En los últimos nueve años se han registrado casi el mismo número de homicidios de mujeres que en los 16 años anteriores a ese periodo. Es decir, que de 2007 a 2016 se cometieron un total de 22 mil 560, mientras que de 1990 a 2006 fueron 23 mil 965.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este sábado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) recordó que Colima, Guerrero, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Tabasco y Ciudad de México registran la tasa más alta de asesinatos de integrantes de ese género por cada 100 mil habitantes en el periodo 1990-2016.

Cinco de esos estados: Colima, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Michoacán se ubican con los niveles más altos del país.

Información del Instituto precisa que dos mil 813 mujeres fueron asesinadas en 2016, la cifra más alta en los últimos 27 años (1990-2016). Supera las 2 mil 383 muertes registradas en 2015, lo que representa un incremento bruto de 18.4%.

Por estado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística ubicó a Colima con más asesinatos contra las mujeres al registrar el año pasado una tasa de 6.9 por cada 100 mil habitantes.

En segundo lugar está Guerrero al pasar de una tasa de 12.0 en 2015 a 13.4 en 2016; Zacatecas creció de 3.0 en 2015 a 9.8 defunciones de mujeres por homicidio por cada 100 mil en 2016; es decir, más del triple.

De acuerdo con los datos, Michoacán había presentado tasas por debajo de 5.0 y sólo en 1996 registró una tasa de 5.5 defunciones de mujeres por homicidio por cada 100 mil, pero en 2016 alcanzó las 5.6, que representa la tasa más alta en su historia reciente.

Morelos tenía en 2015 una tasa de 4.9 y el año pasado se ubicó en 8.6; Oaxaca tuvo su nivel más alto al llegar a 6.5 defunciones de mujeres por cada 100 mil habitantes. Si bien en 2015 presentó una disminución, en 2016 se observa un aumento que la coloca en 5.1 por cada 100 mil.

En 2016, fallecieron 685 mil 763 personas; 44.3% de ellas eran mujeres. Los fallecimientos por causas accidentales y violentas ascendieron a 68 mil 360; uno de cada 10 decesos ocurrió por estos motivos.

De los 2 mil 813 homicidios contra mujeres en 2016, el 42.4% de ellos se cometieron contra menores de 30 años, mientras que entre los hombres es de 37.2% de la misma edad.

Lo anterior significa que las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema, incluso más que entre los hombres de esas edades, se destaca.

Homicidios con mayor violencia. "Los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña, utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir y sobre todo, conlleva la aplicación de la fuerza corporal para someterlas", indicó.

El número de las que murieron por agresiones intencionales en los periodos 1990-1994, 1995-2000 y 2001-2006 se ubicaron en el orden de 7 mil 600 a 8 mil 500, en tanto que durante los siguientes seis años, de 2007 a 2012 fueron asesinadas más de 12 mil mujeres, lo que representa un incremento de 60.3% durante el periodo 2007-2012, con respecto al inmediato anterior.

Al respecto, la dependencia expuso que mientras los homicidios contra los hombres han sido perpetrados en su mayoría con arma de fuego, en el orden de 67 de cada 100 de ellos en 2016; entre las mujeres fue menor al 50%.

"En cambio, 36 de cada 100 mujeres fue estrangulada, ahorcada o sofocada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o herida con un arma punzocortante; tres veces mayor que entre los hombres. Hay una mayor proporción de ellas que fue ultimada con objetos punzocortantes. En los hombres estas agresiones se presentaron en el 21.8% de los casos", refirió.

De acuerdo a las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Baja California, el Gobierno intervino en más de 400 casos de víctimas de violencia por razón de género a través del programa Unidades de Atención que arrancó el pasado mes de agosto.  

Rebecca Vega Arriola, subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social informó que las Unidades operan en todos los municipios de Baja California, mediante la Secretaría General de Gobierno.  

Durante dos meses, las Unidades de Atención, subsidiadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), han aperturado 443 expedientes de mujeres que requieren asistencia social, apoyo psicológico y/o jurídico, explicó Vega Arriola.   

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), destinó 6 millones 833 mil 188 pesos, y el Gobierno del Estado el 10%, para lograr la operatividad de las Unidades, a través de la contratación de 29 expertos, explicó Vega Arriola.  

Las mujeres que han recibido los servicios de las Unidades son desde la infancia, adultez, hasta de la tercera edad, el delito más reiterado en los expedientes abiertos es la violencia familiar, precisó la subsecretaria.  

La funcionaria explicó que el objetivo de las Unidades, es apoyar a la víctima de manera integral, revisando las carpetas de investigación relacionadas a la violencia de género, acompañamiento para interponer o dar seguimiento a una denuncia para lograr su judicialización, y ofrecer ayuda social, psicológica y jurídica. 

Puntualizó que las Unidades de Atención están ubicadas en las diferentes instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV), a las que puede contactarse a través del número 686-8373935 o 664-1042800 ext.2961. 

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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que la alerta de género que promovió para la entidad quizá solo sea emitida para Tijuana y Mexicali.

Mora Marrufo indicó que el Consejo Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) es el organismo que determina la viabilidad y en este caso ya fue aprobada.

Incluso el CONAVIM ya publicó la convocatoria para integrar un grupo de trabajo y analizar la situación de violencia de género en la entidad, añadió.

El grupo de análisis estaría conformado por académicos, sociedad civil y especialistas en la materia, quienes harán sus observaciones para luego entregar los resultados a la Secretaría de Gobernación, subrayó.

Si bien no hay una fecha establecida para concluir con este proceso, tenemos confianza en que sea pronto cuando se haga el pronunciamiento oficial.

La solicitud de alerta de género es para Baja California, sin embargo, hay posibilidad que ésta se decretada solo para Tijuana y Mexicali, refirió.

Lo importante es que se haga el trabajo necesario para erradicar la violencia de género en todos los municipios de la entidad, enfatizó.

Cabe mencionar que en Baja California en los primeros cinco meses del 2020 se registraron 13 feminicidios, de los cuales, el 60 % se cometieron en Tijuana.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tijuana es la ciudad donde más feminicidios se cometieron entre enero y mayo del 2020.

 La Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres por Razón de Género, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales informa de la vinculación a proceso de un hombre por los delitos de violación, violación impropia y robo con violencia, y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva. 

El imputado responde al nombre de Jonathan N. de 18 años de edad.   

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el pasado 26 de enero de 2020 oficiales de la Policía Municipal al ir circulando sobre la calle Garibaldi y Berriozalt de la colonia Juárez, se percataron de que un vehículo llamaba su atención accionado el claxon repetidamente, y al acercarse notaron que dos personas, una del sexo femeninoy otra del sexo masculino, forcejaban en el exterior de un vehículo Nissan Versa, color gris, y el masculino al percatarse de la llegada de la patrulla avienta a la mujer y apela a la fuga, en tanto que la víctima pide ayuda a la policía, señalando al sujeto como el mismo que la agredió sexualmente, además de que le robo con violencia un teléfono celular y la cantidad de 520 pesos en efectivo, luego de que lo trasladaba como cliente en un servicio de la compañía Didi, de la que es conductora.

Los agentes policiacos le dan alcance al sujeto y le encontraron en su poder el teléfono de la víctima, el dinero y un arma de utilería.

Por este motivo Jonathan N fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien, tras diligencias, actos de investigación y la declaración de la víctima presentó a este sujeto ante el Juez de Control.

El pasado 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la cual el Juez determinó dejarlo en prisión preventiva como medida cautelar, por los delitos de violación, violación impropia y robo con violencia, y se fijó un plazo de investigación complementaria de tres meses.

El viernes pasado, colectivos feministas convocaron a una marcha en la glorieta de los Insurgentes tras la denuncia de una menor de 17 años, quien asegura que cuatro policías la violaron en Azcapotzalco.

Durante la protesta, las manifestantes rompieron vidrios y quemaron la estación del Metrobús Insurgentes. Además, pintaron con pintura morada la columna del Ángel de la Independencia.

Algunos datos para contextualizar esta manifestación son:

* En 2018, de acuerdo con datos del Inegi, fueron asesinadas 3,663 mujeres.

* 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.

* Cuatro de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido, en el transcurso de su vida, al menos un incidente de violencia sexual

*Y la tercera parte de las mujeres ha enfrentado algún tipo de agresión física

* En 2018, 200 mil mujeres enfrentaron al menos un intento de violación

* 71 mil fueron obligadas a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento

* 670 mil mujeres sufrieron algún acto de violencia por parte de un policía, militar o marino

* 1.3 millones sufrieron una agresión física en su hogar

* 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron abuso sexual en la infancia

* Más de un millón de mujeres fue violada en su etapa infantil

* En el primer semestre de 2019 se han abierto 25 mil 277 carpetas de investigación por delitos sexuales

Fuente: Inegi, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) y Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

Las agresiones que reciben por parte de sus parejas obliga a miles de mujeres a abandonar sus lugares de origen, buscar un refugio en otra zona y empezar su vida desde cero.

El desplazamiento forzado provocado por la violencia intrafamiliar ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo, coincidieron expertas en temas de género.

La Red Nacional de Refugios (RNR) lanzó la campaña Silencios que cantan, almas que pintan, voces que resignifican para hacer un recorrido en varios estados del país y visibilizar esta situación. Aunque no hay cifras oficiales, la RNR asegura que 45% de las 25 mil mujeres que atiende, junto con sus hijos e hijas, se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de sus agresores.

Para ellas el precio de mantenerse con vida es alto: no regresan a su casa por temor a quien las golpeó, pierden contacto con su familia, deben trabajar desde jóvenes, abandonan la escuela, no hay un programa gubernamental que las apoye, se quedan sin identificaciones oficiales, no hay nadie que les ayude a cuidar a sus hijos y no pueden estar en paz por el temor a ser encontradas.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, administrados por organizaciones de la sociedad civil, se han convertido en los únicos espacios que atienden a este sector de la población. Alrededor de 70 establecimientos se coordinan para ofrecer atención médica, sicológica y jurídica a todas las desplazadas, además de ayudarles a crear un proyecto de vida lejos de su agresor. 

Cuando una víctima llega a un refugio tiene la posibilidad de optar por permanecer en la misma entidad o irse a otra, decisión en la que son asesoradas por personal especializado de los albergues, el cual realiza un diagnóstico para medir el riesgo que corre cada mujer si no se aleja de la zona.

"Ellas deben despojarse de todo para salvar sus vidas. En muchos países no se reconoce la migración interna porque sería igual a admitir la impunidad y el poco acceso a la justicia, eso debe cambiar para que las mujeres desplazadas tengan un espacio digno donde vivir y reciban la atención necesaria", indicó Wendy Figueroa, directora de la RNR.

Según los datos de esa organización, al menos 11 mil 250 mujeres en el país han sido desplazadas junto con sus hijos por sufrir violencia.

"Cuando dejan el refugio, únicamente 5% regresa al lugar del que escapó, normalmente no lo hacen porque las fiscalías no ofrecen medidas de protección y los agresores siguen libres. Lamentablemente ha habido casos en los que la mujer regresa a su hogar y vuelve a ser maltratada o incluso asesinada", comentó Figueroa. 

Añadió que las víctimas de violencia intrafamiliar tampoco pueden irse a vivir a casas de sus familiares porque el agresor tiene identificada a toda su red de apoyo y también ejerce violencia sobre ésta. 

La directora de la RNR reclamó que el desplazamiento forzado sólo es reconocido cuando es generado por el crimen organizado, los desastres naturales o los conflictos sociales y políticos. 

Crimen organizado agrava el problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 43% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo o novio, es decir, 19 millones de personas de esa población han sido agredidas en algún momento de su relación. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del Inegi revela que el Estado de México, la Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Michoacán son las entidades con más violencia intrafamiliar.

A pesar de estas cifras, responsables de diversos refugios aseguraron a EL UNIVERSAL que el problema es mayor cuando el agresor pertenece a grupos criminales.

Mayela Chávez, directora de un centro de apoyo en Coahuila, expresó que en su albergue 62% de las beneficiarias son de otros estados. "Las mujeres que atendemos fueron víctimas de violencia intrafamiliar, el riesgo aumenta porque sus parejas pertenecían al crimen. Ellas ya recibieron amenazas de que las iban a hacer 'pedacitos'". 

Informó que Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua son las entidades de donde proviene la mayor parte de las mujeres que cuida. El gobierno, dijo, debe crear una política para cuidar a las desplazadas.

Comunicación familiar, la clave. Cuando una mujer es violentada y huye de su hogar, en muchos casos no puede llevarse ni siquiera una muda de ropa.

"Cuando vi que mi vida peligraba, salí de mi casa, pero estoy segura de que mi esposo me busca con una pistola para matarme", relató Érika, quien pidió omitir su verdadero nombre por seguridad.

La mujer dejó a sus hijos, a su mamá y a sus hermanos y considera que será difícil volver a su casa, pues su pareja la asesinaría.

Ana María Gutiérrez, responsable de un albergue en Morelos, detalló que para una víctima de desplazamiento es fundamental mantener contacto con su familia: "Debemos inventar estrategias para que puedan hablar con sus papás y que no las localicen". Añadió que en los refugios hacen lo imposible para que las víctimas sanen: "Lo más importante es que recuperen su salud mental y emocional, si tienen eso podrán iniciar una nueva vida".