Convencidos de la ilegalidad del proyecto, abogados locales anunciaron que en las próximas horas pondrán a disposición de los bajacalifornianos, formatos para promover un amparo contra la Ley estatal del Agua, a fin de revertir su aplicación y de ser posible, que los ayuntamientos asuman de una vez por todas la responsabilidad constitucional que tienen de garantizar dicho servicio. Así lo anunciaron en las afueras del edificio de juzgados civiles estatales en esta ciudad, cerca de una veintena de abogados integrantes de diversos colegios, que decidieron trabajar conjuntamente en el análisis de la ley aprobada recientemente por los diputados locales, mayoritariamente panistas, y que, afirmaron, dejará en estado de indefensión a los consumidores de agua. Al hablar a nombre de los abogados, Sergio Alberto Carvajal Franchini hizo notar que el juicio de amparo que se pretende impulsar, ataca puntos muy específicos de la ley, como la disposición que otorga a las empresas, el poder de reducir o restringir el suministro de agua. En estos casos el amparo solo funcionará ante hechos consumados para favorecer a personas a quienes se les apliquen dichas medidas. El amparo pretende obligar al gobierno estatal a garantizar el agua potable para un sector de la población, el indigente, mediante la instalación de sitios públicos por ciudad, para que puedan tener acceso a un sitio donde bañarse por lo menos. Del mismo modo, garantizar un nivel de potabilización del agua, que permita a los ciudadanos usarla para consumo humano como ocurre en otros sitios como Estados Unidos, donde la población bebe el agua de llave y es sanitariamente segura, de tal suerte que comprar agua embotellada sea simplemente una opción para quien pueda pagarla. La acción de los abogados tiene adicionalmente el propósito de exigir transparencia de los convenios que hayan celebrado los municipios con el estado para que sea este el que preste los servicios de abasto como actualmente ocurre, y el amparo es contra la omisión del Gobernador del Estado y el Congreso para el traslado de los activos y pasivos de las comisiones del agua a los ayuntamientos. “Si el estado está transfiriendo todo a organismos metropolitanos lo puede hacer igual para el ayuntamiento”, señaló Carvajal, antes de precisar que los abogados pondrán a disposición de los gobiernos locales que así lo deseen, la información jurídica que puede resultarles útil en la promoción de recursos legales para evitar lo que en su opinión es una invasión de la esfera municipal. El formato de amparo estará disponible para la población a más tardar este miércoles, y el archivo se podrá bajar desde las redes sociales.

Abogados de Tijuana continúan con la problemática de inseguridad en los juzgados en la región y temen que por falta de atención de las autoridades de gobierno después tengan que lamentar un hecho doloso. 

El Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Hassan Franco Ruíz, dijo que sostuvo una reunión con el Presidente del Tribunal, quien indicó que por falta de recursos no pueden contratar guardias de seguridad, sin embargo se hizo petición a la Alcaldesa municipal, Montserrat Caballero Ramírez.

"Se lo comenté a la Alcaldesa me dijo que lo iba a ver es imperativo en los juzgados civiles y familiares se desahogan cuestiones de mucha cuantía muchos intereses entonces se pelean tierras muy grandes entonces debemos evitar lo que pasó en Sonora", manifestó Franco.

Cabe recordar que el más reciente incidente ocurrió el pasado 3 de noviembre cuando una abogada fue privada de la libertad en los juzgados ubicados en la vía rápida poniente y que afortunadamente quedó en libertad.

Este sábado se realizó la ceremonia para conmemorar el 47 Aniversario de La Barra de Abogadas, "María Sandoval de Zarco" en la Universidad Humanitas en la ciudad de Tijuana. 

"Representa un gran reto pero también es continuar un ciclo en el que muchas abogadas en la edad de esta mesa directiva empezaron cuando conformaron la barra de abogadas en el 74 y es seguir viendo de la experiencia pero también del presente, ver hacia el futuro de ver cómo podemos ir creciendo y progresando al uso de nuevas tecnologías", expresó la Presidenta de la barra, Harlene Arriaga Nava. 

Durante la ceremonia, la abogada Marina del Pilar Olmeda, impartió una conferencia en la que asistieron profesionistas de derecho así como el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González.

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A través de una convocatoria abierta, en la que puedan participar los abogados que así lo deseen y cumplan con todos los requisitos para cargos de jueces municipales, fue solicitado al Ayuntamiento de Tijuana la Presidenta y ex Presidentes de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO).

Al respecto, Catalina Salas Bravo, indicó que tras varias reuniones con ex presidentes de este organismo, Carlos Atilano Peña, Enrique Gómez Llanos, Carlos Mejía, Armando Atilano y Gerardo Salcedo, coincidieron en unificar acciones para solicitar que tanto en el Ayuntamiento de Tijuana como el resto de las entidades municipales, implementen una convocatoria abierta para la designación de sus jueces municipales.

Indicó que han coincidido en impulsar acciones a favor de la impartición de justicia, como el solicitar de manera contundente, que se destine un presupuesto que cumpla con las necesidades del Poder Judicial que viene arrastrando de años, y que se agudizaron durante la pandemia, perjudicando no solo la labor de los litigantes, sino también de los ciudadanos.

‘’El gremio litigante, hoy más que nunca, requiere ser escuchado, pues fuimos de los más lastimados por la pandemia, pues si no había juzgados abiertos o las citas eran muy distantes, los justiciables mejor evitaban contratar nuestros servicios’’, lamentó.

Es por ello que a través de la FEDABO, dijo, han gestionado encuentros con el Poder Legislativo para que escuche las peticiones de todos los colegios de abogados que integran este organismo, para trabajar de manera conjunta para solventar la severa crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, concluyó.

Abogados y personalidades de Tijuana, como integrante del Centro Mutualista Zaragoza y un consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que integran al Foro Cívico Tijuanense, se quedaron esperando la mañana de este miércoles al fiscal general del estado, Guillermo Ruíz Hernández.

La cita fue en un restaurante del bulevard Salinas, sin embargo, el máximo procurador de justicia del estado no llegó a la cita, al parecer, por nuevos compromisos que no pude eludir.

“Queremos que nos informe lo que está sucediendo. Es importante que nos diga a los ciudadanos la labor que ha hecho la procuraduría en estos asuntos. Las autoridades han hecho lo posible por resguardar a todos los ciudadanos, pero no pueden hacerlo solos, necesitan a toda la ciudadanía”.

Guillermo Sánchez Ríos, coordinador del Foro Cívico Tijuanense explicó que es muy importante darle seguimiento al tema de la inseguridad y lanzó un llamado a permanecer unidos.

El foro tiene 50 años de existencia y queda guardado para mejor ocasión el reconocimiento que mandaron a imprimir a nombre del fiscal general Guillermo Ruíz, por lo que sería su participación ente el grupo.

La autonomía del Poder Judicial se lograría con la asignación de mayores recursos y que estos sean garantizados en el Presupuesto de Egresos, señaló José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California.

Indicó que al garantizar un tres o cinco por ciento del total del presupuesto del Poder Ejecutivo, sería suficiente para tener un Poder Judicial autónomo y con posibilidades de mayor crecimiento.

Señaló que uno de los principales problemas del Poder Judicial en el estado, es la falta de recursos para poder ampliar su capacidad operativa, pues hay un déficit de instalaciones y personal.

Criticó que el Poder Ejecutivo, proponga la desaparición del Consejo de la Judicatura, como parte de una reforma del Poder Judicial en el estado, pues está proponiendo, facultar al ejecutivo estatal, enviar ternas al Congreso para seleccionar a magistrados.

Comentó que se debe evitar que se politicen los nombramientos de los Magistrados del Poder Judicial en la entidad, lo ideal es que fueran nombrados por un comité de expertos, académicos, entre otros, para garantizar que se nombre a los mejores.

Refirió que la propuesto hecha por el Ejecutivo, es un atentado en contra de la autonomía del Poder Judicial, de ahí que reiteró su rechazo a la propuesta que actualmente está en el Poder Legislativo de Baja California para análisis y discusión.