estadounidense investiga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, de acuerdo con el diario The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.

El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales contra el mandatario.

Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, EE.UU. revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

Sin embargo, este martes Petro señaló que el gobierno estadounidense le reactivó el visado hasta el final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al

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La reciente decisión de la administración del presidente Donald Trump de realizar una revisión masiva de más de 55 millones de titulares de visas vigentes en Estados Unidos ha encendido alarmas entre la comunidad migrante. La medida, conocida como proceso de continuous vetting (evaluación continua), busca identificar posibles violaciones a las condiciones migratorias que puedan derivar en la revocación de visas o incluso en deportaciones.

La abogada especialista en migración, Lic. Josefina Orozco, explicó que esta política sin precedentes en magnitud ya ha resultado en la cancelación de miles de visas estudiantiles y en la suspensión de visas laborales. “Se trata de un proceso que, aunque tiene una base legal, plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso, las oportunidades de defensa y los mecanismos de apelación para quienes puedan ser afectados”, advirtió.

Entre los principales riesgos, Orozco destacó que los criterios para la revocación podrían basarse en actividades políticas, expresiones en redes sociales o incluso el origen nacional de los solicitantes, lo que abre la puerta a posibles violaciones a la libertad de expresión y a la discriminación.

La especialista alertó que esta política genera un clima de incertidumbre que puede traducirse en errores administrativos, retrasos en trámites y un ambiente de miedo que disuade a muchos titulares de visas de viajar o manifestarse públicamente. “Es fundamental que quienes tengan visas temporales o de turista revisen periódicamente su estatus, cumplan con las requisitos migratorios y documenten su buen historial laboral y familiar”, recomendó.

Finalmente, Orozco enfatizó la importancia de acudir de inmediato a un especialista en migración ante cualquier notificación de revocación, para evaluar las opciones legales disponibles y proteger sus derechos en este contexto de incertidumbre.

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Este jueves, el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el marco de la sesión ordinaria. La reforma fue avalada con 22 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra.

Aunque se retoma una disposición federal publicada hace cuatro años, esta reforma no se aplicará a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a que su administración ya rebasó el umbral de tres años en funciones; en consecuencia, sus efectos comenzarán a operar para la próxima persona que encabece el Ejecutivo estatal.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Daylín García Rubalcaba, de Movimiento Ciudadano (MC), y Alejandrina Corral Quintero, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes plantearon que este mecanismo también pueda aplicarse a presidentes municipales, regidores y diputados.

De aprobarse estas ampliaciones, se abriría la puerta a una mayor fiscalización ciudadana y a la posibilidad de retirar del cargo a autoridades locales que no cumplan con las expectativas o responsabilidades de su mandato.

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