Ante diversos casos de ciudadanos que aparecían en el padrón de militantes de algún partido político sin saberlo, e incluso de personas con doble militancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó un portal para verificar si se cuenta con alguna afiliación partidista.

La página Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y Locales fue puesta en línea el 8 de mayo y estará disponible hasta el próximo viernes 19.

Sólo es necesario escribir en el portal la clave de elector que aparece en la credencial para votar y te saldrá si te encuentras entre los militantes a algún instituto político.

“Las ciudadanas o ciudadanos que detecten alguna afiliación indebida y que sus datos aparezcan como militante de un partido político sin su consentimiento, deberán acudir ante ese partido político y solicitar la baja del padrón de afiliados por así convenir a sus intereses”, indicó el INE en un comunicado.

Actualización: ¿Cómo me desafilio de un partido político?

Si perteneces un partido pero deseas que tus datos no sean publicados en el padrón de militantes, debes acudir ante la junta local o distrital del INE más cercana a tu domicilio a partir del 15 y hasta el 19 de mayo para ejercer el derecho de oposición.

Este derecho se encuentra establecido en las leyes de transparencia y acceso a la información pública y garantizan a la ciudadanía el control sobre sus datos personales, detalló el organismo electoral.

Por ley, la afiliación a un partido político debe ser libre, voluntaria e individualmente; al ser militante, un ciudadano tiene derecho a participar en la vida interna del instituto, acceder a cargos en su estructura y a ser postulado a cargos de elección popular. Cada partido, además, puede establecer en sus reglamentos obligaciones, como el pago de cuotas, por ejemplo.

“Actualmente, el Instituto lleva a cabo la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales ante las juntas locales y distritales, para la conservación de su registro. Una vez concluido el proceso, se publicarán los padrones de afiliados a nivel nacional, local y distrital”, agregó el INE.

 El Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó en el anteproyecto de su presupuesto un gasto por 802 millones 725 mil pesos para el pago de la compensación que recibe el personal por el trabajo extraordinario que realizará en los comicios de 2018.

En febrero pasado el INE regresó a la Tesorería de la Federación mil 70 millones de pesos por la suspensión de la obra de modernización de la sede; no obstante, en sus planes presupuestales que enviará a la Cámara de Diputados mantiene gastos como viáticos por 128 millones 506 mil pesos, servicios de lavandería, limpieza e higiene por 72 millones 42 mil pesos, para pasajes nacionales e internacionales 65 millones 249 mil pesos, para comidas en el proceso electoral 4 millones de pesos y 4 millones más para jardinería.

En total el INE pedirá un presupuesto de 25 mil 45 millones de pesos. El anteproyecto será sometido al Consejo General y enviado posteriormente a la Cámara de Diputados para su aprobación.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la cifra que solicitará el órgano y rechazó que la democracia mexicana sea la más cara del mundo. Sin embargo, aceptó que se deben racionalizar bien los recursos, sobre todo en la organización y en el desarrollo de las contiendas electorales en donde estarán en disputa 3 mil 416 cargos a puestos de elección popular.

El consejero electoral del INE, Benito Nacif, anunció que si esta cifra sufriera algún recorte habría riesgos en las elecciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 25 mil 44 millones de pesos para el próximo año, de los que 10 mil 943 millones de pesos serán para la organización de las elecciones federales y presidenciales de 2018, además de 30 locales.

El consejero Ciro Murayama explicó que el incremento se debe a los recursos destinados a la organización de las elecciones, pero se mantiene en la media de lo erogado históricamente en el país.

Pese al aumento el gasto proyectado, la cifra está dentro de la media de lo que costaron las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012, cuando 35 centavos de cada peso del Presupuesto de Egresos de la Federación se fue a las elecciones, dijo.

La solicitud de gasto del INE se integra por el presupuesto base, para su operación, y el destinado para proyectos.

El presupuesto base proyectado es de un monto de 9 mil 931 millones de pesos.

En tanto, 8 mil 232 millones serán destinados para proyectos (organización de elecciones, credenciales de elector, entre ellos).

Además, por ley, para financiamiento público de los partidos serán 6 mil 788 millones de pesos, recursos inamovibles.

El próximo lunes, el Consejo General INE prevé aprobar su Proyecto de presupuesto 2018 para solicitarlo a la Cámara de Diputados.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó destinar 6 mil 788 millones de pesos para financiar a los nueve partidos políticos nacionales en 2018, cifra histórica, por lo que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, anunció que el organismo promoverá el debate para la reducción de los montos, a futuro.

Recordó que la fórmula para asignar ese financiamiento público para los partidos está en la Constitución, por lo que en todo caso llegó el momento para discutir y dar racionalidad al monto de esas prerrogativas.

Empero se pronunció porque prevalezca el financiamiento público sobre el privado para sostener las actividades de los partidos.

Aunque durante meses hubo discusión sobre la eventual reducción de financiamiento a los partidos, no hubo reformas legales en ese sentido.

Pero hoy viernes, en la sesión del Consejo General del INE los partidos --que aprovecharon el tema para acusarse de irregularidades de financiamiento o de ocultar gastos en el estado de México o Coahuila-- coincidieron en que sí deben modificarse las reglas, reducir o hacer más equitativa la entrega de dinero a los partidos, pero después de 2018.

Alejandro Muñoz, representante suplente del PRI, reconoció las críticas sociales al gasto de los partidos, y vio una oportunidad para discutir el tema, "a lo mejor tendríamos que revisar el modelo".

"Debatamos cuánto y cómo se gasta", reconoció Horacio Duarte, representante de Morena, al proponer una modificación de las reglas de distribución, según la cual 30 % de los recursos se distribuye entre los partidos de forma igualitaria y el 70 % según votación de la elección de diputados inmediata anterior.

Royfid Torres, representante del PRD, también reconoció la necesidad de reducir las prerrogativas de los partidos, pero considerar también que no debe generarse inequidad ni posibilidad de pases de charola.

Por el PVEM su representante, Jorge Herrera, reconoció la necesidad de cambio de reglas pues la cifra es "muy alta".

El diputado Federico Escobedo, consejero del poder Legislativo por el Partido Encuentro Social (PES), pidió discutir pero "no ahorita 15 días antes de iniciar el proceso, no es este el momento…el momento oportuno será una vez que haya concluido los procesos".

El representante del PES ante el INE, Berlín Rodríguez, propuso "piso parejo para todos" en financiamiento público, pues "para unas cosas se habla de cancha pareja pero para otras hay una gran disparidad en las prerrogativas".

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que la organización y la fiscalización del proceso federal y de los 30 comicios locales podrían ponerse en riesgo de no homologar la fecha de arranque de todas las precampañas y el día de registro de candidatos.

El instituto propone atraer la atribución que tienen los Organismos Públicos Locales (OPL) para ajustar sus plazos y fechas, pues de lo contrario "se ponen en riesgo los principios democráticos".

La propuesta de calendario homologado de elecciones sugiere que entre el 13 y el 15 de diciembre arranquen los procesos internos de todos los partidos y el 29 de marzo se registren los más de 33 mil aspirantes que contenderán a más de 3 mil cargos.

La diversidad de plazos marcados en normas locales para precampañas, recabar apoyos para posibles independientes y de registro de abanderados, "pone en riesgo la eficacia y eficiencia de la fiscalización a cargo del INE, la programación de spots diferenciados de precampañas y campañas, la resolución de procedimientos sancionadores y la capacitación electoral".

Así lo establece el INE en la justificación de su planteamiento, que propuso a los OPL y se propone discutir en su Consejo General esta semana, aunque por ley el calendario del Proceso Electoral Federal (PEF) debió haberse emitido el 8 de agosto pasado.

En materia de fiscalización, por ejemplo, si en una entidad se celebran elecciones para escoger gobernador, Congreso y ayuntamiento, la existencia de diferentes plazos para realizar cada una de esas precampañas y campañas no permitiría determinar a tiempo cifras consolidadas, prorrateo de gastos e identificar cómo se dispersaron.

Adicionalmente complicaría resolver, como marca la ley, procedimientos administrativos sancionadores (sobre rebase de topes de campañas o gastos no reportados), al mismo tiempo que se emite el dictamen de fiscalización.

Otra consecuencia es que se complicarían los despliegues simultáneos de monitoreo de propaganda en vía pública o redes y existiría el riesgo de que no se aplicaran los mismos criterios de sanción en todos los estados, pues se construyen durante la misma fiscalización.

Esa incertidumbre se replicaría en las 30 entidades del país, por lo que de no empatar fechas "se corre el riesgo de trastocar el propósito de la reforma electoral de 2014" al no poder fiscalizar en línea y de forma consolidada.

En el documento del Instituto Nacional Electoral se expone además la complejidad que habría para la transmisión de spots, según los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la necesidad de que las personas procesadas o sentenciadas penalmente, que estén en libertad, cuenten con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse, en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación.

No contar con un documento de esta índole es incompatible con los principios de dignidad humana y de reinserción social, reconocidos en la propia Constitución.

La CNDH señala que es necesario implementar un documento gratuito de identificación oficial, desvinculado de procesos político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social. 

En tanto eso se concreta, se propone que las personas procesadas o sentenciadas, en libertad, puedan contar con la credencial para votar, para efectos exclusivos de identificación y sin que ello implique, en su caso, restitución de los derechos políticos que les hubiesen sido suspendidos.