El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a casi una docena de personas de participar en un plan multimillonario para ayudar a cientos de ciudadanos chinos a obtener de manera fraudulenta tarjetas de residencia permanente, conocidas como "green cards", mediante matrimonios ficticios con ciudadanos estadounidenses, informaron autoridades.

Los ciudadanos estadounidenses recibían pagos de hasta 30 mil dólares para contraer matrimonios falsos con inmigrantes que buscaban el estatus de residente permanente legal, como parte del plan organizado desde Nueva York, según documentos judiciales.

Los acusados cobraban hasta 100 mil dólares por cada tarjeta de residencia permanente, lo que generó decenas de millones de dólares a lo largo del plan, que se extendió durante una década, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades creen que el grupo organizó más de mil bodas ficticias, y lo describen como uno de los mayores procesos por fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos.

“Este plan no fue una operación rápida y pasajera, sino una industria clandestina de años, de miles de millones de dólares, para ayudar de forma delictiva a personas que, de otro modo, no se convertirían, o legalmente no podrían convertirse, en ciudadanos de Estados Unidos”, declaró el secretario de Justicia Todd Blanche a los periodistas.

Trump contra la migración

Los cargos se presentan en el contexto de las restricciones del gobierno del presidente Donald Trump tanto a la inmigración legal como a la no autorizada, con las que se ha buscado endurecer el control sobre quién puede ingresar al país o convertirse en ciudadano.

Tras reclutar a ciudadanos de Estados Unidos, los acusados organizaban bodas falsas y, en algunos casos, montaban fotos de familias en lugares como restaurantes después, para que parecieran legítimas, según las autoridades. Luego, los acusados ayudaban a los inmigrantes a atravesar el proceso de solicitud del estatus de residente permanente legal.

“Estos planes tienen un costo real. Le arrebatan a nuestro país la capacidad de saber quién debe y quién no debe ser admitido en Estados Unidos”, sostuvo Blanche.

Los 11 acusados, entre ellos personas señaladas de oficiar las bodas ficticias, enfrentan cargos en una acusación formal presentada en Nueva York. De momento se desconoce si contaban con abogados que hablaran en su nombre.

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Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas capital, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan son las ocho ciudades más violentas del mundo, según el Ranking 2021 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo elaborado anualmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Seis de las ocho localidades: Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan son gobernadas por alcaldes emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, Zamora y Celaya son administradas por el Partido Acción Nacional (PAN). Este es el resultado de la política de “Abrazos, no Balazos”, aseguró el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.

De las 50 ciudades más violentas del mundo, evaluadas a partir de su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 18 son mexicanas, con lo que México se convirtió en el país con el mayor número de ciudades violentas.

De acuerdo con el estudio, la tasa de 196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes de Zamora, Michoacán, es la segunda más alta registrada desde que se realiza el Ranking, sólo superada por la tasa de Ciudad Juárez de 229.06 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010.

Es el quinto año consecutivo que una ciudad mexicana es la más violenta del mundo, destacó la asociación civil.

Resaltó que de las 14 ediciones anuales del Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo, en 8 la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021).

Aseguró que México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana, lo que “no es una casualidad, sino el resultado de la política de Abrazos, no Balazos”, practicada en lo que va del gobierno de López Obrador.

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Una mujer originaria de San José, California, fue arrestada bajo sospecha de fraude migratorio en Estados Unidos. La mujer vendía sus servicios como asesora de inmigración y bajo ese título habría cobrado 5 mil dólares a cambio de tramitar visas y ciudadanía, pero nunca envió las solicitudes a los servicios de inmigración. 

Según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Clara, la mujer de 36 años identificada como Jasmine E. Sánchez podría enfrentar cargos por hurto mayor, robo con pretextos falsos y violaciones a la Ley de Asesores de Inmigración. 

Sánchez operaba desde una oficina en el centro comercial La Tropicana, en San José. 

Una investigación concluyó que una pareja, clientes de Sánchez, le había pagado aproximadamente 5 mil dólares para trámites migratorios, pero en el transcurso de cuatro años, Sánchez no realizó los servicios correspondientes. 

Los detectives confirmaron en su investigación que Sánchez se había quedado con el dinero y no les brindó un reembolso. La mujer se entregó el sábado 13 de noviembre y está a la espera de una futura audiencia en la corte. 

La pareja dijo a los detectives que debido a que sus documentos no fueron presentados, no pudieron salir del país para visitar a familiares a punto de morir. 

Otro cliente de Sánchez afirmó que la mujer lo estafó con mil dólares a cambio de tramitar un amparo bajo el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, conocido como 'DACA'. La víctima perdió una beca y la oportunidad de continuar sus estudios en Estados Unidos.

Fraudes de inmigración en EU 

Sánchez le decía a sus víctimas que era consultora en inmigración vinculada al Departamento de Estado de California. Sin embargo, registros estatales demuestran que no estaba autorizada para prestar estos servicios. 

La Unidad de Fraudes de Notarios pide que cualquier persona que haya sido víctima de fraude de un proveedor de servicios de inmigración o que haya sido víctima de Sánchez se comunique al (408) 808-4599.

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