El gobierno federal, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a "Ley del Agua" aprobada en julio por la XXIII Legislatura de Baja California.
Esta se suma a las tres controversias constitucionales promovidas por los síndicos de Tecate, Playas de Rosarito y Tecate, así como a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por integrantes de XXIII Legislatura.
En sus transmisiones matutinas, el gobernador Jaime Bonilla, ha declarado que son intereses mezquinos los que están detrás de estas acciones legales.
Antes de dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Julio Sherer, quien promovió esa acción de inconstitucionalidad a la “ley del agua” de Bonilla.
Julio Sherer y Jaime Bonilla mantienen un enfrentamiento político desde hace casi dos años.
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Por contravenir “principios bíblicos”, el grupo legislativo Visión con Valores presentó ante el Congreso de Guatemala una iniciativa para imposibilitar el matrimonio igualitario, eliminar la promoción de programas sobre la diversidad sexual y evitar que personas homofóbicas sean perseguidas.
La propuesta prohíbe expresamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y restringe la posibilidad de que las entidades educativas públicas o privadas promuevan la diversidad sexual.
"Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad", apunta.
Además, contempla proteger a homofóbicos al señalar que nadie podrá ser “perseguido penalmente” por no aceptar “como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.
El legislador Aníbal Rojas señaló que la propuesta presentada está avalada por la comunidad evangélica y respaldada con 30 mil firmas.
Propuesta: “se prohíbe programas de diversidad sexualidad, o enseñar cómo normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad“. La propuesta de ley contra el aborto y el matrimonio gay es denominada “ley para la protección de la vida y la familia”.