La Policía Nacional de Perú ha incrementado la seguridad en las inmediaciones de la embajada de México en Lima, con 25 agentes, para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, que permanece en esa sede diplomática a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país, confirmó este viernes el comandante general de la institución, Óscar Arriola.

El jefe de la Policía Nacional declaró al Canal N que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para "cerrar cualquier posibilidad" de fuga de Chávez, pero que en la residencia mexicana hay "un número considerable" de 25 policías.

Sobre la posibilidad de una fuga de Chávez en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que "hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario".

La ex primera ministra del ex presidente Pedro Castillo fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del ex mandatario en 2022, pero días antes de la lectura de la sentencia ingresó en la casa del embajador de México en Lima y recibió el asilo de ese país, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El jefe policial explicó sobre las formas de fuga de una persona asilada que "podría tratar de burlar la seguridad, podría salir en un vehículo con inmunidad diplomática y hacer un trasbordo en algún punto" de la ciudad.

Dado que los vehículos diplomáticos también tienen inmunidad, la Policía estaría impedida de detenerlo o intervenirlo, "salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes", señaló Arriola.

A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su "evolución negativa" y se convierta en "un instrumento para eludir la justicia".

En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, a inicios de este mes, el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, pero sí advirtió que este reafirma la "evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas" de 1954, utilizada hoy "para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos".

El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que "prevalecen las garantías del debido proceso" y "sobre todo, el principio de no impunidad".

Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

El mandatario interino de Perú, José Jerí, dijo que su gobierno se tomaría un tiempo indefinido para analizar el caso antes de otorgar el salvoconducto que le permita a Chávez salir del país rumbo a México, tal como lo hicieron antes con el mismo estatus la esposa e hijos del ex presidente Castillo.

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El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, reafirmó este lunes que "no es posible" ingresar a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está asilada en esa sede diplomática, a pesar de que en la víspera el presidente José Jerí dejó abierta esa posibilidad.

Álvarez, quien es jurista y presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano, dijo que tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, saben "de manera técnica" que "no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana".

En una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, Jerí declaró que si las autoridades peruanas tienen que entrar a la sede diplomática mexicana para detener Chávez, quien es procesada por el fallido golpe del Estado del ex presidente Pedro Castillo, eso se hará.

"Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará", remarcó el gobernante.

Al respecto, Álvarez aseguró que Jerí "lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos" que, según consideró, rechazan que se haya otorgado el asilo político a Chávez cuando es procesada por un delito común.

"No es posible de que una persona que está siendo investigada por un delito común, por un delito que ha sido evidenciado en la televisión (esté asilada en una embajada)", sostuvo.

La situación de Chávez

Chávez se encuentra desde hace tres semanas en la Embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, lo que llevó al Gobierno de Perú a anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

La Justicia de Perú ordenó el pasado viernes su captura internacional y prisión preventiva por cinco meses porque consideró que es "palpable" el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Jerí también reiteró que su país aún no se va a pronunciar sobre la posible entrega del salvoconducto que debe recibir Chávez para salir del país y reiteró que existe un "mal uso del asilo político".

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a su embajada para detener a Chávez constituiría una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía mexicana.

La presidenta recordó el precedente del ingreso a la Embajada de México en Ecuador, ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la sede para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

A pesar de ello, Sheinbaum reiteró que su gobierno apuesta por la vía diplomática para resolver cualquier diferencia y dijo que "el diálogo siempre es lo mejor".

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El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el asalto a la embajada de México, en Ecuador.

Esto luego la detención del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la Embajada de México en Quito.

Noroña manifestó que en el asalto a la Embajada se violentó la ley de asilo, la cual México le habría otorgado al ex funcionario ecuatoriano, quien fue torturado durante su detención.

Aseveró que no existía una orden de aprehensión contra Glas y la detención al interior de la Embajada mexicana se convierte en un asunto de jurisdicción nacional.

“Estamos pidiendo la detención y extradición del presidente Novoa por el secuestro de un asilado que es el ex vicepresidente Jorge Glas es un asunto fuerte, es una violación muy grave, no sólo a las leyes internacionales.

“También a la propia legislación de nuestro país que aplica insisto en cualquier Embajada en México en el mundo y estamos dirigiendo esta denuncia al Fiscal General de la República, esperamos que se lleve a cabo esta solicitud”, remarcó.

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El gobierno peruano declaró este martes persona no grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que han hecho las "altas autoridades" de la nación norteamericana.

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración. 

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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que luego de la entrevista que tuvo el embajador de México en Perú con el expresidente Pedro Castillo, este ratificó su solicitud de asilo por lo que se han iniciado las consultas con las autoridades peruanas.

A través de Twitter, el canciller indicó que el Embajador Pablo Monroy se reunió con Castillo quien estaba acompañado de su abogado en el Centro Penitenciario, donde se le vio bien físicamente.

Ebrard detalló que la solicitud se recibió la madrugada de este jueves, misma que hizo pública en redes sociales.

En la solicitud, el abogado del expresidente de Perú indica que se le ha negado la comunicación con su cliente, por lo que calificó que Castillo se encuentra en grave riesgo. Por ello la solicitud de que se resguarde su vida e integridad.

Embajador de México en Perú visita a Pedro Castillo en centro penitenciario

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, llegó este jueves la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, informaron medios peruanos, que captaron la llegada del diplomático.

El embajador llegó en un vehículo diplomático, se estacionó por unos momentos para realizar las gestiones de su ingreso, y luego entró rápidamente.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Castillo lo llamó el miércoles por teléfono para pedirle protección.

"Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada", señaló el gobernante izquierdista.

El mandatario mexicano aceptó el pedido y ordenó a la misión diplomática actuar “con apego a la tradición de asilo”. En tal sentido, pidió nuevamente que se respeten los derechos del exmandatario -destituido tras ordenar el cierre del Parlamento- y su familia.

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Pedro Castillo tenía planeado ir a la embajada de México en el distrito de San Isidro, en Lima, la capital peruana, poco después de dar su mensaje a la nación y sobre todo antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción de vacancia. Pasadas las 13:00 horas locales salió por la parte trasera de Palacio de Gobierno junto a su exprimer ministro Anibal Torres y con su comitiva de resguardo de Seguridad del Estado de la Policía Nacional Peruana (PNP).

Allí, le comunicó al chofer que lo llevara al destino antes mencionado. El chofer tomó la Av. Inca Garcilaso de la Vega (ex Wilson) como la opción más directa para llegar. Todo aparentemente estaba saliendo de acuerdo al plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la PNP que lo cambió todo.

Según dijeron fuentes a El Comercio, luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, el todavía presidente Castillo se comunicó con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional.

En simultáneo, las mismas fuentes en el sector indicaron que Willy Huerta, ahora exministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la PNP en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa.

De acuerdo con las fuentes, Alfaro convocó al Alto Mando de la PNP para decidir la postura institucional frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando. Álvarez y el inspector general de la PNP Segundo Mejía se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente y, además, se concluyó que estaba actuando en flagrancia (delito de rebelión) al ordenar el cierre del Congreso.

La decisión había sido tomada: Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de Seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Se le comunicó el hecho, según las fuentes, al general PNP Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien le solicitó a su personal que le informe sobre la ubicación del entonces presidente.

Mientras tanto, el Equipo Especial de la PNP ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los coroneles PNP Walter Lozano (Bica) y Harvey Colchado (René) decidieron tomar acción. A manera de precaución, Lozano y su equipo fueron a la Embajada de México y Colchado a la de Cuba.

Los dos estaban decididos a arrestar a Castillo porque sabían que había incurrido en flagrancia en delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora exmandatario había sacado de Palacio a su familia y todo apuntaba a que lo que se buscaba era el asilo o fugarse del país.

Al tiempo que todo esto ocurría, en la Av. Inca Garcilazo de la Vega, antes de llegar al cruce con la Av. España, el chofer recibió la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital.

Casi en simultáneo, el pleno del Congreso aprobaba la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas desde que anunció su golpe de Estado y ya el entonces presidente pasó a calidad de detenido por rebelión.

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