La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos.

Luego de que el periódico estadounidense "The New York Times" diera a conocer sobre el supuesto uso del software israelí "Pegasus", de venta exclusiva a gobiernos, para infectar teléfonos celulares e ingresar a llamadas, mensajes y toda la información del dispositivo, la PGR informó que se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente.

Los probables delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática están previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente.

"Como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos", detalló la dependencia federal.

Amplió que también será investigada la empresa proveedora de este servicio, NSO Group, a quien solicitará informe a qué dependencias federales y estatales y, si existe algún contrato con empresas privadas para usar este tipo de equipo de intervención.

La PGR rechazó el uso de herramientas para realizar intervenciones ilegales de comunicaciones.

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó que ordenó la apertura de una carpeta de investigación para determinar la procedencia de los documentos utilizados por el diario norteamericano The New York Times, en un trabajo que señala presuntos espionajes por parte de la institución, los cuales, aseguró, fueron falsificados.

Precisó que la investigación es en relación a la falsificación de documentos y que si en el avance de las indagatorias resulta implicado el medio norteamericano, harán lo conducente en la competencia que les corresponda o en la federación.

En conferencia de prensa en la sede de la fiscalía, la fiscal reiteró que dichos oficios no cuentan con la nomenclatura en los registros de la FGJ, por lo que no son oficiales.

“Son documentos apócrifos, es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por The New York Times no es verdadera y presumiblemente es falsificada”, señaló.

Ante esto, dijo que ordenó una investigación para “conocer el trasfondo” pues dijo que enviaron información aclaratoria que decidieron omitir, además de que, dijo, el tema por el presunto espionaje ya habían formado parte de una propaganda por parte de integrantes del PAN.

Refirió que Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega tramitaron amparos en este sentido pero fueron negados por el juez federal.

Dijo que los dos juicios interpuesto por Santiago Taboada fueron sobreseídos y afirmó que ocurría lo mismo con el que corresponde a Alessandra Rojo de la Vega.

Investigadores del Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusaron formalmente a Evan Gershkovich de espionaje, pero el reportero del Wall Street Journal negó los cargos y dijo que trabajaba como periodista, informaron el viernes agencias de noticias rusas.

El Servicio Federal de Seguridad, principal sucesor de la KGB de la era soviética, declaró el 30 de marzo que había detenido a Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, y había abierto un caso de espionaje contra el hombre de 31 años por recopilar lo que dijo eran secretos de Estado sobre el complejo militar industrial.

"Gershkovich ha sido acusado", dijo una fuente citada por Interfax. Se le acusa de espionaje.

TASS informó que los investigadores del SFS habían acusado formalmente a Gershkovich de realizar espionaje en interés de Estados Unidos, pero que Gershkovich había negado el cargo.

"Él negó categóricamente todas las acusaciones y afirmó que estaba involucrado en actividades periodísticas en Rusia", dijo TASS citando a una fuente no identificada.

La fuente de TASS declinó hacer más comentarios citando la naturaleza clasificada del caso.

"Hemos visto informaciones en medios de comunicación que indican que Evan ha sido acusado", dijo el Journal en un comunicado. "Como hemos dicho desde el principio, estos cargos son categóricamente falsos e injustificados, y seguimos exigiendo la liberación inmediata de Evan".

Gershkovich es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos de espionaje desde el final de la Guerra Fría.

El Kremlin dijo que Gershkovich había estado realizando espionaje "al amparo" del periodismo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le dijo a Estados Unidos que Gershkovich fue atrapado "in fraganti" mientras intentaba obtener secretos.

Estados Unidos ha instado a Rusia a liberar a Gershkovich y ha tachado de ridículas las acusaciones rusas de espionaje. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

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Luego de conocerse que la Sedena espió a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de acciones de espionaje, sino de inteligencia e investigación que lleva el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que no hay ninguna ilegalidad en el trabajo que realiza el CNI en conjunto con la SEDENA.

“Desde luego siempre están en contra de nosotros…. todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad.

Sedena no espía realiza labores de inteligencia: AMLO

Sobre las escuchas a un defensor de derechos humanos y tres periodistas, a través del malware Pegasus, el presidente López Obrador dijo que está informado del trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el CNI, que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada.

“Ese es el propósito, básicamente nada más que le quede claro nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de qué no íbamos a espiar a ningún opositor.

“El caso que está mencionando de este defensor de los derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes señalando lo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros”.

Reiteró que no hay ninguna hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor o a un periodista, porque independientemente de que es un acto de deshonestidad, de falta de principios que él mismo padeció durante muchos años, todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación.

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Este martes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su "profunda preocupación" por el espionaje que el Ejército mexicano a periodistas y activistas ha cometido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado", expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH en un pronunciamiento del organismo.

La ONU-DH se refirió al hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística "Ejército Espía", que la semana pasada divulgaron que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Aunque el presidente ha afirmado que su gobierno "no espía a nadie", el organismo internacional advirtió que "es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares".

"Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa", agregó Fernández-Maldonado.

México, uno de las países más peligrosos para ser periodista

El espionaje a periodistas se revela mientras la prensa en México afronta una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, y las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

"Los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, concluyó Fernández-Maldonado.

Antes, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

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Después de las nueve de la mañana inició en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte la audiencia en la que se determinará si el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la llamada "Verdad Histórica", que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el Basurero de Cocula.

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia de imputación contra el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, quien quedó preso en el Reclusorio Norte, la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa se construyó así:

Con base en declaraciones de Bernardo Cano Muñoz, exsecretario particular del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el 7 de octubre de 2014, un día después de que Murillo Karam anunciara que estaba a cargo de la investigación por orden presidencial, se realizó una reunión de funcionarios de alto nivel en Guerrero.

En el cónclave estuvieron presentes Jesús Murillo Karam, titular de la PGR; Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal; Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), entre otros funcionarios, quienes, a decir de la FGR, ahí planearon los que más tarde se conocería como la “Verdad Histórica” del caso Iguala, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

La mañana del 27 de octubre de 2014, de acuerdo con la narrativa de la FGR, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comparte con Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante un recorrido en la zona de Cocula, que tenían cuatro personas “que nos van a decir qué vamos encontrar en el Río San Juan”.