Luego de que fue presentada una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra los jueces que están revisando el amparo que interpusieron gasolineros de Baja California contra el aumento al combustible, se definió una fecha para la audiencia.

El doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís, quien encabeza el caso, dijo que el Tribunal Especializado tuvo un mes y medio con la solicitud del recurso sin que respondiera, bajo argumento de sobrecarga laboral.

Lo anterior originó que el 28 de abril interpusieran una queja para que ordenaran a los jueces definir una fecha, los primeros avances ya se reflejaron con llamadas telefónicas para fijar el día que tentativamente será el próximo 5 de junio.

Solís detalló que a partir de esa fecha serán presentados los elementos que el juez deberá considerar para decidir si otorga o no el amparo o no.

El segunda día de audiencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se llevó a cabo con varios recesos tras los continuos problemas de salud que presentaba el acusado, quien tuvo que utilizar una silla de ruedas para mantenerse en el recinto.

Duarte Jáquez, se presentó por segundo día consecutivo ante el juez Humberto Chávez Meléndez, alrededor de las 9:15 de la mañana, por el delito de peculado agravado y asociación delictuosa agravado dentro de la causa penal 3041/2019.

En la audiencia el imputado estuvo acompañado de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, ya que durante el sábado el Ministerio Público (MP) presentó el mecanismo que utilizaría el exgobernador para desviar más de 96 millones 665 mil 253.80 pesos entre los años 2011 al 2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

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Entre los datos que destacaron durante el curso de la audiencia, es el nombre de Carlos Hermosillo Arteaga, quien fue colocado en un puesto estratégico dentro del Gobierno del Estado de Chihuahua para sacar recursos del erario.

Lo anterior fue leído por el Ministerio Público (MP), luego de que un testigo protegido diera su testimonio.

Hermosillo Arteaga, se convirtió en diputado federal por Chihuahua cuando el sexenio como gobernador de Duarte concluyó, sin embargo perdió la vida en un accidente carretero en el mes de marzo del 2017.

A su vez, el MP acusó a Duarte de desviar recursos por medio de la Unión Ganadera Regional División del Norte en los años 2012 y 2013, los cuales aparentemente solicitaba para apoyo a los ganaderos y productores agremiados, sin embargo el recurso nunca llegó a los supuestos beneficiarios.

Durante la audiencia sabatina, el MP detalló en su totalidad los desvíos que Duarte autorizaba y las presiones que aparentemente se realizaban por parte del imputado para que dichos recursos salieran a favor de las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

Hasta las 6 de la tarde de ayer, hora local de Chihuahua, se continuaban desahogando los testimonios y acusaciones de los testigos protegidos.

 Los recesos por atención médica a Duarte

De nueva cuenta, la audiencia en contra del exgobernador de Chihuahua se vio llena de recesos para atender la salud del imputado.

De acuerdo con personal de prensa del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, de las 9 de la mañana de ayer que comenzó la audiencia a las 2 de la tarde se decretaron al menos 3 recesos.

Algunos de ellos fueron para revisión médica del exmandatario y otras para que los asistentes pudieran salir a consumir algunos alimentos.

Después de las 4 de la tarde se reanudó la audiencia de otro receso, para que los paramédicos revisaran al imputado y posterior a este, por cuestiones de salud se ingresó una silla de ruedas.

A su vez, el juez comentó que se le fue revisada la presión al exgobernador dentro de la misma audiencia, por personal de salud que ahí se encontraba.

El exgobernador agradeció al juez la consideración que tuvieron por la atención médica que estuvo recibiendo dentro de la audiencia, los recesos y la silla de ruedas que se le proporcionó para continuar en la audiencia.

Hasta las 6 de la tarde del sábado el proceso jurídico continuaba su curso, de acuerdo con lo que se informó a este diario.

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El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que durante la audiencia de los abogados denunciados por Juan Collado por supuestos actos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa se evidenciaron posibles violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, mediante un oficio de fecha 20 de mayo, el juez remitió copia del audio y video de las 23 horas de la audiencia realizada el 18 de mayo, en la que decidió no sólo no vincular a proceso a Juan Araujo, Isaac Pérez, César Omar González y David Gómez Arnau, sino declarar inválido todo el proceso solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo sobreseyó.

Esto para que, si la CNDH lo considera conveniente, investigue y determine si el personal de la FGR o particulares, Collado, sus familiares o sus abogados, cometieron ilícitos en el proceso en el que la fiscalía relacionó al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en la red de asociación delictuosa que imputó.

“Si lo juzga conveniente, investigue y determine si existieron conductas irregulares, como actos u omisiones administrativos a cargo de la FGR y/o particulares que hayan cometido ilícitos con tolerancia o anuencia de un servidor público o la autoridad”, señala el escrito al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Araujo, Pérez, González, Gómez y Scherer Ibarra fueron denunciados por Juan Collado como parte de la estrategia de su defensa para solicitar a la fiscalía un criterio de oportunidad.

La FGR únicamente procedió contra los primeros cuatro y en la audiencia del pasado 18 de mayo afirmó que no era deseo del organismo, todavía, proceder contra el exconsejero jurídico, pese a que lo señaló como parte fundamental de los delitos que imputó a los otros investigados.

Al no presentar datos de prueba que acrediten la existencia de un delito y sólo sustentar su acusación en la denuncia de Collado y declaraciones de sus familiares que reiteraron los hechos narrados en la denuncia, el juez concluyó que la fiscalía aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.

“Al formular su solicitud de vinculación a proceso el Ministerio Público omitió dolosamente indicar a este órgano jurisdiccional que la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación derivó de una solicitud de Juan Collado de un criterio de oportunidad a cambio de denunciar a los hoy imputados por delitos más graves por los que lo tiene sometido a proceso.

“Sin embargo, no denunció a ningún beneficiario de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la delincuencia organizada por los que está vinculado a proceso, sino a quienes fueron sus abogados”, apuntó.

Añadió que la investigación es ilegal porque, según la propia relatoría de la fiscalía, fue Julio Scherer quien propició el inicio de la carpeta por la que Collado está sujeto a proceso.

Rosalinda González Valencia, La Jefa, promovió un amparo ante un juez de distrito con sede en Jalisco, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, informó su abogado, Víctor Beltrán. 

La esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, denunció que se han violentado sus derechos humanos y su derecho al debido proceso en el reclusorio femenil de Morelos, donde permanece detenida. 

En diciembre pasado, su equipo de abogados promovió un juicio de garantías contra dichas violaciones, sin embargo, el amparo fue desechado. Ya en revisión, un Tribunal Unitario brindó protección a la quejosa. 

Rosalinda Valencia es acusada de delitos como operación con recursos de procedencia ilícita, fue detenida en noviembre pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. 

Su aprehensión provocó que dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México fueran privados de su libertad en avenida Aviación, en Zapopan. 

Días después, los dos marinos fueron puestos en libertad en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la privación ilegal de los dos marinos. 

Entre los detenidos está Manuel 'N', pareja sentimental de Laisha Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera.

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Jueza de Los Ángeles pone fin a la tutela de Britney Spears. La tutela que controlaba la vida y la carrera de la cantante estadounidense Britney Spears desde hace casi 14 años llegó a su fin.

"A partir de hoy (...) la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada. Y ésta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny.

La decisión de la jueza de la Corte Superior Brenda Penny culminó una odisea de cinco meses en la que Spears exigió públicamente el final de la tutela, contrató a su propio abogado, hizo que removieran a su padre del control que le restaba y finalmente obtuvo libertad para tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde 2008.

Se esperaba que la Jueza tomara esta decisión y quedaba poco apoyo para el acuerdo legal existente. Pero Penny no dio señales claras sobre cuál sería su decisión. Incluso a principios de este año parecía que la tutela podría durar por años. Después los cambios se dieron con una velocidad sorprendente.

Una de las claves para el cambio de dirección fue un discurso que Spears dio durante una audiencia en junio en el que describió apasionadamente las restricciones y el escrutinio sobre su vida como medidas “abusivas”. Spears que la tutela terminara sin una evaluación entrometida de su estado mental.

En octubre su padre fue removido de la tutela, que ella calificó de "abusiva", y fue reemplazado por un tutor temporal.

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Un juez federal ordenó al ex candidato presidencial Ricardo Anaya que se presente físicamente a la audiencia donde será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. 

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del centro de justica penal adscrito el reclusorio Note, advirtió al panista que en caso de no asistir a la audiencia que se reprogramó para el 31 de enero a las 9:00 horas, la FGR podrá ejercer su facultad para hacer uso de cualquier medio para presentarlo ante la justicia. 

Durante la audiencia en la que sería imputado por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, Ricardo Anaya, quien vestía una camisa a cuadros azul, solicitó previo a la imputación que se le permitiera hablar a su abogado Eduardo Aguilar Sierra. 

El juez permitió el uso de la palabra al litigante, quien pidió que se difiriera la audiencia por 40 días que requiere tiempo para llevar a cabo una adecuada defensa debido que la carpeta de investigación contra su cliente consta 137 mil fojas. Indicó que necesitaría de ocho horas por día para completar esta tarea, lo que llevaría 284 días. 

“La acusación es absurda y completamente falsa, y necesito tiempo para demostrarlo”, declaró el litigante. 

Por su parte, el juez de control señaló que el 5 de noviembre se resolvió que era improcedente el recurso para tratar de aplazar la audiencia porque ya hay dos diferimientos. Sin embargo, el abogado dijo que sólo se ha aplazado una vez la audiencia de agosto. 

El juzgador consultó a los fiscales si se oponían o no a la petición de la defensa de Ricardo Anaya, a lo que respondieron que avalaban tal solicitud y respetaban la decisión que emitiera el juez, quien a su vez volvió a preguntar si se oponían y la FGR respondió que no. 

Los integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco se opusieron y tampoco los representantes jurídicos de la Cámara de Diputados. 

Ante esta situación, marco Antonio Fuerte Tapia consideró que para que no se afecte el debido proceso y a petición de la defensa y sin oposición de la FGR, reprogramó la audiencia para el 31 de enero de 2022, pero le advirtió a Anaya que debe presentarse físicamente. 

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