La Iglesia católica mexicana dijo hoy que la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desgasta la credibilidad de los militares y no acaba con la corrupción, e instó a reforzar los cuerpos policiales.

"Las Fuerzas Armadas gozan de la mayor credibilidad entre todas las instituciones del país; sin embargo, el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos debidamente calificados", indicó la Arquidiócesis de México.

En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia instó a que esta nueva ley sea "efectiva" y considere "la progresiva y adecuada intervención de fuerzas civiles dotadas de tecnología y profesionalización".

"En esto es urgente un modelo efectivo de mando policial", agregó el texto.

Por ello, la Ley de Seguridad Interior debería "cubrir cualquier laguna porque nada en este tema debe darse por sentado o por libre interpretación, y menos al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales".

Por último, la Iglesia católica instó a "vencer la corrupción y la impunidad", y remarcó que los militares en las calles "aminoraron un camino hacia el desastre", pero no son la solución.

Recordó además que las estrategias de seguridad "son cuestionadas por las cifras que cuestan a una sociedad agobiada por la violencia", mientras aumentan los delitos de alto impacto.

"La urgencia principal es que esta legislación tenga como eje rector el respeto total de los derechos humanos de los ciudadanos que quieren vivir en paz, ese es el mejor deseo de Navidad", concluyó.

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el jueves esta ley, pero dijo que no emitiría ninguna declaratoria de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera sobre su constitucionalidad.

El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia.

Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos en este periodo.

 El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que este viernes se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad firmada por 43 senadores contra la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que acudirá a la SCJN junto con el coordinador senatorial del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, y el senador Ernesto Ruffo Appel, quien ha recabado las firmas de los senadores panistas que rechazan esta ley.

"Hasta el momento se han reunido 43 firmas", dijo Luis Sánchez, al confirmar que será presentado este recurso a fin de que los ministros anulen la totalidad de los ordenamientos que regulan la acción de las fuerzas armadas en la seguridad interior.

Se requiere de un mínimo de senadores 43 de 128 senadores para promover la acción de inconstitucionalidad contra una ley.

 La nueva Ley de Seguridad Interior es la mano dura que busca el Gobierno Federal luego de su fracaso en sus políticas públicas y de seguridad pública, afirmó el Senador Marco Antonio Blázquez Salinas.

El senador del Partido del Trabajo dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la ley por ser claramente violatoria a la Constitución.

La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales y nacionales pidieron al Estado Mexicano que no aprobaran esta nueva ley por poner en riesgo los derechos humanos de la población civil.

No obstante fue aprobada por la mayoría del PRI, PES, PANAL, PVEM y los caldenoristas del PAN.

El senador Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) llamó a los tres precandidatos presidenciales a impulsar que los partidos políticos que los respaldan a que en el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones, de febrero a abril, sus bancadas deroguen el fuero en todos los niveles, incluido el del Presidente de la República.

Afirmó que todos en México deben ser iguales ante la ley y, en ese sentido, el fuero no se justifica, por el contrario, constituye un manto de impunidad de quienes en el ejercicio de sus funciones pudieron haber transgredido el estado de Derecho.

"Vamos a ver de qué cuero están hechos José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, si están decididos a actuar contra la corrupción o son puro pico", señaló el senador de Acción Nacional.

Afirmó que ante el descrédito de la clase política, lo que se requiere es un debate de hechos, y que no sólo hablen de su disposición por los cambios: que influyan para en el periodo de sesiones de febrero a abril, las bancadas de sus partidos acaben con el fuero.

Recordó que junto con otros senadores, presentó una iniciativa que se ha quedado atorada en comisiones, a fin de que al Presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, incluso varios años después de haber dejado el cargo, como a cualquier ciudadano, expuso.

"Este es el momento en que tenemos que cuestionar a los candidatos --López Obrador, Anaya Cortés, Meade Kuribreña-- sobre la posición que habrá de asumir respecto del fuero al cargo de Presidente de la República".

En ese sentido, en entrevista, Francisco Búrquez Valenzuela emplazó a los pre candidato "que pidan a sus bancadas abordar el tema y aprobarlo en el Congreso en el periodo de sesiones de febrero a abril", y así que realicen su campaña presidencial con acciones, no con promesas que se las lleva el viento. Y subrayó que este país no puede funcionar con políticos ricos y privilegiados y ciudadanos pobres.

De igual forma, dijo, se debe derogar el fuero para senadores, diputados federales y locales, así como para gobernadores y cualquier otro servidor público que no necesita de esta protección para cumplir con su encargo.

Subrayó: "Lanzo la propuesta a los precandidatos para que le respondan a México".

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el 5 de enero.

El recurso, del que se hará cargo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, deberá ser sometido a un análisis, para el cual se solicitarán los informes correspondientes y después se dará a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa (Morena), dijo que la Ley de Seguridad Interior invade competencias de los municipios y no resuelve la situación de inseguridad en el país. Fue "un gran avance" que la Corte admitiera la controversia. "Tenemos muy claro que se intenta hacer a un lado a gobiernos municipales", afirmó.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, informó que su bancada y la del PT pasaron a firma de sus integrantes la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Corte.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior.

El municipio demanda la inconstitucionalidad del decreto, publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que violenta de manera flagrante su autonomía.

El expediente de la demanda, que señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación, fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Como instructor del procedimiento, Pardo Rebolledo deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite.