A ocho días de terminar la administración estatal, el Congreso de Coahuila autorizó por mayoría de votos la propuesta del gobernador Rubén Moreira de otorgar 81 fiats notariales, entre los que se encuentran funcionarios moreiristas.

Entre algunos de los 81 nuevos notarios destacan Juan Pablo Alvarado Cepeda, ex coordinador Jurídico de la Secretaría de Finanzas; Jorge Alberto Bermea González, delegado de la Defensoría Pública en la región Carbonífera; Laura Marcela Cano Torralva, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y hermana de la diputada Georgina Cano.

Se encuentran nombres de actuales secretarios del gabinete de Rubén Moreira como Emilio Darwich, procurador de Protección al Medio Ambiente; Carlos García Vega, exsecretario de Juventud; Federico Garza, titular de la Unidad de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado; Luz Elena Morales Núñez, secretaria de las Mujeres y Ramón Verduzco Arguelles, director general del Registro Público de la Propiedad de Coahuila. También está una alcaldesa en funciones, la priísta Ana Gabriela Fernández, alcaldesa de Nava. Están figuras polémicas como la de Gregorio Pérez Mata, ex presidente del Poder Judicial del Estado y principal cabeza cuando ocurrió el fraude de Ficrea que afectó a trabajadores.

Asimismo, Rodrigo Hernández González, jurídico del PRI y representante del partido ante órganos electorales; María de Lourdes Quintero, quien perdió recientemente una elección a diputado local.

El Congreso aprobó los nuevos fiats con 16 votos a favor, cinco en contra (del Partido Acción Nacional y de la Unidad Democrática de Coahuila) y una abstención.

Con las nuevas patentes notariales, Coahuila tendrá más de 380 notarios, más de 12.6 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en el país es de 3.3 según la Comisión Federal de Competencia.

Según el Artículo 70 de la Ley del Notariado en Coahuila el Ejecutivo del Estado procurará que exista un notario por cada 20 mil habitantes. Sin embargo, si se cumpliera la propia ley, debería haber 150 notarios, en cambio, con los recién nombrados, habrá en el estado un notario por cada 7 mil 900 habitantes.

El PAN anunció que dentro de los próximos 15 días presentarán un amparo para que en un juicio de garantías se anule el decreto y, por lo tanto, se echen abajo estas notarías.

Jesús de León Tello, líder de la bancada panista, mencionó que ya solicitaron copia certificada de los 81 expedientes de las personas que propuso el Ejecutivo. Señaló que en los nuevos notarios se encuentran nombres de personas que no tienen ni la vocación, conocimientos ni experiencia para desarrollar una función tan importante.

Refirió que el artículo 76 de la Ley del Notariado del Estado se establece que para poder ser notario es importante que anteriormente se hayan aprobado como aspirantes mediante un examen de oposición o la dispensa del Ejecutivo, más el pago de los derechos correspondientes, sin embargo ninguno de los diputados cuenta con esos documentos.

Por su parte, la diputada panista Lariza Montiel Luis, enfatizó en que la reunión de Comisión para revisar el listado se realizó a escasas horas del inicio de la sesión y no se convocó a la totalidad de los miembros del Pleno para revisar los expedientes de cada propuesta y acreditar que cumplieron los requisitos de ley.

Alejandro Lares, quien se desempeñó como secretario de seguridad pública durante la administración de Jorge Astiazarán Orcí, regresa al gobierno de Tijuana como titular de enlace internacional.

Lares fue cuestionado en ése periodo por haber adquirido, supuestamente con su sueldo de director, una vivienda en un fraccionamiento exclusivo de Tijuana “Puerta de Hierro”.

Ese periodo de caracterizó por un incremento en los índices delictivos, particularmente los homicidios.

En su cuenta de Facebook, Lares escribió: “les comento que el 1ro. de Octubre fui nombrado Director de Enlace Internacional por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana , Lic. Jorge Ayón Monsalve, a quien le agradezco su apoyo y confianza.”

Publicistas del Partido Revolucionario Institucional lanzaron una campaña de espectaculares en la Ciudad de México y diversos estados del país, que más que promesa, sonó a amenaza para internautas: solo una palabra, Regresaremos y el logo, generó una oleada de comentarios.

Manuel Ocaño, periodista del sur de California expresó que “en BC ahora se llaman Morena”.

Adrián Osorio escribió “Dios nos libre”, en tanto que América castillo colocó un emoji de llorar de risa, entre otros.

El alcalde electo de Tijuana, Arturo González Cruz, encabezó una conferencia de prensa para afirmar que está firme el XXIII Ayuntamiento que habrá de encabezar y recordó que anoche a las doce de la noche se cumplió el plazo para presentar alguna impugnación.

Acompañado de quien fungirá como próxima síndico procuradora, informó que conforme a lo anterior, está mañana entregó ante el Ayuntamiento de Tijuana, el oficio para solicitar inicie el proceso entrega recepción.

González Cruz prefirió no adelantar juicios sobre temas como la renta de los camiones recolectores de basura, rumores en torno a la basificación de personal de confianza o la aprobación de más permisos para el transporte público, hasta no tener datos seguros, explicó.

El secretario general de gobierno del estado de Baja California, el panista Francisco Rueda Gómez, se reunió este mediodía con Amador Rodríguez Lozano, representante de Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, para dar inicio al proceso de entrega recepción de la administración estatal.

Rueda Gómez habló de apertura y total disposición para entregar la documentación que marca la ley a las autoridades entrantes en la entidad. 

Explicó que la actual administración concluye el 31 octubre a la medianoche y que en esos momentos, deberán entregarse Oficialía Mayor y las áreas de seguridad, empezando por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en tanto que el día primero de noviembre se entregan el resto de las secretarías y dependencias.

Amador Rodríguez Lozano dijo por su parte que aunque faltan aún alrededor de cuatro meses para el cambio de administración, han encontrado una “gran apertura del gobierno para aplicar antes el proceso de entrega-recepción. 

“La ley dice a más tardar sesenta días antes, así que permite empezar cuanto antes”.

Lozano explicó que existe interés en que empiece (el periodo de transición)lo antes posible.

“Ha aceptado el secretario, y nuestro objetivo, explicó, es que no se detenga la maquinaria del gobierno, la marcha continúa, las obras, necesitamos conocer, informarnos”.

Rueda Gómez habló de estar “en la disposición de ofertar esta información para que el estado sigua caminando. La ley establece qué hay que pedir y cuándo hay que pedirlo”, comentó.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en la primera etapa de su gobierno, no habrá modificación alguna al marco legal en lo económico, lo financiero y lo fiscal.

En conferencia de prensa, López Obrador apuntó que en los primeros tres años de gobierno no habrá modificación en el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de instituciones financieras.

Vamos con cambios muy profundos, porque el principal cambio es que se va acabar con la corrupción.

"No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, lo financiero y lo fiscal, en esta primera etapa de gobierno", sostuvo.