El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero enfrentará juicio en Estados Unidos a partir del 8 de marzo de 2027, luego de que el juez Frederic Block fijara la fecha en la corte del Distrito Este de Nueva York.

No obstante, el proceso podría modificarse si el exlíder criminal alcanza un acuerdo con el gobierno estadounidense antes del inicio del juicio.

Acusaciones en su contra

Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, enfrenta múltiples cargos, entre ellos dirigir una empresa criminal y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985.

De acuerdo con las autoridades, el caso incluye acusaciones de secuestro, tortura y homicidio, lo que lo convierte en uno de los procesos más relevantes contra el narcotráfico en décadas.

Se declara no culpable

Tras su extradición a Estados Unidos en febrero de 2025, Caro Quintero se declaró no culpable de los cargos.

Desde entonces, su defensa ha solicitado sin éxito que se relajen las condiciones de aislamiento en las que permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención.

Sus abogados aseguran que está bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM), lo que implica hasta 23 horas de aislamiento diario y limita la comunicación incluso con su equipo legal, además de señalar problemas de salud.

La fiscalía estadounidense informó que no buscará la pena de muerte, aunque el acusado podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Previo al juicio, se llevará a cabo una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio, mientras continúan las conversaciones entre la defensa y el gobierno para explorar una posible resolución sin llegar a juicio.

Sin embargo, expertos legales consideran poco probable que se alcance un acuerdo, debido a la gravedad del caso y al impacto del asesinato de Camarena, un hecho que marcó la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

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La mañana del 21 de septiembre, soldados y marinos irrumpieron en Los Quintero, un rancho enclavado en Colipa, Veracruz. El objetivo: rastrear pistas sobre la desaparición del empresario Neptalí González López. Lo que no esperaban encontrar era a la presidenta municipal en funciones, Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa morenista de 38 años.

El rancho, según los registros oficiales, pertenece a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los capos históricos del narcotráfico mexicano y líder del Cártel de Caborca.

Durante ocho horas, Ortega Molina permaneció bajo custodia de las fuerzas armadas mientras peritos revisaban la propiedad. No existía orden de aprehensión en su contra, pero el simple hecho de haber sido localizada en un sitio vinculado a la familia Quintero detonó una ola de dudas: ¿qué hacía ahí la alcaldesa de un municipio marcado por la violencia y la disputa criminal?

Al caer la tarde, fue liberada. El dueño del rancho y sus escoltas habían escapado minutos antes del operativo, dejando tras de sí un escenario cargado de sospechas.

Hasta ahora, la alcaldesa no ha dado explicaciones públicas. Su silencio alimenta versiones encontradas: desde una posible visita personal hasta especulaciones sobre vínculos políticos con quienes operan en la sombra del crimen organizado en el norte de Veracruz.

El episodio no solo exhibe la vulnerabilidad de la región, sino también el choque de dos mundos: el de la política local y el de las redes criminales que, una y otra vez, terminan cruzando caminos.

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El narcotraficante Rafael Caro Quintero enfrentó este miércoles en su audiencia de revisión en la Corte Federal de Brooklin, Nueva York, donde el juez dio un plazo de 90 días a los fiscales para definir si buscarán la pena de muerte para quien fuera líder del Cártel de Guadalajara, posteriormente de Sinaloa.

Además, la Corte decidió asignarle a Caro Quintero una nueva abogada, experta en casos complejos, en vez del abogado de oficio que actualmente lleva el caso del capo, dado que es su vida la que podría estar en juego. La abogada designada es Elizabeth Macedonio, cuyo bufete está radicado en Nueva York.

El juez Frederic Block, de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, indicó que la fiscalía tiene hasta el 25 de junio para decidir si busca la pena máxima para el narcotraficante mexicano, acusado de cuatro delitos: dos de narcotráfico internacional, uno por empresa criminal continuada y otro por el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique "Kiki’ Camarena. La audiencia está programada a las 11:00 am.

"Es una posibilidad, la decisión no está tomada, pero es una posibilidad", afirmó la fiscal Saritha Komatireddy al ser preguntada por Block acerca de la posición del ministerio público sobre la pena capital para el conocido como "El Narco de narcos".

El magistrado urgió entonces a la Fiscalía que avance en el caso y que le haga saber lo antes posible su decisión, así como fijó un plazo de treinta días para que se reúnan finalmente todas las pruebas y evidencias contra Caro Quintero y se formalice la acusación.

Caro Quintero, criminal de alto riesgo, fue entregado por México a EU

Caro Quintero fue uno de los 29 narcos que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el pasado 27 de febrero. En su primera comparecencia, el 28 de febrero, el mexicano, de 72 años, se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

Por ser considerado criminal de alto riesgo, Caro Quintero fue detenido en condiciones de aislamiento en la prisión metropolitana de Brooklyn.

La fiscal Komatireddy presentó un escrito señalando la decisión de colocar a Caro Quintero bajo “medidas especiales administrativas", o SMA, que incluyen restricción de comunicaciones y contactos, incluyendo su abogado.

El sobrino de Caro Quintero, dentro del mismo caso

En la comparecencia de hoy, Caro Quintero, quien no evidenció ningún problema físico de salud y se mantuvo atento a cada detalle de la sesión, compartió sala con su sobrino Ismael Arellanes, alias "Mayel".

Éste era el encargado de brindar seguridad y protección a su tío, y fue capturado durante un operativo en Culiacán (Sinaloa) en 2020 y luego entregado a autoridades estadounidenses en 2023.

"Mayel", según detalló el juez Block, figura en el caso contra Caro Quintero enfrentando cargos muy similares a su tío.

Por su parte, la Fiscalía y la defensa de "Mayel" esgrimieron que "están en negociaciones" para colaborar con las autoridades.

"Estamos a la espera de pruebas importantes que deben llegarnos desde México pero se han retrasado", argumentó la defensa de "Mayel", quien también debe comparecer el próximo 25 de junio a su tío en esta corte.

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Rafael Caro Quintero, jefe de un cártel que pasó décadas en prisión en México por el asesinato de un agente antidroga estadounidense, se declaró el viernes no culpable ante un tribunal estadounidense de cargos de narcotráfico que podrían acarrear su ejecución.

Las autoridades mexicanas entregaron el jueves a Caro Quintero y a otros 28 miembros presuntos narcotraficantes a Estados Unidos como parte de la mayor colaboración en años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos a partir del 4 de marzo por lo que su administración considera avances insuficientes para frenar el tráfico de fentanilo y los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Caro Quintero, de 72 años, se declaró inocente de los cargos de dirigir una empresa criminal, de tráfico de drogas y de uso ilegal de armas de fuego en una audiencia ante el juez federal Robert Levy en Brooklyn.

El Cártel de Guadalajara de Caro Quintero fue en su día uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos de Latinoamérica y evolucionó hasta convertirse en el actual Cártel de Sinaloa.

Caro pasó 28 años en prisión en México por el asesinato en 1985 del exagente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, en el que negó estar implicado.

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Las autoridades mexicanas enviaron el jueves a Estados Unidos a un grupo de 29 presuntos criminales detenidos por sus vínculos con el narcotráfico, entre los que estaría el capo de las drogas Rafael Caro Quintero, condenado por asesinar a un agente antinarcóticos estadounidense en 1985.

El traslado de los supuestos delincuentes, confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), se produce en momentos en que el gobierno mexicano negocia con Estados Unidos mejoras en materia de seguridad para evitar la aplicación de aranceles del 25% a sus productos, medida que entraría en vigor el próximo martes.

El presidente Donald Trump lleva semanas amenazando con imponer esa medida si las autoridades mexicanas no hacen más para frenar el tráfico ilegal de drogas, sobre todo fentanilo, y los grandes flujos de migrantes irregulares que buscan ir a territorio estadounidense.

"Esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos", informó la FGR en un comunicado.

Según dijeron fuentes a Reuters, en el grupo estaría Caro Quintero, de 72 años y cofundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de América Latina durante la década de 1980.

Caro Quintero pasó 28 años en prisión por el brutal asesinato y tortura del exagente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) Enrique "Kiki" Camarena, uno de los asesinatos más notorios en las sangrientas guerras del narcotráfico en México.

Entre la treintena de trasladados también estarían Miguel Ángel Treviño Morales, alias el "Z-40", y Óscar Omar Treviño Morales, alias el "Z-42", hermanos y excabecillas del violento grupo los Zetas que fueron detenidos por las fuerzas armadas mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente.

Más temprano, la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, en el estado de Texas, informó que ambos habían sido "extraditados".

El departamento de Estado estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El envío de los 29 presos por narcotráfico "se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", dijo la FGR en el comunicado, donde nunca usa la palabra "extradición".

Al anunciar la "extradición" en un comunicado publicado en Facebook, la oficina del Sheriff de Webb instó a la población a "tener precaución al visitar Nuevo Laredo y otras partes de Tamaulipas", el estado del noreste de México del que eran originarios Los Zetas.

Al grupo criminal se le atribuyen varias masacres, algunas de ellas contra decenas de migrantes que buscaban llegar de forma irregular a Estados Unidos.

"Incidentes anteriores han demostrado que el cártel tiende a responder con extrema violencia contra las entidades gubernamentales mexicanas, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos de Nuevo Laredo", agregó en un comunicado en Facebook.

El abogado de los Treviño, Juan Manuel Delgado, dijo a Reuters que no se trataría de una "extradición" si no de un "destierro" o "expulsión" del país ya que los procesos de ambos para ser extraditados estaban en "fase de opinión judicial".

Delgado agregó que oficialmente él no ha sido notificado de este proceso.

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La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, El R, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, señalado como el presunto líder del cártel de Caborca.

La Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona lo requirió para juzgarlo por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México a los agentes estadunidenses designados para su traslado a ese país.

El 10 de julio de este año, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México rechazó tumbar el acuerdo que concedió su extradición

El sobrino del capo buscaba echar atrás la resolución dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien el 28 de junio de 2023 otorgó su extradición a los norteamericanos.

Uno de los argumentos de Páez Quintero fue que debió negarse la extradición, “porque es un hecho notorio las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufren los mexicanos que se encuentran sujetos a proceso penal o cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos”.

Señaló que lo anterior, contraviene el artículo 10 Bis de la Ley de Extradición Internacional que señala que queda prohibido extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a la tortura o desaparición forzada.

No obstante, el juez de primera instancia que conoció el amparo indicó que dicho alegato resultaba genérico, porque no explicó de manera concreta y fundada los motivos por lo que se puede inferir de manera razonable que su vida o integridad corren peligro.

“De ahí que en la forma en que lo plantea, el peligro al que alude resulta un acto futuro y realización incierta pues no existen elementos que den sustento a sus afirmaciones, por lo que constituyen apreciaciones subjetivas”, mencionó en su sentencia Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, resolución que la semana pasada fue ratificada por el Tribunal Colegiado.

El expediente judicial señala que la Fiscalía de Estados Unidos cuenta con diversas pruebas contra El R, entre ellas, testimonios de testigos cooperadores y de agentes de la DEA, además de comunicaciones legalmente intervenidas y grabadas y “pruebas físicas”.

Rodrigo Omar Páez mencionó que dichas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, además de que los estadunidenses no notificaron a México la pena de los delitos que se le atribuyen en el vecino país del norte.

Asimismo, alegó que la subsecretaria de Relaciones Exteriores que fungió como encargada de despacho y que suscribió el acuerdo de extradición internacional, carecía de personalidad, legitimidad y capacidad jurídica para avalar su entrega.

Sin embargo, todos los alegatos de El R fueron declarados infundados tanto por el juez de primera instancia y ahora por el Tribunal Colegiado.

De acuerdo con funcionarios federales, en México las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que Rodrigo Omar supuestamente fue el encargado de reconstruir el legado criminal de su tío, al frente del llamado cártel de Caborca con lo cual pretenderían retomar el control de las actividades delictivas en la localidad de El Zoquete, en Sonora.

Su principal bastión era el norte de Sonora, donde opera el cártel de Caborca, el grupo criminal que Caro Quintero fundó tras su salida de un penal de Jalisco en agosto de 2013.

Desde entonces, el control de esta agrupación señala la investigación de la FGR, quedó en manos de Rodrigo Páez Quintero y de su presunto jefe de sicarios, José Darío Murrieta Navarro, El Cara de Cochi, líder del grupo de gatilleros conocidos como La Barredora 24/7.

Otros parientes que presuntamente han ayudado en el reclamo por el territorio al norte de Sonora son Juan Pablo Quintero Martínez, El Pablito; José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino y Ramón Quintero Páez, El Tiko.

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