Jóvenes que desaparecieron en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, llegaron hasta ahí con atractivas promesas de trabajo, que eran un engaño.
De acuerdo con información obtenida por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, una persona que fue reclutada en agosto de 2024 y estuvo retenida en el rancho, les facilitó información sobre el lugar.
Les dijo que el grupo criminal los enganchaba con engaños; les ofrecía trabajo a través de empresas ficticias. A veces los citaban en casas que rentaban como “oficinas” y otras los captaban cuando llegaban a la central de autobuses, desde donde los llevaban al rancho.
Según la versión del sobreviviente, en el rancho había personas de varios países, pero la mayoría eran mexicanos, de Sinaloa y Nayarit.
Esta operación criminal llevaba al menos siete años. Las autoridades estatales saben que muchas personas son vistas por última vez en la Central Camionera.
Denuncias desde 2017
“Me llevaron a un pueblito, y en un punto me bajaron de la camioneta y me dijeron que me subiera a otra que venía atrás, color gris de cuatro puertas, de las nuevas. En ese momento me di cuenta que no era el trabajo que se estaba ofertando y que era todo muy extraño. Después de haber cruzado varios pueblitos me llevaron al cerro, donde había un campamento compuesto de ramas con naylon, y al llegar me pusieron una putiza y me dijeron ‘ya valiste ver... y vas a hacer lo que nosotros digamos’”, narró.
Agregó: “Me quitaron todas mis pertenencias y en ese momento me sentí secuestrado por el maltrato que me estaban dando. Había alrededor de otros 50 hombres, todos tirados en el piso y los estaban golpeando, y en ese momento nos dijeron que no podíamos irnos a ningún lado y que si lo hacíamos nos matarían”.
Esta declaración forma parte de la investigación que en 2017 realizó la Fiscalía de Jalisco para desmantelar los campamentos de reclutamiento forzado y exterminio en Tala; desde entonces estaba documentada la forma en la que los grupos delictivos enganchan a personas a través de falsas ofertas de trabajo.
La estrategia sigue siendo efectiva para el crimen organizado, que utiliza principalmente las redes sociales para publicar falsos empleos, y las autoridades no han logrado diseñar mecanismos para contrarrestarla.
La publicación de anuncios para el reclutamiento forzado ni siquiera es considerada delito, y aunque hay denuncias, no se investigan.
En los primeros meses de 2021 la Fiscalía de Jalisco inició una discreta campaña informativa en redes sociales en la que advertía sobre publicaciones con las que grupos de la delincuencia organizada engañan a la gente para ingresarla a sus filas.
La Dirección General de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito tenía un análisis de dichas publicaciones, que en su mayoría eran ofertas de trabajo en el campo de la seguridad con altos ingresos y capacitaciones pagadas con viáticos incluidos, además hacían referencia a “ser parte de una familia o grupo”; sin embargo, no se tenía ninguna carpeta de investigación abierta.
La Central Camionera, punto clave
En el último año del gobierno de Enrique Alfaro se hicieron visibles casos de personas que desaparecieron en la Nueva Central Camionera de Guadalajara; el común denominador era que la gente había viajado por una oferta laboral.
Para finales de agosto de 2024, el exrector e investigador de la UdeG, Víctor González Romero, contabilizaba al menos 16 casos en lo que iba de ese año, basándose sólo en las fichas de búsqueda; sin embargo, el gobernador Alfaro negó la situación y dijo que era información falsa.
En octubre pasado, al asumir la alcaldía de Tlaquepaque, donde se encuentra la Nueva Central Camionera de Guadalajara, Laura Imelda Pérez (Morena) ordenó iniciar un operativo en la zona para tratar de evitar las desapariciones. Desde entonces, la Policía Municipal ha rescatado a 28 personas que han llegado al estado atendiendo falsas ofertas laborales: 16 adultos (ocho hombres y ocho mujeres) y 12 menores de edad (siete hombres y cinco mujeres).
“Llegan de diferentes municipios del estado e incluso de otros estados, como Zacatecas, Ciudad de México o Nayarit, todos refieren que los habían enganchado con una oferta de trabajo muy bien remunerada (de 5 mil a 8 mil pesos por semana) que vieron en Facebook, y que no les pedían ni documentación ni experiencia”, explicó Marco Antonio Castañeda, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque.
Precisó que algunas veces los delincuentes piden a sus víctimas que apaguen sus teléfonos al llegar a la central y se encuentren con ellos a unas cuadras, o les ordenan tomar otro autobús rumbo a otro estado, como Zacatecas o Nayarit.
Para tratar de detectar a las posibles víctimas, la policía ha colocado un centro de información en la central de autobuses para que las personas puedan acudir a verificar si la oferta laboral es real.
Tras asumir como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus anunció que su administración se sumaría a esta estrategia y la implementaría en las 66 centrales de autobuses que hay en la entidad. El Universal solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal datos sobre los resultados, pero no hubo respuesta.
El martes pasado la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que en las centrales de autobuses del país se pida una identificación oficial al abordar y descender de los camiones.
Explicó ante diputados federales que muchos de los jóvenes desaparecidos “les entregan un boleto pagado por otra persona de manera previa, y se pierde el rastro”. Con información de Amalia Escobar
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