Después de que los líderes del sector de autos usados de la región han manifestado ante las autoridades federales que ante los costos elevados para legal importación de autos ha causado el cierre masivo de los comercios dedicados a la importación de autos usados en la frontera la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, analiza las propuestas de modificación a los aranceles.

¨Las actuales reglas no permiten detonar al sector dedicado a la venta de unidades usadas debido, a que han encarecido los costos de importación de este tipo de automotores, lo que ha provocado el cierre de cientos de negocios del giro en toda la franja fronteriza¨, aseguro, Mario Escobedo Carignan, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur ) Tijuana.

El Titular de la Unidad de Legislación Tributaria, de la SHCP, Luis Arturo Castañeda Rebolledo recibió la semana pasada a la delegación de empresarios del grupo especializado de autos usados, donde se presentaron propuestas que permitan tener un mercado competitivo para la región.

Ante el planteamiento de los comerciantes fronterizos la autoridad hacendaria mostró bastante disposición en revisar las peticiones y buscar ayudar a los comerciantes de autos usados.

Miriam Flores, con 35 años de experiencia como chofer, ha sido testigo de numerosas transformaciones en su gremio, pero jamás imaginó que enfrentarían una situación tan crítica como la actual. Desde el 30 de septiembre, la falta de renovación del decreto de importación de vehículos por parte del gobierno federal ha provocado que su trabajo esté prácticamente detenido.  

Flores es parte de un grupo de aproximadamente 150 choferes que diariamente cruzaban vehículos, generando un ingreso promedio de 30 dólares por operación. Con la suspensión de estas actividades, entre 150 y 200 familias se han visto gravemente afectadas por la falta de ingresos.  

"Es muy complicado, no solo para mí, sino para todas las familias que dependen de este trabajo", señaló Miriam en entrevista. 

Otro afectado es Miguel Ángel Aguilar, también chofer, quien ha visto cómo su única fuente de ingresos se ha visto truncada. “No tengo un sueldo fijo, mis ganancias dependen del número de vehículos que crucemos. A medida que pasan los días, se vuelve más difícil enfrentar la situación”, compartió con desánimo. Miguel lleva casi un mes sin ingresos y, a pesar del desánimo, se resiste a buscar otro trabajo, aferrándose a la esperanza de que pronto se reanuden las operaciones en la frontera.

Estados Unidos ordenó el jueves suspender la importación de tomates provenientes de una compañía agrícola mexicana y sus subsidiarias por lo que las autoridades catalogaron como un trato abusivo hacia sus trabajadores que equivale a trabajo forzado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) emitió una orden para detener los envíos de Agropecuarios Tom, con sede en San Luis Potosí, localizado en el centro de México.

La agencia indicó que su investigación reveló evidencia de engaño, retención de salarios, servidumbre por deudas y otras condiciones laborales y de vivienda abusivas. Añadió que el gobierno mexicano tomó medidas contra la misma empresa por acusaciones de trabajo forzado en octubre de 2020.

EMPRESA NIEGA ACUSACIONES

Agropecuarios Tom negó las acusaciones en general, pero señaló que espera más detalles de la CBP a fin de poder responder adecuadamente.

Rommel Fernandez Veraud, representante legal de Agropecuarios Tom, dijo que la medida les generó sorpresa dado que la compañía cumple con las reglas tanto de Estados Unidos como de México.

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos se ha apoyado cada vez más en el uso de las llamadas órdenes de liberación de retención para bloquear las importaciones de productores o fabricantes relacionados con el trabajo forzado, en medio de una conciencia pública creciente sobre el tema.

Las órdenes, que obligan a las compañías estadounidenses a indagar más profundamente en las prácticas dentro de su cadena de suministros, se mantienen vigentes hasta que los productores o fabricantes citados puedan ofrecer evidencia de que han corregido las prácticas abusivas.

Reportes de medios han hallado que trabajadores en condiciones similares a la esclavitud en campos de todo México que abastecen a las compañías alimenticias de Estados Unidos.

El gobierno federal extendió hasta el 30 septiembre de 2024 el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, ligeros y pesados, lo que elimina la incertidumbre y es un gran logro para la industria, refirió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el gobierno federal extendió la vigencia del acuerdo, vigente desde el pasado 1 de julio de 2011, y que vencía al cierre este año, al considerar que las condiciones que motivaron la emisión del decreto aún se encuentran presentes. La AMDA dijo que el decreto actual ha sido un instrumento valioso para regular la importación definitiva de vehículos usados a nuestro país, ya que entre 2006 y 2008 la importación de autos de segunda mano fue 18 por ciento superior a la venta de unidades nuevas, como consecuencia de una apertura indiscriminada que llenó al país de "basura automotriz". Tras la publicación del decreto, se disminuyó la importación de unidades usadas, muestra de ello es que de enero a noviembre de 2020 los vehículos usados importados representan el 13 por ciento de la venta de vehículos ligeros nuevos y en el año 2010 -el periodo de mayor control- representaron sólo el 8 por ciento.

Guillermo Rosales, director ejecutivo de la AMDA, reconoció el trabajo de la Secretaría de Economía bajo la conducción de Graciela Márquez y de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, y refirió que “la extensión de la vigencia del decreto hasta el término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador elimina incertidumbre y es un gran logro”. Manifestó que mantendrán la colaboración con el gobierno federal para que exista un mercado ordenado de vehículos usados en el que persistan condiciones que brinden seguridad jurídica y apego a la legalidad para desarrollar un comercio complementario al de carros nuevos.

Durante la trasmisión sabatina del programa especializado en economía “Brújula”, por la 1550 de am, el economista Octavio Corona ponderó los efectos que está teniendo un peso revaluado frente a Estados Unidos.

Aunque hay un beneficio para quienes tienen deudas en dólares, explicó que ahora las importaciones, son más caras y hay un saldo negativo para actividades como el sector maquilador, ya que deben pagar más al convertir sus dólares en pesos.

Algunos de los aspectos por lo que se revaluó el peso fue por la decisión del Senado de Estados Unidos, de no juzgar a su presidente Donald Trump y por el crecimiento que ha habido en la economía norteamericana.

La afectación del corona virus a nivel mundial, por la afectación a la economía china, es otro de los factores, ya que del seis por ciento que se esperaba el crecimiento de la economía del Gigante Asiático, quedará en alrededor de tres. 

También hay otros aspectos locales, como por ejemplo, falta de confianza en el gobierno federal, ya que por ejemplo, se agrava el problema de la inseguridad en México, en tanto que no se da a conocer ninguna estrategia para resolver la situación.

“Nadie viene a invertir sin que se ofrezcan estímulos fiscales y porque cada vez hay que producir más a mejores precios para no perder competitividad”, explicó Corona Flores.

La vigencia del decreto de importación de autos usados terminaba este día, sin embargo los importadores podrán seguir laborando con la ampliación del decreto.

En el Diario Oficial el gobierno federal amplió hasta el 31 de diciembre del 2020 el decreto para la importación definitiva de autos usados.

Dicho decreto, tiene como objetivo regular la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera al territorio nacional.

Con esto, se cuenta con un marco regulatorio que otorga certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

El documento es firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera y Graciela Márquez, secretaria de Economía.