En febrero de 2015, Tania Puente, entonces empleada del Museo de Arte Moderno, informó a su jefa, María del Carmen Canales, y a la directora del recinto, Sylvia Navarrete, que había sido agredida sexualmente en las instalaciones por un empleado, Blas Contreras.

En una bodega de pintura, el hombre la jaló, la abrazó y le tocó un seno derecho. Días después, a la joven se le notificó que por "cuestiones presupuestales" no se le renovaría su contrato por un año más.

A casi tres años de lo ocurrido, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de su oficina de Comunicación Social, informó a este diario que el caso está cerrado porque la joven hizo la ratificación de lo sucedido. Además, de acuerdo con la institución, el empleado ya no labora más en el museo, por jubilación.

Este caso lo dio a conocer la misma Tania Puente en julio de 2015, a través de una carta dirigida a la artista Lorena Wolffer, publicada en la revista digital Trama. En la misiva, Puente describió lo sucedido en el museo en el que se presentaba la muestra "Lorena Wolffer/Expuestas: registros públicos", una serie de intervenciones en las que el arte se combina con activismo para dar visibilidad a la violencia contra las mujeres.

Puente cuestionó que se presentara esa muestra porque daba la imagen de que al museo le importaba el tema, cuando en su caso hubo negligencia y poca sensibilidad. Además, increpó a la artista: "Ya que con esta exposición nos invitas a no quedarnos calladas, yo te quiero contar mi historia, Lorena, esa que preferiste escuchar en voz de otros a pesar de que yo te llamé directamente para poder platicar y pedir consejo y asesoría".

El caso provocó una gran polémica en las redes sociales, así como en diversas publicaciones y en el circuito del arte. Se criticaba y se cuestionaba a todas las partes involucradas, incluida a Tania Puente. Aunque también hubo voces de apoyo.

En medio de la polémica, el INBA envió un comunicado para asegurar que la subdirección administrativa del museo levantó un acta de hechos y reportó el caso para atención del Comité en Contra de la Violencia de Género y Hostigamiento Laboral del instituto. Además, aseguró que el acta fue referida a la Dirección Jurídica del INBA para su tratamiento, área que solicitó ampliación de la información de los involucrados e iniciar el procedimiento de acuerdo con la normatividad institucional.

Hasta la noche de este lunes no fue posible localizar a Puente; la revista Trama, de la que era editora, desapareció. El INBA aseguró que se encontraban "impedidos para actuar" y no ofreció detalles sobre el reporte.

Elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron al sujeto que ejerció violencia digital en agravio de Scarlett Camberos y otras dos jugadoras del equipo del Club América femenil.

José Andrés "N" fue arrestado por agentes del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por la mañana, la Fiscalía capitalina informó que llevaba a cabo las acciones necesarias para otorgar a las víctimas las medidas de protección que se requieran, así como dar celeridad a la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Para ello, y de la mano de la exigencia legítima del Club América, esta Fiscalía invita a las agraviadas para que ratifiquen su denuncia, a efecto de continuar la integración de las indagatorias e incluir todos los datos de prueba con que se cuente, con la finalidad de presentar las carpetas de investigación respectivas ante un juez de control, lo más pronto posible", indicó.

A través de una tarjeta informativa, la institución detalló que para lograr lo anterior y facilitar la ampliación o ratificación de las denuncias, "ponemos a su disposición todos los canales de comunicación necesarios, incluida la vía digital".

El Club América informó mediante un comunicado que cuatro de sus jugadoras eran víctimas de violencia digital y que por ello el 30 de junio habían presentado una denuncia.

Esta tarde, América Femenil disputa el partido de Ida del Campeón de Campeones ante Tigres Femenil en el Estadio Azteca, por lo que hasta después del juego podría haber una postura oficial sobre esta detención.

Con el fin de prevenir y atender casos de violencia de género y de tipo sexual dentro del municipio, el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, en coordinación con Oficialía Mayor, comenzó con una capacitación sobre la aplicación de un protocolo.

La titular de Inmujere, Luz María Vázquez Galindo, detalló que las capacitaciones tienen como propósito formar a personas consejeras para que funjan como primer contacto de apoyo a presuntas víctimas de hostigamiento sexual o acoso sexual en las distintas dependencias municipales y puedan brindarle atención conforme a las disposiciones que indica el protocolo.

En la capacitación, dijo Vázquez Galindo, se les ha proporcionado información conceptual sobre qué es la violencia, tipos y modalidades, enfocándose en la violencia sexual, así como la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual.

La directora de Inmujere precisó que este protocolo fue publicado en el Periódico Oficial No. 38, desde el pasado el 06 de septiembre del 2019, en su tomo CXXVI, por lo que se busca implementarlo y hacer efectivos los procedimientos preventivos.

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Con el objetivo de establecer e implementar acciones efectivas para prevenir, atender y sancionar en su caso, el hostigamiento y acoso sexual, el Consejo de la Judicatura aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza el protocolo para prevenir, atender y sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Poder Judicial del Estado de Baja California, documento publicado en el Boletín Judicial.

Con este protocolo, se definen los mecanismos para orientar a la presunta víctima, así como el acompañamiento especializado que corresponda, dicho protocolo es aplicable en caso de quejas presentadas tanto por hombres como por mujeres servidores públicos de la institución.

El documento precisa las instancias competentes dentro del Poder Judicial, que podrán conocer y proporcionar atención desde el primer contacto, así como investigar y sancionar en su caso, las conductas o actos de hostigamiento y acoso sexual.

En cuanto al procedimiento de atención, se otorga la competencia a la Unidad de Igualdad y Género del PJBC, de brindar atención y asesoría a la presunta víctima, conforme a las disposiciones aplicables; además recibirá las quejas a fin de instruir sobre el procedimiento y trámite correspondiente.

Las quejas podrán presentarse personalmente, por escrito o por correo electrónico y el primer contacto será la Unidad de Igualdad y Género, por lo que le corresponderá abrir una carpeta por caso; esta Unidad será la responsable, de inicio, de realizar entrevistas a las partes involucradas en caso. El documento del protocolo es de acceso público desde agosto de este año.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, destacó que, desde el inicio de su gestión, asumió la responsabilidad de contar con un protocolo de este tipo que brinda certeza a las y los trabajadores del PJBC. 

Reiteró que, con el apoyo y sensibilización de Magistradas, Magistrados y Consejeros, quienes participaron de manera activa se logró dar cumplimiento a este compromiso con la ciudadanía.

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Tras denunciar en redes sociales una cuenta de Twitter, en la que exhiben acoso sexual callejero en el Valle de Toluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación para dar con los probables responsables. 

El usuario abrió esta cuenta en abril de 2022 y marca como lugar de residencia Plaza Sendero Toluca; cuenta con más de 4 mil seguidores y se ha dedicado a subir contenido sexual explícito; sin embargo, apenas el 17 de octubre anunciaron en la cuenta que comenzarían a subir aportes de exhibicionismo en Toluca y sus alrededores. 

Entre las publicaciones que subieron se aprecia que el usuario graba o fotografía a mujeres mientras transitan en la vía pública, y las imágenes se acompañan con textos obscenos. 

Estas fotografías y videos, según el usuario, fueron captados en Lerma y Toluca, incluso entre las víctimas se observa que una camina con su hijo rumbo a la escuela y en otra señala que se encontraba en el concierto de la Banda MS que se realizó recientemente en la capital mexiquense.

Cabe señalar que esta conducta está considerada en el Artículo 269 Bis del Código Penal del Estado de México como acoso sexual. "De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósitos de lujuria o estuvo sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonido o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio". 

Hasta el momento no hay personas detenidas y la cuenta continúa abierta y realiza publicaciones; además, destaca que algunos aportes son enviados por otros usuarios para que se publiquen, por lo que se teme que se trate de una red de acoso sexual.

Una de las iniciativas en las que el diputado Miguel Peña Chávez ha trabajado es la inclusión en el Código Penal de Baja California, los casos en donde los conductores de transporte público o privado, realicen acoso u hostigamiento sexual hacía los usuarios.

El legislador recordó que presentó esta iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso, ya que estas conductas se repiten con más frecuencia día a día afectando principalmente a mujeres, niños y niñas.

Refirió que entre las penas que deben ser impuestas a los choferes que incurran en este delito, está el que sus nombres sean ingresados al Registro Público de Agresores Sexuales de Baja California para con ello tenerlos plenamente identificados.

Peña Chávez destacó que hay que poner atención al llamado que hacen quienes han sido víctimas de acoso sexual y que el problema debe ser abordado por el Estado para garantizar la seguridad de los pasajeros del transporte escolar, laboral o de servicio público de pasajeros o servicio de transporte privado de pasajeros contratados a través de aplicaciones tecnológicas.

Puntualizó en que no se puede generalizar y acusar que todos los choferes son agresores o violentadores sexuales, y que su deber como legislador es el proponer esta reforma con causales específicas y agravantes para condenar este tipo de acoso.