Hay "temor" entre ministerios públicos, policías, jueces, defensores públicos y privados de aplicar el sistema de justicia penal acusatorio por falta de capacitación, alertó el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), Rommel Moreno.

En el Congreso Internacional Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el funcionario afirmó que el miedo a cometer un error y no saber cómo realizar un procedimiento está presente en todos los operadores, sobre todo, consideró, en los juzgadores.

"Sobre todo me quisiera enfocar a la parte del juez. Hoy en este país el juez, de alguna manera en el principio de inmediación, no tiene claro lo que significa la fundamentación y motivación desde el sistema acusatorio", expuso.

En la mesa denominada Quién Teme al Código Nacional de Procedimientos Penales?, el ex procurador de Baja California comentó que los jueces son asesorados por un grupo de personas que valoran lo que sucede durante las audiencias.

"Detrás de los jueces hay un staff que está valorando lo que sucede en la audiencia. El temor es si serán los jueces capaces de determinar sin esta ayuda, sin este staff, y prácticamente empezar a visualizarlos si en el principio de inmediación o los recesos que se dan en las audiencias serán necesarios", fustigó.

Aunado a ello, el ex fiscal manifestó su preocupación por los policías, pues 400 mil elementos están pendientes de capacitar en la figura de primer respondiente, "y los asesores victímales, que son pocos los que están acudiendo a las audiencias. Aunados a ellos están los defensores públicos y privados; estos últimos participan poco en las audiencias y por lo tanto hay un miedo natural ante la consistencia de los defensores públicos, que han recibido más capacitación", expuso.

Dijo que los ministerios públicos tienen miedo de aplicar criterios de oportunidad, "tomar decisiones y enfrentar las audiencias de juicio oral porque no tienen las capacidades para hacer en todo caso la justificación de una solicitud ante el juez correspondiente en lo que concierne a la prisión preventiva oficiosa".

Rommel Moreno sostuvo que el desconocimiento entre la sociedad mexicana, acostumbrada a que todos los delitos se deben castigar con cárcel, genera rechazo a las nuevas normas jurídicas.

 Los casos de linchamiento y tentativa de linchamiento incrementaron 190 por ciento durante el 2018, reveló un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través del "Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional" las instituciones informaron que en el 2018 ocurrieron 174 agresiones tumultuarias, mientras en el 2017 habían sido 60.

Los 174 casos registrados el año anterior dejaron como saldo 271 víctimas; de éstas el 21 por ciento perdió la vida y el 79 por ciento resultó lesionada.

Entre las personas agredidas destaca que 256 fueron hombres y 15 mujeres, además de que el 76 por ciento de las agresiones ocurrieron en Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo.

De igual forma, los municipios donde más se presenta este fenómeno son ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl, Cárdenas, Villahermosa, Cunduacán, Nacajuca, Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tasquillo y Tezontepec de Aldama.

El estudio de la CNDH y la UNAM se basó en la recopilación de notas informativas de medios nacionales e locales que daban cuenta de linchamientos.

En total, entre 2015 y 2018, las instituciones registraron 336 casos con una tendencia a la alza y que han dejado como resultado 561 víctimas.

Durante la presentación del informe Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que este fenómeno "lejos de desaparecer o registrar decrementos se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida".

También expresó su preocupación porque la cifra de agresiones tumultuarias en los primeros cinco meses de 2019 parece ir en aumento, registrándose 67 casos hasta el momento y un saldo de 107 víctimas.

Para complementar estas cifras, la UNAM, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, aplicó mil 212 encuestas a pobladores de cuatro estados con mayor incidencia de linchamientos.

Sobre el tema el 45 por ciento de los encuestados opinaron que el desempeño de las autoridades para atender un caso de linchamiento es "nada efectivo", mientras el 40 por ciento consideró que es "poco efectivo".

Asimismo, el 43 por ciento de las personas consideró que no es útil la colocación de lonas para advertir a los ladrones que no cometan delitos, pues esto no los inhibe.

El Gobierno de México anunció hoy la liberación de 16 presos políticos y la revisión de otros 352 casos de personas encarceladas "injustamente", dijo la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"En el mes de diciembre hemos revisado los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahora hemos liberado 16 personas. Estas personas, muchas de ellas, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años privadas de su liberad", apuntó la ministra en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin dar mayores detalles sobre los liberados, explicó que algunos de estos son ambientalistas y otros eran opositores a la reforma educativa impulsada por el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, y posteriormente cancelada por la nueva administración.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que se estableció una mesa especial para revisar estos casos de personas "privadas de la libertad injustamente", hallando "rezagos importantes" en el ejercicio de la justicia y una privación de la libertad "prácticamente ilegal".

"No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada", agregó.

Al final de la presentación de este plan para liberar a presos políticos, López Obrador agregó: "El objetivo principal es que no haya presos políticos y que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política".

Recordó que antes sucedían este tipo de encarcelamientos, y apuntó a que esta nueva etapa buscará "justicia" y "reparación de daño" para que "los inocentes puedan salir de las cárceles".

Explicó que se revisarán "todos" los casos sin sentencia, y enumeró que los principales beneficiaros serán indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos.

En otro tema, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, remarcó que se está trabajando con el Gobierno del suroriental estado de Chiapas ante el desplazamiento forzado de unas 600 personas dentro de la región.

Este desplazamiento, continuó, es fruto de un conflicto agrario entre poblaciones autóctonas y, ante la problemática, se está dando ayuda de "carácter humanitario". 

Adán Macías "N" fue condenado a 110 años de prisión por el feminicidio y homicidio calificado de dos mujeres.

Fue el 13 de abril del año pasado cuando Adán, con engaños, trasladó a una familiar suya, quien tenía una discapacidad, a su domicilio ubicado en la comunidad de la Concepción Xochicuacutla, en el municipio de Lerma, Estado de México.

Ahí, este sujeto abusó sexualmente de la joven para después asesinarla con un martillo.

Momentos después arribó al inmueble la madre de la víctima, con la intención de buscarla. Adán la dejó entrar, pero la mujer sólo llegó para encontrar a su hija inerte.

Adán, de inmediato, se fue contra la señora y también la asesinó. Horas más tarde familiares de las víctimas localizaron los cuerpos al interior de este inmueble, en el que también se encontraba Adán.

Adán Macías "N" fue condenado a 63 años y dos meses por el feminicidio en agravio de la víctima a quien violó, así como una condena de 47 años y seis meses por el homicidio calificado de la mamá de la joven.

José Manuel "N", trabajador de la tienda Go Mart que mató en días pasados a un ladrón, fue puesto en libertad por una juez al acreditarse la legítima defensa con la que actuó.

Nancy Aguilar, juez de control que llevó la causa, no vinculó a proceso al imputado debido a que consideró todas las circunstancias del robo que derivó en la muerte de Michael Gómez Toledo.

La juez consideró que los trabajadores sí estuvieron en peligro y hubo un daño al patrimonio de la tienda en la que laboran, además de una desventaja del número de perpetradores sobre los trabajadores.

Sobre el hecho ocurrido el sábado pasado alrededor de las 05:20 horas, cinco sujetos llegaron al establecimiento ubicado a un costado del Paso Exprés, a la altura de Tabachines. Estacionaron el vehículo de manera peculiar al no colocarlo de frente al local, sino con miras hacia la autopista.

Para la juez, tal situación numérica puso, de inicio, en desventaja a los trabajadores de la tienda, ya que sólo eran dos; tres de ellos ingresaron y tomaron bebidas alcohólicas como cajas de cervezas y botellas. Uno de ellos salió sin pagar mientras sus cómplices seguían al interior.

A decir de los dos testigos que ofreció la defensa, que son trabajadores de la gasolinera aledaña, señalaron que vieron como el hombre salió del local con una caja de cervezas y la metió en la parte trasera del vehículo referido que tenía las puertas abiertas.

José Manuel "N", que había salido unos instantes del local, se percató del hecho e ingresó a la tienda, cuando la víctima exigía el dinero de la venta cargando tres cajas de 12 cervezas, por lo cual se abalanzó por detrás del asaltante, lo inmovilizó con un brazo por el cuello y le puso un cuchillo en la garganta.

El trabajador le exigió al ladrón que pagara los artículos o los dejara, pero éste se rehusó a hacerlo, testificó el otro empleado de la tienda en su declaración.

En un leve forcejeo, considerado así por la propia juzgadora, se produjo la lesión en el cuello de Michael; de unos 14 centímetros de largo por cinco milímetros de profundidad, herida que fue suficiente para llegar a la yugular y carótida, lo que provocó que muriera desangrado.

En un video proporcionado por la propia tienda y que fue analizado tanto por los expertos de la Fiscalía General del estado como por peritos contratados por la defensa, se observa que uno de los sujetos que estaban fuera de la tienda se aproxima a la entrada pero, en ese momento, José Manuel avienta a Michael sobre el cuarto cómplice e impide su acceso.

Al mismo tiempo, el tercer cómplice, que aún permanecía en la tienda con Michael, se aproximó hacia el trabajador con dos botellas de vidrio en mano; finalmente, el sujeto también es sometido por José Manuel.

Para la juez, el imputado de homicidio no llegó armado al lugar, sino que el cuchillo era parte de las herramientas de trabajo de la tienda y éste se encontraba en la misma. Asimismo, no tuvo la intención de planear un homicidio como lo hizo suponer la Fiscalía, acusó.

También consideró la superioridad en número de asaltantes, incluso el sujeto detenido fue vinculado a proceso un par de días atrás.

También se tomó en cuenta la situación de estrés en la que se encontró el imputado al percatarse de que al menos dos sujetos más se aproximaban a él, e incluso la intención del trabajador sobre el agresor de no atacar por la espalda al ladrón, sino que buscó inmovilizarlo y lo instó a desistirse del asalto al exigirle que dejara la mercancía, a lo cual la víctima mortal nunca accedió.

Por tales motivos, la juez sobreseyó la causa penal y decretó la libertad inmediata de José Manuel "N".

Afuera del juzgado, familiares y vecinos del poblado de Acapantzingo se manifestaron desde que inició la audiencia de vinculación; por espacio de cinco horas gritaron consignas por saber a su conocido en libertad.

La Fiscalía tiene hasta el próximo 8 de agosto para apelar el veredicto.

Este miércoles la juez de control Guillermina Cuevas Tapia, dicto prisión preventiva por el delito de violación equiparada contra Luis Alberto N, quien en días pasados, rapto y violo a un menor de 9 años de la Col. Baja California en Mexicali.

Serán 3 meses los que se determinaron para concluir la carpeta de investigación en contra del imputado de 50 años.

En el 2005 Luis Alberto N , fue sentenciado a pasar 16 años de cárcel al ser encontrado culpable de violación contra un menor de 11 años, el cual raptó y llevo a la ciudad vecina de San Luis Rio Colorado, Sonora. Tras 12 años de condena, salio en libertad hace apenas 6 meses.

Sera el próximo 20 de septiembre cuando se realice nuevamente la audiencia en contra del imputado, por lo que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.