La abogada Dalia Ramírez, asesora jurídica de las menores en el proceso penal que se sigue en contra del sacerdote Jorge Raúl Villegas por los delitos de violación y abuso sexual, denunció que fue amenazada de muerte por un sujeto.

Norma Nolasco, representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato, compartió un video en el que la litigante señala que previo a la audiencia de juicio oral del sacerdote aumentó la presión en su contra. "Estoy siendo con intensidad más hostigada y más amenazada al grado de que han querido privarme de la vida", dice.

Nolasco informó que acudió con la abogada al Juzgado Noveno del Poder Judicial de la Federación en calidad de testigo por los actos cometidos en contra de la licenciada Dalia Ramírez.

"Ambas estamos sufriendo persecución por ser las defensoras de las menores víctimas de violación, corrupción y abusos sexuales. Seguimos con nuestra lucha".

En febrero pasado la activista y la litigante asumieron la representación legal de cinco alumnas y alumnos del Colegio de religiosas Atenas de Irapuato y denunciaron al sacerdote ante el Ministerio Público. Lo acusaron de violación y abuso sexual en agravio de menores de los que era su confesor y guía espiritual. Desde el 17 de febrero el religioso se encuentra preso en el Cereso de Irapuato.

En la grabación la abogada menciona que el lunes pasado fue hostigada y perseguida por un particular "al grado que me amenazó que me iba a matar".

Dijo que ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público. "Quiero hacer referencia que temo por mi vida, toda vez que defiendo unas menores víctimas de violación en relación a un padre que es inculpado en este asunto". "Quiero manifestarle a los medios que temo por mi vida".

Dijo que la denuncia está documentada y está siendo investigada, por lo que exigió ante las autoridades que se dé seguimiento para que puedan dar con la persona que la amenazó, ya que en las vialidades quedaron registrados estos hechos que denunció.

Comenta que comparte la situación que enfrenta porque es insostenible que su seguridad personal y su vida está siendo trastocada.

La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación con Detenidos Oriente, obtuvo la vinculación a proceso de un sujeto por los delitos de amenazas y portación de arma prohibida.

Con base en los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control otorgó como medida cautelar prisión preventiva justificada y concedió un mes de plazo para fortalecer las indagaciones en contra de Fernando “N”, alias “El Puñe”.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el 13 de agosto del presente año, el imputado llegó a la farmacia ubicada en la avenida 5 de Mayo del fraccionamiento Ángeles de Puebla, donde se encontraba laborando la víctima, a quien intimidó mientras sostenía un cuchillo.

La víctima, por temor a sufrir algún daño, marcó al número de emergencias 9-1-1, el imputado Fernando “N” al darse cuenta que había solicitado ayuda, se retiró del lugar, siendo detenido por agentes municipales cuadras más adelante.

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 La subdirectora de Alcoholes en el municipio de Guaymas, Paola Marcela Leyva Chávez, denunció temer por su vida luego de ser amenazada por clausurar el bar Maukaa de San Carlos, Guaymas; ello, debido a que el establecimiento excedió el horario establecido y permitió el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

A través de una carta dirigida al gobernador Alfonso Durazo, al fiscal de Sonora, Rómulo Salas, al secretario de Seguridad, Víctor Hugo Enríquez García y a la directora Christina Caballero de la Rosa, la funcionaria expresó su temor y pidió que preserven su vida y la de su hijo.

Hasta ayer, sin precisar fuente oficial, se sabía que tanto la subdirectora como la directora ya no se encontraban en el puesto.

La causa

El pasado 30 de marzo, el intérprete de corridos tumbados Natanael Cano celebraba su cumpleaños en dicho bar; en este contexto, el establecimiento excedió el horario permitido para tener actividades, el cual es hasta las 3:00 horas en zona turística; además, se detectó que tres menores de edad se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar, por lo que el gobierno de Sonora, a través de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del estado realizó la clausura.

Para el 8 de abril, se dio a conocer una carta en la que la funcionaria relató lo que había sucedido desde la clausura del bar.

“Escribo esta carta porque tengo miedo... Mi vida y la de mi hijo están en peligro, no sé qué hacer. Sólo quiero hacer mi trabajo y estar con mi hijo. No quiero ser víctima de feminicidio”, expuso.

“Los últimos días he recibido amenazas y persecuciones por parte de los dueños del antro Maukaa en San Carlos, llegando a situaciones que sobrepasan el límite”, expresó Leyva Chávez.

“Estos sujetos, empezando por uno de los socios llamado Juan, reiteradamente me acosan con llamadas telefónicas. Entiendo que por trabajar en alcoholes es a veces tratar con personas conflictivas como ellos, es parte del trabajo y debo hacerlo de forma profesional. Sin embargo, este fin de semana la situación cruzó límites no pensados”, denunció la funcionaria.

Al realizar la multa, Leyva Chávez explicó que le ofrecieron dinero a cambio de modificar los motivos de dicha sanción, a lo que no accedió y después “la situación fue subiendo poco a poco de tono”.

“Por circunstancias de mi trabajo lo encontré en otro lugar, por lo que me jaló dejándome heridas en el brazo. Se puso violento, mencionando que una persona de nombre Tadeo Liogon o Tadeo León es su socio. Me amenazó diciéndome ‘güera, o aceptas el dinero o Tadeo moverá sus influencias con las autoridades y te llevará la v... a ti, a tu jefa y a todos los que estén en medio’. Amenazó con fabricarme delitos argumentando que es amigo de personal que trabaja en áreas legales de gobierno”.

Paola Marcela Leyva Chávez explicó que nunca pensó que la amenaza pudiera cumplirse, hasta que comenzaron a seguirla y también a su hijo. “Saqué a mi hijo de la ciudad y salí a poner la denuncia con temor a que los dueños del antro Maukaa cumplan sus amenazas”, expresó.

Sobre el caso, el fiscal Rómulo Salas ya tenía conocimiento. “Es una investigación en curso, la estamos revisando, yo me reservaría en este momento cualquier información”, mencionó a periodistas.

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Luego de las detonaciones de arma de fuego que se registraron en Plaza 2000 mientras el grupo de música norteña “Grupo Arriesgado” convivía con fans, durante la madrugada fueron localizadas varias lonas con amenazas hacía Arturo González, vocalista de la agrupación sinaloense. 

El sábado 11 de febrero está programado un concierto en el estadio Chevron ubicado en la demarcación Cerro Colorado de Tijuana, en el cartel se espera también la participación de otros exponentes de los populares y llamados “corridos bélicos o belicones”.

Transeúntes y automovilistas captaron las lonas impresas que fueron dejadas en varios puntos de la ciudad, antes de que fueran retiradas por la autoridad y donde un grupo delictivo advierte al cantante no presentarse, además se adjudican los disparos realizados en la plaza comercial de la Zona Este de Tijuana la tarde del 10 de febrero. 

La misma noche del viernes el cantante Arturo González, también conocido como “El Panther Bélico”, a través de sus redes sociales dijo a sus fans que los planes de su presentación musical continuaban con total normalidad.

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Este jueves la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda firmo un convenio con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

"Siempre tener la capacidad de crear las condiciones necesarias para prevenir la repetición de este tipo de ataques contra personas que perdieron su vida en defensa de la sociedad, de la verdad", expresó Ávila Olmeda. 

El Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la SEGOB, Alejandro Encinas, dijo que es importante enfrentar las amenazas y agresiones en contra del gremio periodístico y que no exista la impunidad. 

"Tenemos que buscar la acción conjunta con las fiscalías de los estados, con el poder judicial de los estados porque no basta que estemos fortaleciendo los mecanismos de protección sin enfrentar la medida de prevención de este tipo de delitos que prevalece", manifestó Encinas.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, indicó que se realizaron mesas de trabajo con el gremio periodístico para fortalecer el mecanismo. 

En el lugar también estuvieron presentes la Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez y la Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown.

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