Las comisiones del Anticorrupción y Justicia del Senado descubrieron presunto un plagio en las ponencias de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción de la PGR.

La senadora Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, evidenció que el aspirante Braulio Robles Zúñiga presentó una ponencia idéntica a la de Angélica Palacios Zarate.

“El primero ya no puede seguir en el proceso… Lo platicamos con Braulio Robles Zúñiga y prefirió declinar”, afirmó la legisladora federal.

El senador Luis Humberto Fernández dijo: “es similitud palabra por palabra. No vamos a permitir ni dejar pasar ninguna de las cosas”.

Braulio Robles Zúñiga fungió como agente ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en 2014 fue acusa por falsear información relacionada con el caso del secuestro y desaparición de Hugo Humberto Wallace.

Por falta de quorum de la mayoría de representantes gubernamentales, se canceló la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC). 

El punto central de la sesión extraordinaria era aprobar la distribución del presupuesto 2021 de la SESEABC, cuyo monto asciende a 14 millones de pesos, con base en un artículo Transitorio del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado. 

El presidente del CPC, Eduardo Arredondo, advirtió sobre la instromisión del Gobierno del Estado para no asistir a esta reunión y provocar que no se llevara a cabo. 

Uno de los trabajos principales para 2021 es la instrumentación de la Plataforma Digital Estatal integrado por seis sistemas de inteligencia artificial interconectados para el combate a la corrupción en la que aparecen contratos de obra y servicios de gobiernos, evolución patrimonial e intereses de servidores públicos. 

Con la asistencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA Eduardo Arredondo, presidente, Claudia Télles, Fermin Gutiérrez, Jorge Topete, Francisco Fiorentini, y la sindica de Ensenada, Elizabeth Muñoz, se declaró la falta de quórum. 

Se registraron las inasistencias de los titulares de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, de las Sindicaturas de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana, del Poder Judicial, del Instituto de Transparencia, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior del Estado, así como de los ciudadanos Omar Marrón, Edgardo Silva y Ricardo Zurita. 

Por ley, se debe emitir una nueva convocatoria para que sesione el Órgano de Gobierno de la SESEABC.

 La diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que junto con otros legisladores de Acción Nacional, como la senadora Xóchitl Gálvez, acudieron esta mañana ante la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia para que se investigue el video en el que se observa a militantes del PAN recibir maletas con dinero.

La Fiscalía debe investigar el origen y motivo de lo que vimos en el video y determinar si se debe sancionar a alguien, dijo Laura Rojas.

En la época en la que presuntamente se repartieron moches a legisladores, Laura Rojas era senadora, por lo que respondió que se debe "distinguir entre las personas" y panistas.

"En mi caso me dediqué a impulsar iniciativas y leyes de combate a la corrupción, fuimos impulsores en esa legislatura del sistema anticorrupción y de leyes de transparencia. No sólo creemos en eso, es un asunto de Ley. Hemos sido activos y proactivos" en acciones para prevenir y sancionar la corrupción, refirió.

Señaló que por esto, el video debe ser investigado por la FGR para determinar si hay algún delito que perseguir y se apliquen sanciones.

Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Política Nacional Anticorrupción (PNA). 

Argumentan que el país no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una política que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia. 

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. 

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberían ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Política Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación. 

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así a lo establecido en el artículo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La reciente designación de Loretta Ortíz Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 5 de noviembre del presente. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el país pueda arrancar con un instrumento en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción. 

Firman: #ComunidadAnticorrupción, #RedNacionalAnticorrupción, #FuerzaCiudadanaAnticorrupción, Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Alejandro Rabelo Escritor y Periodista Tierra colectiva, Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco, Arkemetria Social, Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres y Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., así como Bios Participación Política y Desarrollo por mencionar algunos organismos.

La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que la evasión y elusión fiscal por el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó la cifra de 6.3% del PIB en 2017.

Ese porcentaje equivale a 335 mil millones de dólares, lo que se calculó bajo el supuesto que el incumplimiento en el pago del ISR es del 4% y del IVA de 2.3% en Latinoamérica.

La evasión y elusión está en "altos niveles", lo que significa que es "de las principales barreras para la movilización de recursos internos", ya que los ingresos fiscales de la región son insuficientes para financiar programas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El organismo consideró que "los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 mil millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1.5% del PIB" de la región".

El Consejo del Sistema Estatal Anticorrupción no tiene intereses con ningún partido político, institución o persona, así lo aseguró el consejero de este organismo Francisco Rebelín Ibarra, por el contrario recalcó, el objetivo principal es revisar y en su caso señalar irregularidades en el manejo de recursos por administraciones públicas, empresas o personas que reciben contratos del erario.

Esta comisión se conforma por 10 consejeros técnicos de todos los municipios y 5 consejeros ciudadanos honoríficos, durante su intervención ante el Colegio de Contadores, el Consejero manifestó que este órgano permitirá informar al ciudadano de manera clara cómo utilizan su dinero las instancias públicas para evitar así actos de corrupción.

Indicó que los municipios deberán implementar un sistema similar para recoger las quejas y observaciones de la ciudadanía para hacerlas llegar a este Consejo, en donde se integren también comités y agrupaciones de la población para hacerlo dijo, un ejercicio ciudadano.