El gobierno federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, está preparado para dar atención ante una posible deportación masiva hacia Baja California afirmó el delegado federal de esa dependencia, Guillermo Peñuñuri Yépiz.

“Aquí en Baja California no nos asustamos porque con base en la información que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Migración, el año pasado hubo más de 65 mil repatriados tan solo a través de Baja California y eso nos pone en una situación de familiaridad con el reingreso de estos connacionales nuestros que han tenido que salir de México y están regresando a su país”, dijo el funcionario al participar en un foro sobre protección y atención de migrantes ante un escenario de deportación masiva.

En Baja California operan 183 comedores comunitarios que dan de desayunar y comer a 16 mil personas diariamente. Estos ya han ayudado en el caso de los migrantes haitianos que tan solo en Tijuana recibieron a 250 diariamente y en Mexicali 200, independientemente del apoyo a través de los albergues “y estos comedores comunitarios obviamente están a la disposición para atender a nuestros hermanos migrantes que seguramente estarán llegando en cantidades superiores a las que hemos venido recibiendo”.

Considerando que los 13 albergues serían insuficientes, aceptó, tendrían que idearse nuevas estrategias para dar una salida digna a los migrantes “que estamos casi seguros en fechas muy próximas veremos en números extraordinarios”.

El delegado aseguró que por instrucciones del Secretario del ramo se pondrían a disposición tres programas que actualmente se llevan a cabo en Baja California, y que serán muy apropiados para coadyuvar en la atención del tema.

Se trata además de un programa de empleo temporal, para el cual durante el año pasado Sedesol invirtió 170 millones de pesos, y en él participan dependencias como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria del Trabajo, que serían invitadas a colaborar en el proyecto. Este es un programa dirigido a residentes de la entidad pero podría destinarse especialmente en apoyo a los connacionales repatriados.

Otro programa es el de fomento a la economía social, que dedica recursos para que la gente abra su propio negocio, que aunque pequeño, puede garantizar trabajo digno para los interesados y sus familias, en el caso de quienes las traen consigo.

Deportarán a José Inés García Zárate, un migrante indocumentado que en 2017 fue declarado no culpable de un asesinato usado por el gobierno de Donald Trump para construir el muro fronterizo y justificar sus duras políticas migratorias.

El mexicano, que había sido deportado cinco veces del país y condenado por siete delitos graves antes del sonado caso en San Francisco, California, está bajo custodia de inmigración desde el 16 de febrero y será devuelto a México, según informó una fuente al diario The New York Times.

García Zárate fue absuelto en 2017 por la muerte de Kathryn Steinle en un muelle de la Bahía de San Francisco.

Dos meses antes de la muerte de Steinle, el mexicano había sido dejado en libertad por las autoridades de San Francisco, siguiendo las políticas de "ciudad santuario" que restringen la colaboración de la Policía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La defensa de García Zárate logró demostrar que el mexicano había encontrado un arma bajo una silla y que ésta se disparó accidentalmente cuando la dejó caer, dando muerte a la joven de 32 años que caminaba junto a su padre por el turístico Muelle 14, en julio de 2015.

Por el caso, que atrajo la atención nacional y que fuera tema de campaña electoral del ex presidente republicano (2017-2021) contra las ciudades santuario, el mexicano fue declarado culpable de poseer ilegalmente un arma de fuego y se encontraba en una cárcel federal cumpliendo sentencia.

La acusación contra García Zarate ha salido nuevamente a relucir en los últimos días tras el asesinato de la estudiante Laken Hope Riley, de 22 años, mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia en la ciudad de Athens el pasado 22 de febrero.

El venezolano José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado y acusado el viernes por el homicidio de la estudiante.

El inmigrante cruzó la frontera ilegalmente en septiembre de 2022, lo que ha generado una ola de cuestionamientos por parte de los republicanos al Gobierno de Joe Biden por haberlo dejado en libertad.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) brindó atención a una persona de origen mexicano, repatriada luego de 32 años de vivir de manera irregular en Estados Unidos.

Se trata de Margarito “N”, de 49 años de edad, quien de inmediato fue atendido por personal del programa de Repatriación del INM para proporcionarle toda la atención y orientación de apoyos gubernamentales que existen para su reincorporación a una vida social y productiva, impulsando sus habilidades.

El INM promovió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) que toda la experiencia que Margarito “N” desarrolló durante 32 años como empleado de una fábrica y un restaurante fuera certificada.

De este modo, quedó inscrito en el programa de empleo que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a su llegada a las instalaciones del INM en la Ciudad de México se le orientó para tramitar y ser beneficiario de una beca temporal por desempleo.

Originario de Tlaxcala, Margarito emigró a Estados Unidos a los 17 años de edad en busca de oportunidades laborales sin medir el peligro que representa cruzar de manera irregular.

Durante 32 años vivió en Chicago, donde procreó a dos hijos que ahora tienen 27 y 16 años de edad, respectivamente, y son ciudadanos estadunidenses, no así Margarito, que siempre estuvo al margen de la ley migratoria.

Recuerda que el día que cruzó por Tijuana, Baja California, tuvo que esconderse, junto con el grupo de personas migrantes con el que partió, en un pantano que llegaba a la cintura. Ahí permanecieron hasta el momento de poder cruzar sin ser vistos por las autoridades migratorias.

Asegura que ya no tiene en mente retornar a Estados Unidos y poner en riesgo su vida, pues sus hijos le prometieron que vendrán a visitarlo; ahora su objetivo es estudiar, obtener su licencia de manejo y emplearse como conductor de camiones pesados.

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Eduardo Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, no será deportado mañana a México, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

 "Se le cambió el estatus. Estados Unidos no tiene obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición del testigo. Cambiaron el estatus, quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles", señaló el funcionario durante La Mañanera. 

Ebrard indicó que, en caso de que Arellano Félix llegue a México, la Fiscalía General de la República (FGR) estaría encargada de iniciar alguna investigación o, incluso, realizar una posible detención. 

Así, mencionó que el cambio de calidad del interesado ha ocurrido en otros casos, cuando las autoridades estadunidenses "lo han hecho cuando ya son testigos protegidos, esa podría ser la razón, pero se lo confirmo en el transcurso de hoy, cuando oficialmente me lo digan", dijo. 

Ayer, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos cambió el estatus Eduardo Arellano Félix, pues estaba prevista su liberación el miércoles y ahora cuenta con una “fecha de liberación desconocida”, un paso que ha seguido con otros narcotraficantes que aceptaron convertirse en testigos protegidos. 

MILENIO reveló que, a horas de su excarcelamiento, el gobierno mexicano aún no tenía argumentos legales para detenerlo de nuevo. 

La poderosa y temida Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también se equivoca y arremete contra los propios estadunidenses. 

Tal es el caso de Julio César Ovalle, quien caminaba por las calles de Texas la mañana del 11 de julio de 2018, cuando de pronto fue detenido por un agente de la coloquialmente conocida como 'Migra'. Julio, quien tenía problemas para hablar inglés debido a una ligera discapacidad, mostró al agente una identificación que certificaba que era ciudadano estadunidense, cosa que no le bastó al oficial, quien le quitó su celular y lo llevó preso al Centro de Detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), en Cotulla, Texas. 

Ovalle nació en 1994 en California, pero después se mudó con sus padres a Texas. A pesar de contar con todos los documentos que acreditaban su identidad y la ciudadanía, el agente del CBP inició el proceso de deportación de Julio de inmediato, sin dejarlo ver a un abogado o a un juez. Ello, a pesar de que fue hasta un año después que formalmente ICE solicitó a través de un memorándum que se podían llevar a cabo deportaciones expeditas en ciertos casos. 

De acuerdo con documentos del caso, a los que MILENIO tuvo acceso, el agente estaba convencido de que Julio mentía e insistía en preguntas como: “¿Por dónde cruzaste?” y “¿de dónde eres?”, mientras que el joven nacido en California insistía en que era ciudadano y que incluso podía mostrarle su pasaporte. Pero lo único que obtenía eran risas. 

El agente ni siquiera le permitió hacer una llamada a su padre, para que pudiera ayudarlo. 

Julio pasó la noche solo en la estación y al otro día fue transferido a Laredo, Texas. Sus padres no tenían idea de dónde estaba su hijo. Menos imaginaban que las autoridades de su propio país estaban a punto de mandarlo a otro país. 

En Laredo, a Julio lo hicieron firmar una serie de documentos que no entendía, pero en los que aceptaba su deportación por ser un migrante sin documentos de estancia legal. Acto seguido, lo expulsaron junto con otros migrantes a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue entonces que le devolvieron su celular y Julio, finalmente, pudo hablarle a su padre. 

Era la primera vez que sus padres oían de él desde que fue detenido la mañana anterior. El papá de Julio le dijo a su hijo que lo esperara en las oficinas migratorias en Nuevo Laredo y comenzó el viaje en auto desde San Antonio, Texas, con los documentos de Julio, para que su hijo regresara. Pero en ese lapso, ya en el lado mexicano, una camioneta conducida por personas que dijeron ser de un cártel secuestraron al joven, se lo llevaron a una casa y pidieron un rescate por él. 

Incluso, dejaron mensajes grabados para la familia de Julio en los que decían que lo iban a matar si no pagaban. Entonces el papá de Julio acudió al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para exigir que su hijo fuera rescatado. La agencia constató que, efectivamente, el joven era ciudadano estadunidense y contactó a autoridades mexicanas para rescatarlo, lo cual se logró hasta el otro día, cuando sus captores lo liberaron. 

Así, fue gracias a que el FBI intervino que Julio pudo regresar a su hogar… una semana después de ser detenido arbitrariamente. El relato de estos hechos se encuentra en la demanda que Ovalle presentó contra el CBP por lo ocurrido, en la cual se explica que debido a esta situación Julio sufre de problemas emocionales y de estrés. 

Se detalla que incluso él intentó suicidarse, y todo debido a que un agente fronterizo actuó basado discriminación, en un perfil racial y políticas depredadoras, según se lee en la demanda, a la cual tuvo acceso MILENIO. 

Por eso solicita que el gobierno estadunidense le compense, tanto por los daños y violaciones a sus derechos, como por los gastos que tuvo que realizar para tener una defensa adecuada. 

Su caso se retrasó debido a complicaciones por la pandemia de covid-19 e incluso tuvo que ser reabierto, luego de que fuera desestimado por errores procesales por parte de la defensa de Ovalle.