El año 2016 fue el más violento en Guerrero, en lo que va de esta administración. Hay evidencias de que la organización criminal "Los Rojos", a la que se le atribuyen asesinatos, secuestros y estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue delinquiendo.

Santiago Mazari Hernández, alias "El Carrete", "El Señor De Los Caballos" y/o "El Ocho", presunto líder de "Los Rojos" y uno de los objetivos prioritarios del Gobierno federal, mantiene la producción de drogas y es provocador de la violencia en Guerrero, de acuerdo con información militar.

Guerrero es la entidad más peligrosa del país al acumular 8 mil 380 homicidios, de enero de 2013 a marzo de 2017, revelan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los tres primeros años de esta administración, Guerrero fue la entidad más violenta al registrar tasas de 59.22; 42.69 y 56.50 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; aunque el año 2016 fue el más violento, con 61.67. Guerrero se ubicó en segundo lugar porque Colima registró 81.55. La tasa nacional fue de 17.03.

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensa de 3 millones de pesos, a cambio de información que lleve a la captura de "El Carrete", también acusado del homicidio de Gisela Mota Ocampo, el 2 de enero de 2016, cuando era presidenta municipal de Temixco.

En lo que va de esta administración, el Ejército ha asegurado 30 narcolaboratorios en el área donde "Los Rojos" tienen presencia, precisa la información obtenida por EL UNIVERSAL.

La información de inteligencia federal indica que Los Rojos también se dedican al trasiego de goma de opio.

Los elementos del Ejército que se dedican a la destrucción de plantíos de droga, destruyeron la mayoría de los cultivos de amapola en los municipios donde hay presencia de Los Rojos: Ayutla de los Libres, Atlixtac, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Chilpancingo, indica la información oficial.

El último aseguramiento fue el pasado domingo 23 de abril de 2017, cuando los uniformados, adscritos a la 35/a. Zona Militar, hallaron un narcolaboratorio de drogas sintéticas, en el poblado Balzamar, municipio de Leonardo Bravo.

En el laboratorio clandestino fueron localizados 23 kilos 220 gramos de heroína producida, 9 kilos 648 gramos de goma de opio, 473 litros de hidróxido de amonio, 105 litros de goma de opio en proceso, 9.15 litros de ácido clorhídrico, 1 kilo 600 gramos de polvo blanco sin identificar.

Un hombre que contaba con orden de aprehensión por violación, fue capturado por elementos de la Policía Municipal.

Tras una denuncia a la línea de emergencia 911, policías municipales arribaron a una plaza ubicada sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y calle Del Canal en el fraccionamiento Esmeralda.

En dicho sitio se intervino a Arturo “N” de 46 años de edad, originario del estado de Guerrero.

Fue al verificar la información personal del sospechoso, cuando el operador de la central de radio indicó que la persona en mención contaba con un mandato judicial en Guerrero.

El sujeto era buscado por el delito de violación equiparada agravada, motivo por el que fue puesto bajo arresto y presentado ante las autoridades correspondientes.

Falta de servicios públicos, inseguridad, que se demuestra por una alta de homicidios, y hasta casos de presunta corrupción gubernamental, ubican a Tijuana como un municipio fallido, afirma el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien este fin de semana enlistó en redes sociales lo que considera abusos financieros cometidos por la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Perdió la gobernabilidad el presidente municipal. Hay mucha simulación en torno a las decisiones que se toman, solo está el interés inmediato de hacer negocio: la espiral de crisis nos ha llevado a altos niveles de inseguridad, la gente no sabe qué hacer, por la falta de servicios.

“Siempre se dice, estamos haciendo algo, pero es la planeación estratégica la que debió realizarse desde el día que ganó la elección y no esperar a que empezara su gobierno para empezar a ver qué es necesario hacer”.

Tijuana es el municipio más endeudado del país, con 2 mil 677 millones de pesos.

Por el nivel de endeudamiento, Tijuana está en bancarrota y le convendría buscar el rescate federal, para poner en receso a deudores y avanzar en el pago de la deuda.

Casos emblemáticos de corrupción de contratos, gastos y concesiones, publicados por el regidor Monárrez: La concesión para la recolección de basura a Turbofín, por 237millones de pesos. La ampliación indebida de la concesión del basurero de Tijuana a GEN hasta el año 2043. El pago de 40 millones de pesos para la cobranza del impuesto predial a morosos. La concesión de estacionómetros, con mayoría de regidores panistas. El pago de 14 millones de pesos por el reclutamiento de 13 policías. Destinar cuatro millones de pesos para obras en un fraccionamiento privado de ricos y entregar dos millones de pesos a un empleado municipal que preside una organización no gubernamental contra el maltrato entre estudiantes.

Manuel Rodríguez reveló que no se permite a los regidores generar iniciativas, salvo que se opine a favor del alcalde.

“La sindicatura, sin actuar en ninguno de los ocho casos denunciados, las irregularidades un patrón de comportamiento la forma en que se administran los recursos dela ciudad. El tesorero está denunciado también, por la forma en que se han emitido los cheques, sin respeto a la ley, solo obedeciendo las órdenes del presidente”, finalizó.

"México es un cementerio. Esa frase no es mía, es de las madres que buscan a sus hijos y que encuentran fosas clandestinas", dice la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien afirma que los dos gobiernos anteriores dejaron 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, lo que hace necesario que la nueva administración ponga en marcha una política de pacificación del país.

"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales tenemos en estos dos sexenios más de 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derechos de piso, violaciones, trata y asesinatos de periodistas, el tema es sumamente complicado, muy complejo. Pero de lo que sí estamos ciertos es de que no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia", argumenta a EL UNIVERSAL la próxima secretaria de Gobernación.

Y explica: "La pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas", mediante la recomposición del tejido social.

La ministra Sánchez Cordero agrega que la despenalización del comercio de las drogas, iniciando con la marihuana, es un tema que es analizado y será consultado por el nuevo gobierno, pero asegura que "el objetivo no es despenalizar la droga, el objetivo es la paz; ese es el objetivo, que no se confunda".

Andrés Manuel López Obrador me dio "carta abierta" para pacificar al país, porque "es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada", afirmó Olga Sánchez Cordero, la nominada por el virtual presidente electo para asumir la secretaria de Gobernación, en el "Seminario sobre Violencia y Paz, ¿Olvidó, verdad o justicia?".

"Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación", afirmó.

Sánchez Cordero destacó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, le dijo que tiene "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país".

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación.

Manifestó: "Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos", una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

"En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización", lamentó Sánchez Cordero y destacó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

La designada titular de Gobernación afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, sino también las comisiones de la verdad y un plan de reparación.

"Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible", aseguró.

Mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere.

Respecto a las comisiones de verdad, indicó que habrá para casos concretos, estatales o una gran Comisión de la Verdad. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará virtualmente a cargo de Alejandro Encinas.

Asimismo, expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan "pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país".

Cuando concluyó su ponencia en El Colegio de México, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia en sus casos.

Les respondió que "la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas" y que caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos porque han estado involucrados en los procesos de justicia.

El activista, Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia que hay en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores.

"El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental las demás no van a prosperar", destacó.

Respecto al tema de la amnistía, dijo que le preocupa que se siga poniendo adelante esa ley, cuando es la última parte de la situación, porque lo primordial para que exista justicia es que haya verdad. Por eso, pidió que las propuestas del nuevo gobierno no se conviertan en un "show mediático" y que cumplan con todo lo que se comprometieron.

Marieclaire Acosta, defensora de derechos humanos, recordó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición. "Su éxito depende la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan".

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que sí se despenalizan las drogas no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito que cometió.

Aseguró que el proceso de justicia debe incluir a todas las personas y tomar como pilar fundamental a las víctimas.

Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, en representación de Mónica Serrano, recordó que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió; sin embargo, celebró que el nuevo gobierno retome ese mecanismo en beneficio de las víctimas.

 El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México en donde advierte que son 5 entidades con altos índices de violencia.

La alerta emitida este día por el Departamento de Estado señala que el riesgo ha aumentado en algunas zonas debido a la violencia relacionada al crimen como homicidio, secuestro y robo de auto.

Advierte a los estadounidenses evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a la violencia.

La alerta subraya que el gobierno estadounidense está limitado para atender a sus ciudadanos en esos territorios, y sus empleados de gobierno que laboran en México tienen prohibido viajar a esas áreas.

"Los empleados del gobierno estadunidense tienen prohibido los viajes inter-ciudades al oscurecer en diversas zonas del país, además de no tener permitido manejar desde la frontera México-EU hacia alguna entidad mexicana o viceversa con excepción de la autopista 15 entre Nogales y Hermosillo, Sonora, solo durante el día", expone.