A unos días de cumplir 76 años de su inauguración, el histórico penal de Topo Chico será cerrado de manera definitiva dejando atrás decenas de hechos sangrientos y sin precedente que ocurrieron en su interior como motines, fugas, sobrepoblación y cruentos enfrentamientos.
De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, la prisión inaugurada el 3 de octubre de 1943 será demolida y en su lugar se construirá un parque recreativo, un teatro y el Archivo General del Estado.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó hace unos días que el proceso de cierre deberá concluir entre el 30 de septiembre y la primera semana de octubre; previamente se ha ido reubicando a los más de 2 mil internos en los penales de Apodaca y Cadereyta, así como en los de otros estados y en prisiones federales. Consideró que con esta medida se terminó con el autogobierno de presos y se mantiene el control total del sistema penitenciario de la entidad.
Ventajas y desventajas
Carlos Martín Sánchez Bocanegra, quien desde 2004 es director de la agrupación Renace —que apoya jurídicamente a presos de escasos recursos y trabaja en iniciativas por el mejoramiento del sistema carcelario y judicial— afirma que el cierre de este penal se tenía que dar tarde o temprano porque ya no cumplía ningún estándar nacional para seguir operando.
El activista no prevé ningún riesgo de violencia con la reubicación de internos. "Creemos que la estrategia es la correcta, los estamos observando de cerca y hasta ahora tenemos el centro penitenciario tranquilo, no ha habido problemas como antes".
Sin embargo, hay un sector que considera que la paz en los penales aún no está cerca. El abogado Aurelio Galindo Briones —quien por más de 20 años ha tratado a internos y sus familiares— advierte que hay riesgos de que los reacomodos en las prisiones a las que llegarán los reos de Topo Chico reactiven la violencia por el rompimiento de los "equilibrios internos" entre grupos delictivos, además de que algunos líderes no se quieren ir para no perder la extorsión que ejercen sobre otros reclusos.
"Unos no se quieren ir porque tienen el liderazgo en Topo Chico y, si se van a Apodaca, allá hay otros que mandan, se siguen cobrando las cuotas de extorsión. Aquí [a su bufete] llegan llorando los clientes porque pagan hasta mil 500 pesos por semana para que no golpeen a sus presos; eso nunca se va a acabar", considera el litigante.
Con base en testimonios de familiares de internos, el abogado comenta que hay gente que manda en cada sitio; "por ejemplo, en La Perrera está la gente del Cártel de Sinaloa y otro grupo manda en Las Caninas, otro en La Unidad de Reflexión, otro en Enfermería y uno más en el patio, donde hay varios rondines. En suma, el control del Topo Chico nunca lo ha tenido el gobierno".
Galindo Briones señala que en el estado hay presencia de los cárteles del Noreste, del Golfo, Los Zetas, Los Beltrán Leyva y de Sinaloa, pero además se está asentando el de Jalisco Nueva Generación, y esos movimientos se manifiestan en los reclusorios.
Por su parte, familiares de los presos han expresado que con el cambio de penal invertirán más tiempo y dinero para visitar a sus parientes en Cadereyta o Apodaca, o peor, si es en otro estado del país, además de que les preocupa el trato que les darán a los internos, pues, aseguran, "no quieren a los del Topo Chico".
Está el antecedente de que en marzo de 2017, por ejemplo, fue difundido en redes sociales un video tomado en el reclusorio de Apodaca, donde internos presuntamente del Cártel del Noreste vestidos con ropa femenina fueron obligados a limpiar el piso con un trapo mientras recibían patadas y burlas de otros presos.
Y es que los Ceresos de Apodaca y Cadereyta también tienen sus antecedentes negros. Por citar algunos casos, en el penal de Apodaca, el 20 de mayo de 2011 un incendio provocado por reclusos en un área de un grupo rival causó la muerte de 14 presos; al menos cinco habrían sido asesinados a golpes antes de ser calcinados, y el 19 de febrero de 2012, 44 miembros del Cártel del Golfo fueron masacrados por integrantes de Los Zetas, mientras otros 37 integrantes de dicho grupo se fugaban.
En tanto, en la prisión de Cadereyta se registraron dos motines en 2017: uno en marzo, que dejó dos muertos y al menos 10 heridos, y otro, el 10 de octubre con 13 muertos y ocho lesionados.
Además, otro problema al que se enfrenta el sistema carcelario del estado es el déficit de custodios.
El pasado 21 de agosto, Luis Ávila, director de la plataforma Cómo Vamos, aseguró que hay un déficit de mil 556 custodios en los penales del estado, pues en teoría debería haber un celador por cada tres internos, pero en la realidad hay uno por cada 5.91 presos.
Negro pasado
El viejo penal del Topo Chico contaba con capacidad para 3 mil 600 internos, aunque llegó a albergar a casi 6 mil presos. Ostenta el récord trágico de haber registrado la mayor masacre para un centro penitenciario del país, con un saldo de 49 muertos y 34 heridos, la noche del 11 de febrero de 2016 por una presunta disputa entre dos grupos de Los Zetas.
Después de esa matanza, 233 presos del Topo Chico fueron trasladados a otros penales del estado y del país. En ese entonces, las autoridades anunciaron que habían terminado con el autogobierno de los reclusos, pero siguieron las riñas, los amotinamientos, los traslados de reos peligrosos y líderes del crimen organizado y las extorsiones.
En agosto de 2016 fueron asesinados, supuestamente por órdenes del Cártel del Noreste, Javier Orlando Galindo, El Maruchan, y otros dos internos pertenecientes a la misma agrupación. El motivo fue que dejaron de pagar una cuota que les exigía el CDN, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Manuel González Flores.
La última vez que hubo disturbios fue el 27 de marzo de este año por el traslado de 501 reos —catalogados como peligrosos— a penales federales de Gómez Palacio, Durango y Ramos Arizpe, Coahuila, así como al reclusorio femenil de Morelos.
La acción desplegada por más de mil efectivos policiacos estatales y federales, así como militares, ocasionó disturbios de presos y protestas de familiares, con saldo oficial de un interno muerto por infarto, 17 lesionados y 12 policías heridos.
Huéspedes destacados
En sus 76 años de historia negra, el penal del Topo Chico ha tenido en sus celdas a personajes polémicos y algunos de renombre. Ahí estuvieron presos por ocho años el banquero Jorge Lankenau Rocha —dueño de una compañía de seguros denominada ABA— por fraude y evasión de impuestos.
En esta prisión fue recluido el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, acusado de la desaparición en la década de los 70 de los líderes de la Liga Comunista 23 de Septiembre Ignacio Salas Obregón y Jesús Piedra Ibarra, por medio de las brigadas blancas.
También, por 19 horas, fue fichado el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien estuvo recluido por daño contra el erario por más de 3 mil millones de pesos y otros delitos.
En 1959 fue internado en Topo Chico el doctor Alfredo Ballí Treviño, acusado de destazar vivo con su instrumental a un joven. Su caso inspiró a Thomas Harris para crear al personaje Hannibal Lecter, que protagonizó Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes.
Otro reo famoso del centro penitenciario fue el llamado Capitán Fantasma, Santiago Reyes Quesada, a quien se atribuyen 12 fugas exitosas de cárceles del país, una de ellas efectuada el 28 de agosto de 1962 del penal de Topo Chico, de donde escapó escondido en un escritorio de doble fondo que él mismo fabricó.
Entre las figuras públicas que también cayeron en esta prisión está el exfutbolista Jesús El Cabrito Arellano, acusado de presunto abuso sexual, y Andrés Puentes, el exesposo de la cantante Tatiana, quien fue acusado por abandono de familia.