Niegan, otra vez, prisión domiciliaria a Gordillo
Isabel Porras Odriozola, magistrada federal, ratificó la negativa de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ésta es la segunda negativa que se da en los últimos días al recurso que solicitó Gordillo Morales, según informaron fuentes judiciales.
La anterior fue del magistrado Luis Pérez, después de que a la imputada le habían concedido un amparo que abría la posibilidad de que se le otorgara la prisión domiciliaria.
Un tribunal federal determinó entonces que a la anciana no se le puede negar la petición de enfrentar los procesos legales en su contra con el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que aún no cumplía los 70 años de edad cuando fue detenida, informó en su momento a EL UNIVERSAL Marco Antonio Del Toro, abogado que encabeza la defensa.
El juzgado Sexto de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, le había negado anteriormente la opción de enfrentar el juicio desde un inmueble particular.
En sus argumentos destacó que la solicitante tenía suficientes recursos económicos para darse a la fuga. El defensor de Gordillo Morales subrayó que su solicitud tiene base en dos argumentos jurídicos del Código Penal Federal, puesto había cumplido 72 años y las enfermedades que padece ponen en riesgo su vida de no recibir el tratamiento adecuado y oportuno.
En ocasiones anteriores, la defensa de Elba Esther Gordillo ha informado que tiene 10 padecimientos, entre ellas hepatitis viral tipo C, hipertensión arterial sistemática secundaria a la insuficiencia renal moderada, dos aneurismas seculares en ambas arterias cerebrales medias, además de que sólo tiene un riñón.
El 18 de noviembre de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la atracción del caso.
En febrero de 2015 la defensa ingresó la solicitud de prisión domiciliaria y a dos años de requerirlo, la resolución del colegiado deberá esperar a que pueda ser ejecutada, lo que según Del Toro podría ocurrir en aproximadamente 15 días.
El 26 febrero de 2013, la maestra fue detenida por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; posteriormente, se le abrió un segundo proceso por defraudación fiscal equiparada.