El estado del norte de México hace frente a un déficit de 6 mil 300 policías entre estatales y municipales, y las autoridades no cuentan con los elementos suficientes para hacer frente a la criminalidad en sus 18 municipios y aunado a ello, de 2 mil 88 jóvenes aspirantes, sólo el 10% aprobó el examen de Control de Confianza.

En septiembre pasado, Genaro Robles Casillas, secretario de Seguridad Pública del Estado, reveló que la entidad tenía un déficit de 5 mil elementos policiacos municipales y estatales, lo que complicaba la vigilancia en los diversos municipios del estado.

Ante la escasez de elementos policiacos, se optó por un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener el apoyo de mil 200 elementos de la Policía Militar y personal militar, que auxiliara en diversas labores.

Mientras, en la comunidad del Sauz, Sindicatura de Costa Rica, se construye desde hace cuatro meses, con recursos estatales, unas modernas instalaciones en una superficie de cien hectáreas para alojar permanentemente a 3 mil 500 elementos de la Policía Militar y sus familias.

Evaluación rigurosa. El miércoles, Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado, afirmó que no ha sido fácil reponer el número de vacantes en los cuerpos de seguridad, en virtud que de que los aspirantes inscritos a formación de policía, no aprueban los exámenes de control y confianza.

Por lo anterior dijo que es necesario replantear el riguroso examen de evaluación que se aplica a los cadetes de policías, sin relajar las normas, a fin de cubrir en déficit que se tiene de policías en su entidad.

El gobernador dio a conocer que este año destinó 700 millones de pesos en el renglón de seguridad que se traduce en la instalación de 2 mil 800 nuevas cámaras de video vigilancia, lectores de placas de vehículos y la adquisición de dos drones.

Comentó que como parte del fortalecimiento de las corporaciones de policía estatal y municipal, los elementos de seguridad pública son capacitados en un centro de adiestramiento militar en Tlaxcala, para mejorar su rendimiento y acciones.

Hizo ver que la estancia de los mil 200 elementos de la Policía Militar que coadyuvan en la seguridad pública en la entidad, corre a cuenta del estado, bajo un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que implica una erogación de 280 millones de pesos.

Los salarios, otro debate. Con una fuerza de mil 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva, cuyo salario base se ubica por abajo del promedio nacional, puesto que es de 8 mil 652 pesos, el estado atiende las solicitudes de apoyo de la mayoría de los alcaldes de la entidad.

En julio pasado, el subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Seguridad Pública del Estado reveló que de una fuerza de 3 mil 100 elementos que se requieren en la Policía Estatal Preventiva, sólo se dispone de mil 500 elementos activos.

Precisó que con las bajas aplicadas de agentes no aptos, jubilaciones y plazas usadas para personal de oficinas, el déficit es de mil cien elementos de la Policía Estatal Preventiva. En un informe rendido en mayo pasado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el diputado Marco Antonio Osuna Moreno, aseveró que en los 18 municipios del estado, sólo se cuenta con 4 mil 220 elementos de la policía y 469 patrullas.

Su informe detalló que el número ideal de una fuerza policiaca municipal, basado en las condiciones geográficas del estado, es de 9 mil 200 elementos, con un equipamiento de mil unidades motrices, muchas de ellas, 4X4 para uso en la zona serrana.

Osuna Moreno estableció que existe una gran discrepancia entre los salarios que perciben en cada uno de los agentes de los municipios, puesto que mientras en Concordia, un policía recibe seis mil 720 pesos mensuales, el cual es el más bajo, en otros, superan los 8 mil 500 pesos.

Aunado a ello, tan solo este año 18 elementos de la policía, 13 de ellos elementos del municipio de Culiacán y dos de la Estatal Preventiva, fueron ejecutados.

El director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Iván Hilario Muñoz García, dio a conocer que los elementos involucrados en hechos ocurridos este fin de semana donde se presume de abuso de autoridad, fueron cesados de sus cargos y además se dio parte ante la Sindicatura Procuradora.

El titular de Seguridad Pública en el municipio, informó que derivado del video que circuló por redes sociales como denuncia ciudadana donde se exhibe la situación, el comandante operativo fue removido de su cargo y seis elementos de la policía destituidos de sus funciones, como acción disciplinaria para la tropa.

“Es instrucción de la alcaldesa no tolerar este tipo de acciones y estar pendiente que se sancionen esas situaciones que van en contra de la legalidad. Ahora corresponde a quienes se consideren afectados acudir al Ministerio Público a denunciar lo ocurrido y ratificar la denuncia ante la Sindicatura”, aseguró Muñoz García.

El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de recibir un mal trato o abuso de parte de oficiales, acudan a presentar su denuncia ante las autoridades competentes, como son la Agencia del Ministerio Público, o la Sindicatura Procuradora.

En redes sociales circuló el video de elementos de la policía municipal entrando a un domicilio, sin orden de cateo o justificación legal alguna, ya que al parecer, atendían un reporte de ruido excesivo en una fiesta.

Dos de los cuatro hombres que integran un grupo armado que fue captado en un video en Satélite y que actúa en municipios de la zona son policías de Tlalnepantla, reconocieron autoridades municipales.

Con esto suman tres policías que actúan en una célula armada en sus días de descanso y con presuntas incapacidades laborales, el último elemento dado de baja correspondía a la unidad de investigación y, hasta este miércoles, pertenecía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Este grupo armado que opera en un auto tipo Malibú color plata, fue grabado el lunes 24 de junio en calles de Ciudad Satélite, por un automovilista que se resistió a ser detenido por cuatro sujetos que portaban dos armas largas y dos pistolas.

El pasado 26 de junio, el fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció que uno de los integrantes de ese grupo era policía de investigación de la FGJEM y que por este hecho iniciaron una investigación en la Fiscalía de combate a la Corrupción, además de que indagarían el origen de las armas que no eran de esta dependencia.

Este jueves, autoridades de Tlalnepantla informaron que dos de los sujetos captados en video, son policías municipales que estaban de incapacidad otorgada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM.

La Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla "inició un procedimiento administrativo para darlos de baja e investigar las responsabilidades correspondientes".

En tanto, el municipio de Tlalnepantla solicitó al ISSEMyM "las valoraciones médicas para otorgar las incapacidades a ambos policías, debido a que han sido de manera recurrente".

Hasta el momento no hay respuesta por parte del Instituto, bajo el argumento que el Gobierno Municipal no es autoridad competente para solicitar información sobre dictámenes de incapacidad de sus derechohabientes, informaron voceros.

Alejandro Labra es un policía auxiliar con apenas 9 meses de experiencia y ya se perfila para ser "Policía del Mes".

Esta semana, el agente encontró en uno de los asientos del Metrobús en la línea 4 una bolsa con billetes de un país extranjero que sumaban los 50 mil pesos mexicanos.

Sin pensarlo dos veces regresó el dinero y las credenciales al dueño, un hombre brasileño, quien preocupado llegó a la estación Buenavista para reclamar sus pertenencias.

El agente cuenta en entrevista desde la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que lo regresó porque es parte de su trabajo así, sin más.

"Me encuentro con la bolsa color café tipo mariconera y bajo los protocolos que yo me rijo y los de la policía la pongo bajo mi resguardo y le digo al operador que por favor vía radio de Metrobús, diga que encontré una bolsa".

Años atrás, Alejandro Labra fue almacenista en una empresa de estambres pero un día decidió ser policía:

"Se me dio la oportunidad de encontrar a las personas que estaban reclutando y fue de un momento a otro que dije, ‘quiero aprender, quiero saber qué pasa del otro lado, de por qué el mal concepto de la policía al ciudadano’…

Quería ver la otra moneda. Es muy diferente, nada más ven lo malo. Pero también nosotros nos regimos por protocolos, por leyes y nosotros nos debemos acatar a esos protocolos para un mejor actuar de un policía".

Alejandro Labra, quien tiene 22 años de edad, tres hijos y gana un aproximado de 8 mil pesos mensuales, explica que uno de sus objetivos es cambiar la percepción de la ciudadanía.

"Tenemos que volver a formar a una secretaría bien y un policía derecho, quitar esa imagen del mal policía. Quiero superarme, ser algo para cambiar la perspectiva de la policía".

Del mes de diciembre de 2016 a la fecha, más de 500 jóvenes han ingresado a las filas de la Policía Juvenil de Tijuana.

Hoy en día participan activamente 901 cadetes en la agrupación, lo que representa un aumento porcentual del 225%, si se compara con los 400 menores que la conformaban al inicio de la presente administración municipal.

Mientras que el número de grupos en la ciudad registró un crecimiento ya que aumentó de 15 a 19 puntos, distribuidos estratégicamente en toda la ciudad para lograr un mayor alcance.

Este programa busca prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y social de los adolescentes mediante actividades deportivas, recreativas, cívicas y culturales; fomentando también los valores y un proyecto de vida.

Algunas de las actividades que realizan los menores dentro de la agrupación son las jornadas comunitarias, acondicionamiento físico, defensa personal, primeros auxilios, desfiles cívicos, rappel, ‘tumbling’, campamentos, entre otros.

Si desea más información sobre este programa preventivo, puede acercarse a la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ubicada sobre la calle Uno Poniente 109-B, en la Zona Industrial Otay o llamar al 979-1887.

Los alguaciles del condado de Otero, en el sur de Colorado, se hicieron cargo desde hoy de patrullar la localidad estadounidense de Fowler, luego de que en los últimos días renunciasen los integrantes de la Policía local.

En declaraciones al noticiero local KOAA News5, el abogado de la ciudad, Tony Perko, especuló que las renuncias masivas en Fowler se deben a los resultados de las elecciones de noviembre pasado, en las Jake Six fue electo como nuevo alguacil para el vecino condado de Bent.

Six asumió su cargo el martes de esta semana y Hogue y los otros cuatro oficiales que antes trabajaban en Fowler ahora lo hacen para él.

El alcalde de Fowler, Nathan Shultz, dijo que la ciudad "simplemente no tiene fondos" para pagarles mejores salarios a sus policías.

El exjefe de la Policía local, Webster Hogue, tenía un salario de unos 41.000 dólares anuales y los otros policías percibían 32.000, sin beneficios adicionales y sin compensación por horas extras.

Como comparación, el ingreso promedio anual por familia en Colorado es de casi 70.000 dólares, según datos del Buró del Censo. El ingreso promedio de los oficiales de policía en este estado es similar, 68.000 dólares al año, con un rango de 44.000 a 92.000 dólares, según la ciudad y la experiencia.

Fowler, con 1.100 habitantes y ubicada 240 kilómetros al sur de Denver, fue fundada en 1901 y desde entonces contó ininterrumpidamente con sus propios policías hasta que 1966 se organizó el Departamento de Policía.

Sin embargo, desde aquella fecha hasta el presente la municipalidad tuvo problemas para retener a sus uniformados, que renunciaban con frecuencia para buscar oportunidades laborales con salarios más altos en ciudades cercanas.

De hecho, en las últimas cinco décadas, con la excepción de un solo jefe policial, Curtis "Curly" Hawkins, que ocupó el puesto de 1979 a 1987, la mayoría de los otros jefes estuvieron en sus puestos de unos pocos meses a unos pocos años.

Pero Hogue, que renunció por medio de un mensaje de texto al alcalde local, entrará en la historia de Fowler por ser quien menos tiempo estuvo en el cargo: solamente dos semanas.