Hay indicios de que estados como Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Estado de México manipulan las cifras delictivas, advirtió la organización México Evalúa.

Durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, organizado con la Embajada Británica, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo que se necesita de un mecanismo para auditar le cifras porque no hay un control cuando las entidades presentan su insistencia delictiva; incluso mencionó que hay casos en los que el homicidio doloso se reclasifica por culposo.

En ese sentido la directora de México Evalúa sostuvo que se encontraron patrones anormales en el manejo de las cifras, por lo que "hay que hacer trabajo de campo para constatar si hubo manipulación dolosa o falta de capacidades".

En presencia de Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Edna Jaime mencionó que 5 de cada 6 mexicanos no confían en las cifras que se dan a conocer en cuanto a los índices delictivos.

"Si queremos una política de seguridad que dé resultados, necesitamos un sistema de información delictiva confiable", enfatizó.

Jonathan Fuszyfer, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, señaló “que podemos sospechar de que algunos estados manipulan sus registros delictivos”, con base en una investigación del organismo.

"La única forma de contar con un sistema de información delictiva confiable es mediante la instauración de un mecanismo independiente de auditoría de esos datos", dijo.

La investigación ofrece recomendaciones para institucionalizar un sistema de auditorías que fortalezca la rendición de cuentas y fomente la calidad y veracidad de los registros delictivos del país.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantiza un debido proceso.

Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

¿Qué ilícitos se incluyen?

Aborto cuando se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Delitos contra la salud cuando el que los cometa esté en situación de pobreza, vulnerabilidad o haya sido obligado por criminales.

Robo simple y sin violencia si no amerita prisión de más de cuatro años.

Sedición cuando no se trate de terrorismo, no se utilicen armas de fuego o se haya privado de la vida.

El costo nacional del delito y la violencia para el gobierno, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos suficientes para construir diez veces el tren Maya, y seis veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras tan sólo para Nuevo León, alcanza un daño de 85 mil millones de pesos, o el 5.3 del PIB estatal.

Así lo manifestó Raúl Soto Zamora, director del programa Juntos para Prevención de la Violencia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), durante la presentación del estudio "Estimación y costos del delito y la violencia en México", ante asistentes a la 26ª Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública.

En su exposición, Soto Zamora destacó la necesidad de que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, vinculados con la academia y el sector privado, para que puedan enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, con un enfoque en la prevención.

Primeramente, por medio de un video, que se elaboró con la idea de convencer a los empresarios de participar en las tareas de prevención, Soto Zamora, explicó que, por temor a sufrir algún delito, un 44 por ciento de las personas dejó de llevar dinero en efectivo y salir de noche; mientras el 66.5 por ciento, impidió que sus hijos menores salieran de casa.

Estas decisiones personales, reducen los ingresos de los negocios y disminuyen la actividad económica; mientras los robos o asaltos a las empresas o negocios además de las pérdidas que implican.

Incrementan los gastos en seguridad privada, y todos los delitos juntos, los gastos del gobierno en las tareas de contención, expuso el representante de USAID.

Soto Zamora mencionó tres posibles escenarios del país hacia 2030, si se mantiene la tendencia actual, un escenario mejor donde se disminuya un 50 por ciento la incidencia delictiva, y el peor escenario si se incrementan en 50 por ciento los delitos.

En tales supuestos, señaló el representante de USAID, para 2030 el costo anual para el país sería de 4.5, 1.8 ó 7.2 billones de pesos. Por tanto, insistió, la prevención es la forma más eficiente de responder al delito y la violencia.

Mencionó que, en el caso de Nuevo León, "si no hacemos nada" y continúa la actual tendencia delictiva, del 5.3 por ciento del PIB que cuesta actualmente el problema del delito y la violencia, pasaría a costar el 10.7 del PIB estatal.

Expuso que no de los puntos que es importante reconocer en el problema es que la violencia es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años y también entre las personas de 25 a 44 años, "por eso tratamos de sensibilizar que es la población en la que tenemos que invertir, porque son los que están con más probabilidad ser víctimas y victimarios".

Soto Zamora explicó que antes del estudio citado, hubo un análisis previo en Canadá, mediante el cual se concluyó que tener un joven en la cárcel cuesta 27 millones de pesos, si se incluyen todos los costos en la vida, por salud, educación, alimentación y lo que la sociedad pierde por el daño que causó con su delito y lo que deja de producir, mientras el costo de prevención para evitar que ese joven caiga en la cárcel sería de 1.2 millones de pesos.

En alusión a la necesidad de que el sector privado se sume al trabajo de prevención del delito, Soto Zamora señaló, no se trata de hacer caridad, a todos nos beneficia no tener gente que delinque en las sociedades.

Al final, dijo, cada joven que está en la cárcel va a salir, pero si no le das educación y oportunidades, va a salir a hacer lo que sabe hacer. Por eso es necesario focalizar los esfuerzos en la población vulnerable, pues de lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar si sólo nos dedicamos a la contención del problema la criminalidad y la violencia.

En conclusión, se trata de reforzar la idea de que, si trabajamos en la prevención y hacemos estas inversiones, en unos años México tendrá ahorros muy significativos por lo que deje de impactar el crimen, y como beneficios se generarían alrededor de 2.8 millones de empleos vinculados al PIB, y se ahorrarían 7.1 billones de pesos en doce años, hacia 2030. "Una sociedad no violenta, genera economía, sostenibilidad y mejor calidad de vida, todos ganamos", concluyó el director del programa Juntos para Prevención de la Violencia.

El presente año 2019 se perfila como el de mayor cantidad de delitos denunciados ante fiscalías y procuradurías de los estados.

Tan sólo de enero a agosto se contabilizan un millón 353 mil 990 carpetas de investigación abiertas por homicidio, secuestro, extorsión, robo, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común.

Esta cifra es 5.2% mayor que la incidencia delictiva del mismo periodo de 2018, que acumuló un millón 286 mil 490 registros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo encabeza las denuncias, con 180 mil 376 en términos absolutos; le siguen agosto, con 175 mil 416; julio, con 174 mil 457; junio, con 170 mil 719, y marzo, con 169 mil.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que durante sus primeros nueve meses de mandato el país se ha ahorrado 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) gracias al combate a la corrupción y al plan de austeridad del Gobierno.

"Yo creo que llevamos ahorrados en nueve meses como 500.000 millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, pro no gobernar con lujos", expresó durante un mitin en un hospital del céntrico estado de Puebla.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que este ahorro significa que no hay "necesidad de aumentar impuestos, ni de crear impuestos nuevos, ni de que haya gasolinazos ni de endeudar el país".

López Obrador reprochó que la deuda heredada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es tan alta que el país debe pagar este año 650.000 millones de pesos (32.360 millones de dólares) para pagar intereses de la deuda, una cifra equivalente al "presupuesto de seis años de Puebla".

"Ya no podemos seguir endeudando el país, se va a mantener. No vamos a incrementar esa deuda", aseguró el presidente.

Recordó que actualmente "ya no se permite la corrupción" y dijo que con los recursos ahorrados se financian programas sociales como pensiones para adultos mayores, ayudas a la discapacidad o becas para estudiantes.

"Nos ayuda mucho que no haya corrupción ni gastos superfluos", dijo el presidente, quien explicó que se ha reducido el sueldo a más de la mitad y ahora percibe 108.000 pesos mensuales (unos 5,400 dólares).

Además, explicó que hay una ley que impide que nadie dentro de la administración pública pueda ganar más que el presidente.

Recordó que el lujoso avión presidencial se encuentra en venta, ya no se pagan pensiones de cinco millones de pesos mensuales (250.000 dólares) a los expresidentes y se ha suprimido la atención sanitaria privada de 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) para altos cargos públicos.

El combate a la corrupción y los privilegios fue una de las grandes banderas de López Obrador en la campaña electoral de 2018, aunque posteriormente descartó emprender acciones legales contra sus predecesores en el cargo.

El presidente presentará este domingo su primer informe presidencial ante el Congreso de México en el que rendirá cuentas de sus primeros nueve meses al frente del Gobierno mexicano. 

El tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana afirma que los dineros públicos son auditados por múltiples instancias, en ocasiones hasta simultáneamente, por lo que son difíciles de robar, sin embargo, cuando se trata de dinero de giros negros, la situación es muy diferente, pues los billetes circulan a libre demanda.

Entrevistado en el estudio de Cadena Noticias, Ricardo Chavarría explica que por eso se dio frecuentemente el cambio de funcionarios por ejemplo, en Inspección y Verificación, área conocida comúnmente como reglamentos.

Pero, ¿por qué no hay responsables en la cárcel y solo hubo despidos?

Responde que eran constantes las quejas contra los servidores públicos infieles a la administración, pero no hay quien se atreva a denunciarlos ante Sindicatura o el Ministerio Públicos, para darles seguimiento.

“Comprobar algo así es un poquito difícil, sí se les ha seguido un procedimiento, pero si no hay una denuncia no se les puede seguir procedimiento administrativo, a veces los vendedores lo comentan en pasillos, me bajaron una lana, esto, lo otro, pero ya cuando pide uno que el ciudadano vaya y ponga su denuncia a Sindicatura, no asiste la gente”.

Reconoce el tesorero que hay muchas leyendas negras, pero dice que oficialmente no se puede contabilizar. 

“Ha habido esfuerzos para controlar, pero nos rebasa, la única manera de abatir eso es denunciar, el ciudadano, ante Sindicatura. Cuando hay un ciudadano que se queja contra un inspector, por mal trato o que trata de sobornar, todos los casos los hemos mandado a Sindicatura, y no las presentan, menos los empresarios (presentan denuncias), estamos monitoreando y si hay una persona que presenta muchas quejas, las removemos.

“Se oyen muchas cosas sobre giros negros, pero nadie viene a denunciar. La leyenda negra dice que 20 mil dólares mensuales, que semanales, es lo que se oye entre pasillos, cuál es mi realidad, al menos no es mi área, lo poquito que conozco cuando ha habido queja de comerciante, los invitamos a pasar a Sindicatura y no quieren”, finaliza.